Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mar del Plata · Causa 162456
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso interpuesto por la actora a fs. 95/6 y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 90/92.
2Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del CPC).
3Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la ley 8904). 4)
REGISTRADA BAJO EL Nº 54-S Fo.C 296/9 Expte. Nº 162.456 Juzgado Civil y Comercial N°5 En la ciudad de Mar del Plata, a los 14 días del mes de marzo de 2017 reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “DIRECTORES ARGENTINOS CINEMATOGRÁFICOS (DAC)
ASOC. GENERAL C/ PROPIETARIOS DE HOTEL 13 DE DICIEMBRE”,
habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ª) ¿Es justa la sentencia de fs. 90/92?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. La sentencia dictada a fs. 90/2 viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto a fs. 95/6. En lo que aquí interesa, el juez hizo lugar a la demanda entablada por Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Asociación General de Autores Cinematográficos y Audiovisuales, contra la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles por el cobro del arancel previsto en el punto V del Anexo de la Resolución 61/2010 devengados entre el 19/03/2010 y 05/04/2013 con más los intereses calculados a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos de plazo fijo constituidos por medio del sistema de homebanking.
Para así decidirlo, destacó que la demandada se allanó al reclamo efectuado por la actora reconociendo que es propietaria del Hotel 13 de Diciembre ubicado en calle 11 de septiembre 2750 de esta ciudad y reconociendo además el derecho que le asiste al reclamante de percibir los aranceles de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 124/2009 y la Resolución 61/2010.
Asimismo, hizo lugar al reclamo por intereses moratorios y fijó las fechas en las que la accionada incurrió en mora, siendo el 16/02/2012 para los períodos comprendidos entre el 19/03/2016 y 16/01/2012 (en razón del envío de una carta documento) y el 13/04/2013 (fecha de la notificación del requerimiento de mediación) para los períodos comprendidos entre el 17/01/2012 y el día en que fue incoada la acción (05/04/2013).
Con relación a los aranceles devengados con posterioridad a la interposición de la demanda, el magistrado señaló que no fue objeto de ampliación y al no tratarse de plazos o cuotas de la misma obligación no procede su cobro en el presente proceso. Asimismo, destacó que el demandado afirmó que el hotel se encuentra cerrado al público desde el 18 de noviembre de 2015 por problemas de suministro de gas.
Finalmente, impuso las costas al demandado por encontrarse en mora al momento en que fuera interpuesta la demandada, extremo que evidencia que fue su actuar el que motivó el inicio de la acción judicial.
II. El actor fundó su recurso en la misma pieza que obra glosada a fs. 95/6, mereciendo la respuesta de la contraria a fs. 103.
Sus agravios pueden sintetizarse de la siguiente manera:
i. Que en la demanda se reclamó el arancel que se devengue desde su interposición y hasta la sentencia firme, entendiendo por ello errónea la decisión del a quo de no incluirla en la condena. Afirma que la obligación a cargo de la demandada es una sola y deriva de lo establecido en la Resolución 61/2010 desde la entrada en vigencia y hasta su efectivo pago, incluyendo todos los períodos devengados, hasta la sentencia.
ii. Que la ampliación que se exige en la sentencia es improcedente y de cumplimiento imposible, dado que para determinar los aranceles a cargo de cada hotel es necesario tener acceso a cierta información que permita su cálculo (valor promedio de la habitación, cantidad de habitaciones con televisores, valor del café al huésped y cantidad de televisores instalados en espacios comunes). Dice que sin esos datos no puede pretenderse una ampliación, y que esta información se obtuvo en el caso a través del reconocimiento y allanamiento de la demandada.
iii. Que nada cambia lo dicho que el demandado hubiera afirmado que el hotel se encuentra cerrado desde cierta fecha, en tanto es un hecho que no fue acreditado ni comunicado a la actora.
III. El recurso no es fundado.
a. El crédito que la entidad actora tiene derecho a percibir no se compone de una obligación única cuyo capital total se ha fraccionado en cuotas o partes, sino que se trata de una obligación de prestaciones fluyentes o de renovación periódica.
Es decir, existe una obligación de fuente legal -cuyo sujeto pasivo es el titular del establecimiento- y que consiste en abonar los derechos por la puesta a disposición o reproducción de obras cinematográficas, pero las prestaciones se devengan con el correr del tiempo, en forma periódica -mes a mes- y su contenido económico también varía de conformidad con el esquema arancelario regulado en la Res. 61/2010 de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el valor de las variables allí contempladas (sobre obligación de prestaciones fluyentes véase el voto de mi estimado colega de sala, Dr. Loustaunau, en el plenario de este Tribunal dictado en autos “Consorcio de Copropietarios del Complejo Habitacional 9 de julio 5602 c. Sindicato de empleados de comercio de Mar del Plata s. Cobro Ejecutivo”, Expte. 150.549, del 17/10/2012, R.276-S; en similar sentido, aunque con algunas diferencias terminológicas, véase Cám. Ap. de Trelew, Sala B, autos “P.J.L c/ Z., C.R. s/ Cobro de pesos”, del 11-09-2012, La Ley, AR/JUR/61667/2012).
No veo impedimento para que el accionante pueda reclamar en su demanda los aranceles ya devengados (sobre los que invoca un incumplimiento) y luego ampliar cuantitativamente su reclamo de forma tal de perseguir el cobro de aquellos que se devengan durante el trámite del pleito. Tal es la facultad que contempla el art. 331 del CPC y que puede ser ejercida hasta el momento del dictado de la sentencia definitiva. Idéntica prerrogativa previó el legislador para el juicio ejecutivo en los arts. 538 y 539 del CPC.
Razones de economía procesal justifican esta posibilidad: es irrazonable forzar al pretenso acreedor a iniciar un nuevo proceso para percibir las cuotas o plazos vencidos que se vinculan con la misma obligación originalmente reclamada, o para cobrar los períodos devengados luego de iniciado el pleito, si se trata -como ocurre en autos- de una obligación de prestaciones fluyentes.
La admisibilidad de esta modificación de la entidad económica del reclamo está supeditada a que no conlleve una alteración objetiva de la pretensión contenida en la demanda (es decir, una transformación de la causa o del objeto de la pretensión) y no debe tener la virtualidad de alterar sustancialmente la postura defensiva del demandado (Palacio, Lino E. - Alvarado Velloso, A. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Santa Fe: Rubinzal, t. VII, pág. 256).
A su vez, la ley exige que las cuotas o los períodos (en el caso: los aranceles) deben estar «vencidos», recaudo legal que es sumamente razonable dado que si el plazo suspensivo aún ha fenecido la obligación reclamada no es exigible, y si el período no se ha devengado siquiera podría considerarse que exista un crédito en cabeza del actor o que respecto de él pueda juzgarse alguna forma de incumplimiento de la contraria (arts. 496, 505, 566 y cctes. del Cód.Civ. -ley 340- y 350, 724, 725, 730 y cctes. del Cód.Civ.Com.).
En cualquier caso, y como ocurre con toda facultad procesal, la incorporación de este reclamo complementario en una eventual condena (por cierto, admitida por la jurisprudencia en materia de aranceles por difusión de obras artísticas; véase Cám.Civ.Com. de La Matanza, Sala I, “AADI CAPIF ACR c. Fernández, J. s/ Cobro”, Juba, Sumario B3350917) requiere de una petición concreta del actor en la cual solicite la ampliación de su demanda detallando los períodos, cuotas o plazos vencidos luego de iniciado el proceso, y permitiendo de esa manera instrumentar el traslado a la contraria que posibilite el ejercicio de su derecho de defensa (arts. 18 de la CN, 11 y 15 de la CPBA, 34 inc. 5 ap. “c”, 331, 538 y 539 del CPC).
b. En el caso en estudio, advierto que la entidad accionante afirmó en su escrito postulatorio que su reclamo incluía “el arancel que fuera devengado desde la interposición de la demanda hasta la sentencia firme” (v. fs. 7), sin embargo —y como bien advirtió el Sr. Juez a quo— nunca formuló una petición ampliatoria en los términos del art. 331 del CPC.
Sin duda podía la actora reclamar en su demanda los períodos ya devengados y no abonados por la accionada, pero mal podía incluir en el objeto de su reclamo a los aranceles futuros a devengarse ínterin tramita el proceso (una afirmación de ese tipo se asemejaría a una simple “reserva” de derechos, carente de todo efecto jurídico o eficacia procesal). A la fecha de la interposición de la demanda (y tanto más al requerir la mediación) esos períodos aún no habían transcurrido y su derecho a perseguir el cobro era tan solo eventual, meramente hipotético. En otras palabras, no había allí un crédito que pueda ser reclamado en justicia. El Dr. Loustaunau expone con claridad este punto al decir que en la obligación de prestaciones fluyentes «el mero título no basta para justificar la existencia del crédito, sino que es menester para ello el transcurso del tiempo fecundante que, sobre la base del título del acreedor, hace brotar el derecho creditorio de este: así el contrato de locación es la causa del crédito por alquileres, que requiere ser complementada por el transcurso de los períodos respectivos para que germine dicho crédito" (v. su voto en el ya citado plenario “Consorcio...”.).
Siguiendo con esta línea de razonamiento, entiendo que no le bastaba a la entidad actora invocar en su demanda la obligación que surge del apartado V del Anexo del Decreto 61/2000 para reclamar prestaciones futuras: debió cuanto menos esperar a que el período trascurra, verificar que la demandada incumpla con el pago del arancel pertinente (o en su caso, verificar todo otro elementos de hecho o de derecho que torne exigible su crédito) y formular en consecuencia la petición de ampliación contemplada en el art. 331 del CPC. La carga de hacer una pretensión concreta que amplíe los períodos que componen su reclamo no es caprichosa. Es una exigencia sumamente razonable y justa que permite, por un lado, definir con precisión los límites cuantitativos del reclamo que compone el objeto de la demanda del cual el juez no podrá apartarse al dictar sentencia so pena de afectar el principio de congruencia (arts. 34 inc. 4°, 163 inc. 6° y 330 inc. 3° del CPC); por el otro, como ya dije, asegurar la bilateralidad y permitir a la contraria alegar cualquier tipo de hecho (constitutivo, extintivo o impeditivo) que pudiere considerar útil para resistir el reclamo de los nuevos períodos (v.gr., el pago, la quita, la espera, la remisión, la prescripción, la ausencia de devengamiento por interrupción en la prestación del servicio hotelero, o cualquier otra circunstancia útil a tal fin).
Ninguna de las dificultades que el apelante alegó tener para definir la cuantificación económica del arancel permite justificar su omisión: de hecho, no le impidieron presentar la demanda que dio inicio al proceso (donde invocó el mismo inconveniente) y no debieron ser razón para prescindir de los mecanismos que la ley procesal le concede a los fines de incrementar cuantitativamente su reclamo original (art. 331 del CPC).
Tampoco es un argumento atendible el hecho de que la accionada hubiera adeudado los aranceles devengados desde la entrada en vigencia de la normativa que lo hace exigible, como se argumenta a fs. 95/vta último párrafo. Reitero: el [aquí reconocido] incumplimiento parcial sobre prestaciones pasadas no permite presumir incumplimientos futuros. Descartado del valor del reclamo sobre períodos no devengados, y no habiéndose ampliado la demanda luego de su notificación, el juez correctamente circunscribió su decisión a los aranceles vencidos y exigibles que fueron invocados en el escrito de inicio (art. 34 inc. 4°, 163 inc. 6°, 331 y cctes. del CPC).
Tal es la solución que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires adoptó en los autos "Cevallos, Juan Humberto y otro contra Cañar S.A.I.C.F.I. C.M. Diferencia de salarios" (L.58.726, del 01-X-1996). El actor recurrente alegaba que el fallo dictado por el Tribunal de Trabajo era injusto porque al dictar sentencia -acogiendo parcialmente su reclamo- no consideró las diferencias salariales "posteriores a la fecha de interposición de la demanda"; alegó para ello que -tal como sucede en el sub lite- el vencimiento de nuevos plazos quedó incluida en el ámbito de la litis al haberse peticionado así en la demanda.
La Casación entendió que el fallo impugnado era justo argumentando que aun cuando en el escrito postulatorio se hubiere expresado que el reclamo se extendía a las diferencias salariales hasta la fecha del dictado de la sentencia, «no resulta cuestionable la limitación que se efectúa en el fallo admitiendo sólo las anteriores a la interposición de la demanda porque, es claro, que a la fecha del inicio tales diferencias eran exigibles. Pero mal podían los accionantes reclamar en la demanda créditos que, al interponerla, no estaban vencidos y si pretendían la procedencia del reclamo hasta la fecha de la sentencia debieron hacer uso de la posibilidad que les confiere el art. 331 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, ampliar las sumas reclamadas en concepto de las diferencias peticionadas una vez que fueran exigibles ante los vencimientos de los plazos de pago de aquellas (conf. causa L. 29.331, sent. del 12-V-81)».
En suma, por todo lo hasta aquí expuesto entiendo que el recurso debe ser desestimado, confirmándose en consecuencia la sentencia atacada (arts. 34, 163, 331, 538, 538 y cctes. del CPC).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: 1. Rechazar el recurso interpuesto por la actora a fs. 95/6 y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 90/92. 2. Las costas de Alzada deben imponerse al apelante vencido (art. 68 del CPC).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve:
1. Rechazar el recurso interpuesto por la actora a fs. 95/6 y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 90/92. 2) Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del CPC). 3) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la ley 8904). 4) Regístrese y notifíquese personalmente o por cédula (art. 135, inc. 12 del CPC); cumplido, devuélvase.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU ALEXIS A. FERRAIRONE SECRETARIO
Fin de la sentencia