Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80394
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°10 del Departamento Judicial de La Plata, órgano ante el cual, por Secretaría, se radicará el expediente (art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del aquel departamento judicial, mediante oficio electrónico.
B.80.394 "URCOLA AGUSTINA FERNANDA C/ REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ DILIGENCIAS PRELIMINARES - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. La señora Agustina Fernanda Urcola promueve la presente diligencia preliminar, en los términos del art. 323 del Código Procesal Civil y Comercial, contra el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de obtener copias autenticadas del expediente administrativo en cuyo marco se habrían dispuesto determinadas medidas vinculadas con la registración del inmueble de su propiedad, que individualiza.
En particular, solicita copias de las actuaciones relacionadas con:
1. La inscripción provisional de un auto de subasta registrado en el asiento N°5, columna "a)", denominada esta última "titularidad del dominio".
2. La anotación practicada en el asiento N°4, identificada como "resguardo administrativo, artículo 3, DT. 11/2010", por medio del cual "se instruye a no expedir copia, ni informe, ni certifique, califique y/o inscriba, sin previa actuación que lo disponga en el expediente nro. 2307-2244/2017 que se formó al efecto" (sic), asentado en la columna "b)", intitulada "gravámenes, restricciones e interdicciones".
Asimismo, requiere que la autoridad demandada emita un informe de dominio respecto del referido bien y que se libre oficio al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Secretaría 36), a fin de que remita copia certificada del auto que habría ordenado la subasta e informe, además, si llegó a concretarse.
En relación con las referidas anotaciones, la actora sostiene que resultan improcedentes y que le impiden disponer libremente del inmueble. En ese contexto, manifiesta que, con miras a trabar adecuadamente la litis y determinar la vía procesal más idónea para canalizar su pretensión, solicita que se ordene judicialmente el cumplimiento de las medidas requeridas.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°10 del Departamento Judicial de La Plata.
No obstante, su titular se declaró incompetente para intervenir en las actuaciones. Para así decidir, consideró que, en atención a la naturaleza de la cuestión planteada —esto es, una pretensión dirigida contra un sujeto de derecho público—, el conocimiento del caso correspondía al fuero contencioso administrativo (conf. arts. 166, in fine, Const. prov.; 1, 2 inc. 4 y 12 inc. 3, CCA).
En consecuencia, dispuso la remisión de los autos al juzgado del fuero especializado que resultara desinsaculado por la Receptoría General de Expedientes departamental (v. sent. interloc. de 4-VIII-2025).
Radicadas las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 de aquel departamento judicial, el magistrado a cargo de dicha dependencia rechazó la competencia que se le atribuyera. En tal sentido, sostuvo que de los términos del escrito de inicio no era posible inferir que la acción estuviese dirigida a reclamar un daño patrimonial, sino, antes bien, a cuestionar determinadas inscripciones registrales que impedirían a la actora disponer libremente del inmueble de su propiedad.
Añadió que, habida cuenta de las normas llamadas a regir el eventual litigio —vinculadas al derecho privado y, en particular, al derecho real de dominio y a su publicidad registral—, no se encontraría justificada la intervención del fuero contencioso administrativo (conf. art. 4 inc. 1, cód. cit.).
En ese contexto, dio por trabada la contienda negativa de competencia y ordenó la elevación de las actuaciones a esta Suprema Corte, a efectos de que dirima el conflicto suscitado (art. 7 inc. 1, cód. cit.; vo. resol. de 3-X-2025).
III. Cabe comenzar por señalar que este Tribunal ha resuelto con reiteración que la competencia para ordenar la producción de diligencias preliminares o precautorias anticipadas recae en el juez que habrá de conocer y decidir en el proceso principal (arts. 6 inc. 4, CPCC y 77 inc. 1, CPCA; doctr. causas B. 52.950, "Torres", resol. de 20-II-1990; B. 54.029, "Latrecchiana", resol. de 29-X-1991; B. 61.685, "Santana", resol. de 5-VII-2000; B. 63.514, "Brandoni", resol. de 27-XII-2001; B. 64.730, "Cooperativa de Trabajo Taller Naval Ltda.", resol. de 30-X-2002; B. 68.339, "Colombo", resol. de 7-IX-2005; B. 69.868, "COA Construcciones y Servicios Públicos SA", resol. de 18-II-2009; B. 71.007, "Presa Tapari", resol. de 22-IX-2010; B. 71.482, "Radisol SA", resol. de 31-VIII-2011; B. 71.903, "Aranda", resol. de 30-V-2012; B. 72.574, "Bingo Adrogué SA", resol. de 4-XII-2013; B. 73.097, "Moleiro", resol. de 10-IX-2014; B. 73.540, "Tiro Federal Argentino", resol. de 29-IV-2015; B. 74.233, "Playa de Camiones Quequén SA", resol. de 22-VI-2016; B. 75.457, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 19-XII-2018; B. 76.165, "García", resol. 13-XI-2019 y B. 76.382, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 2-IX-2020).
IV. Sentado ello, es preciso recordar que la redacción originaria del decreto-ley 11.643/63, Capítulo XI "Procedimiento contencioso-registral", disponía en su artículo 44 inciso "b" la procedencia de la demanda contencioso administrativa a los fines de impugnar judicialmente las observaciones que formulase el Registro de la Propiedad Inmueble que obstaren a la inscripción de un título, circunstancia por la que este Tribunal habilitó la competencia que ejercía sobre la materia, tanto originaria como transitoriamente (doctr. causas B. 53.558, "Vázquez Cornot", resol. de 13-X-1992; B. 64.027, "Lancioni", resol. de 3-VI-2009 y B. 76.165, cit.).
Sin embargo, la entrada en vigencia de la ley 12.008 alteró este procedimiento, toda vez que su artículo 85 modificó el mencionado precepto y estableció la competencia de las cámaras de apelación en lo civil y comercial del Departamento Judicial de La Plata para entender en los recursos interpuestos contra las "observaciones registrales".
Sobre tal base se tiene dicho que las normas que atribuyen competencia a determinados tribunales para entender en ciertas materias cuando de recursos se trata, son indicativas de una especialización que el ordenamiento les reconoce y que constituye una relevante circunstancia a tener en cuenta a falta de disposiciones legales que impongan una atribución distinta (CSJN, Fallos: 312:986; 315:1830; 317:1105; 321:3024; 322:1220; 325:957 y 327:1859).
De allí que sea posible advertir una categórica decisión del legislador de sustraer esta clase de controversias del conocimiento de los órganos del fuero contencioso administrativo, criterio incluso seguido para casos que, si bien originados en el ejercicio de la función administrativa de un órgano de la Provincia, cuentan con regímenes específicos de impugnación, sin que pueda sostenerse su abierta incompatibilidad con el contenido esencial de la cláusula establecida en el artículo 166, in fine , de la Constitución provincial (doctr. causas B. 72.071, "Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata", resol. de 14-XI-2012 y B. 76.725, "Municipalidad de Almirante Brown", resol. de 23-II-2021).
V. Eventualmente, es útil recordar que el artículo 4 del Código Procesal Contencioso Administrativo sustrae de la jurisdicción allí regulada las controversias regidas por el derecho privado (inc. 1) y aquellas que involucren pretensiones posesorias (inc. 2).
Bajo ese enunciado normativo, cabe notar que del escrito postulatorio se desprende claramente que la controversia versa sobre un asunto regido por normas del derecho privado vinculado a los modos y formas de adquisición, modificación o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles (arts. 2247 y concs., Cód. Civ. y Com.) que, en consecuencia, se halla excluido del ámbito del conocimiento asignado a los tribunales del fuero especializado (doctr. causas B. 72.778, "Fantaguzzi", resol. de 12-III-2014; B. 73.390, "Rodríguez", resol. de 5-XI-2014; B. 73.884, "Lachermeier", resol. de 22-XII-2015; B. 74.484, "Esteves", resol. de 22-VIII-2018; B. 75.402, "Casco", resol. de 21-XI-2018 y B. 76.725, cit.), criterio que no se ve alterado por ser la parte demandada uno de los sujetos enumerados en la cláusula general del contencioso administrativo (cfr. arts. 166, quinto párr., Const. prov. y 1 inc. 1, CPCA; doctr. causas B. 71.021, "Cooperativa de Vivienda y Provisión de Obras y Servicios José Hernández", resol. de 3-XI-2010; B. 72.606, "Valdivia", resol. de 11-IX-2013; B. 72.291, "Zapata", resol. de 11-V-2016 y B. 76.674, "Fiscalía de Estado", resol. de 19-III-2021).
VI. A tenor de los argumentos expuestos, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°10 del Departamento Judicial de La Plata el órgano que continúe interviniendo en la tramitación de las presentes diligencias preliminares.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°10 del Departamento Judicial de La Plata, órgano ante el cual, por Secretaría, se radicará el expediente (art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del aquel departamento judicial, mediante oficio electrónico.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:09:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/07/2026 15:24:49 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 17/07/2026 08:43:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/08/2026 10:18:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2026 11:05:03 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/08/2026 11:12:11 hs. bajo el número RR-646-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia