Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa D-2639/25-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de queja articulado por la parte actora en PE1791317-2025, RDQ00000718.pdf, declarando bien denegado el recurso de casación obrante en copia en PE cit., RDQ00000721.pdf, págs. 1/23 y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial agregada en PE y pdf. cits., págs. 24/27.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: D-2639/25-TSJ Interlocutorio N°: 3895 Actor: DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Demandada: ANTARTIDA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA Objeto: MONITORIO (EJECUTIVO) s/ RECURSO DE QUEJA -PARTE ACTORA- Fecha: 10-09-2025 Texto: TOMO XXXVII -INTERLOCUTORIO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 3895 FOLIO Nº 7212/7216 PROT. ELECT. TSS1 046 I.251
Río Gallegos, 10 de septiembre de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD c/ ANTARTIDA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA s/ MONITORIO (EJECUTIVO) s/ RECURSO DE QUEJA -PARTE ACTORA-”, Expte. Nº D-2639/25-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos y Dr. Fernando Miguel Basanta:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de queja incoado por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Gustavo Curi (cfr. PE1791317-2025, RDQ00000718.pdf), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación agregado en copia en PE cit., RDQ00000721.pdf, págs. 1/23 (cfr. PE y pdf. cits. pág. 24/27).- Este último se había interpuesto contra la resolución del 13 de noviembre de 2024, cuya copia luce en PE1791317-2025, RDQ00000719.pdf, el cual confirmó la resolución de Primera Instancia que hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por la accionada Antártida Compañía Argentina de Seguros S.A. -agregada en copia en PE cit., RDQ00000720.pdf- y declaró abstracto el tratamiento de las demás excepciones opuestas, con costas a la actora vencida (cfr. PE cit., RDQ00000719.pdf, págs. 43/44).-
II. En su recurso de queja, la Dirección Nacional de Vialidad, por intermedio de su letrado, sostiene que: “Es alevosa la arbitrariedad, parcialidad y nulidad que afecta tanto al proceso ejecutivo que aquí nos convoca como a las decisiones judiciales dictadas en este marco, que -de mínima- dejan mucho que desear a la luz de los principios rectores con que debe actuar toda autoridad judicial. Esto es así por cuanto este tipo de procesos (monitorio), quedó claro que, conforme a las pruebas obrantes, ameritaban la interposición de una acción tendiente al cobro de sumas aseguradoras, cuyo beneficiario - producto de la cesión practicada entre la Administración General de Vialidad Provincial y mi poderdante, ha sido en el marco de ejecución de obras públicas en rutas nacionales con fondos nacionales.” (cfr. PE cit., RDQ00000718.pdf, pág. 1).- Entiende que estos procesos de ejecución de pólizas tienen una gran importancia institucional y de orden público (cfr. PE, pdf. y pág. cits.).-
Dice que las pólizas, tratándose de un instrumento ejecutivo, no dejan dudas que los requisitos normativos, previstos en el Decreto 411/69, han sido claramente cumplimentados (cfr. PE y pdf. cits., pág. 2).-
Destaca que la actora es la principal damnificada por el abandono de obra que motivó la extinción culposa del contrato desde el año 2016, quedando firme, consentida y notificada al contratista. Agrega que los jueces de grado insisten en la notificación de un decreto que fue rechazado por extemporáneo no resolviendo la cuestión de fondo, sino que el remedio articulado lo fue fuera de tiempo (cfr. PE, pdf. y pág. cits.).-
Expresa que: “Es que exigir más allá de lo que establece la norma específica (Decreto 411/1969), no sólo es contrario a derecho, sino que además desnaturaliza por completo este instituto de la Administración Pública, cuya finalidad es justamente garantizar un pronto cobro de los montos consignados en las pólizas, a cuyo fin el tomador (contratista) le abona una prima a la aseguradora y ésta última tiene la obligación de responder de manera directa al Organismo contratante afectado por el siniestro.” (cfr. PE, pdf. y pág. cits.).- Entiende que existe una aplicación errónea de los principios de la sana crítica, quebrantamiento de normas en la apreciación de la prueba contrarias a la regla de la lógica y la experiencia, vulnerando la garantía de defensa en juicio y la inviolabilidad de la propiedad del Estado Nacional (cfr. PE, pdf. y pág. cits.).-
Observa que existen cuestiones ventiladas en el juicio ejecutivo que no podrán ser replanteadas en un juicio ordinario posterior. Concretamente, sigue diciendo, que no podrá examinarse nuevamente la nulidad basada en la recusación sin causa, que en varias oportunidades dejó asentado el atropello jurídico de admitir la recusación sin causa en un juicio de este tenor donde la norma es clara. Añade que: “Lo quitó del juez natural para remitirlo sin asidero legal a otro magistrado ya es cuestionable, pero si a ello le sumamos que en algunos casos de este mismo tenor contra las aseguradoras Warranty y Antártida, la Sala modificara sus argumentos cuando esta parte la planteaba, eso ya es inaceptable por donde se lo mire.” (cfr. PE y pdf. cits., págs. 3/4).- Agrega que el artículo 14 último párrafo del Código Procesal establece que: “... ‘...No procede la recusación sin expresión de causa en los procesos sumarísimos y monitorios ni en las tercerías...’”. (cfr. PE y pdf. cits., pág. 8).-
Estima que la sentencia también es definitiva porque se convalidaría un proceso judicial cuyo Juez Natural fue apartado en claro quebrantamiento de las reglas de forma (cfr. PE, pdf. y pág. cits.).-
Señala que: “...en el curso del presente proceso, con las cuestiones de recusación ya existió una posición -cuanto menos- arbitraria de la Sala, lo que fue materia de cuestionamientos por esta parte dada la existencia de pronunciamientos contradictorios entre sí donde en algunos casos rechazó el instituto y en otros los admitió, todos los cuales tenían en común que favorecieron a la empresa aseguradora.” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 4).-
Manifiesta que: “Es un verdadero despropósito colocar a mi parte en esta situación, donde pese a haber cumplimentado las exigencias normativas, se ve privada de recuperar fondos públicos derivados de financiar obras rescindidas, basándose en consideraciones que no se condicen con la realidad obrante en el expediente judicial. En colofón de todo lo manifestado, se desprende que el planteo aquí formulado encuentra basamento tanto jurídico como patrimonial, resultando una decisión palmariamente agraviante y contradictoria que afecta gravemente la propiedad, y garantía defensa en juicio y debido proceso de mi poderdante, quien -repito- es beneficiaria de la póliza y en ese marco, cumplió con cada uno de los requisitos para su cobro.” (cfr. PE, pdf. y pág. cits.).- Advierte que: “...el debate sobre la rescisión tampoco era procedente en un juicio ejecutivo y, sin embargo, tanto el juez de primera instancia como la Sala se adentraron a su revisión. Otro argumento más que suma a la nulidad de este proceso judicial.” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 5).-
Plantea que su mandante cumplió con los requisitos necesarios para poder ejecutar la póliza base de esta ejecución, y que la Provincia de Santa Cruz es un tercero que decidió declarar la extemporaneidad del recurso de Alzada mediante un Decreto de la entonces Gobernadora, situación que no puede repercutir negativamente en la presente ejecución instada por un Organismo Nacional. Sigue diciendo que ya se habían cedido las pólizas y por lo tanto lo que haya realizado después la Provincia no incide en el circuito administrativo de cobro y ejecución de pólizas (cfr. PE y pdf. cits., págs. 5/6).- Añade que ya se habían cedido las pólizas y por lo tanto lo que haya realizado después la Provincia de Santa Cruz no incide en el circuito administrativo de la actora. Dice que: “En suma, lo que haya hecho la Provincia y los términos que haya utilizado en el Decreto es un tema de la Provincia. Entonces, si quiso dejar asentada expresamente la extemporaneidad del recurso y la redacción de sus artículos es inoponible en autos por corresponder a un tercero que -por la cesión de derecho celebrada- nada más tiene que ver en el trámite de ejecución.” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 6).- Aduce que la sentencia impugnada le ocasiona al Estado Nacional agravios de imposible subsanación ulterior (cfr. PE y pdf. cits., pág. 7).-
Observa que la parte actora no podrá volver a discutir cuestiones que ya han sido debatidas en la Primera Instancia y en la Cámara, por revestir autoridad de cosa juzgada (cfr. PE, pdf. y pág. cits.).-
Argumenta que: “Va de suyo que los agravios cuya revisión se solicita ante ese Excmo. Superior Tribunal de Justicia han sido materia de un amplio y arduo debate, recayendo sobre cuestiones de interpretación de los hechos tal como se ha expuesto oportunamente. Es por ello, que todo criterio o pauta hermenéutica (en el sub lite en relación al concepto de ‘definitividad’ de las sentencias) corresponde ser examinado a la luz de las singuralidades del caso concreto, labor que fuera deliberadamente omitida por el ad quem determinando el dictado de un pronunciamiento ‘arbitrario’ y como tal susceptible de revisión.” (cfr. PE, pdf. y pág. cits.).- Expresa que: “Es decir, el acto rescisorio se encuentra firme y no hay en curso ninguna acción judicial que impugne su validez. En el particular, reitero, conforme la documental obrante en autos luce que la presentación contra el acto rescisorio fue extemporánea, con lo cual la medida tomada por la AGVP quedó firme desde su dictado en febrero del año 2016. A raíz de haberse sustanciado esta cuestión, no será posible volver a debatirla en otro proceso ordinario posterior con el agravante que es el único argumento esgrimido por la Cámara para rechazar la acción luego de haber sido materia de ‘amplio debate’, sin haber representado el reducido margen cognoscitivo que supone un juicio moratorio (sic) un obstáculo para su esclarecimiento. De allí, la irreparabilidad del agravio de imposible reparación ulterior. En autos, existe cosa juzgada material que imposibilita volver a discutirla en otro proceso.” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 8).- Afirma que de confirmarse la sentencia en crisis se obligaría al Estado Nacional a emprender un camino procesal cuyo ritmo no es el mismo que el monitorio. Asimismo indica que: tendría que volver a controvertir el principal argumento que tampoco podría (cosa juzgada). Esta situación considera que afecta la garantía de “tutela judicial efectiva” (cfr. PE y pdf. cits., págs. 8/9).-
Plantea que se ha generado la “...tormenta perfecta para el Estado, apartamiento de juez natural, declaración de inhabilidad del título por falta (inexistente) de requisito formal y, por último, debatir en un proceso de conocimiento (lo que no se puede debatir por constituir cosa juzgada). En definitiva, una estrategia procesal diseñada para que las aseguradoras no paguen y el Estado -y la comunidad- pierda tiempo y recursos litigando para nunca obtener justicia.” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 9).- Señala que la cuestión debatida excede el interés individual y conlleva un claro supuesto de gravedad institucional, al comprometer la percepción de fondos que integran el erario público (cfr. PE y pdf. cits., pág. 11).-
Argumenta que: “...la decisión atacada obligaría a esta parte a instar un juicio ordinario posterior, afectando su garantía constitucional de defensa en juicio (Art. 18 CN) configurada en su derecho a obtener un pronunciamiento jurisdiccional fundado dentro de un ‘plazo razonable’, máxime cuando los agravios articulados en dicha casación son susceptibles de ser examinados en la presente causa a mérito de las probanzas rendidas.” (cfr. PE, pdf. y pág. cits.).-
Advera que: “Llevándolo al caso de autos, cuando el título en cuestión tiene como requisitos y características especiales preestablecidos por un ordenamiento jurídico vigente y especial, como ser el Decreto 411/69, no puede el sentenciante interpretar la ley otorgándoles otros requerimientos que la propia norma no prevé, aferrándose a una exigencia ficticia, como ser la notificación de un Decreto dictado por la Provincia que declaró expresamente extemporáneo el recurso de una rescisión de contrato cuando en rigor de verdad el acto de rescisión ya se hallaba firme y consentido, adunando además las notificaciones a la contratista a los domicilios que en su momento surtieron efectos notificatorios, y que además fueron declarados por la contratista, y que no reclamó al correo por expiración del plazo, carga que le correspondía a ésta y no a mi representada y finalmente la notificación a la aseguradora. Ergo, los pasos para la configuración del título ejecutivo han sido claros y efectuados y tanto en primera instancia como en la Alzada han conculcado los derechos constitucionales más elementales de mi mandante, incorporando cuestiones no planteadas por las partes, de allí que se interpusiera la nulidad, al que ha hecho caso omiso la Excma. Cámara en analizar.” (cfr. PE y pdf. cits., págs. 13/14).- Los presentes pasan al Acuerdo en PE1092213-2025.-
III. Que como paso previo a revisar el mérito del presente recurso, y de conformidad a lo sostenido en forma reiterada por este Alto Cuerpo en precedentes de similares características (cfr. Interlocutorios, Tomos II, Reg. 230, Folio 390; Reg. 231, Folio 391; IX, Reg. 1276, Folio 1689; XIII, Reg. 1690, Folio 2452/2453; XV, Reg. 1952, Folio 2892, entre otros), corresponde remarcar que de acuerdo a la preceptiva que regula este medio de impugnación (art. 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-) se impone preliminarmente veri-ficar si la presentación efectuada reúne ciertas pautas adjetivas que la doctrina en general denomina “condiciones formales” por oposición a las sustanciales del derecho de impugnación (cfr. Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, Ed. L.E.P., 2º edición, 1998, pág. 243), toda vez que dicha técnica procesal es rigurosa y de imperativo cumplimiento, con el objeto de -con la queja bastándose a sí misma- hacer posible que el Tribunal pueda imponerse del planteo en forma integral (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3463, Folio 5895/5898).- El objeto del recurso de queja está constituido por la demostración acabada de la existencia de error en el criterio por el Tribunal denegante al declarar la inadmisibilidad del recurso. Corresponde en consecuencia, efectuar una demostración contundente del por qué de tal yerro, en defecto de lo cual el recurso de hecho deviene formalmente insuficiente, imponiéndose su rechazo (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3394, Folio 5696/5699).-
En el sub lite la parte demandada pretende lograr la apertura del recurso de casación declarado inadmisible por la Cámara de Apelaciones. Para sustentar la inadmisibilidad de dicha impugnación, el referido Tribunal sostuvo que: “...cabe señalar que se está cuestionando una resolución que confirma la admisión de la excepción de inhabilidad de título planteada por la demandada por no haberse cumplido con los recaudos del Decreto Nº 411/69. Entonces la decisión atacada carece de la nota de definitividad requerida, en tanto la parte cuenta aún con un procedimiento ordinario posterior. Es aplicable lo establecido por la jurisprudencia en orden a que: ‘Los procesos ejecutivos (comunes y especiales) configuran verdaderos juicios sumarios, donde la cognición del juez se encuentra limitada por ley (por ejemplo, no se puede discutir la causa de la obligación) y, por ende, las sentencias en ellos recaída no hace cosa juzgada en sentido material, sólo formal, por lo que a los fines de las vías impugnativas extraordinarias no adquieren rango de definitividad que se exige para su revisión en casación.’...” (cfr. PE1791317-2025, RDQ00000721.pdf, págs. 2/3).- En este contexto, cabe adelantar que la quejosa no logra demostrar con éxito la imposibilidad de replantear eficazmente la cuestión en un juicio ordinario posterior ni la existencia de un gravamen de insuficiente o imposible reparación ulterior. Consiguientemente, fracasa en su labor de evidenciar que la resolución del 13 de noviembre de 2024, cuya copia luce PE cit., RDQ00000719.pdf, revista la calidad de definitiva o equiparable a tal.-
Es que, para impugnar eficazmente una sentencia a través de un recurso extraordinario no se debe presentar el caso y analizarlo con criterio subjetivo, sino demostrar -con un razonamiento detallado y preciso- la incorrecta subsunción en el derecho o lo impropio de los hechos valorados y por qué deben ser cambiados, los que la quejosa pretende (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3394, Folio 5696/5699).-
En nuestra legislación adjetiva resulta imprescindible para habilitar el andarivel del recurso extraordinario provincial que la resolución atacada revista el carácter de sentencia definitiva o sea equiparable a tal. En efecto, el artículo 1º del régimen de casación prescribe en su segundo párrafo que: “Para los efectos de este recurso se entiende por sentencia definitiva la que aún cuando haya recaído sobre un incidente, termine la litis o haga imposible su continuación. No procederá el recurso de casación contra la sentencia recaída en aquellos juicios que después de terminados, no obsten a la promoción de otro sobre el mismo objeto.”.- Es por ello necesario que el caso expuesto este ya acabadamente resuelto o fallado, es decir que no le queda al perdidoso ninguna oportunidad de juzgamiento. Tal lo sostenido por este Alto Tribunal en resoluciones inscriptas en el libro de “Interlocutorios”, Tomos III, Reg. 288, Folio 464/465; VI, Reg. 901 Folio 1063/1065; IX, Reg. 1311, Folio 1763/1765, XII, Reg. 1559, Folio 2220/2221; XIII, Reg.1698, Folio 2470/2473; entre otros.-
Específicamente en lo referido al proceso ejecutivo, se ha entendido que: “Tratándose de un juicio ejecutivo, la apertura de la instancia extraordinaria tiene lugar cuando la cuestión suscitada desborda la estructura formal del proceso y si la misma no puede ser reeditada en una oportunidad ulterior...” (cfr. Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, Editorial L.E.P., 2º edición, 1998, pág. 526).-
Si existen remedios alternativos para impugnar o lograr la reversión del resultado de la resolución (esto es, para lograr la efectiva protección de los derechos en juego), la casación no es la vía apta para lograr el resultado. Si existe la posibilidad de iniciar un proceso posterior (v.gr., como en el juicio ordinario posterior al ejecutivo o en las acciones posesorias) el interesado deberá recurrir a estos mecanismos legales que son los que ordinariamente ha previsto el legislador como solución adecuada (cfr. Molina Sandoval, Carlos A.: “Recurso de casación. Aspectos sustanciales, argumentales y procesales”, 1º edición, Córdoba, Advocatus, 2016, pág. 203).- Ante este escenario, correspondía al actor demostrar cabalmente la razón por la cual, en el presente caso, correspondía apartarse de la regla general según la cual las decisiones recaídas en el juicio ejecutivo no constituyen sentencia definitiva. Para concretar esta faena debía explicar qué cuestiones -entre las resueltas por el Tribunal de Alzada- no podían ser objeto de un nuevo examen en un juicio ordinario posterior.-
De tal modo, no se cumple en el caso el supuesto excepcional que determina la definitividad de las resoluciones dictadas en juicio ejecutivo, ni la consecuente posibilidad de cuestionarlas ante esta sede extraordinaria.-
A mayor abundamiento es oportuno precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que: “...‘...las resoluciones dictadas en juicios ejecutivos no son, por regla, susceptibles de tratamiento por vía extraordinaria puesto que, para ello, se requiere que lo recurrido sea sentencia definitiva, entendiendo por tal la que pone fin al pleito o causa un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, requisito éste cuya concurrencia no cabe obviar aunque se invoque arbitrariedad o violación de garantías constitucionales.’ (Fallos 308:62) y que: ‘...si bien el Tribunal ha admitido, la posibilidad de plantear en juicios de ejecución fiscal defensas sustentadas en la inexistencia de la deuda -a fin de no privilegiar un exceso de rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales- lo ha condicionado a que ella sea manifiesta y su constatación no requiera, en consecuencia, de mayores verificaciones ni presuponga el examen de cuestiones cuya acreditación exceda el limitado ámbito de estos procesos (Fallos 312:178, considerado 4º y sus citas; 318:1151, entre otros), condiciones cuya concurrencia el apelante dista de demostrar en su recurso extraordinario.’ (Fallos 330:3045).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3463, Folio 5895/5898).- En cuanto a la alegada violación de las garantías constitucionales se advierte que la recurrente se circunscribe a invocarlas sin realizar una relación concreta al caso de autos con la debida fundamentación. Es que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales o convencionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3394, Folio 5696/5699, entre otros).- Asimismo, este Alto Tribunal tiene dicho que: “...‘...resulta aplicable al caso la doctrina consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que indica que, a los fines de la procedencia del recurso extraordinario federal, la ausencia de sentencia definitiva no puede ser suplida por...la alegada existencia de un supuesto de gravedad institucional (Fallos 311:565, 312:1891, 2150 y 2348; 317: 1814; 322:2920, entre muchos otros)...” (cfr. fallo cit.).-
En suma, no siendo definitivo o asimilable a tal el pronunciamiento cuestionado mediante el recurso de casación y no vislumbrándose la configuración de un gravamen de insuficiente o imposible reparación ulterior, debe concluirse que la quejosa no logró rebatir las razones tenidas en cuenta por los jueces de la Cámara para declarar inadmisible la presentación obrante en copia en PE1791317-2025, RDQ00000721.pdf, págs. 1/23.-
IV. Que por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, corresponde rechazar el recurso de queja articulado por la parte actora en PE1791317-2025, RDQ00000718.pdf, declarando bien denegado el recurso de casación obrante en copia en PE cit., RDQ00000721.pdf, págs. 1/23, y en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en copia en PE y pdf. cits., págs. 24/27; con costas a la recurrente de acuerdo a lo normado en la última parte del citado artículo. Así lo votamos.- Voto de la Dra. Renée Guadalupe Fernández y del Sr. Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani I.- Compartimos el relato efectuado de los antecedentes de la causa; sin embargo, disentimos con la solución dada a los presentes.-
Atendiendo los motivos impugnativos invocados, no obstante lo resuelto en la resolución denegatoria de la Excma. Cámara de Apelaciones, consideramos que se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisión de la queja impetrada y, consecuentemente, corresponde conceder el recurso de casación interpuesto en PE1791317-2025, RDQ00000721.pdf, págs. 1/23 conforme lo dispuesto en el artículo 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Así lo votamos.- Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de las Sras. Vocales, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, y Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, del Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta; y el voto en disidencia de la Sra. Vocal, Dra. Renée Guadalupe Fernández y del Sr. Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de queja articulado por la parte actora en PE1791317-2025, RDQ00000718.pdf, declarando bien denegado el recurso de casación obrante en copia en PE cit., RDQ00000721.pdf, págs. 1/23 y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial agregada en PE y pdf. cits., págs. 24/27.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1046I.251 Tomo: XXXVII Interlocutorio: 3895 Folio N°: 7212/7216 Secretaría: 1
Fin de la sentencia