Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130906
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal del Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la demanda incoada por Elsa Esther Alderete, Valeria Soledad López y Guillermo Ezequiel López, contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Coarco S.A., mediante la cual procuraban el cobro de las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo, con motivo de la muerte de Guillermo Jorge López -esposo y padre de los citados derechohabientes- (v. pronunciamiento de 31-III-2023 y aclaratoria de 12-IV-2023).
Para así decidir -con sustento en la pericia médica, así como las demás constancias obrantes en el expediente-, el sentenciante de grado declaró que no se evidencia un nexo causal entre el traumatismo denunciado y la patología invocada como causante del fallecimiento del trabajador.
II. Contra la decisión de grado, los legitimados activos deducen recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 17-IV-2023), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. de fecha 21-IV-2023), habiéndose conferido vista al Procurador General (v. dictamen de 13-XII-2023).
III.1. En el remedio extraordinario de nulidad, denuncia que el Tribunal de origen omitió el análisis de cuestiones a su criterio esenciales.
En ese sentido, los impugnantes alegan violación del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, denunciando que el pronunciamiento en crisis no se trató el planteo referido a que la aseguradora accionada no cumplió oportunamente con lo dispuesto en el art. 22 del decreto 491/1997, esto es, el deber de notificación fehaciente del rechazo del infortunio padecido por López, circunstancia que conlleva -a su criterio- una aceptación tácita de la contingencia. De suyo entonces, aquella debió otorgar a los derechohabientes las prestaciones correspondientes al fallecimiento del trabajador
III.2. El recuso no prospera.
III.3.a. En principio corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021 y L. 128.856, "Barzola", resol. de 30-V-2023).
III.3.b. Así, en el caso, el embate deducido deviene improcedente, desde que, sin perjuicio de otras consideraciones que podrían formularse, cierto es que la preterición a que se refiere el art. 168 de la Carta local ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido, pero no cuando -como sucede en el sub examine - las cuestiones se encuentran desplazadas de consideración como consecuencia de la solución a la que arribó el tribunal a quo , o cuando son tratadas implícitas o tácitamente, pues lo que se sanciona con la nulidad del pronunciamiento es la preterición de una cuestión esencial y no la forma en que ésta fuere resuelta (causas L. 118.794, "Blasi", resol. de 11-IV-2018; L. 124.712, "Vivas", resol. de 6-X-2020; L. 125.753, "Rey", resol. de 8-II-2021 y L. 126.973, "Vaño", resol. de 1-XI-2021).
Por lo demás, también debe recordarse que los cuestionamientos u objeciones dirigidos contra el modo como el tribunal abordó los planteos de las partes y -eventualmente- el grado de acierto jurídico que pueda exhibir su decisión, escapa al limitado ámbito de cognición del remedio procesal bajo examen pues conforman, en definitiva, la imputación de típicos errores in iudicando (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 125.066, "Arripe", resol. de 7-VI-2022).
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley los comparecientes relatan los antecedentes de la causa y denuncian las normas que entienden vulneradas.
En su presentación, reiteran los argumentos traídos en la vía extraordinaria de nulidad, denunciando la errónea interpretación por parte del juzgador del art. 6 del decreto 717/1996, sustituido por el decreto 491/1997.
En lo esencial, con denuncia de absurdo, se agravian de la conclusión del tribunal actuante, en cuanto tuvo por no demostrado el nexo causal entre el accidente sufrido por el trabajador y su posterior deceso. Afirman transgredido el principio de la sana crítica.
IV.1. El recurso no prospera.
IV.2. De modo liminar, cabe destacar que -en el caso-, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda-, no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 124.713, "Juárez", resol. de 2-X-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021; L. 126.116, "Pérez", resol. de 19-IV-2021 y L. 131.009, "Sanchez", resol. de 4-XII-2023). Por tal razón, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
Siendo así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, supuesto que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. del 1-IV-2015 y L. 123.644, "Goicoechea", sent. 9-II-2021).
IV.3.a. Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia del supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, desde que los precedentes de este Tribunal que se invocan como violados en el recurso -además de haber sido elaborados sobre presupuestos fácticos disímiles a los del caso en juzgamiento- se relacionan con cuestiones fácticas y probatorias, vinculadas a determinar las circunstancias en que se produjo el deceso del trabajador, resultando, en consecuencia, inhábiles a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo ut supra referido (causas L. 118.298, "Lillo", resol. de 20-XI-2014; L. 118.629, "Paganini", resol. de 24-VI-2015; L. 120.799, "Honeker", resol. de 11-X-2017; L. 121.659, "Onorato", resol. de 17-X-2018 y L. 128.042, "Blanco", resol. de 1-IV-2022).
Asimismo, no resultan útiles para justificar la revisión casatoria, en el acotado marco de conocimiento por el que transita el recurso, las citas de precedentes definitorios del vicio de absurdo (causas L. 122.256, "Mendoza", resol. de 24-IV-2019; L. 124.457, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020 y L. 125.236, "Espíndola", resol. de 14-XII-2020).
III.3.b. Por otro lado, corresponde recordar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 125.507, "Valdez", resol. de 22-VI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/02/2024 21:08:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2024 10:35:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2024 12:46:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2024 07:25:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2024 08:09:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/02/2024 09:14:29 hs. bajo el número RR-18-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia