Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122635
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 298, CPCC).
MENDOZA ROSALINO ALBERTO Y OTRO/A C/ COMPAÑIA LA ISLEÑA S.R.L. S/ DILIGENCIAS PRELIMINARES.
La Plata, 10 de abril de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, decretó la caducidad de la instancia en las actuaciones que se iniciaran por Rosalino Alberto Mendoza, Nora Estela Romero, Enrique Daniel Brandt, Antonio Gastón Chávez, Matías Damián Videla, Javier Roberto Gonzalo, Argentino Paredes, Ricardo Alberto Santillán, Norberto Adrián Lauceri, Ángel Servando Molina, Claudio Marcelo Ojeda, Arnoldo Ernesto Buriano, Héctor Guillermo Erramuspe, Jorge Raúl García, Javier Oscar Lovisa, José Sebastián Vázquez, Dante Alberto Gómez, Teresa Beatriz Olmos, Daniel Orlando Gutiérrez, Margarita Susana Montenegro, José Rodolfo Palavecino, Carlos Alberto Basarelli, Gilberto Britez Benegas, Héctor Daniel Jumilla, Hugo Fabio Narváez, Miguel Ángel Fernández Salinas, Jorge Oscar Gremoli, Ramón José Vélez, Carlos María Solís y Héctor Antonio González contra Compañía La Isleña S.R.L. (v. fs. 56/57 vta.).
Para así resolver, consideró transcurrido en exceso el plazo de inactividad previsto en el art. 12 de la ley 11.653.
II. Frente a lo así decidido, los legitimados activos dedujeron recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 61/62), el que fue concedido por el a quo a fs. 63 y vta.
En su presentación denuncian que el decisorio vulnera la garantía del debido proceso, el derecho de propiedad y el principio protectorio. Solicitan que se declare la inaplicabilidad de las acordadas reglamentarias de la Suprema Corte de Justicia en materia de presentaciones electrónicas, por cuanto -alegan- avanzan en una materia que es propia del poder legislativo. Por otra parte, controvierten lo resuelto por el tribunal de grado en torno a la extinción del proceso y cuestionan la forma en que se aplicó el art. 12 de la ley 11.653. En este mismo sentido, afirman que la situación de autos, por tratarse de diligencias preliminares, no se encuentra comprendida en ninguno de los incisos del art. 310 del Código Procesal Civil y Comercial.
III. El recurso no prospera.
De modo liminar, se impone recordar que la vía prevista en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 118.186, "Balbuena", resol. de 29-X-2014; L. 117.961, "Gómez", resol. de 10-XII-2014 y L. 119.509, "Cornou", resol. de 4-V-2016).
En este marco, el recurso extraordinario de nulidad deducido deviene improcedente, pues, más allá de que se omite denunciar la transgresión de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, no se observa en el desarrollo de la presentación, argumentación alguna que pueda vincularse con la inobservancia de las exigencias normadas en tales preceptos constitucionales, ni de los agravios traídos puede inferirse que se pretenda la declaración de nulidad de la resolución atacada (causas L. 95.126, "Fullone", sent. de 5-V-2010; L. 102.972, "Díaz", sent. de 6-VII-2011 y L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014), limitándose los interesados a expresar su disconformidad con la forma en que el juzgador de origen resolvió la controversia, lo que resulta ajeno al acotado ámbito de actuación del presente medio de impugnación (causas L. 118.800, "Lombardi", resol. de 11-XI-2015 y L. 119.155, "Caballero", resol. de 18-XI-2015).
Resta agregar, en lo que atañe a la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso, que tiene resuelto esta Corte que lo relativo a la infracción de los derechos mencionados no constituye tema que pueda someterse a juzgamiento a través del recurso extraordinario de nulidad, en tanto resulta propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 94.844, "Rodríguez", sent. de 3-VI-2009; L. 119.125, "Hernández", resol. de 28-XII-2016 y L. 121.156, "De La Fuente", resol. de 7-III-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
Fin de la sentencia