Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 142014 1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe deja sin efecto la apelada resolución del 26/11/2025, mediante la cual se ordenó la intervención de la Unidad Funcional de Defensa N°13 Departamental. Costas de Alzada en el orden causado.
Causa: 142014-1
La Plata, 18 de Febrero de 2026.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Mediante la resolución del 26/11/2025, el Juez de la anterior instancia dispuso como diligencia preliminar el libramiento de oficios a la Municipalidad de La Matanza y ENARGAS; y como prueba anticipada, la producción de una pericia ingeniero-mecánica respecto del automotor siniestrado de la parte actora.
Asimismo, y en lo que aquí interesa, ordenó dar vista a la Defensoría Oficial para que asumiera intervención en la causa, en aras de asegurar la garantía de defensa en juicio de los futuros codemandados, en razón de no hallarse trabada la litis y los términos de las medidas decretadas.
Contra esa forma de decidir, se alzó la titular de la Unidad Funcional de Defensa N°13 Departamental, a través del recurso de reposición con apelación en subsidio deducido el 03/12/2025; cuyo traslado conferido el 12/12/2025, fue replicado por el letrado Mario Federico Cervera (en el carácter de gestor del actor Pedro David Barrionuevo) en el escrito del 22/12/2025.
En la resolución del 29/12/2025 fue rechazado el primero de los remedios, y concedido el segundo.
La apelante indicó que la resolución atacada resultaba improcedente, dado que, en lo concerniente a la prueba anticipada que había sido ordenada, no se encontraba verificada la urgencia exigida por el art. 327 del Código procesal como presupuesto para la intervención del Defensor Oficial.
Adujo que de la interpretación de dicha norma se desprendía que la actuación del Ministerio Público de la Defensa constituía una excepción de carácter restrictivo, reservada únicamente para aquellos supuestos en los que la urgencia del caso impidiera materialmente cursar la citación a la futura parte contraria.
Agregó que en todos los demás casos, la regla general imponía la convocatoria previa de quien pudiera resultar eventualmente afectado.
Señaló que la medida en cuestión residía en la producción de una pericia mecánica, respecto de la cual aún no se había designado al experto en cuestión, ni consecuentemente se contaba con fecha para su realización.
Afirmó que el actor había individualizado a los futuros legitimados pasivos y sus domicilios, lo que evidenciaba la inexistencia de algún obstáculo para efectuar las notificaciones correspondientes conforme a la pauta general.
Destacó que tampoco se advertía riesgo de pérdida o frustración de la prueba que justificara la habilitación de la vía excepcional.
En este sentido, expuso que la urgencia que había sido invocada por el demandante (necesidad de venta del vehículo) no constituía la urgencia procesal prevista por la norma, consistente únicamente en la posibilidad de frustración de la prueba o en la imposibilidad material de emplazar a la parte contraria.
Argumentó que el automotor objeto de la diligencia se hallaba en poder del accionante, lo que garantizaba la preservación de su estado, y permitía que el acto se llevara a cabo sin peligro alguno en su oportunidad.
Con relación a las diligencias preliminares ordenadas, consistentes en el libramiento de oficios a la Municipalidad de La Matanza y Enargas, refirió que se limitaban a la recepción de las respuestas por parte de los requeridos y su incorporación al expediente; por lo que no era necesaria la presencia de las partes ni el control directo de la Defensoría.
Postuló que en tal contexto, la actuación del Defensor Oficial carecía de objeto y de fundamento legal, atento que no existía medida a controlar, ni urgencia que justificara suplir la citación de los eventuales interesados.
Concluyó así que no concurría ninguno de los presupuestos legales que habilitaran la participación del Ministerio Público de la Defensa en torno a la realización de la prueba pericial mecánica, como así tampoco respecto de la prueba informativa.
En consecuencia, solicitó que se dejara sin efecto la intervención de la Defensoría Oficial ordenada en el decisorio del 26/11/2025.
3.1 Apelabilidad de la decisión
Por razones de orden lógico, en primer lugar cabe abordar el planteo formulado por el actor apelado Pedro David Barrionuevo en el segundo párrafo de su contestación del memorial de fecha 22/12/2025.
A ese respecto, debe destacarse que la designación del representante del Ministerio Público de la Defensa excede la inapelabilidad del art. 327 del Código procesal, por estar ésta vinculada a la procedencia de la diligencia en sí misma, y no a la controversia acerca de la legitimación de la funcionaria judicial para intervenir (conf. MORELLO, Augusto Mario - SOSA, Gualberto Lucas - BERIZONCE, Roberto Omar, “Códigos Procesales…”, 4° Ed, CABA, Abeledo Perrot; La Plata, Librería Editora Platense, 2015, T°IV, parág. 554 y juris allí cit.).
3.2 Falta de acreditación de los presupuestos para la intervención del Defensor Oficial
En segundo término, se impone subrayar que el objeto de las diligencias preparatorias del juicio que contempla el art. 323 del Código procesal, tiende a la obtención de informaciones que son indispensables para la ulterior constitución regular y válida del litigio, cuando su conocimiento no puede ser adquirido por otros medios (conf. MORELLO, Augusto Mario - SOSA, Gualberto Lucas - BERIZONCE, Roberto Omar, “Códigos Procesales…”, 2da. Ed, Librería Editora Platense, La Plata, T° IV-A, p. 432, ap.b).
Es decir, posibilitan esclarecer en un principio la legitimación, con miras a trabar adecuadamente la relación procesal y escoger el tipo procesal adecuado.
En definitiva, la diligencia preliminar tiende principalmente a la determinación de la posición que asumen quienes han de intervenir en el proceso (conf. CC0201 LP 118218 RSI 249/2014 S 06/11/2014).
En cambio, la prueba anticipada es un elemento probatorio. De allí que sea diferente el trámite que corresponde a cada una de ellas, en el que un elemento diferenciador de enorme trascendencia las separa: nada menos que el principio de bilateralidad y el respeto a la igualdad de las partes.
Por eso, no es posible equiparar ambos trámites. En efecto, en el caso de las pruebas anticipadas se exige citación de la contraria, salvo cuando resultare imposible por razón de urgencia, en cuyo caso intervendrá el Defensor Oficial (art. 327 CPCC). De otro modo quedaría vulnerada la garantía de la defensa (arts. 18, Const. Nac; 15 Const. Pcia. Bs. As.; conf. SCBA LP C 99329 S 09/06/2010).
En lo concerniente a las medidas preparatorias o diligencias preliminares propiamente dichas, ellas se realizan naturalmente sin bilateralidad, audiencia, ni contradicción, por conformar un mero trámite auxiliador del proceso (conf. CC0201 LP 140512 RR 423/25 S 14/08/2025); por lo que no resulta necesaria la actuación de la Defensoría Oficial, tal como fuera apuntado por la recurrente.
Por otra parte, es dable resaltar que este Tribunal ha dicho que la prueba anticipada es una medida excepcional que tiene por objeto asegurar pruebas de realización dificultosa en el período procesal correspondiente, y que si bien puede ordenarse sin previa audiencia, su contralor por la parte contraria deviene de inexcusable observancia, a fin de salvaguardar el principio de igualdad de las partes y de defensa en juicio (conf. CC0201 LP 118701 RSI 62/15 I 05/05/2015).
En este sentido, el aludido art. 327 del CPCC prevé la intervención del Ministerio Público de la Defensa cuando resultare imposible la citación a la contraria por razones de urgencia; debiendo también admitirse tal participación cuando el anoticiamiento al propio litigante pueda permitirle desbaratar el objeto de la prueba (conf. juris. cit.).
O sea, una correcta interpretación del mencionado precepto adjetivo en torno al principio de bilateralidad a través de la participación del Defensor Oficial, permite concluir que la presencia de dicho funcionario judicial se circunscribe a los supuestos en que por la urgencia de la medida a practicarse, la demora en la citación a la contraria hiciere dificultosa o imposible la producción en sí de la prueba, pero no como una suerte de “veedor” que permitiese la realización de aquélla sin el contralor que el art. 327 del Código de rito prescribe expresamente (conf. CC0001 SM 60382 RSI-277-8 S 11/09/2008; CC0103 MP 166297 283 S 30/08/2018).
En esa inteligencia, en la especie no se advierte peligro alguno en cuanto a la preparación, la alteración, el cambio o la desaparición de la cosa objeto de la diligencia (automóvil) por parte de los futuros codemandados o terceros; toda vez que ésta se encuentra en poder del propio requirente de la prueba anticipada.
Así entonces, siendo que la medida probatoria en cuestión habrá de practicarse en el lugar donde el proponente posee el rodado, no se aprecia de qué manera el anoticiamiento a sus contrarios podría frustrar el cumplimiento de aquélla.
Tampoco se ha invocado un impedimento que pudiera ocasionar una demora en la notificación de la contraparte, lo cual posibilitaría la participación la Defensa Oficial. Máxime que se han precisado los domicilios reales de los interesados -ver punto III del escrito de inicio del 13/11/2025- (arts. 327, 375 y 384 CPCC).
Por tanto, no surgiendo razones de excepción o de urgencia que ameriten apartarse de la regla fijada por el aludido art. 327 del ordenamiento procesal; es lo cierto que deviene improcedente la designación del Defensor Oficial, a los fines de la producción de la prueba anticipada ordenada por el Juzgador de la instancia previa.
En función de todo lo antes discurrido, corresponde dejar sin efecto la apelada resolución del 26/11/2025, mediante la cual se ordenó la intervención de la Unidad Funcional de Defensa N°13 Departamental (arts. 163, 164, 260, 266, 270, 323, 326, 327, 375, 384 y cctes. CPCC).
Respecto a las costas de Alzada, deben imponerse en el orden causado, en función de tratarse de un agravio generado de oficio, las particularidades de la causa y la forma en que se decide (arts. 68 y 69 CPCC).
POR ELLO, y fundamentos expuestos, se deja sin efecto la apelada resolución del 26/11/2025, mediante la cual se ordenó la intervención de la Unidad Funcional de Defensa N°13 Departamental. Costas de Alzada en el orden causado. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia