Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa D-724/13-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 30/31 por el Sr. Manuel De Dios contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: D-724/13-TSJ Sentencia N°: 1019 Actor: DE DIOS MANUEL Demandado: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 09/08/16 Texto:
TOMO XVI -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1019 FOLIO Nº 3163/3169 PROT. ELECT. TSS1 019 C.161
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 9 días del mes de agosto de dos mil dieciséis, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y el Sr. Vocal Subrogante, Dr. Domingo Norberto Fernández, bajo la presidencia a cargo del Dr. Daniel Mauricio Mariani para dictar sentencia en los autos: “DE DIOS MANUEL C/ CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº D-724/13-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Enrique Osvaldo Peretti, 2º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 3º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, 4º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, y 5º) Dr. Domingo Norberto Fernández; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión el Dr. Peretti dijo:
I. Que, a fs. 30/31, se presenta, Manuel De Dios, con el patrocinio letrado de los Dres. Nora Galindo y Bernardino Zaffrani interponiendo demanda contencioso administrativa contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, a efectos “…se revoque el Acuerdo N° 2637 de fecha 12 de Setiembre de 2012… y en consecuencia se ordene a la accionada restituir el cargo base del haber inicial con que fui jubilado, esto es CLASE XVII - 2° Jefe de Departamento II, Personal de la Administración General de Vialidad Provincial…” (cfr. fs. 30).- Expresa que se le concedió el beneficio de la jubilación ordinaria, determinándose como cargo base el indicado en el párrafo que antecede, conforme a las categorías estipuladas en la Ley N° 820. Afirma, que en el año 2011, se arribó a un acuerdo, en paritarias celebradas entre los representantes de los empleados de Vialidad Provincial, la Autoridad Provincial y la Caja de Previsión Social, mediante el cual se modificó el escalafón de los empleados de Vialidad de Santa Cruz, dejándose sin efecto el vigente que fue en base al cual se le reconoció el beneficio de la jubilación. Dicho acuerdo fue homologado por el Decreto Provincial Nº 1291 del 28 de junio de 2011, estableciéndose que el nuevo escalafón entraría en vigencia el 1º de Septiembre de ese año.- Sostiene, que a raíz de dicho acuerdo, la Caja, a partir de noviembre de 2011, procedió a modificar el cargo base en su beneficio jubilatorio, pasándolo a la categoría X y luego, a raíz de un reclamo que realizó, a la categoría XIII. Agrega que tal baja de categoría motivó el reclamo, que concluyó con el Acuerdo N° 2637/12 que por la presente acción intenta nulificar.-
Señala que “…no escapará al criterio de ese Tribunal [que] el Acuerdo en crisis, es violatorio no sólo de la ley vigente N° 820, sino de derechos de raigambre constitucional, como lo son la jerarquía de las normas jurídicas (art. 31º) el derecho a la seguridad social (art. 14 bis) y el derecho de propiedad (art. 17)…” (cfr. fs. cit.).-
Apunta que la nueva categoría que se le otorgó (XIII), fue creada por Decreto, mientras que la original, en base a la cual se lo jubiló, fue establecida por la Ley N° 820. Ello, desde su óptica, viola el principio de jerarquía de las normas establecido en el artículo 31 de la Constitución Nacional, ya que un decreto no puede modificar una ley. Sostiene, que una norma sólo puede ser modificada o dejada sin efecto por otras normas de igual o superior jerarquía, pero nunca por una de inferior jerarquía. Afirma, que en el caso sucede lo contrario, un decreto modifica un escalafón establecido por una ley. Por ello solicita, además, se decrete la inconstitucionalidad del Decreto Nº 1291/11. Asimismo, agrega que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional está destinado a garantizar a los beneficiarios un nivel de vida acorde con el que tuvieron durante los años de trabajo.- Manifiesta que “…si bien en el sub lite y hasta el momento no se redujeron mis haberes, al reducirse mi categoría de XVII a XIII, de mantenerse la decisión de la accionada, no tengo garantizado que en el futuro dichos haberes sean proporcionales a los que perciben quienes realizan actualmente la misma tarea, función y categoría que tenía cuando estaba en actividad” (cfr. fs. 30 vta.).-
Añade que su jubilación es un derecho adquirido que ha ingresado en su patrimonio y se encuentra protegido por el artículo 17 de la Constitución Nacional.-
Finalmente, aduce que la modificación en su cargo base del haber jubilatorio es ilegítima e inconstitucional y por ello pide se decrete la inconstitucionalidad del Decreto Nº 1291/11 y revoque el Acuerdo Nº 2637/12.-
Ofrece prueba y funda su derecho y hace reserva del Caso Federal.-
II. Que, corrido traslado de la demanda, es contestada a fs. 48/51 por la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, representada por el Dr. Fernando Guillermo Agüero y con el patrocinio de la Dra. Nélida Silvia Garrigue. Allí exponen que “La lesión o perjuicio que invoca el actor no es actual sino hipotética y futura lo que altera el objeto del proceso, y afecta el principio de congruencia, porque por esta vía se intenta tutelar una eventual afectación a futuro que podría producirse o no…” (cfr. fs. 49).- Alegan, que el Acuerdo Nº 2637 resulta ajustado a derecho, porque fue dictado en el marco de la Ley Nº 1782 y sus modificatorias, Ley Nº 1260 y su Decreto Reglamentario. El mismo tuvo por objeto poner fin al reclamo administrativo del actor; y explican que el servicio jurídico del organismo dictaminó, en el marco del expediente administrativo, que de hacerse lugar el reclamo del actor ello conllevaría a un ascenso en pasividad, por lo cual, debía rechazarse el pedido.
Afirman, que la Administración General de Vialidad Provincial informó que “…la equiparación actual de Clase XIII se corresponde con el haber inicial de la Jubilación Ordinaria otorgada a partir del 01 de Noviembre de 1997; esto es el Cargo Base Clase XVII 2° Jefe Dpto. II” (cfr. fs. 49 vta.). Asimismo, consideran que es improcedente el planteo de inconstitucionalidad del Decreto Nº 1291/11, toda vez que dicho decreto se dictó en el marco de la Ley Nº 2986 que rige las negociaciones colectivas que se celebran entre la Administración Pública Provincial y las Asociaciones Sindicales; y que “…dicho Decreto de modo alguno es contrario a la Ley 820 la que en el Capitulo Décimo Sexto regula el funcionamiento de las Comisiones Paritarias…” (cfr. fs. 50).- Consideran, que no existe la inconstitucionalidad alegada por la contraria dado que la negociación colectiva homologada mediante el Decreto Nº 1291/11 fue realizada en el marco del artículo 58 de la Ley Nº 820.
Dicen que “…En cuanto al Decreto 1291/11, homologa el acuerdo paritario realizado por las partes pero no integra el convenio colectivo de trabajo, sino que constituye el ejercicio de una facultad que la ley le ha reservado a la autoridad de aplicación, a fin de realizar un control de legalidad y oportunidad del convenio y tiene por finalidad otorgarle efectos erga omnes; es decir, tornarlo obligatorio para todos los trabajadores y empleadores del sector y actividad. En lo que atañe al control de legalidad, al ser el Estado su principal responsable y garante, debe resguardar que en lo acordado no se vulneren los principios y las normas del orden público…” (cfr. fs. 50).- Ofrecen pruebas, fundan su derecho, hacen reserva del Caso Federal y solicitan se rechace la demanda.-
Que, a fs. 59/60, este Alto Cuerpo rechaza la solicitud de la demandada de citar a la Administración General de Vialidad Provincial.-
A fs. 64 se corre vista al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien dictamina que es formalmente admisible la demanda, pudiendo avocarse este Alto Cuerpo al conocimiento de las actuaciones (conf. fs. 65 vta.).-
A fs. 67 se ordenó la apertura a prueba de la causa, posteriormente se certificó sobre la producción de la misma a fs. 91, oportunidad en la que fueron puestos los autos a disposición de las partes para alegar. Ambas partes formularon alegatos, la actora a fs. 97/98 y la demandada a fs. 94/95 vta.. Finalmente, a fs. 99, se llamó autos para sentencia.-
No obstante, a fs. 101 y vta., se dispuso una medida para mejor proveer, la que fue cumplida con la contestación del oficio obrante a fs. 107/138 vta..-
A fs. 139 vuelven los presentes a estudio.-
III. Que, conforme ha quedado trabada la litis, el actor promueve esta acción a fin que se lo mantenga en el cargo base con el que accedió al beneficio jubilatorio el 1º de noviembre de 1997. Pretende que se decrete la nulidad del Acuerdo Nº 2637/12 de la Caja de Previsión Social, mediante el cual se rechazó su pedido de que no se aplique el nuevo escalafón y la inconstitucionalidad del Decreto Nº 1291/11, mediante el cual el Gobierno Provincial homologó el acuerdo celebrado en paritarias, en el que se acordó el nuevo escalafón para el personal de Vialidad Provincial.- Dos temas controvertidos han sido puestos a decisión de éste Tribunal: la nulidad del Acuerdo Nº 2637/12 de la Caja de Previsión Social y la inconstitucionalidad del Decreto Nº 1291/11. Por una cuestión lógica, comenzaremos por el planteo de inconstitucionalidad, para luego, de resolverse este negativamente, abocarnos a la nulidad pretendida por el accionante.-
La cuestión constitucional se sustenta en que, según el actor, por medio del Decreto Nº 1291/11 se aprobaron las nuevas categorías acordadas en paritarias y, por ende, mediante dicho decreto se modificó el escalafón previsto en la Ley Nº 820 (vigente al momento en que el actor se jubiló) y esto viola la jerarquía normativa, toda vez que una norma inferior -el decreto- ha dejado sin efecto previsiones contenidas en una ley.-
Liminarmente, debemos señalar, como ya lo ha sostenido este Tribunal Superior, que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del ordenamiento jurídico, debiendo los Magistrados, antes armonizarla con el resto de la legislación y con la constitución misma (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo XIV, Contencioso Administrativo, Reg. 931, Folio 2776/2781). Asimismo, que “…La interpretación de la Constitución debe hacerse de manera que sus limitaciones no turben el eficaz ejercicio de los Poderes del Estado para el cumplimiento de sus fines del modo más beneficioso para la comunidad. Una adecuada regla hermenéutica indica que las leyes deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico, desde que el Derecho es un sistema en el que las normas de menor jerarquía se nutren de las superiores… procurando evitar aquellas interpretaciones que pongan en conflicto unas con otras” (cfr. SCBA, in re “Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires s. Inconstitucionalidad Decreto 2138/1989”, 30/03/1993, Revista de Jurisprudencia Provincial, Rubinzal-Culzoni Editores, Cita on line: RCJ 1464/05).- Conforme lo expuesto, el análisis de la validez constitucional de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y es sólo practicable cuando ella resulta una razón ineludible para dictar el pronunciamiento debido. De tal manera, no debe recurrirse a declarar inconstitucionalidades cuando existe la posibilidad de una solución adecuada del juicio mediante una armoniosa y adecuada interpretación de las normas en litigio.-
En el caso de marras las disposiciones que, según el actor, se hallan en pugna son las siguientes: el artículo 13 del “Escalafón para los Agentes Viales Provinciales” previsto en la Ley Nº 820, el cual contenía, al tiempo de su retiro, las categorías y clases escalafonarias de la carrera de los agentes de Vialidad Provincial. Artículo que fue modificado en el acuerdo celebrado en paritarias el 24 de mayo del 2011 (del que dan cuenta las constancias de fs. 4/19), en el cual se acordó suprimir el escalafón referido precedentemente y reemplazarlo por el indicado en el punto 9 (conf. fs. 10) del mentado convenio colectivo. Este último, es el que motivó la readecuación de la categoría en la que revistara el actor, pasándolo de la categoría XVII a XIII (conf. surge del Anexo agregado a fs. 17). Importa señalar, además, que allí se dispuso hacer extensivas las nuevas categorías a la clase pasiva. A su turno, el Decreto N° 1291/11 -cuestionado por el actor- dispuso: “ARTÍCULO 1º.- Homologar Parcialmente los acuerdos alcanzados en la audiencia celebrada el día 24 de mayo del 2011 entre la Administración General de Vialidad Provincial, el Sindicato de Trabajadores Viales de la Provincia de Santa Cruz en el marco de las (sic) Negociación Colectiva de la Administración Pública Provincial, en lo que respecta a los puntos donde medió coincidencia de voluntades y en las formas y condiciones establecidas en el Acta pertinente que forma parte integrante del presente” (cfr. fs. 20/21 y fs. 135/136).- Este último decreto fue dictado en el marco de las negociaciones colectivas que fueron celebradas en los términos y condiciones previstos en la Ley Nº 2986; y es precisamente esta última la que en su artículo 13 edicta: “Una vez suscripta la convención colectiva será remitida para su homologación al Poder Ejecutivo Provincial, el que deberá dentro de un plazo no mayor a treinta (30) días dictar el acto administrativo correspondiente”.-
La normativa transcripta precedentemente nos permite ver que el decreto, cuya inconstitucionalidad se persigue, fue dictado en cumplimiento de la manda establecida en la Ley Nº 2986 que impone al Gobernador homologar el acuerdo celebrado en negociaciones colectivas, empero no integra el convenio. No es el decreto el que modifica el escalafón previsto en la Ley Nº 820, sino que ello fue dispuesto en la negociación colectiva celebrada de conformidad a lo previsto en la Ley Nº 2986, cuya constitucionalidad no ha sido puesta en dudas. Así, la modificación escalafonaria objetada por el actor, no deviene del Decreto Nº 1291/11, sino del convenio colectivo ya referido. Estos convenios, una vez homologados son obligatorios no solo para los firmantes sino también para todos los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación. Nacen y se negocian como contratos, pero rigen ‘erga omnes’ como leyes particulares en el ámbito de la actividad de que se trate. Constituyen así, derecho formal con el alcance de una ley con relación a aquellos que se encuentren abarcados en él (conf. Ojeda, Raúl Horacio, coordinador, Ley de Contrato de Trabajo Comentada y Concordada, 2ª. edición, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2011, Tomo I, págs. 22/26).- En definitiva no resulta inconstitucional el Decreto Nº 1291/11, en tanto este fue dictado por un imperativo legal, en el marco de la Ley Nº 2986, limitándose a homologar el Acuerdo Colectivo celebrado el 24/5/11 que fue a través del cual se creó el nuevo escalafón del que se agravia el accionante.-
IV. Rechazada la inconstitucionalidad pretendida por el accionante, debemos ahora abocarnos a la nulidad del Acuerdo Nº 2637/12 de la Caja de Previsión Social.-
Ante todo apuntaremos con respecto a la defensa esgrimida por la demandada, -quien sostuvo que el reclamo del actor viola el principio de congruencia porque no se le ha producido perjuicio alguno con la modificación escalafonaria- que no existe agravio alguno a dicho principio. Sabido es que la congruencia refiere a la relación que debe existir entre lo pedido (por quien demanda), la oposición (de quien se defiende) y el pronunciamiento del Juez. Al respecto, se ha sostenido que “…por respeto al principio de congruencia debe entenderse la estricta adecuación del pronunciamiento judicial a las cuestiones articuladas en la pretensión del actor y en la oposición del demandado o en los escritos presentados por las partes con motivo de algún incidente suscitado durante el curso del proceso… ‘el fallo debe adecuarse, para no incurrir en incongruencia, a la concreta situación de hecho invocada por ambas partes a fin de delimitar los términos de su pretensión u oposición. De allí que adolecería de aquel vicio por ejemplo, la sentencia que ordenara entregar al actor una cosa a título de dueño, no obstante haberla aquél reclamado a título de locador’… Abundando, he de decir que el ‘juez sólo debe considerar las alegaciones y defensas propuestas por las partes; le está vedado pronunciarse sobre pretensiones no deducidas, cosas no pedidas o hechos no afirmados. La sentencia no puede otorgar más de lo que el actor pidió (ultra petita); ni dejar de resolver las pretensiones que deben ser objeto del fallo (citra petitum); ni dar una cosa distinta de la pedida, modificando las pretensiones formuladas por las partes (extra petitum)’…” (cfr. Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur in re “B., H. c. Frank`s Internacional (B.V.I.) Limited y otro”, Sentencia del 18/10/2005. Cita on line AR/JUR/6650/2005).- No se observa, entonces, como la pretensión del actor -que se lo mantenga en la categoría en la cual se le concedió el retiro- podría quebrar el principio de congruencia. La accionada, para nada expone de qué manera se ha producido, en el supuesto de marras, la incongruencia que denuncia. La defensa, de esta manera efectuada, no constituye una crítica concreta y razonada, dirigida y puntualmente aplicable al caso como corresponde a todo planteo que se realice ante un Tribunal de Justicia.-
V. Ingresando al análisis de fondo de la cuestión planteada, ha de señalarse que -conforme se desprende del libelo introductorio-, al demandante lo agravia el hecho que se le haya modificado la categoría, independientemente que se le haya o no disminuido el haber.-
Al actor le fue reconocido el beneficio de jubilación ordinaria en la Administración General de Vialidad Provincial (a partir del 1° de noviembre de 1997) sobre la base del cargo escalafonario desempeñado en aquella oportunidad. Posteriormente, el escalafón fue modificado pasando el cargo en cuestión de la Clase XVII a la Clase XIII, ambas del personal jerárquico. Del cuadro obrante a fs. 17/18, surge que el último es el equivalente jerárquicamente, en el nuevo escalafón, al cargo con el que se jubiló el actor. De dicho instrumento se desprende la transformación directa de la anterior categoría en la nueva.- En relación a lo expuesto, es procedente tener en cuenta que el Máximo Tribunal Nacional ha dicho que “…con posterioridad al acto administrativo que había otorgado el beneficio e incorporado al patrimonio del interesado el derecho a la jubilación con determinada jerarquía, no podía aceptarse que -so color de efectuar reestructuraciones internas- se modificaran los elementos que integraban el “status jubilatorio”, pues ello importaría en la práctica una retrogradación en la condición de pasividad, que resulta incompatible con las garantías constitucionales de los arts. 14 bis, 16 y 17 (Fallos: 308:2038).- Así también, ha expresado que en la supresión o modificación de las denominaciones de categorías, cargos, oficios o funciones ha de establecerse la justa equivalencia con las antiguas denominaciones para no lesionar el derecho del entrado en situación pasiva, procediendo para ello con un criterio razonable y su proyección a los casos concretos ha de ser hecha de modo tal que no se encubra una retrogradación de hecho bajo las apariencias de un procedimiento regular.
Y además, que los elementos constitutivos del “status” jubilatorio, resultante de la situación del agente al momento del cese, deben ser mantenidos y no debe operarse en los hechos una retrogradación por obra de modificaciones escalafonarias que alteren en pasividad el nivel jerárquico que se tuvo en cuenta al concederse el beneficio (del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hizo suyo en Fallos: 307:2366).- Sentadas estas pautas de interpretación, se observa que de lo que se trata, en casos como el de marras, es de asegurar al agente jubilado la ubicación equivalente en la estructura que haya sucedido a aquélla en que se jubiló. Cada vez que ocurre una de esas modificaciones escalafonarias, debe establecerse la equivalencia de cargos para preservar el ‘status jubilatorio’ y el contenido económico de los haberes de pasividad de agentes ya retirados.-
En lo que hace al presente caso, es de señalar que cuando el actor ya gozaba del beneficio, las modificaciones introducidas por el convenio colectivo ya referenciado, trajeron como consecuencia que el cargo a tomar en cuenta era el de Clase XIII en lugar del de Clase XVII con el que se había retirado.-
La cuestión a dilucidar consiste, pues, en dejar establecido si el titular, a través de la mentada modificación de la estructura administrativa, mantuvo y mantendrá en el futuro el nivel jerárquico equivalente al que se le reconoció al momento de jubilarse.-
El accionante pretende se lo mantenga en una jerarquía (Clase XVII) que ha sido, para los que desempeñan las funciones del actor, reemplazada por otra (Clase XIII). Cabe aclarar, que al mutar la estructura escalafonaria, la Clase XVII, en el nuevo escalafón, corresponde a un cargo de mayor jerarquía y abarca funciones distintas a las que cumplía el actor al momento del retiro. Conforme se desprende de fs. 17/18, en el escalafón vigente actualmente la Clase XVII corresponde al Jefe de Distrito, el cual es jerárquicamente superior al desempeñado por el Sr. De Dios al momento del retiro (2° Jefe de Departamento). Así pues, de acoger lisa y llanamente a la aspiración actoral, se le estaría concediendo un ascenso en pasividad que no se compadece con precepto legal ni constitucional alguno (Fallos 305:868). Además, se vulneraría la proporcionalidad con lo que percibe el personal en actividad que cumple las mismas o equivalentes funciones que realizaba el actor.- De las constancias de la causa (fs. 4/18) y las obrantes a fs. 40 y 57/60 del Expediente Administrativo N° 241.276/97, surge la transformación directa de la antigua Clase XVII en la actual Clase XIII del escalafón del personal jerárquico de Vialidad Provincial, explicitándose que en ambos casos las funciones y tareas asignadas son las mismas. Todo lo cual, además, se ve corroborado con lo informado por la Administración General de Vialidad Provincial en su respuesta a las preguntas que se dispusieran en la medida para mejor proveer dispuesta a fs. 101 (conf. fs. 107/138 vta.). Hecho este último que no ha sido desvirtuado por el accionante, quien tampoco no ha producido en su momento prueba alguna tendiente a demostrar que las tareas y funciones inherentes a cada cargo son distintas. Ahora bien, lo que emerge de las constancias de autos, es la equiparación entre ambos cargos tanto en funciones como en remuneración.- Es importante destacar que del informe brindado a fs. 138 y vta. por quien fuera la empleadora del actor, surge la equiparación entre las funciones que correspondían al nivel escalafonario XVII según Ley Nº 820 y al establecido en el Decreto Nº 1291/11, nivel XIII; allí se indica que las antiguas funciones de Jefe de División 1 y 2 Jefe de Departamento II, actualmente se han unificado y equivalen a la función Jefe de División I.-
Así pues, no se observa que exista una modificación irrazonable, capaz de lesionar garantías constitucionales, en el status jubilatorio del actor.-
Debe tenerse en cuenta que, tal como en otra oportunidad señalara este Tribunal, el cargo por el que se reconoce el beneficio jubilatorio tiene que guardar relación con lo efectivamente aportado durante la vida activa. No debe ubicarse al pasivo en una categoría para la cual nunca realizó aportes previsionales. “…Nuestro sistema previsional, garantiza así una adecuada proporción entre lo aportado y el haber jubilatorio obtenido por el aportante, autorizándose su equiparación en los casos que dicho cargo base hubiera sido suprimido o reestructurado y de acuerdo a la remuneración original…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XIV -Contencioso Administrativo-, Reg. 903, Folio 2647/2652).- Además, y como ya mencionáramos, la proporcionalidad debe existir, también, entre los haberes de activos y pasivos. Se hace necesaria la equiparación, en base a las tareas y funciones inherentes a las categorías escalafonarias antigua y actual- a efectos de discernir si la modificación sufrida ha implicado una merma en los haberes del pasivo que agreda, más allá de lo razonable, (art. 28 de la CN) el derecho de propiedad.-
Si bien, en la especie, no ha sido afectado el ingreso del actor, vale la pena aclarar, sobre el particular, que la Corte Suprema de la Nación ha fijado doctrina, según la cual, la jubilación constituye una consecuencia de la remuneración que percibía el beneficiario como contraprestación de su actividad laboral una vez cesada esta y como débito de la comunidad por dicho servicio, razón por la cual el principio básico que se privilegia es el de la necesaria proporcionalidad entre el haber de pasividad y el de actividad (Fallos: 311:530).- El Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido invariablemente que debe existir un necesario equilibrio entre la remuneración de quien está en actividad y los haberes de la clase pasiva, utilizando el concepto de proporcionalidad entre la prestación previsional (jubilación y pensión) y el salario, señalando que la naturaleza sustitutiva de las prestaciones previsionales no admite inteligencia restrictiva de la obligación impuesta al Estado de otorgar jubilaciones y pensiones móviles (art. 14 bis de la CN). También destacó que la proporción justa y razonable entre el haber de la pasividad y la situación de los activos es consecuencia del carácter integral que la Constitución Nacional reconoce a dicho beneficio (Fallos: 328:1602).- De esta manera, el derecho a una jubilación implica que esta queda ligada a la variación del sueldo del personal en actividad que revista en el mismo cargo o categoría sobre cuya base se otorgó el beneficio previsional.-
Al juzgar situaciones como la presente, hay que considerar la regla de la proporcionalidad que debe existir entre la situación patrimonial del jubilado y la que correspondería de continuar en el desempeño del mismo cargo tenido en cuenta para la determinación del haber (conf. Besteiro, José M., “El caso Badaro: El retorno a la doctrina tradicional de la movilidad jubilatoria”, DT 2006-B, 1193). Es por ello que, la situación de los jubilados debe analizarse en base a las modificaciones que sufren las prestaciones del personal en actividad, debiendo mantenerse la debida proporcionalidad. Proporcionalidad que dejaría de existir si se lo mantuviera en una categoría -como pretende el accionante- que en la nueva estructura importaría un cargo de mayor jerarquía, rompiendo el equilibrio que debe existir con relación al personal en actividad.- Al respecto, se ha dicho que “…El contenido económico del cargo debe ser el mismo tanto para los empleados en actividad como para los pasivos, si estos desarrollaron iguales funciones a las que desempeñan los primeros, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las previsiones normativas en punto a la movilidad y los principios vinculados a la igualdad de remuneraciones…” (cfr. CSJ Santa Fe, 30/7/2003, “Barnetche, Carlos v. Provincia de Santa Fe”. Cita on line: ABELEDO PERROT N° 30012176).- Lo que importa, como ya se ha dicho, es que los elementos constitutivos del “status” jubilatorio, resultante de la situación del agente al momento del cese, sean mantenidos y que no se opere en los hechos una retrogradación por obra de modificaciones escalafonarias que alteren en pasividad el nivel jerárquico que se tuvo en cuenta al concederse el beneficio (Fallos: 307:2366).-
En el supuesto de autos, no ha existido una variación irrazonable en la situación del actor retirado en lo que respecta a las atribuciones, funciones y jerarquía otorgadas a la nueva categoría cuya equiparación con la anterior ya ha sido demostrada. Por otro lado, nadie tiene un derecho adquirido a que el haber siga siendo determinado por las mismas reglas vigentes al tiempo de concederse el beneficio; y ello es así porque “…nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentaciones o a la inmovilidad normativa (…Fallos: 320-II-2825)” (cfr. José I. Brito Peret, Graciela E. Cipolletta, ob. cit., pag. 23). Asimismo, “La modificación de una ley o reglamentación por otra posterior no origina cuestión institucional alguna porque nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos ni a la inalterabilidad de los mismos (“Stutz Oscar”, 8-5-2007, Fallos: 330-II-2206) y no es pertinente la impugnación de inconstitucionalidad cuando el fin con que se la persigue es el restablecimiento de un régimen normativo derogado, lo que es de incumbencia del legislador (“Cordon, Mabel”, 30-9-2003, Fallos: 326-III-4030)” (cfr. José I. Brito Peret, Graciela E. Cipolletta, ob. y pag. cit).- En síntesis, la antigua Clase XVII y la actual Clase XIII, son equivalentes tanto en funciones como en remuneración (el propio demandante da cuenta de ello al manifestar que no se ha modificado su haber), de manera tal que el status jurídico del jubilado no se ha alterado. El cambio escalafonario, no tiene la envergadura ni aparece irrazonable como para lesionar derechos constitucionales. Circunstancias que llevan al rechazo de la pretensión.-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto en forma negativa.-
Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Paula Ernestina Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau, y Domingo Norberto Fernández, por compartir sus fundamentos, adhieren al voto del Dr. Peretti.-
A la segunda cuestión el Dr. Peretti dijo:
Atento a la forma en que me he pronunciado respecto de la Pri- mera Cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 30/31 por el Sr. Manuel De Dios contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, imponiéndose las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del CPCA -Ley Nº 2600-; teniendo presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 31; y difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes -por la actora-, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (conf. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Paula Ernestina Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau, y Domingo Norberto Fernandez, adhieren al pronunciamiento propuesto por el Dr. Peretti.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 9 de agosto de 2016.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto unánime de los Sres. Vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos, del Sr. Vocal Subrogante, Dr. Domingo Norberto Fernández y del Sr. Vocal a cargo de la Presidencia, Dr. Daniel Mauricio Mariani; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 30/31 por el Sr. Manuel De Dios contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz.-
3. Difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes -por la actora- hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
4. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal A/C Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1019C.161 Tomo: XVI Sentencia: 1019 Folio N°: 3163/3169 Secretaría: 1
Fin de la sentencia