Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa D-724/13-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la solicitud de la demandada, de fs. 48 punto III, de citar a la Administración General de Vialidad Provincial.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: D-724/13-TSJ Sentencia N°: 953 Actor: DE DIOS MUNUEL Demandado: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 25/02/14 Texto:
TOMO XV –CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº: 953 FOLIO Nº: 2894/2895 PROT. ELECT. TSS1 001 C.141
Río Gallegos, 25 de febrero de 2014.-
Los presentes autos caratulados “DE DIOS MANUEL c/ CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. N° D-724/13-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a estudio de este Alto Cuerpo a los fines de tratar la citación de tercero planteada a fs. 48 por la Caja de Previsión Social de la Provincia.-
La demandada solicita se cite a la Administración General de Vialidad Provincial “...en razón de tratarse del ente que fue empleador del actor y en esa condición intervino como autoridad certificante de los servicios prestados por de Dios (sic)... Además... es el único con facultades para producir modificaciones en el escalafón del personal a su cargo conforme lo prescripto en la ley provincial Nº 820...” (confr. fs. 48).- Que corrido traslado del planteo, la actora contesta a fs. 55, considerando que la citación es improcedente y dilatoria. Asimismo afirma que “...quien reduce mi categoría contrariamente a los principios que rigen en el derecho previsional fue la Caja demandada y no la Administración General de Vialidad Provincial...” (confr. fs. 55), solicitando se rechace el pedido.- A fs. 58, pasan las presentes actuaciones al Acuerdo.-
II. Que conforme a lo expuesto, corresponde dilucidar si en los presentes procede o no, citar a la Administración General de Vialidad Provincial como lo pretende la demandada.-
Conviene tener presente que la intervención de terceros en un proceso judicial, tiene lugar cuando se incorporan al litigio personas distintas a las partes originarias (actora o demandada), con el objeto de hacer valer derechos o intereses propios aunque vinculados con una determinada relación o situación jurídica. Como la participación de los terceros constituye una situación excepcional, contraria a la estructura clásica del proceso, debe admitirse con carácter restrictivo. Su fundamento reside, principalmente, en razones de economía procesal, es decir para poder extender con relación a ellos, los efectos de la sentencia que habrá de dictarse en la causa (confr. “Los coadyuvantes y terceros en el Código Procesal Adminis-trativo Bonaerense”, Juan I.
Seara, Publicado en: LLBA 2005 -julio-, 609). Esta figura comprende aquellos casos en los que medie conexidad entre la relación controvertida en el proceso y otra existente entre el tercero y alguna de las partes originarias.- El fin de la participación de este tercero es prevenir un perjuicio potencial que pudiera irrogarle el desarrollo del proceso, adelantándose a los acon-tecimientos. Sin forzar la estructura clásica del juicio, su actuación es alentada por circunstancias de economía procesal y conveniencia jurídica (confr. “El coadyuvante en el Contencioso Administrativo”, Altamira Gigena, Julio I., publicado en: LLC 1996, 899).- El interés que permite admitir la intervención de un tercero existe siempre que la decisión a tomarse en el proceso pueda influir jurídicamente, ya sea en favor o en contra y mediata o inmediatamente, sobre sus relaciones.
La intervención de terceros es admisible si el sujeto que la solicita pretende evitar la negligencia de una de las partes a la que está jurídicamente vinculado o bien la colusión con la parte contraria, siempre que exista un verdadero interés que la jurisdicción tenga que proteger y el derecho de quien quiere intervenir en un juicio ajeno no pueda ser satisfecho por otros medios (confr. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, “Banco Exprinter”, Publicado en: LA LEY 1997-D, 757, Cita online: AR/JUR/2062/1996).- En el particular caso de autos, si se repara en que lo solicitado por el actor en su demanda es que “...se ordene a la accionada restituir el cargo base del haber inicial con que fui jubilado...” (confr. fs. 30), no se observa por qué razón se podría justificar el carácter de la Administración General de Vialidad Provincial de tercero interesado en los presentes.
Es decir, no se advierte de que manera podría influir jurídicamente un futuro fallo al mencionado ente, no encontrando razones que puedan llevar a concluir que los efectos de una futura sentencia puedan extenderse a él.- En efecto, la demandada basa su pedido en razón de tratarse del ente que fue empleador del actor y en esa condición intervino como autoridad certificante de los servicios prestados por el actor, sin fundamentar de qué manera afectaría una decisión en los presentes a la Administración General de Vialidad Provincial, siendo que es la demandada la que determinó el cargo base de la jubilación de De Dios, hoy objeto de la litis. Máxime si consideramos que fue la Caja de Previsión Social quien modificó dicho cargo a partir de un reclamo administrativo del actor sin la necesidad de darle intervención a la Administración General de Vialidad.
Tampoco consideramos acertada la afirmación: “...el ente cuya citación se solicita, es el único con facultades para producir modificaciones en el escalafón del personal a su cargo conforme lo prescripto en la ley provincial Nº 820...” (confr. fs. 48), ya que tal conclusión resulta a todas luces carente de sustento, no logrando explicar cómo llega a ella, la demandada.- En razón de lo expuesto, corresponde rechazar la solicitud de la demandada realizada a fs. 48, punto III.-
Por todo lo precedentemente razonado y expuesto, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar la solicitud de la demandada, de fs. 48 punto III, de citar a la Administración General de Vialidad Provincial.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal A/C Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-. Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1001C.141 Tomo: XV Sentencia: 953 Folio N°: 2894/2895 Secretaría: 1
Fin de la sentencia