Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76674
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº2 del Departamento Judicial de San Isidro, al que por Secretaría se le remitirá electrónicamente el expediente para la prosecución del trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Por Secretaría, se librará oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº2 del mencionado Departamento Judicial para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
B.76.674 “FISCALIA DE ESTADO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES CONTRA ISLA SANTA MONICA S.A Y OTROS S/ DILIGENCIAS PRELIMINARES -CUESTION DE COMPETENCIA-“
I. El Fisco de la Provincia de Buenos Aires promueve la presente diligencia preliminar en los términos del artículo 323 del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de preparar la demanda que enderezará contra "ISLA SANTA MÓNICA SA", "INMARIS SA", los sucesores del señor Marcelo Mateo Rebosov, Adolfo Marcelo Arnoldi y Horacio Héctor Bordoli, para preparar un juicio posterior tendiente a "...la anulación de la inscripción dominial y eventual reivindicación respecto de los inmuebles designados catastralmente como Sección 1era de las Islas, Fracción 664 C, Parcelas 80 A y 80 C del Partido de Tigre" que serían de su titularidad (fs. 36/37 y vta.).
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº2 del Departamento Judicial de San Isidro.
El titular de ese juzgado, tomando en consideración el hecho de que el actor es un ente público estatal y "...las limitaciones al dominio por razones de interés público" que involucradas en la controversia, se declaró incompetente, entendiendo que el caso era propio de la materia contencioso administrativa (cfr. art. 2 incs. 7 y 9, CCA; véase resol. electrónica de fecha 16-III-2020).
Previo sorteo de la Receptoría General departamental, las actuaciones fueron giradas al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del mencionado Departamento Judicial, cuyo magistrado a cargo, luego de advertir que el escrito postulatorio no se encontraba digitalizado, se declaró incompetente en su segunda intervención. Invocando doctrina de este Tribunal, consideró que la demanda a promoverse habría de consistir en la promoción de "....una acción real petitoria", razón por la cual entendió aplicable en la especie la regla de exclusión contemplada en los incisos 1 y 2 del artículo 4 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
En la consideración de que en el sub examine debía intervenir el fuero civil y comercial, le devolvió el expediente al juzgado de origen (véase sent. interlocutoria de fecha 28-VIII-2020), el cual, manteniendo la postura adoptada, tuvo por configurada la contienda negativa de competencia y elevó las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia para que dirima la cuestión de competencia así planteada (cfr. resol. electrónica de fecha 10-IX-2020).
III. Cabe comenzar por señalar que esta Corte ha resuelto con reiteración que la competencia para ordenar la producción de diligencias preliminares o precautorias anticipadas recae en el juez que habrá de conocer y decidir en el proceso principal (arts. 6 inc. 4, CPCC y 77 inc. 1, CPCA; doctr. causas B. 52.950, "Torres", resol. de 20-II-1990; B. 54.029, "Latrecchiana", resol. de 29-X-1991; B. 61.685, "Santana", resol. de 5-VII-2000; B. 63.514, "Brandoni", resol. de 27-XII-2001; B. 64.730, "Cooperativa de Trabajo Taller Naval Ltda.", resol. de 30-X-2002; B. 68.339, "Colombo", resol. de 7-IX-2005; B. 69.868, "COA Construcciones y Servicios Públicos SA", resol. de 18-II-2009; B. 71.007, "Presa Tapari", resol. de 22-IX-2010; B. 71.482, "Radisol SA", resol. de 31-VIII-2011; B. 71.903, "Aranda", resol. de 30-V-2012; B. 72.574, "Bingo Adrogué SA", resol. de 4-XII-2013; B. 73.097, "Moleiro", resol. de 10-IX-2014; B. 73.540, "Tiro Federal Argentino", resol. de 29-IV-2015; B. 74.233, "Playa de Camiones Quequén SA", resol. de 22-VI-2016; B. 75.457, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 19-XII-2018; B. 76.165, "García", resol. 13-XI-2019 y B. 76.382, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 2-IX-2020).
IV. Sentado ello, es preciso recordar que la redacción originaria del decreto-ley 11.643/63, Capítulo XI "Procedimiento contencioso-registral", disponía en su artículo 44 inciso "b" la procedencia de la demanda contencioso administrativa a los fines de impugnar judicialmente las observaciones que formulase el Registro de la Propiedad Inmueble que obstaren a la inscripción de un título, circunstancia por la que este Tribunal habilitó la competencia que ejercía sobre la materia, tanto originaria como transitoriamente (doctr. causas B. 53.558, "Vázquez Cornot", resol. de 13-X-1992; B. 64.027, "Lancioni", resol. de 3-VI-2009 y B. 76.165, cit.).
Sin embargo, la entrada en vigencia de la ley 12.008 alteró este procedimiento, toda vez que su artículo 85 modificó el mencionado precepto y estableció la competencia de las cámaras de apelación en lo civil y comercial del Departamento Judicial de La Plata para entender en los recursos interpuestos contra las "observaciones registrales".
Sobre tal base se tiene dicho que las normas que atribuyen competencia a determinados tribunales para entender en ciertas materias cuando de recursos se trata, son indicativas de una especialización que el ordenamiento les reconoce y que constituye una relevante circunstancia a tener en cuenta a falta de disposiciones legales que impongan una atribución distinta (CSJN, Fallos: 312:986; 315:1830; 317:1105; 321:3024; 322:1220; 325:957 y 327:1859).
De allí que sea posible advertir una categórica decisión del legislador de sustraer esta clase de controversias del conocimiento de los órganos del fuero contencioso administrativo, criterio incluso seguido para casos que, si bien originados en el ejercicio de la función administrativa de un órgano de la Provincia, cuentan con regímenes específicos de impugnación, sin que pueda sostenerse su abierta incompatibilidad con el contenido esencial de la cláusula establecida en el artículo 166, in fine, de la Constitución provincial (doctr. causas B. 72.071, "Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata", resol. de 14-XI-2012 y B. 76.725, "Municipalidad de Almirante Brown", resol. de 23-II-2021).
V. Eventualmente, es útil recordar que el artículo 4 del Código Procesal Contencioso Administrativo sustrae de la jurisdicción allí regulada a las controversias regidas por el derecho privado (inc. 1) y a aquéllas que involucren pretensiones posesorias (inc. 2).
Bajo ese enunciado normativo, si bien en el caso no se cuestiona la validez de una observación registral, cabe decir que del escrito postulatorio y demás constancias agregadas al expediente se desprende claramente -como bien apuntó el juez en lo contencioso administrativo- un asunto regido por normas del derecho privado vinculado a los modos y formas de adquisición, modificación o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles (arts. 2247 y concs., Cód. Civ. y Com.) que, en consecuencia, se halla excluido del ámbito del conocimiento asignado a los tribunales del fuero especializado (doctr. causas B. 72.778, "Fantaguzzi", resol. de 12-III-2014; B. 73.390, "Rodríguez", resol. de 5-XI-2014; B. 73.884, "Lachermeier", resol. de 22-XII-2015; B. 74.484, "Esteves", resol. de 22-VIII-2018; B. 75.402, "Casco", resol. de 21-XI-2018 y B. 76.725, cit.), criterio que no se ve alterado por ser la parte actora uno de los sujetos enumerados en la cláusula general del contencioso administrativo (cfr. arts. 166, quinto párr., Const. prov. y 1 inc. 1, CPCA; doctr. causas B. 71.021, "Cooperativa de Vivienda y Provisión de Obras y Servicios José Hernández", resol. de 3-XI-2010; B. 72.606, "Valdivia", resol. de 11-IX-2013 y B. 72.291, "Zapata", resol. de 11-V-2016).
VI. A tenor de los fundamentos arriba expuestos, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de San Isidro, el órgano que continúe interviniendo en el asunto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº2 del Departamento Judicial de San Isidro, al que por Secretaría se le remitirá electrónicamente el expediente para la prosecución del trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Por Secretaría, se librará oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº2 del mencionado Departamento Judicial para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
Regístrese y remítase.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/03/2021 10:07:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/03/2021 15:10:32 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 13:16:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/03/2021 14:17:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/03/2021 16:34:11 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia