Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 51647450-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios de la firma actora y confirmar la sentencia apelada.
2Distribuir las costas de esta instancia con arreglo al considerando X.
3Regular los honorarios con arreglo al considerando XI.
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47261/2023 DIRECTO TRADE SA (TF 51647450-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 15 de abril de 2025.- AK Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. La firma Directo Trade S.A. interpuso el recurso previsto en el artículo 76, inciso 'b', de la ley 11.683, contra la resolución nº 43/2023 (DV RR 1) de la Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva (AFIP-DGI), que determinó de oficio su obligación tributaria en el impuesto a las ganancias (período fiscal 2016), liquidó intereses resarcitorios y efectuó la reserva de aplicar la sanción que pudiera corresponder de conformidad con el artículo 20 de la ley 24.769.
II. El Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: "1°) Rechazar el planteo de prescripción articulado por la recurrente, con costas. 2°) Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas. 3°) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional".
En primer término, sostuvo que se debía examinar "el planteo de prescripción formulado por la actora con relación a las potestades del ente fiscal para determinar el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2016":
(i) "[L]a ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.) dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por dicha ley y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella prevista, prescriben por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos y que su término comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen". (ii) "[E]l plazo de prescripción para determinar el tributo comenzó a correr el 1° de enero de 2018, habiendo operado su término el 1° de enero de 2023, debiendo considerarse sí se aplica alguna causal de suspensión y/o interrupción de su cómputo". (iii) "[R]esulta procedente lo dispuesto por el art. 17 de la ley de la Ley 27.562, Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública (B.O. 26/08/2020)" puesto que "la suspensión establecida reviste carácter general surtiendo efectos respecto de la universalidad de contribuyentes y responsables".
(iv) "[E]n dicho sentido lo entendió la Corte Suprema de Justicia de la Nación al analizar el alcance de la suspensión referida a la ley 23.495 en la causa 'Distribuidora del Plata S.R.L.'" . (v) "Que ello así, conforme lo normado por la ley Nº 11.683 y la suspensión establecida en la ley N° 27.562 las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar el tributo y sus accesorios no se encontraban prescriptos al momento de emitir la resolución apelada". En relación con el planteo de nulidad consideró que el acto recurrido "fue dictado en conformidad con las prescripciones de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), estimando el Juez Administrativo las circunstancias de hecho y derecho que lo fundaron, sin que se encuentre afectada la validez del procedimiento ni lesionado el derecho de defensa".
Y agregó que "si bien la apelante sostiene que se denegaron las probanzas ofrecidas, las mismas recibieron un adecuado análisis previo a su desestimación".
Sobre el plano sustancial de la controversia, expuso diversos
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47261/2023 DIRECTO TRADE SA (TF 51647450-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO (a) Respecto del "pasivo registrado como 'cuenta particular' de los socios por el importe de $ 3.901.252,75":
(i) La firma actora alegó que "obedece al otorgamiento de dividendos al socio Claudio Di Paola [socio mayoritario] y afirma que dicho importe fue declarado y debidamente registrada en las cuentas de la empresa".
(ii) "[A]l presentar su descargo en sede administrativa Directo Trade S.A. no formuló manifestaciones referidas al cargo en trato y ante esta instancia tampoco incorporó ninguna documentación de respaldo de los supuestos retiros efectuados por el socio, ya que únicamente ofreció prueba de informes dirigida al Banco Galicia para que dicha entidad acompañe los resúmenes de cuentas y extractos bancarios correspondientes al período 2016 de la sociedad y del Sr. Presidente, lo que no permite suplir los asientos [contables] que debe poseer una empresa del tipo societario de la aquí actora". (iii) "[P]ropuso un punto del cuestionario pericial en el que pedía a los peritos contables que 'indiquen si se distribuyeron dividendos al director durante el período 2016, por qué monto y cuáles son las constancias que lo acreditan', sin precisar qué documentación contable sería puesta a disposición a tales fines". (iv) "Sobre la base de estas consideraciones resulta que haber acudido al sistema previsto en el art. 18 de la ley de procedimiento fiscal, [...] resulta ajustado a derecho, en razón de que la actora no puso sus libros y registros a disposición en orden a demostrar que llevaba una contabilidad ordenada que refleje de manera fehaciente los retiros hechos por el socio".
(b) "[O]tro de los conceptos impugnados responde a gastos por 'pasajes aéreos' en razón de no reunir la actora [...] comprobantes o registros contables de respaldo":
La firma actora sostuvo:
(i) "[Q]ue tales salidas de dinero respondían a retiros y dividendos del Director/Accionista".
(ii) "[Q]ue se disponían sumas de dinero a favor de su Director para que éste haga frente a sus erogaciones personales, las que eran abonadas en forma directa, conforme surge de los extractos bancarios de su cuenta Corriente en el Banco Galicia y cajas de ahorro". (iii) "[D]entro de los puntos de la prueba pericial contable la recurrente propuso que se 'indique si la empresa autorizó la suma de retiros de su director, Claudio Di Paola, por la suma de $ 2.671.000 durante el período fiscal en trato'".
(c) Sin embargo, esas explicaciones no permitían "suplir la carencia de documentación contable que en forma fidedigna brinde sustento a sus dichos".
(d) Con respecto a "la impugnación de gastos por 'expensas'": (i) La firma actora sostiene que "en el año 2015, celebró un 'contrato de cesión de crédito garantizado con derecho real de hipoteca en primer grado' con relación al juicio caratulado 'Durlock SA c/ Ingeniero Carra y Asociados S.A. s/ Ejecución Hipotecaria', Expte. 51558 en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial 14 de La Plata [...] señala que en virtud de tales cesiones de créditos adquirió el derecho sobre el inmueble y como actor en el juicio de ejecución de expensas [...], por ello consideró que obtuvo la posesión y un derecho privilegiado sobre la unidad, [...] por lo debía abonar la suma de expensas presentes y atrasadas con el consorcio de propietarios del Complejo Marinas Golf Condominio".
"Ese es el motivo por el cual dedujo como gasto, la suma disputada".
(ii) "[E]n los antecedentes administrativos se agregaron las copias de las Escrituras Nros. 72 y 73, ambas de fecha 4 de junio de 2015, y si bien el ente fiscal las objetó por que las mismas son CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 47261/2023 DIRECTO TRADE SA (TF 51647450-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO simples copias de las originales, lo cierto es que de éstas no se desprende que la aquí actora sea titular dominial del inmueble por el cual dedujo expensas ni que ejerza posesión sobre el mismo". (iii) "[T]eniendo en cuenta que respecto de los gastos en concepto de 'expensas' y 'pasajes aéreos' no se demostró su vinculación y necesariedad con las ganancias gravadas resulta acertada su impugnación".
(e) "[T]anto durante la inspección como en el procedimiento de determinación de oficio se observaron las pautas establecidas en la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), se brindó oportunidad para aportar la documentación de respaldo tanto de los gastos como del pasivo declarado, lo que no fue cumplido en debida forma".
(f) "[A]nte este Tribunal tampoco incorporó nuevos elementos de prueba que permitan arribar a una conclusión diferente a la advertida por el personal verificador".
(g) "[L]o expuesto hace aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración intergiversable de los hechos".
(h) "Respecto de los intereses resarcitorios reclamados, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias".
III. La firma actora interpuso recurso de apelación y expresó agravios que fueron replicados por la AFIP-DGI.
En primer término plantea la nulidad del procedimiento pues sostiene que la AFIP desestimó su descargo "argumentando que el contribuyente no aporta comprobantes o registros (pero omite considerar el ofrecimiento de la prueba pericial contable)". Por otro lado, considera que "el Tribunal rechaza la prueba con argumentos meramente genéricos".
Agrega que la "prueba ofrecida pretendía dar cuenta de la inexistencia de elementos que permitan atribuir responsabilidad alguna a mi representada, toda vez que las conclusiones a las que arriba el Organismo fueron realizadas en base a meras presunciones que carecen de la fuerza probatoria necesaria para avalar siquiera mínimamente la interpretación fiscal".
En segundo término sostiene que las facultades de la AFIP para determinar el impuesto discutido se encuentran prescriptas ya que considera que "la suspensión establecida en el art. 17 de la citada ley [27.562] solo resulta aplicable a las personas que hubieran adherido a dicho régimen especial".
En el plano sustancial de la controversia asevera:
(i) "[L]a pretensión fiscal ensayada por el Fisco Nacional carece de toda racionalidad y se aparta de los hechos y del derecho aplicable".
(ii) En el año 2015 obtuvo "la posesión y derecho privilegiado sobre la unidad en cuestión [Unidad Funcional 82, ubicada en Marinas Golf de Rincón de Milberg] [...] respecto del cual debió abonar la suma de expensas presentes y atrasadas con el consorcio de propietarios".
Por tanto sostiene que se trató de un gasto necesario "para conservar, mantener la fuente de ingresos (expensas abonadas por el bien adquirido)".
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
47261/2023 DIRECTO TRADE SA (TF 51647450-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO (iii) En relación a los "pasajes aéreos y diversos gastos que se encuentran observados en la declaración jurada del período" explica que "[d]ichas salidas de dinero, obedecen a retiros y dividendos del director/accionista, Claudio Di Paola".
(iv) "En cuanto al pasivo registrado, se manifestó que el mismo fue el otorgamiento de dividendos al socio Claudio Di Paola. Las sumas en vigor, sobre los cuales se practicó la entrega de los dividendos, se encontraban declaradas y debidamente registradas en las cuentas de la empresa".
IV. Por razones de orden lógico debe examinarse en primer término los agravios formulados por la firma actora en relación a la prescripción de las facultades de la AFIP para determinar de oficio el impuesto a las ganancias (período fiscal 2016).
V. No le asiste razón cuando plantea que la suspensión de la prescripción establecida en la ley 27.562 es aplicable solamente a los contribuyentes que se hubiesen acogido al régimen de regularización allí dispuesto.
Ello es así, ya que el artículo 17 de esa ley suspendió "con carácter general" y por el término de un año el curso de la prescripción de las acciones del Fisco sin efectuar la distinción que propicia la parte actora (esta sala, causa nº 35.307/2023 "Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda (TF 78906907-I) c/ Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo", pronunciamiento del 30 de abril de 2024).
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que "'[e]l primer método de interpretación al que debe acudir el juez es el literal, conforme al cual debe atenderse a las palabras de la ley' (Fallos: 326:4909, entre otros), pues la claridad de las normas referidas impone apegarse, para la resolución del tema debatido, al principio sostenido reiteradamente por esta Corte conforme al cual la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir del texto pues la exégesis de la norma, aun con el fin de adecuación a garantías y principios constitucionales, debe practicarse sin violación de su letra o de su espíritu (Fallos: 300:687; 301:958 y 307:928)" (Fallos: 345:533).
Esta decisión, además, es concordante con el criterio expuesto por esta sala en relación con la suspensión del cómputo del plazo de prescripción para exigir tributos prevista en las leyes 26.860 y 26.476 (causa nº 30458/2018 "Supermercados Mayoristas Yaguar SA", pronunciamiento del 16 de abril de 2019).
VI. Que el Máximo Tribunal ha expresado, reiteradamente, que las nulidades procesales requieren un perjuicio concreto para alguna de las partes, pues no proceden en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, ya que la declaración de una nulidad por la nulidad misma es una solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (Fallos: 320:1611; 322:507; 324:1564; 325:1649; 334:1081; 339:480).
Ha explicado, asimismo, que en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un prejuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia (Fallos: 334:1081; 339:480).
En ese mismo sentido se ha pronunciado esta sala (causas “ Cooperativa de Trabajo AEI ‘Colonia Barraquero’ LTDA c/ INAES–resol. 806/08”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012, “ Velito Castillo, Luis Antonio c/ EN- DNM Ley 25.871 ”, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 47261/2023 DIRECTO TRADE SA (TF 51647450-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO pronunciamiento del 13 de noviembre de 2014, “Incidente Nº 6 - s/ inc. apelación ‘Cámara Unión Argentina de Empresarios de Entretenimiento’”, pronunciamiento del 10 de julio de 2018, y “ Catardo Emmanuel c/ ENCSJN-Resol Adm 50/11 2/13 (expte 57/10) s/empleo público” pronunciamiento del 12 de septiembre de 2019).
VII. El planteo de nulidad que la firma actora introdujo en su recurso presentado ante el Tribunal Fiscal de la Nación y reitera en esta instancia no puede ser admitido.
En efecto, la parte actora sostiene que la instrucción del procedimiento tanto en sede administrativa como ante el Tribunal Fiscal de la Nación vulneró su derecho de defensa. Sin embargo, el examen de la causa evidencia que tanto durante la inspección como en el proceso de determinación de oficio aquélla omitió aportar la documentación respaldatoria de los conceptos que impugnó la AFIP. Nótese que, sencillamente, se limitó a afirmar que: la AFIP " omite considerar el ofrecimiento de la prueba pericial contable" y que "el Tribunal rechaza la prueba con argumentos meramente genéricos". Sin embargo, en ningún punto de su recurso explica los motivos que le impidieron acompañar la documentación respaldatoria de las deducciones impugnadas.
Por otro lado, tampoco queda claro en qué medida la prueba cuya producción se denegó le habría permitido justificar los conceptos que la AFIP impugnó.
VIII. Esta cámara, por sus diversas salas, ha dicho invariablemente que no corresponde apartarse de la apreciación efectuada por el Tribunal Fiscal de la Nación de las circunstancias fácticas de la causa, dado los límites del recurso que prevé el artículo 86, inciso ‘b’, de la ley 11.683, a menos que se pruebe que aquel tribunal haya incurrido en un error en la apreciación de los hechos (esta sala, causas “ABC Maderas SA (TF 16870-I) c/ DGI” y “ Junquera, Marta Aurora”, pronunciamientos del 6 de diciembre de 2011 y del 4 de agosto de 2015, respectivamente; en igual sentido, Sala III, causa “ Ambulancias Privadas Argentinas SA ”, pronunciamiento del 23 de febrero de 2011, Sala IV, causa “L Guillon SA”, pronunciamiento del 27 de junio de 2024, y Sala V, causa “Granja La Loma SRL” pronunciamiento del 18 de junio de 2024).
IX. El recurso de apelación de la firma actora no puede prosperar, ya que la totalidad de sus agravios se limitan a disentir con la valoración que de los hechos y las pruebas hizo el Tribunal Fiscal de la Nación.
Ciertamente, con relación al "pasivo registrado como 'cuenta particular' de los socios", el pronunciamiento prestó una especial consideración a "que la actora no puso sus libros y registros a disposición" de manera tal que pudiera reflejar "de manera fehaciente los retiros hechos por el socio".
Y desde esa perspectiva ponderó que acudir "al sistema previsto en el art. 18 de la ley de procedimiento fiscal, como ha hecho el Fisco resulta ajustado a derecho".
Respecto de los "gastos por 'pasajes aéreos'" puntualizó que se verificó una omisión idéntica, pues no acompañó "comprobantes o registros contables de respaldo".
Asimismo, tuvo en cuenta que la parte actora reconoció que "la exposición en la documentación obrante en los sistemas, no responde a una excelsa registración".
Por otro lado, respecto de "la impugnación de gastos por 'expensas'" sostuvo que las copias de las escrituras que se acompañaron no exhiben que la parte actora "sea titular dominial del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 47261/2023 DIRECTO TRADE SA (TF 51647450-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO inmueble por el cual dedujo expensas ni que ejerza posesión sobre el mismo".
Finalmente, concluyó en que "respecto de los gastos en concepto de 'expensas' y 'pasajes aéreos' no se demostró su vinculación y necesariedad con las ganancias gravadas".
Por tanto, el examen de las consideraciones efectuadas por el Tribunal Fiscal de la Nación en la apreciación de los hechos y de las pruebas no permite advertir que haya mediado un error que justifique apartarse de la aplicación del principio legal recordado, de modo que cabe tener por válidas sus conclusiones.
X. Las costas de esta instancia deben ser impuestas a la parte actora ya que resulta vencida (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
XI. Que teniendo en cuenta el monto de los honorarios regulados en la instancia anterior —que se encuentran firmes—, corresponde FIJAR en 8,9 UMA ––equivalentes a la suma de $ 601.924,8, resolución SGA nº 237/2025— los emolumentos a favor de la doctora Verónica I. Carra y del doctor Luciano Matias Consoli por la representación y el patrocinio letrado de la demandada ante esta alzada (artículos 30 de la ley 27.423).
En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: 1 . Desestimar los agravios de la firma actora y confirmar la sentencia apelada. 2. Distribuir las costas de esta instancia con arreglo al considerando X. 3. Regular los honorarios con arreglo al considerando XI.
Regístrese, notifíquese y remítase al Tribunal Fiscal.
Fin de la sentencia