Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79779
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús para seguir interviniendo en el asunto, a quien se devolverá el expediente para la continuación de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
B.79.779 "MUNICIPALIDAD DE LANUS Y OTRO/A S/ DILIGENCIAS PRELIMINARES - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. Las Municipalidades de Lanús y Quilmes, a través de sus intendentes, promovieron las presentes diligencias preliminares contra aquellas empresas que prestan servicios de comercialización, logística y distribución en el puerto de Dock Sud -entre las que mencionan, a título meramente enunciativo y no exhaustivo, a Antivari SA, Blinki SA, Destilería Argentina de Petróleo SA, Exolgan SA, Loginter SA, Raízen SA, Petro Rio SA-, como así también contra el Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud (CGPDS), con miras a que se produzca prueba anticipada tendiente a determinar el perjuicio actual y futuro que ocasionarían las referidas actividades en las calles "y otras instalaciones" emplazadas en sus respectivas jurisdicciones territoriales.
Asimismo, requieren como medida preparatoria que se libre oficio al consorcio mencionado, a efecto de que remita la nómina de todas las empresas que actúan en la zona portuaria en cuestión; a la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires -o a la Inspección General de Justicia, de acuerdo al caso-, para que informen su tipo y composición societarios; y, por último, a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)-, con el objeto de que remitan copias de las declaraciones juradas por ellas presentadas. Todo ello, con el propósito de garantizar la adecuada constitución del proceso -puntualmente, respecto a la determinación de los legitimados pasivos- y allanar el terreno ante la eventual interposición de una acción preventiva del daño en los términos del art. 1.711 del Código Civil y Comercial (v. escrito electrónico de fecha 9-IX-2024).
II. La causa se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, el cual rehusó intervenir en el asunto al estimar que, dado que la actora pretendería demandar por daños y perjuicios a un ente público no estatal (Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud), la cuestión debía ventilarse ante el fuero contencioso administrativo, en tanto la sentencia que se vaya a dictar en el proceso principal -sostuvo- podría "afectar las arcas del Estado provincial" (conf. arts. 166 in fine , Const. prov.; 2 incs. 3 y 4, CCA y 1, decreto 13/19 -texto modificado por decreto 357/23-).
Consecuentemente, asumiendo que la tramitación de las diligencias preliminares correspondían al juez competente para el proceso principal (art. 6 inc. 4, CPCC), ordenó girar las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes a efectos de su remisión al fuero especializado en derecho público (v. resol. electrónica de fecha 10-IX-2024).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso de apelación que, una vez concedido, recayó en la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Empero, los integrantes que conforman su Sala Primera decidieron revocar lo resuelto en la instancia de grado, teniendo en cuenta que: 1) la pretensión principal ulterior podría configurarse en una acción preventiva en los términos del art. 1.711 del Código Civil y Comercial; 2) el objeto del juicio principal se encontraría vinculado al régimen de responsabilidad civil extracontractual; y 3) no toda contienda que involucre a uno de los sujetos enumerados en el art. 166, quinto párrafo, de la Carta local, deviene en sí un motivo dirimente para suponer que se halla afectado el ámbito material atribuido al fuero contencioso administrativo (v. sent. interlocutoria de fecha 30-IX-2024).
Devueltos los actuados al juzgado de origen, su magistrado a cargo tuvo por presentados a los actores y, en ese mismo acto, aclaró que estos contaban con otras vías para canalizar sus peticiones, como el procedimiento administrativo previsto en la reglamentación de la Ley Provincial de Acceso a la Información Pública. No obstante, dispuso que, en caso de que los reclamantes optaran por no hacer uso de ellas, se llevaran a cabo las medidas preparatorias requeridas en autos (v. despacho electrónico de fecha 3-X-2024).
Más tarde, en su providencia de fecha 11-XI-2024, el juez actuante decidió dar curso únicamente a la prueba pericial, rechazando la contable, lo que llevó a los reclamantes a interponer un nuevo recurso de apelación (v. escrito de fecha electrónico de fecha 19-XI-2024).
En ese marco, se presentó la Presidenta del Directorio del CGPDS y efectuó un planteo de inhibitoria directamente ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental, cuyo titular lo reputó atendible y, por tal virtud, se declaró competente para intervenir en autos.
En lo medular, con base en los hechos denunciados en el escrito inicial, puso de relieve que en la controversia "...el Consorcio estaría siendo cuestionado por su acción u omisión, y discutida su responsabilidad patrimonial, por los daños que podrían ocasionarse en los Municipios de Lanús y Quilmes, por la actividad de comercialización, logística y distribución del Consorcio y de las empresas que allí ejercen su actividad" (ver tercer documento adunado al oficio electrónico de fecha 20-XI-2024).
Por tal motivo, ordenó suspender lo actuado hasta el momento (conf. art. 12, CPCC) y oficiar a su par preactuante sobre lo decidido. Además, advirtió que, en caso de que este último mantuviera su postura sobre la competencia, debía remitir los obrados a esta Suprema Corte en razón de la contienda positiva configurada entre ambos, lo que así sucedió (v. resol. electrónica de fecha 21-XI-2024).
De este modo, luego de que los actuados fueran elevados a la Secretaría Civil, Comercial y de Familia de este Tribunal, el expediente quedó finalmente radicado en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo para que sea dirimido (art. 7 inc. 1, CCA).
III.1. En la especie no es objeto de discusión entre los magistrados involucrados en el conflicto que el juez competente para conocer en el proceso principal es quien debe resolver acerca de las diligencias preliminares relacionadas con aquel (conf. art. 6 inc. 4, CPCC y 77 inc. 1, CCA; doctr. causas B. 69.868, "COA Construcciones y Servicios Públicos SA", resol. de 18-II-2009; B. 71.007, "Presa Tapari", resol. de 22-IX-2010; B. 71.903, "Aranda", resol. de 30-V-2012; B. 73.097, "Moleiro", resol. de 10-IX-2014; B. 74.484, "Estéves", resol. de 22-VIII-2018; B. 76.165, "García", resol. de 13-XI-2019 y B. 79.402, "Felice", resol. de 13-XI-2024, e.o.).
III.2. Sentado ello, es preciso recordar que el art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentra regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
IV. Bajo tales premisas, cabe ponderar que de lo manifestado tanto en la postulación inicial como en la presentación de su memorial del 20 de septiembre de 2024 mediante el cual los reclamantes aclaran quiénes serán los futuros demandados, no se infiere –aun con la provisionalidad que es inherente a esta etapa del proceso- que la acción por daños y perjuicios que eventualmente promoverán esté enderezada contra el CGPDS. Por el contrario, se desprende que la pretensión contenida en la demanda se dirigirá contra un grupo de empresas -aún no determinado en su totalidad-, a las cuales se les endilga la responsabilidad por las consecuencias dañosas que el desarrollo de sus actividades estaría generando en las calles y otras instalaciones de las localidades de Lanús y Quilmes.
Siendo así, aun cuando quienes promueven la acción -en el caso, diligencias preliminares- son sujetos enumerados en la cláusula general del contencioso administrativo (arts. 166, último párr., Const. prov. y 1 inc. 1, CCA), dado que la eventual demanda se dirigiría contra sujetos no aforados y estaría regida - prima facie- por normas de derecho privado, cabe concluir por el momento que se trata de un supuesto excluido del ámbito de conocimiento asignado a los tribunales del fuero especializado (arts. 166, Const. prov.; 1 y 4 inc. 1, CCA; 1.711, 1.716, 1.717, 1.737, 1.739, 1.753, 1.757 sigs. y concs., Cod. Civ. y Com.; arg. doctr. causa B. 76.239, "Siebenhaar", resol. de 19-II-2020).
V. A tenor de los fundamentos arriba expuestos, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús el órgano que continúe interviniendo en autos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús para seguir interviniendo en el asunto, a quien se devolverá el expediente para la continuación de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Hágase saber lo resuelto, oficio mediante, al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/03/2025 12:32:09 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2025 12:55:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/03/2025 13:48:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2025 14:17:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2025 14:51:57 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 31/03/2025 14:55:12 hs. bajo el número RR-111-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia