Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126845
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.845, "Gattoni, Walter Marcelo contra Universidad Católica de La Plata. Diligencias Preliminares", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 260/275 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 294/311).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal laboral interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Walter Marcelo Gattoni contra la Universidad Católica de La Plata, por la que, con sustento en que las sumas abonadas lo habían sido considerando una categoría inferior a la realmente desempeñada por aquél, pretendía el cobro de diferencias salariales, de indemnizaciones derivadas del despido, y en fin, de la liquidación final; con más los resarcimientos previstos en los arts. 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, junto con la entrega de las certificaciones previstas en la última disposición legal citada. Rechazó, en cambio, el reclamo tendiente al cobro de aquellas otras diferencias originadas en la pretensa equiparación de las remuneraciones del reclamante con los haberes básicos fijados para los docentes de universidades de gestión oficial (v. vered. y sent., fs. 260/275 vta.).
En el pronunciamiento, juzgó probado que el actor laboró en relación de dependencia para la demandada desde el día 1 de junio de 1997, desempeñándose como docente en ciertas asignaturas de la Facultad de Derecho y en la carrera de "Martillero y Corredor de Comercio" (fs. 260 vta.). Asimismo, luego de señalar que del informe pericial contable no surgía en concreto la jornada de trabajo desplegada por el actor, consideró probado con sustento en otros elementos las horas cumplidas por el accionante (v. fs. 261 vta. y 262). A continuación, destacó que la extinción del contrato de trabajo se produjo por despido directo sin invocación de causa, y que el dependiente percibió la liquidación final e indemnizaciones conforme los montos especificados en el escrito de demanda (v. fs. 262).
Concretamente, al juzgar sobre las diferencias pretendidas en función de la alegada equiparación de ingresos entre los docentes universitarios privados y los de las universidades estatales, señaló que la normativa sobre cuya base el accionante articuló su reclamo, esto es, el art. 38 de la ley 24.198, en cuanto dispone que los docentes de las instituciones educativas de gestión privada tienen derecho a una remuneración mínima igual a la de los docentes estatales, asimilación que surgiría también de la ley 13.047, no resulta aplicable a los docentes que prestan servicios en una universidad privada, ya que "...están dirigidas a los docentes de educación inicial, primaria, media y técnica" (sent., fs. 266 vta.).
Añadió que la educación superior es materia de una ley especial, la ley 24.521, que no menciona la requerida equivalencia salarial, encontrando su límite en relación con los docentes privados únicamente en la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 267).
Puntualizó que lo dispuesto en el ya citado art. 38 de la ley 24.195 debe ser complementado con las leyes 13.047 y 13.688 que acotan su aplicación a la enseñanza inicial, primaria, secundaria y técnica, no incluyendo a la instrucción superior (v. fs. 267).
En consecuencia, juzgó que no existe ley especial o convenio, escala o mínimo salarial aplicable a las tareas de los docentes de las universidades privadas (v. fs. 267 vta.) y, por ello, desestimó la pretensión actoral formulada en el punto (v. fs. 267 vta. y 268).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31 y 33 de la Constitución nacional; 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 10, 31, 57 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1, 9, 14, 17, 21, 22, 30, 62, 63, 66, 67, 78, 79, 81, 123, 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 38, 46 incs. "c" y "f" y 68 de la ley 24.195; 64 de la ley 26.206; 19 y 44 incs. "d" y "e" de la ley 11.653; 34 incs. 4 y 5, 161, 163 incs. 5 y 6, 164, 375, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y de la jurisprudencia que cita.
II.1. Alega que el tribunal de trabajo incurrió en absurdo al determinar la jornada laboral cumplida por el actor. Fundamentalmente, cuestiona la valoración que se efectuó de la prueba pericial contable y documental.
II.2. Por otro lado, cuestiona las conclusiones del fallo, ya referidas a las normas que considera aplicables.
Mediante la lectura que propone, sostiene que es errado lo resuelto en el fallo en orden a que las disposiciones de la ley 24.195 no son aplicables a los docentes de universidades privadas.
Además, por los argumentos que expone, destaca que no pudo el a quo interpretar que la mentada Ley Federal de Educación es equiparable a la ley 13.047 sin caer en una grosera arbitrariedad.
En su opinión, tampoco pudo considerarse a la ley provincial 13.688 como "limitativa" de lo establecido en el art. 38 de la ley 24.195.
Continuando con su impugnación, denuncia una absurda exclusión de la ley 24.195 por ausencia de normativa en la 24.521.
Luego, precisa que en el caso no se configura un supuesto de concurrencia conflictiva o limitativa entre las normas invocadas como fundamento de la sentencia, sino que se trata de una "relación de complementariedad o integración".
Sin perjuicio, refiere que por imperio de la regla de la norma más favorable prevista en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, el tribunal de grado debió ceñirse a los salarios fijados por la escala salarial del convenio colectivo aplicable a los docentes de instituciones universitarias nacionales.
Manifiesta que no existiendo bases de retribución salarial que respalden los fundamentos del fallo impugnado y permitan su control de legalidad, éste, en tanto acoge el planteo de la demandada, luce arbitrario y huérfano de todo sustento.
Con cita de ciertos precedentes, afirma que la decisión de grado es inconstitucional por violar el derecho a una "retribución justa".
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, y a tenor de la fisonomía del caso, puede observarse que el impugnante no se ha ocupado de demostrar que el valor de lo cuestionado ante la instancia extraordinaria supere el monto mínimo para recurrir previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
Tal falencia no puede ser salvada por esta Corte, pues es el recurrente quien tiene la carga procesal de acreditar la concurrencia de ese recaudo de admisibilidad en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Luego, siguiendo el temperamento adoptado en situaciones análogas, corresponde ingresar en el análisis de los agravios que porta el presente medio de impugnación en el marco de la excepción contemplada en la última parte del primer párrafo del art. 55 de la ley 11.653 (causas L. 100.898, "Olazar", sent. de 3-III-2010; L. 120.141, "Lencina", sent. de 22-VIII-2018 y L. 124.028, "Blanco", sent. de 30-VIII-2021).
A partir de lo dicho, la función revisora queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015; L. 119.782, "Galarza", sent. de 7-IX-2016 y L. 121.961, "Paz", sent. de 20-XI-2020).
III.2. Bajo estas directrices, las objeciones traídas vinculadas con la extensión de la jornada de trabajo del actor o, en fin, con la ponderación de la prueba o de su carga, en tanto remiten a cuestiones de índole fáctica y probatoria, han de quedar excluidas del ámbito de revisión por el que transita el recurso (causas L. 120.539, "Gauna", sent. de 6-XI-2019; L. 121.213, "Roldan", sent. de 12-II-2020 y L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022).
Con ello, se descarta la aptitud de los precedentes de esta Corte que se citan a lo largo de este pasaje del recurso.
III.3. Por otro lado, la mención de los antecedentes que el quejoso identifica como causas L. 101.710, "Dalale"; L. 106.678, "Sgrilletti" y L. 101.704, "Stefenon" (sents. de 11-III-2013); L. 107.602, "Iturregui" (sent. de 30-X-2013) y L. 112.363, "González" (sent. de 23-IV-2014), tampoco logra conmover lo resuelto en el pronunciamiento de grado.
Es que lo juzgado en tales precedentes, con especial fundamento en el art. 38 de la ley 24.195 -se dijo, con un criterio que en líneas generales fue mantenido luego por el art. 64 de la ley 26.206 "de Educación Nacional"- lo fue en el concreto marco de reclamos efectuados por docentes de instituciones educativas de gestión privada de nivel primario o secundario y no bajo una pretensión -como la que aquí se ventila- iniciada por un profesor universitario, dato este último que resultó dirimente para el a quo (v. fs. 266 vta.).
Tal como hubo de afirmarse en la causa L. 121.911, "Carrión" (sent. de 30-XII-2021) -precedente con ciertos ingredientes semejantes al sub examine -, sin que implique emitir opinión alguna sobre el acierto de la decisión de grado, la distinción apuntada impide a este Tribunal ingresar en otro tipo de examen. Es que es sabido que carece de idoneidad para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el excepcional conducto que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley adjetiva local, la denuncia de violación de doctrina legal elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.205, "Barrios", sent. de 16-X-2013; L. 104.386, "Velazco", sent. de 17-XII-2014 y L. 119.434, "C., L. M.", sent. de 16-V-2018).
III.4. Queda por recordar, a tenor de ciertas citas que se observan en el recurso, que la jurisprudencia de otros tribunales de justicia no constituye doctrina legal en los términos y con los alcances en que ha sido definida por esta Suprema Corte (causas L. 118.486, "Izaguirre", resol. de 15-IV-2015; L. 122.169, "Ortíz", resol. de 20-II-2019 y L. 121.786, "Ortellado", sent. de 4-VIII-2020), no revistiendo tampoco dicho carácter la que fluye de los votos en minoría de alguno de los magistrados que conforman o han conformado este Tribunal (causas L. 44.643, "Kieffer", sent. de 20-XI-1990; L. 116.824, "G., R. E.", sent. de 23-X-2013 y L. 119.587, "Zárate", sent. de 29-IX-2020).
III.5. Lo dicho es suficiente para desestimar la queja traída, sin que corresponda ingresar en el examen de los restantes agravios, carentes, además, de denuncia orientada a evidenciar la eventual transgresión de la doctrina legal de esta Suprema Corte.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/03/2023 11:19:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/04/2023 09:41:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/04/2023 23:22:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/2023 09:48:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/2023 10:49:33 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 10/04/2023 11:21:26 hs. bajo el número RS-34-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia