Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2023-51647450-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de prescripción articulado por la recurrente, con costas.
2Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
3Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 385.502 (Pesos trescientos ochenta y cinco mil quinientos dos) equivalente a 8,48 (ocho con 48/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $ 963.758 (Pesos novecientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta y ocho) equivalente a 21,21 (veintiuno con 21/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido en los puntos 1°) y 2°) precedentes, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 08/24 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-46897600-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 7 de Mayo de 2024 s/recurso de apelación - Impuesto a las Ganancias”- VOCXII En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el EX-2023-51647450-APN- SGAI#TFN caratulado “DIRECTO TRADE S.A. s/recurso de apelación - Impuesto a las Ganancias”
El Dr. Martín dijo:
I. Que por RE-2023-51644466-APN-SGAI#TFN Directo Trade S.A. interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 43/23 (DV RR 1) de fecha 14 de abril de 2023 dictada por la Jefa (int) de la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Palermo de la A.F.I.P. – D.G.I., por la cual se impugnó la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2016 y se determinó el monto a ingresar con más intereses resarcitorios, con mención de lo previsto en el art. 20 del Régimen Penal Tributario con relación a la instrucción de sumario y eventual aplicación de sanción.
Manifiesta que la fiscalización se inició en diciembre de 2019 y se agravia de que en el Informe de Inspección se haya consignado su falta de participación durante su curso ya que solo se cursaron dos citaciones por vía electrónica y en plena pandemia. Advierte que en los tres años que duró la verificación no existieron actuaciones concretas por parte del ente fiscal, el que se limitó a impugnar una serie de diferencias y sobre la base de las mismas proyectó un ajuste. Entiende que la determinación fue realizada sobre una base inapropiada.
Expone que desarrolló diversas actividades de gestiones, mandatos, comisiones, consignaciones y gestión de negocios en general, en el marco del amplio objeto oportunamente propuesto y como tal aceptado por la autoridad de contralor. Hace saber que en el marco de las tantas gestiones comerciales desplegadas con la finalidad de obtener el desbloqueo de una declaración jurada anticipada de importación fue objeto de una fiscalización, lo que motivó la existencia de una serie de requerimientos, notificados en forma electrónica durante la pandemia en períodos donde ya no tenía actividad concreta. Afirma que la determinación practicada resulta nula de nulidad absoluta e insanable toda vez que sus argumentos son incongruentes, falaces y ajenos a su verdadera actividad y operatoria. Agrega que fue emitida con fundamentos aparentes y con evidente repudio de las normas tributarias aplicables, más aún cuando no se admitieron las probanzas ofrecidas, lo que asegura vulneró los principios fundamentales del debido proceso adjetivo y la defensa en juicio.
Se queja de que el acto recurrido no se corresponde con los antecedentes fácticos sino que se fundamentó en meras presunciones, lo que lo torna carente de toda motivación.
Opone la prescripción de las acciones y poderes del Fisco Nacional por considerar excedido el plazo de cinco años que establece la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.), sin que sea de aplicación ninguna causal de suspensión de su curso. Explica que el organismo fiscal impugnó el incremento de rubro caja y bancos al 31/12/2016 en la suma de $ 3.699.337,42 al entender que se trataba de un incremento patrimonial no justificado y los gastos de expensas y pasajes aéreos declarados por no estar vinculados a la actividad.
Señala que se aclaró en la contestación de la vista que los gastos de expensas deducidos correspondían a un inmueble ubicado en la localidad de Rincón de Milberg, Partido de Tigre, el cual fue obtenido por la cesión de crédito realizada a su favor por la firma Durlock S.A., mientras que las restantes salidas de dinero obedecían a retiros y dividendos del director y accionista, Claudio Di Paola, sin poder aportar, por razones propias de la inactividad de la empresa, las explicaciones correspondientes al “incremento del pasivo” de $ 3.699.337,42. Mientras que en lo que refiere a la existencia de un pasivo registrado como “cuenta particular” de los socios por la suma de $ 3.901.252,75 señala que se trató del otorgamiento de dividendos al socio mencionado, lo que se encontraba declarado y debidamente registrado en las cuentas respectivas. Concluye que las operaciones impugnadas no fueron fraguadas u ocultas, sino generadas con dinero genuino, y si bien el Fisco Nacional consideró que no acreditó fehacientemente la veracidad de las mismas, remarca que se rechazó la pericia contable que permitía reconstruir las transacciones cuestionadas, a lo que se sumó la denegatoria de la prueba informativa como también el desconocimiento de la prueba documental.
Por último, reitera el ofrecimiento de dichos medios de prueba y por los argumentos que desarrolla pide que se revoque la resolución apelada en todas sus partes, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que IF-2023-81589327-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso deducido en autos. Declara que la fiscalización detectó, por un lado la omisión de declarar rentas provenientes de ingresos gravados, al haber registrado dentro del pasivo societario, otros pasivos, cuyo origen y debida justificación no fue probado, por lo que menciona que se otorgó el tratamiento de incremento patrimonial no justificado según el art. 18 inc. f) de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.) y además la deducción de gastos en exceso en concepto de “expensas” y “pasajes aéreos” sin aportar ni exhibir documentación de respaldo, lo que generó un impacto en la liquidación del tributo.
Con relación al agravio referido al rechazo de las pruebas hace referencia a los fundamentos brindados por el Juez Administrativo al dictar la resolución apelada, lo que fue el resultado de un análisis particularizado de los elementos en cuestión, sin que por ello se pueda invalidar el acto. Aduce que los dichos de la actora no tienen sustento alguno, dado que de la simple lectura del acto surge de forma clara el motivo de la intimación, su objeto y la normativa aplicable, como su sustento en los antecedentes administrativos.
Rechaza la prescripción alegada al entender que sí resulta de aplicación lo dispuesto por el art. 17 de la ley Nº 27.562, por lo que en virtud de los dispuesto por los arts. 56 y 57 de la ley de procedimiento fiscal la prescripción del período fiscal 2016 opera recién el 01/01/2024.
En lo que hace al ajuste practicado, señala que con relación a las deducciones de “expensas”, la documental aportada fue rechazada al no cumplir con los requisitos exigidos por la normativa aplicable, mientras que respecto a la deducción por “pasajes” remarca que la recurrente no brindó prueba, más que los vagos fundamentos que son reiterados ante este Tribunal. En el caso del ajuste por incremento patrimonial no justificado, destaca que la única prueba con la que pretende rebatirlo se refiere a un insuficiente punto de la prueba pericial ofrecida.
Concluye que al no comprobarse la vinculación de estos gastos con la fuente, la postura fiscal resulta ajustada a derecho y que la determinación efectuada obedeció a la existencia de indicios claros y concretos que permitieron concluir en la responsabilidad fiscal del contribuyente, la que no pudo ser desvirtuada.
Repara en que los intereses resarcitorios intimados en virtud del art. 37 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y sus mod.) no fueron objeto de agravios sobre su imposición.
Por lo expuesto, se opone a la prueba ofrecida y por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia que cita, peticiona que oportunamente se dicte sentencia confirmando la resolución apelada, con costas. Hace reserva del caso federal.
III. Que con la PV-2023-135377973-APN-VOCXII#TFN se rechazaron las pruebas informativa y pericial contable ofrecidas al no resultar aptas y hábiles para dilucidar la cuestión aquí debatida.
Que por PV-2023-152747146-APN-VOCXII#TFN se elevaron los autos a conocimiento de la Sala “D” y por IF-2024- 43106248-APN-VOCXII#TFN se ponen para dictar sentencia.
IV. Que en primer lugar se debe considerar el planteo de prescripción formulado por la actora con relación a las potestades del ente fiscal para determinar el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2016, al entender que no resulta aplicable ninguna causal de suspensión y/o interrupción de su curso.
Que la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.) dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por dicha ley y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella prevista, prescriben por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos y que su término comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen o al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerados como hecho u omisión punible (cfr. artículos 56, 57 y 58 de la ley citada).
Que en este caso, el plazo de prescripción para determinar el tributo comenzó a correr el 1° de enero de 2018, habiendo operado su término el 1° de enero de 2023, debiendo considerarse sí se aplica alguna causal de suspensión y/o interrupción de su cómputo (cierre el 31 de diciembre de cada año).
Que resulta procedente lo dispuesto por el art. 17 de la ley de la Ley 27.562, Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública (B.O. 26/08/2020).
Que la suspensión establecida reviste carácter general surgiendo efectos respecto de la universalidad de contribuyentes y responsables, en dicho sentido lo entendió la Corte Suprema de Justicia de la Nación al analizar el alcance de la suspensión referida a la ley 23.495 en la causa "Distribuidora del Plata S.R.L.", del 26 de noviembre de 1991 al sostener que "cabe concluir que la suspensión, por un año, del curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización está a cargo de la Dirección General impositiva y para aplicar multas con relación a los mismos -así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales-, previsto en el art. 49 de la ley 23.495, alcanza a la generalidad de los contribuyentes responsables; toda vez que en la norma aquí aplicable se estipula - a diferencia del analizado en aquel precedente- que la mentada suspensión se dispone 'con carácter general'. En consecuencia, el modo en que ha quedado redactado el texto legal sub examine, no arroja dudas acerca de la expresa intención del legislador; el que (...) no estableció vinculación exclusiva entre la suspensión aludida y los contribuyentes que hubiesen ejercido el derecho de acogerse al régimen de normalización tributaria".
Que ello así, conforme lo normado por la ley Nº 11.683 y la suspensión establecida en la ley N° 27.562 las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar el tributo y sus accesorios no se encontraban prescriptos al momento de emitir la resolución apelada, debiendo rechazarse la excepción de prescripción articulada, con costas en atención que por el pto. 3) de la PV-2023-105896738-APN-VOCXII#TFN se dispuso su tratamiento junto con el fondo.
V. Que es pertinente examinar que la recurrente sostiene que el acto recurrido se encuentra afectado de nulidad al afirmar que carece de motivación suficiente al no encontrar sustento en los antecedentes fácticos de la causa, sin perjuicio de lo cual se advierte que el mismo fue dictado en conformidad con las prescripciones de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), estimando el Juez Administrativo las circunstancias de hecho y derecho que lo fundaron, sin que se encuentre afectada la validez del procedimiento ni lesionado el derecho de defensa. Y si bien la apelante sostiene que se denegaron las probanzas ofrecidas, las mismas recibieron un adecuado análisis previo a su desestimación. De ello se advierte que los razonamientos que sustentan el pedido nulificante constituyen una discrepancia con el criterio fiscal aplicado, por lo que cabe desestimar el pedido de nulidad formulado.
VI. Que corresponde establecer si la resolución dictada se ajusta a derecho.
Que la apelante declara las actividades de servicios de asesoramiento, dirección, gestión y servicios empresariales, cerrando sus ejercicios comerciales el 31 de diciembre de cada año.
Que como consecuencia de la fiscalización bajo la Orden de Intervención Nº 1.831.954 se detectó: a) la omisión de declarar rentas provenientes de ingresos gravados, al haber registrado dentro del pasivo societario, otros pasivos - socios cuenta particular, por la suma de $ 3.901.252,75, que recibió el tratamiento de incremento patrimonial no justificado (art. 18 inc. f) de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.) y b) la deducción de gastos en exceso en concepto de “expensas” y “pasajes aéreos” por las sumas de $ 1.867.666,14 y $ 2.671.200, respectivamente, sin aportar ni exhibir documentación que los justifique.
Que en el marco de la inspección se indica que se solicitó a la firma en tres oportunidades la exhibición del Libro Inventario y Balance, Libro de Actas y Libro Diario, el plan de cuentas utilizado y los mayores de la cuenta “expensas”, “pasajes aéreos” y “socios cuenta particular” del período inspeccionado, los comprobantes respaldatorios de tales gastos y un detalle en carácter de declaración jurada explicando la actividad desarrollada. Que al no recibir respuesta, se reiteró en dos oportunidades el requerimiento al Director - Presidente de la firma, sin que tampoco fuera cumplido. Que del relato esbozado en el Informe final de inspección surgen las distintas tareas desplegadas por los funcionarios de la A.F.I.P.-D.G.I. para intentar localizar a la empresa recurrente y a su Director, en el domicilio fiscal declarado y luego cursando los requerimientos al domicilio fiscal electrónico, y también con el envío de e-mails, sin obtener resultados favorables en una primera etapa de la fiscalización (act. adm., IF-2023-81621960-APN-DTD#JGM, fs.89/94). Que por Resolución Nº 001/23 del 1/02/2023 se confirió vista a la recurrente de los cargos formulados, solicitando su Presidente, el Sr. Di Paola prórroga para contestar la misma y vista de las actuaciones, lo que fue concedido y luego la firma presentó el descargo. (mismo IF, fs. 127/132, 136 y 152/162).
Que en lo que hace al pasivo por $ 3.901.252,75 se constató que fue declarado por la empresa a nombre del Sr. Claudio Di Paola, socio, pero no fue incorporado por el mismo en su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias. Asimismo, se aclaró que el Sr. Di Paola declaró un crédito con la Directo Trade S.A. por la suma de $ 299.926,86, que no se relacionaba con el pasivo mencionado precedentemente, ya que dicho importe fue registrado por la recurrente en su declaración jurada bajo el concepto “deudas sociales” y en el balance contable como Provisión Honorarios a Directores. Que teniendo en cuenta que la empresa no acompañó documentación con entidad suficiente para justificar el pasivo declarado con el socio, ni tampoco con relación a los gastos de “expensas” y “pasajes aéreos”, los que además no guardaban vinculación con su actividad, se procedió a impugnar tales conceptos.
VII. Que corresponde analizar los distintos cargos que conforman el ajuste bajo discusión.
Que en primer lugar en lo que hace al pasivo registrado como “cuenta particular” de los socios por el importe de $ 3.901.252,75; según la recurrente obedece al otorgamiento de dividendos al socio Claudio Di Paola y afirma que dicho importe fue declarado y debidamente registrada en las cuentas de la empresa.
Que ante este Tribunal la apelante alega que durante el año 2016 se procedió a autorizar la entrega de dichas sumas en concepto de dividendos al socio mayoritario, a lo que añade que luego entró en una etapa de falta de actividades con la consiguiente ausencia de operaciones continuas en los años posteriores, que provocó el cese en su actividad. Aquí cabe aclarar que no obstante la actividad declarada frente al organismo fiscal, no queda claro en que consiste la misma en forma concreta, incluso durante la inspección se pidió dicha explicación al actora, a lo que respondió que se dedicaba a las exportaciones de commodities y que su único cliente era la República de Venezuela, y aclaró que dado el contexto imperante en dicho país las mismas se encontraban suspendidas. También indicó que pretendía ampliar su objeto a la venta de muebles y artículos de decoración (act. adm., IF-2023-81621494-APN-DTD#JGM, fs. 4, Multinota de fecha 22/01/2018).
Que en la resolución apelada se dejó asentado que al presentar su descargo en sede administrativa Directo Trade S.A. no formuló manifestaciones referidas al cargo en trato y ante esta instancia tampoco incorporó ninguna documentación de respaldo de los supuestos retiros efectuados por el socio, ya que únicamente ofreció prueba de informes dirigida al Banco Galicia para que dicha entidad acompañe los resúmenes de cuentas y extractos bancarios correspondientes al período 2016 de la sociedad y del Sr. Presidente, lo que no permite suplir los asientos que debe poseer una empresa del tipo societario de la aquí actora.
Por otro lado, propuso un punto del cuestionario pericial en el que pedía a los peritos contables que “indiquen si se distribuyeron dividendos al director durante el período 2016, por qué monto y cuáles son las constancias que lo acreditan”, sin precisar qué documentación contable sería puesta a disposición a tales fines.
Que por lo tanto, el Fisco Nacional procedió a estimar de oficio la materia imponible con fundamento en los hechos y en las circunstancias por éste conocidas que, por su vinculación o conexión normal con los que las leyes respectivas prevén como hecho imponible, permiten inducir en el caso particular la existencia y medida de la misma, correspondiendo a la recurrente demostrar que no incurrió en el incremento patrimonial no justificado atribuido por la impugnación del pasivo en conformidad con el art. 18 inc. f) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), lo que no ha sucedido en autos, al no lograr refutar la presunción aplicada y demostrar cuál era su real situación frente al tributo.
Sobre la base de estas consideraciones resulta que haber acudido al sistema previsto en el art. 18 de la ley de procedimiento fiscal, como ha hecho el Fisco resulta ajustado a derecho, en razón de que la actora no puso sus libros y registros a disposición en orden a demostrar que llevaba una contabilidad ordenada que refleje de manera fehaciente los retiros hechos por el socio.
VIII. Que otro de los conceptos impugnados responde a gastos por “pasajes aéreos” en razón de no reunir la actora documentación que avale los mismos, al no constar comprobantes o registros contables de respaldo.
Que dicha inconsistencia no es salvada por Directo Trade S.A. al deducir el presente recurso debido a que nuevamente se limita a dar explicaciones sin el adecuado aval documental. Ello así, explicó que tales salidas de dinero respondían a retiros y dividendos del Director/Accionista, Claudio Di Paola, incluso en su relato reconoce que la exposición en la documentación obrante en los sistemas, no responde a una excelsa registración, lo cierto es que la empresa optó por autorizar dicha disposición bajo las modalidades en cuestión. A lo que agregó que se disponían sumas de dinero a favor de su Director para que éste haga frente a sus erogaciones personales, las que eran abonadas en forma directa, conforme surge de los extractos bancarios de su cuenta Corriente en el Banco Galicia y cajas de ahorro que completaban su paquete. Que dentro de los puntos de la prueba pericial contable la recurrente propuso que se “indique si la empresa autorizó la suma de retiros de su director, Claudio Di Paola, por la suma de $ 2.671.000 durante el período fiscal en trato”, lo que claramente no permite suplir la carencia de documentación contable que en forma fidedigna brinde sustento a sus dichos, motivo por el cual la probanza fue rechazada en razón de no ser pertinente a la cuestión en controversia. Que resta abordar la impugnación de gastos por “expensas”, los cuales fueron deducidos en la declaración jurada impugnada con origen en la adquisición de un inmueble sito en la unidad funcional 82, torre II de marinas Golf Condominio, de la localidad de Rincón de Milberg, Partido de Tigre, Pcia. de Buenos Aires.
Según la actora, en el año 2015, celebró un “contrato de cesión de crédito garantizado con derecho real de hipoteca en primer grado” con relación al juicio caratulado “Durlock SA c/ Ingeniero Carra y Asociados S.A. s/ Ejecución Hipotecaria”, Expte. 51558 en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial 14 de La Plata. Remarca que, según surge de las copias de las escrituras acompañadas, el crédito que la firma Durlock S.A. tenía contra la empresa Ingeniero Carra S.A., sobre la citada Unidad Funcional fue cedido a su favor. Agregó que también en dicho acto obtuvo los derechos del juicio iniciado por la firma Durlock S.A. contra la firma Ingeniero Carra S.A., sobre ejecución de expensas, Expte. 61635, en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial 1 de San Isidro. Por ello, señala que en virtud de tales cesiones de créditos adquirió el derecho sobre el inmueble y como actor en el juicio de ejecución de expensas, (ambos adquiridos a la firma Durlock SA en su demanda contra la firma Ingeniero Carra S.A.), por ello consideró que obtuvo la posesión y un derecho privilegiado sobre la unidad, en el marco de su amplio objeto social, por lo debía abonar la suma de expensas presentes y atrasadas con el consorcio de propietarios del Complejo Marinas Golf Condominio. Ese es el motivo por el cual dedujo como gasto, la suma disputada.
Que en los antecedentes administrativos se agregaron las copias de las Escrituras Nros. 72 y 73, ambas de fecha 4 de junio de 2015, y si bien el ente fiscal las objetó por que las mismas son simples copias de las originales, lo cierto es que de éstas no se desprende que la aquí actora sea titular dominial del inmueble por el cual dedujo expensas ni que ejerza posesión sobre el mismo, ya que, incluso ella misma lo expresa, lo adquirido fue un crédito que estaba garantizado con un derecho real de hipoteca sobre el inmueble, pero no el derecho real de dominio, además de obtener los derechos en el juicio por ejecución de expensas. A lo que se agregó que, conforme se expuso en el acto apelado, de las bases del organismo fiscal se constató que la recurrente no es titular de dicho inmueble ni de ningún otro, y además en sus Estados Contables, se registró dentro de su activo un crédito bajo la leyenda “Crédito Ing. Carra (Durlock S.A. s/ quiebra). (act. adm., IF-2023- 81621960-APN-DTD#JGM, fs. 64).
Que en la Escritura Nº 72 se consignó que las partes celebraron un contrato de cesión de crédito que involucró la cesión por parte de Durlock S.A. a Directo Trade S.A. de todos los derechos y acciones que tiene y le corresponde como acreedor de la deuda garantizada y acreedor hipotecario de la HIPOTECA en PRIMER GRADO DE PRIVILEGIO y en el carácter de actor, que tiene como deudor y demandado respectivamente a “INGENIERO CARRA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA”…” (act. Adm, IF-2023-81621960-APN-DTD#JGM, copia de Escritura 73 a fs. 165/168 y copia de Escritura 72 fs. 172/182).
Que ello así, teniendo en cuenta que respecto de los gastos en concepto de “expensas” y “pasajes aéreos” no se demostró su vinculación y necesariedad con las ganancias gravadas resulta acertada su impugnación.
IX. Que las manifestaciones vertidas por la recurrente sobre las que articula su defensa se sustentan en criticar el acto recurrido, sosteniendo que el mismo está afectado de nulidad por adolecer de vicios en sus elementos esenciales, y realiza un extenso relato en dicho sentido, haciendo énfasis en el rechazo de la prueba decidido por el Juez Administrativo, es decir que se centra en criticar el proceder fiscal pero continúa sin aportar pruebas contundentes que logren rebatir el ajuste en discusión. A pesar de lo afirmado por la apelante, se advierte que tanto durante la inspección como en el procedimiento de determinación de oficio se observaron las pautas establecidas en la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), se brindó oportunidad para aportar la documentación de respaldo tanto de los gastos como del pasivo declarado, lo que no fue cumplido en debida forma, conforme se expuso en los Considerandos precedentes. Que a ello se agrega, conforme ya fuera puesto de resalto, que ante este Tribunal tampoco incorporó nuevos elementos de prueba que permitan arribar a una conclusión diferente a la advertida por el personal verificador. Que por estas razones ante esta instancia también las probanzas fueron rechazadas por resultar meramente dilatorias y no aportar elementos útiles para la resolución de la controversia planteada, aduciendo la imposibilidad de aportar datos durante la inspección debido a la pandemia por COVID, y luego al cese paulatino de sus actividades.
Que ello así, las circunstancias descriptas colocan a la recurrente en la imposibilidad de respaldar documentalmente sus afirmaciones, toda vez que el caso bajo análisis es, en definitiva, una cuestión de hecho y prueba, por lo que debió tomar los recaudos suficientes para posibilitar a los organismos de control sus tareas de verificación, ya que conforme lo dispone el art. 33 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) todas las registraciones contables deberán estar respaldadas por los comprobantes correspondientes y sólo de la fe que éstos merezcan surgirá el valor probatorio de aquéllas. Que lo expuesto hace aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración intergiversable de los hechos.
Que ello así resulta procedente la determinación efectuada por el Fisco Nacional, por lo que corresponde convalidar el ajuste practicado en el Impuesto a las Ganancias.
X. Respecto de los intereses resarcitorios reclamados, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA el DGI, 01/06/2000), por lo que al haber sido calculados según el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998) cabe disponer su confirmación.
XI. Que por lo expuesto, voto por confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que de acuerdo a como fueran tratadas las cuestiones discutidas en el voto del Dr. Martín, corresponde en primer lugar expedirse sobre la excepción de prescripción articulada, compartiendo en lo sustancial lo expuesto por el vocal preopinante en cuanto rechaza el planteo, con costas a la actora.
II. Que adhiere a la solución adoptada por el Vocal Instructor al rechazar la defensa de nulidad articulada, efectuando como precisión adicional y en atención a lo expuesto por la recurrente respecto a que “la determinación ha sido efectuada a posteriori de tres años de absoluta desatención del proceso administrativo” (vide punto V del recurso obrante en el RE- 2023-51644466-APN-SGAI#TFN), que la Alzada tiene dicho que la garantía convencional del plazo razonable rige en causas de naturaleza penal o vinculada a sanciones administrativas, no así en casos en que se encuentra en discusión la determinación de un tributo como el que aquí se ventila (CNACAF, Sala II in re “Compañía Hotelera Cuyana S.A. (TF 32874 -I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 19 de diciembre de 2023).
Que no corresponde la imposición de costas, toda vez que expresamente la actora efectuó su planteo en los términos de una defensa de fondo.
III. Que también adhiere a la solución propiciada por el Dr. Martín en cuanto confirma los ajustes efectuados en la resolución determinativa apelada en autos con más los intereses resarcitorios liquidados.
IV. Por lo expuesto, corresponde: 1) Rechazar el planteo de prescripción articulado como de previo y especial pronunciamiento, con costas; 2) Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiero en lo sustancial a la decisión del Vocal Instructor.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar el planteo de prescripción articulado por la recurrente, con costas.
2. Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
3. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 385.502 (Pesos trescientos ochenta y cinco mil quinientos dos) equivalente a 8,48 (ocho con 48/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $ 963.758 (Pesos novecientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta y ocho) equivalente a 21,21 (veintiuno con 21/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido en los puntos 1°) y 2°) precedentes, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 08/24 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y archívese.-
Date: 2024.05.07 11:12:07 -03:00 Date: 2024.05.07 11:18:47 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.07 14:17:07 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.07 14:17:08 -03:00
Fin de la sentencia