Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2020-10419973-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de incompetencia planteada por la representación fiscal. Sin costas.
2Declarar la nulidad de lo actuado respecto de “DIRECTV ARGENTINA S.A.” en el sumario que ha tramitado como Actuación Nº 12210-137-2009 a continuación del auto por el cual se dispone la instrucción de sumario (fs. 11 de las actuaciones administrativas), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia, incluyendo también a la Resolución DE PRLA N° 2343/2017, aquí apelada. Con costas a cargo del fisco.
3Ordenar a la D.G.A. que proceda a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2021-85071311-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 10 de Septiembre de 2021 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Sres. Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura, (titular de la Vocalía 21º Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía de la 19º Nominación), a fin de resolver los autos caratulados “DIRECTV ARGENTINA S. A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, Expediente Nº EX-2020-10419973- -APN-SGASAD#TFN, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que por RE-2020-10419205-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma “DIRECTV ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA”, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 2343/2017 dictada en la Actuación Nº 12210-6698-2011 por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, mediante la cual se dispuso archivar sin más trámite el sumario en los términos de la Instrucción General N° 11/2016 (DGA) y, se le formuló cargo por las sumas de U$S784,21 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, y de $1.190,26 en concepto de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, por presunta infracción al art. 970 del Código Aduanero. Relata brevemente los hechos que dieron origen a la causa.
Plantea la nulidad del auto de apertura de sumario y, en consecuencia, la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos. Expresa que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 1094 del C.A., el auto de apertura de sumario es un acto administrativo de significativa importancia en el procedimiento para las infracciones toda vez que, además de importar la primera intervención del administrador y de constituir el acto previo a la corrida de vista -de resultar válido-, suspende el curso de la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos; así como también interrumpe el curso de la prescripción de la acción del fisco para imponer penas. Cita normativa y jurisprudencia. Considera innegable que la omisión de la corrida de vista le impidió el ejercicio de su derecho de defensa en juicio -tutelado por el art. 18 de la Constitución Nacional-.
Puntualiza que el art. 1101 del C.A. regula la vista en el marco del procedimiento infraccional a fin de permitir al imputado presentar sus defensas, ofrecer la prueba y acompañar la documental que se encuentre en su poder. Plantea la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos. Invoca lo normado en los arts. 803 y 804 del C.A. Señala que, en el caso, la fecha en la que se habría producido el hecho gravado fue el 07/04/2007 -vencimiento del plazo otorgado a los efectos de reexportar o nacionalizar la mercadería importada al amparo de la DIT 06073IT14000937Z-, por lo que el curso de la prescripción habría comenzado a correr el 01/01/2008 y operó el 01/01/2013. Sostiene que la firma cumplió debidamente con el régimen de importación temporal de la mercadería, para lo cual considera que resulta suficiente con analizar las impresiones de pantalla del Sistema Informático Malvina que adjunta.
Reitera que ante la falta de notificación a la recurrente de la existencia y sustanciación del sumario infraccional, la firma no conservó la documentación en trato. Indica que la resolución debe ser declarada nula porque carece de causa, en razón de que la Aduana ha presumido que la mercadería fue importada para consumo y, en consecuencia, ha reclamado los tributos a la firma cuando, en realidad, la mercadería fue reexportada en tiempo y forma, tal como surge del propio sistema de la Aduana. Postula la improcedencia de la liquidación de las percepciones de IVA e Impuesto a las Ganancias con fundamento en la sentencia dictada por la CSJN en los autos “Cladd ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ EN – DGA resol. 2590/06 (Expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”.
Plantea el caso federal, ofrece prueba y solicita que se haga lugar al recurso de apelación y se revoque la resolución aduanera apelada, con expresa imposición de costas a la contraria.
II. Que mediante IF-2020-66137122-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado del recurso conferido en la causa. Reseña los antecedentes del caso. Niega todas y cada una de las afirmaciones, los hechos, el derecho, la documentación y/o copias invocadas por la recurrente, que no sean de su expreso reconocimiento, o surjan de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas. Analiza como cuestión previa la competencia de este Tribunal para entender en la presente causa. Explica que la Instrucción General DGA Nº 11/2016 prevé que los jueces administrativos a cargo del sumario, previa evaluación del caso en particular, archiven las actuaciones administrativas por las que tramita la investigación de sanciones por infracciones aduaneras en una serie de casos, entre los que se cuentan las investigaciones de denuncias por infracción al artículo 970 del C.A., cuando el importe del mínimo de la multa no supere los $15.000.
Arguye que ese archivo dispuesto por el Juez Administrativo implica la no continuación de la persecución infraccional y, si bien la IG 11/16 dispone en principio un archivo provisorio que luego de 12 meses deviene en definitivo, ello no puede implicar el desconocimiento por parte de la recurrente de que en definitiva se trata de la clausura de la investigación infraccional, resultando consecuencia inmediata de ello que el procedimiento recursivo que pudiere continuar contra la determinación tributaria, no puede guardar relación con el procedimiento infraccional cuyo archivo se dispuso. En ese sentido, destaca que en autos no se ha dictado una “resolución definitiva” en un procedimiento para las infracciones (conf. art 1132 del C.A.).
Concluye que no se trata en el caso de un procedimiento infraccional, sino de una simple determinación tributaria, cuya prosecución (y posterior cobro) -en virtud del principio que impone la indisponibilidad del crédito fiscal- es irrenunciable. Contesta los agravios esgrimidos por la recurrente referidos a la nulidad de la instrucción de sumario y señala que la liquidación tributaria practicada en las actuaciones fue confeccionada con anterioridad a la apertura de sumario -conf. art. 1094 del C.A.- y que la circunstancia de que dicha liquidación fuera posteriormente modificada (a favor de la actora) no es suficiente para descalificarla como acto administrativo válido. Señala que abundante jurisprudencia ha interpretado que basta con el solo dictado del auto de apertura de sumario para que el mismo sea apto para suspender y/o interrumpir el plazo de prescripción.
Cita jurisprudencia. Sostiene que no ha operado en autos la prescripción de la acción para cobrar tributos. En cuanto a la nulidad del procedimiento y de la resolución aduanera expresa que no existió afectación al derecho de defensa de la actora, en tanto la misma ha podido en esta instancia argumentar acerca de todas las cuestiones fácticas y jurídicas que considera oportunas, igual que ha podido ofrecer las pruebas en las que basa su defensa. Enfatiza que de las actuaciones administrativas surge que la resolución ha sido dictada con sustento en los hechos, los antecedentes y el derecho analizados; expresándose en forma concreta las razones que llevaron a su dictado. Señala que no es cierto que la resolución aduanera deba ser notificada para adquirir eficacia, por cuanto el Código Aduanero no exige el conocimiento del imputado para que el acto surta los efectos previstos por dicho cuerpo normativo y tampoco se establece un plazo para la notificación.
En relación con la cuestión de fondo destaca que la recurrente se ha acogido voluntariamente a un régimen preferencial, y que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora. Agrega que la recurrente no ha acreditado la efectiva reexportación de la totalidad de la mercadería ingresada temporalmente. Cita jurisprudencia. Considera que, ante la falta de constancias que acrediten adecuadamente la reexportación del total de la mercadería ingresada, la resolución aduanera resulta conforme a derecho. Por último, contesta el agravio relativo al IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, y destaca que la empresa no esgrimió razones suficientes para apartarse de la retención que debe ser efectuada por el agente asignado al efecto.
Plantea el caso federal. Solicita que, oportunamente, se confirme en su totalidad la resolución apelada, con expresa imposición de costas.
III. Que por PV-2021-72756471-APN-VOCXX#TFN se declaran como de previo y especial pronunciamiento las excepciones de incompetencia opuesta por la representación fiscal, y las de nulidad y prescripción planteadas por la actora, y se elevan los autos a la Sala “G"; y mediante IF-2021-78396570-APN-VOCXX#TFN se pasan a sentencia.
IV. Que la Actuación Nº 12210-6698-2011 se inicia con el Acta de Denuncia Nº 401/11 en la que se indica que “ DENUNCIA DEL DIT 06 073 IT14 000937Z POR INFRACCION AL REGIMEN DE DESTINACIÓN SUSPENSIVA DEL C.A Y PENADO POR EL ART. 970 DEL C.A. DE LA MERCADERIA CON VENCIMIENTO 07-04-2007.-”. A fs. 3 se agrega la carpeta de la destinación Nro. 06073IT14000937Z oficializada el 06/04/2006 ante la Aduana de Ezeiza al amparo del Dto. Nro. 1439/96, por el plazo de 360 días, cuyo vencimiento operaba el 07/04/2007. A fs. 5 se agrega la Nota Nro. 11737/11 (SE PTEZ) mediante la cual se ordena el pase de las actuaciones a la División Verificación a fin de establecer el valor en aduana para la aplicación de multas, alícuotas que gravan la importación a consumo y si se trata de mercadería de importación prohibida, teniendo en cuenta para ello el vencimiento 07/04/2007. A fs. 6 se afora la mercadería en presunta infracción al momento imponible informándose que se aplicaba un tipo de cambio de 1 U$S= 3,10. A fs. 7 se liquidan la multa y los tributos relativos a la operación. A fs. 11, con fecha 07/12/2012, se instruye sumario en los términos del art. 1090 inc c) del C.A., por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. A fs. 13 se agrega consulta de garantía referida a la póliza, la cual figura en estado “afectada”. A fs. 14 se agrega una nueva liquidación de multa y de tributos. A fs. 15 luce constancia de que se consultó el sistema SUMARCHI y no existen antecedentes de sumarios archivados a nombre de “DIRECTV ARGENTINA S.A.”. A fs. 16, con fecha 11/04/2017, se dicta la resolución DE PRLA Nº 0002343 -apelada en la causa-. A fs. 18/27vta. obra presentación de la firma del 19/12/19 mediante la cual se notifica de la resolución aduanera. A fs. 28/39vta. se acredita la interposición de recurso de apelación ante esta instancia.
V. Que, en primer término, corresponde resolver la excepción de incompetencia opuesta por la representación fiscal. Que el fisco sostiene que la actora pretende recurrir la formulación de un cargo tributario. Ello, atento que en el artículo 1 de la resolución aduanera apelada, con respecto a la multa reclamada, se ordena el archivo sin más trámite. Señala que el archivo dispuesto por el Juez Administrativo implica la no continuación de la persecución infraccional y, si bien la Instrucción General Nº 11/16 dispone en principio un archivo provisorio que luego de 12 meses deviene en definitivo, ello no puede implicar el desconocimiento por parte de la recurrente de que, en definitiva, se trata de la clausura de la investigación infraccional, resultando consecuencia inmediata que el procedimiento recursivo que pudiere continuar contra la determinación tributaria, no puede guardar relación con el procedimiento infraccional cuyo archivo se dispuso. En ese sentido, sostiene que en autos no se ha dictado una “resolución definitiva” dictada en un procedimiento para las infracciones (conf. art 1132 del C.A.).
Que, en ese sentido, considera que al resultar el cargo apelado una liquidación originaria de tributos, la actora debería haber impugnado el cargo por el procedimiento reglado por el artículo 1053, inciso a) del C.A.
Que el art. art. 1132 apartado 1 del C.A. establece que contra las resoluciones definitivas del administrador dictadas en los procedimientos de repetición y para las infracciones como así también en los supuestos de retardo por no dictarse resolución en estos dos procedimientos dentro de los plazos señalados se podrá interponer en forma optativa y excluyente: a) el recurso ante el Tribunal Fiscal; o b) demanda contenciosa ante el juez competente. Por su parte, el art. 1133 del C.A. dispone que salvo en los supuestos de retardo, la apelación o la demanda previstas en el artículo 1132 deberán interponerse dentro del plazo de QUINCE (15) días, contado desde la notificación de la resolución. Que por su parte, art. 1053. inc. a) del C.A. establece los supuestos en los que el administrado puede impugnar el acto por el cual se liquidaren tributos aduaneros, en forma originaria o suplementaria, siempre que la respectiva liquidación no estuviere contenida en la resolución condenatoria recaída en el procedimiento para las infracciones.
Que, en el caso, las actuaciones administrativas se iniciaron con la denuncia formulada por la Sección Procedimientos Técnicos de la Aduana de Ezeiza por presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. en razón de que la firma “DIRECTV ARGENTINA S.A.” no habría regularizado la situación de la mercadería ingresada temporalmente por Destinación 06073IT14000937Z, con vencimiento en fecha 07/04/2007.
Que siendo ello así, tratándose de un sumario infraccional que culmina con la resolución apelada en la especie que pone fin al mismo, este Tribunal resulta competente para entender en la presente causa. Por ende, corresponde rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la representación fiscal, sin costas.
VI. Que en segundo término, corresponde señalar que la resolución aduanera apelada en autos, al tiempo que dispone el archivo de la denuncia infraccional, haciendo aplicación de la Instrucción General Nº 11/16 (D.G.A.), ordena formular cargo por los tributos que considera adeudados.
Que, en lo que al caso de autos concierne, por la Instrucción General referida se establecieron las pautas procedimentales para que las autoridades administrativas a cargo de las distintas áreas, dispongan el archivo de las actuaciones que signifiquen aplicación de sanciones “cuyos bajos montos tornen antieconómico instrumentar o continuar las medidas implementadas tendientes a lograr su cobro”.
Que a tal efecto se ordenó el archivo de las actuaciones cuando el importe de la multa mínima no alcanzara la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000), siempre que el presunto infractor no tuviere registrado antecedentes de casos archivados por el art. 970 del C.A. dentro de los últimos doce (12) meses inmediatos anteriores a la fecha de la presunta infracción, que en conjunto superen el monto aludido.
Que con ese fundamento el servicio aduanero dispuso por la resolución apelada en la especie el archivo del sumario en los términos del punto D.1.4 de la Instrucción General Nº 11/2016, en virtud de que la liquidación practicada arrojó un monto de $2.431,04 en concepto de multa mínima y la firma no poseía antecedentes que la inhibieran de dicho tratamiento. Que, resulta indiscutible, que dicha resolución resultó a los efectos prácticos condenatoria para la importadora, si se tiene en cuenta que se ordenó formular cargo por los tributos que se consideraron adeudados por tenerse por configurada el incumplimiento al régimen de importación temporaria.
Que, por lo demás, también conviene aclarar que, conforme surge de lo dispuesto en el punto H) de la referida Instrucción, el archivo de las denuncias revestía carácter provisional hasta que transcurriera el plazo de doce meses, vencido el cual, de no mediar otras sanciones que en su conjunto superen el monto fijado, el archivo devenía definitivo.
VII. Que sentado lo expuesto, corresponde expedirse sobre el planteo de la actora en relación con la nulidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución aduanera; en cuanto aduce que no se le ha corrido vista del sumario de marras y, por ende, no pudo ejercer su derecho de defensa.
Que el art. 1101 del C.A. dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el art. 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder (...)”. Que de la lectura de las actuaciones administrativas, surge que luego del dictado de la instrucción de sumario de fs. 11 ninguna intervención se le dio al importador ni a la garante, ya que los actos procesales cumplidos posteriormente fueron realizados en su totalidad por el servicio aduanero. Es decir, no existió oportunidad alguna de acompañar la documentación -o en su caso, solicitar su agregado- que acreditara el cumplimiento del régimen de importación temporaria.
Que cabe destacar que la aduana no cursó notificación alguna a la importadora ni a la aseguradora. En efecto, la recurrente se notificó personalmente de la resolución aduanera el 19/12/19 -v. fs. 18/27vta. de act. adm.-. Es decir, la firma nunca fue citada a tomar participación en los actuados a fin de esgrimir las defensas de que pudiera valerse. Ello, en abierta violación a lo dispuesto en el art. 1101 del C.A., ya citado.
Que indudablemente la demandada no ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos en la normativa aduanera que regulan el procedimiento para las infracciones (arts. 1080 a 1117 del C.A.), dando vista a la imputada en relación a la infracción endilgada, a fin de que aporte la documentación que creyera idónea, importando dicho procedimiento, la etapa procesal oportuna para acreditar la veracidad de lo declarado.
Que el proceder del servicio aduanero afecta, no sólo el derecho de defensa, sino también los más elementales principios del derecho procesal y del debido proceso (ver al respecto la Exposición de Motivos del Código Aduanero, Título I, Capítulo Primero, “Disposiciones comunes a todos los procedimientos ante el servicio aduanero”).
Por su parte, la LNPA, de aplicación supletoria en la instancia aduanera, establece en el art. 7°, inc. d) que antes de la emisión del acto administrativo deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Su incumplimiento vicia el acto y así lo dispone el art. 14 de la citada ley. Que, en consecuencia, no cabe duda de que la omisión incurrida desnaturaliza el procedimiento, y no puede considerarse cumplida con la notificación de la resolución apelada.
Que en base a lo expuesto precedentemente cabe concluir que la omisión de efectuar la corrida de vista del art. 1101 del C.A. en el sumario que dio origen a esta causa torna nulos todos los actos procesales posteriores, inclusive la Resolución DE PRLA N° 2343/2017, en tanto carece de sustento legal y fáctico, al pretender fundamentarse sólo en la constatación realizada y tener por configurada la infracción, sin darle la posibilidad al administrado de demostrar lo contrario. Que por lo demás, conviene aclarar que no resulta óbice a lo expuesto que en la resolución aduanera aquí apelada se ordenara el archivo de la denuncia en los términos de la Instrucción General N° 11/16 (DGA), pues tratándose de la investigación de un ilícito, previo a disponer su archivo con fundamento en el bajo monto por el que hubiera prosperado la sanción, correspondía que el servicio aduanero determinase en forma fehaciente la configuración de la infracción imputada a la importadora que daba lugar a la aplicación de la pretendida multa y los tributos que ahora se pretenden exigir a la importadora por la supuesta infracción por la transgresión al régimen de destinación suspensiva. Que lo expuesto implica que el deber o facultad de disponer el archivo de la denuncia por parte de la Aduana recién nacería cuando la infracción ha quedado acreditada y, en consecuencia, el monto de la sanción también determinado. Cabe señalar que no se trata únicamente de verificar el monto por el que procedería la multa, sino, además y fundamentalmente, de la necesidad de determinar mediante el procedimiento correspondiente, como ya se dijo, la existencia misma de la infracción que da lugar a la aplicación de una multa por la infracción endilgada. Que, en definitiva, corresponde declarar que no procede exigencia tributaria alguna, en cuanto la misma sólo nace como consecuencia de un presunto incumplimiento al art. 970 del C.A., que no fue constatado en las actuaciones administrativas, en cuanto no se ajustó la tramitación del procedimiento a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde declarar la nulidad absoluta e insanable respecto de todo lo actuado en el sumario que ha tramitado como Actuación Nº 12210-6698-2011 y a continuación del auto por el cual se dispone la instrucción de sumario (fs.11), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia. La misma declaración de nulidad alcanza a la Resolución DE PRLA N° 2343/2017, en cuanto tiene implícitamente por configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. Por lo tanto, la D.G.A. deberá proceder a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora, a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa. Todo ello con costas al fisco.
VIII. Que por la forma en que se resuelve la presente causa, no corresponde considerar las demás cuestiones planteadas por la actora. Sin costas.
Por ello, voto por:
1. Rechazar la excepción de incompetencia planteada por la representación fiscal. Sin costas.
2. Declarar la nulidad de lo actuado respecto de “DIRECTV ARGENTINA S.A.” en el sumario que ha tramitado como Actuación Nº 12210-137-2009 a continuación del auto por el cual se dispone la instrucción de sumario (fs. 11 de las actuaciones administrativas), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia, incluyendo también a la Resolución DE PRLA N° 2343/2017, aquí apelada. Con costas a cargo del fisco.
3. Ordenar a la D.G.A. que proceda a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora. El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Que los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en el voto de la Dra. Sarquis, a cuyos términos me remito por motivos de brevedad.
II. Que sentado lo anterior, adhiero al desarrollo efectuado en el voto del colega que me antecede, en cuanto resuelve rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la representación fiscal.
III. Dicho lo que antecede y en el entendimiento de que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros), por razones de orden lógico, corresponde examinar, en primer término, si, como lo plantea la recurrente, la acción del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada.
En relación a esta cuestión, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019- 97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-
APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
IV. Que, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 7/12/2012 (ver fs. 11 del expte. adm.) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado. Que, con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la suspensión de la prescripción de la acción tributaria del fisco prevista en el art. 805 inc. a) del CA.
Que habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2008, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2012 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 11/04/2017, notificada el 19/12/2019 cfme. constancia de fs. 18/27vta. de las act. adm.). A mayor abundamiento, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expte. adm. correspondiente a la causa:
ACTO FECHA OFICIALIZACIÓN DIT 6/04/2006 VENCIMIENTO DIT 7/04/2007 APERTURA SUMARIO
7/12/2012 (fs. 11)
11/04/2017 APELADA NOTIFICACIÓN
19/12/2019 RESOLUCIÓN PLAZO DE
1/01/2008-31/12/2012 PRESCRIPCIÓN
Que, en virtud de ello, corresponde, a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos en relación al DIT Nº 06 073 IT14 000937 Z.
Por ello, voto por:
1. Rechazar la excepción de incompetencia planteada por la representación fiscal. Sin costas.
2. Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos en relación al DIT Nº 06 073 IT14 000937 Z. Con costas.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría SE
1. Rechazar la excepción de incompetencia planteada por la representación fiscal. Sin costas.
2. Declarar la nulidad de lo actuado respecto de “DIRECTV ARGENTINA S.A.” en el sumario que ha tramitado como Actuación Nº 12210-137-2009 a continuación del auto por el cual se dispone la instrucción de sumario (fs. 11 de las actuaciones administrativas), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia, incluyendo también a la Resolución DE PRLA N° 2343/2017, aquí apelada. Con costas a cargo del fisco.
3. Ordenar a la D.G.A. que proceda a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora. Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, oportunamente, envíese a Guarda temporal.
Date: 2021.09.09 22:40:50 ART Date: 2021.09.10 10:20:28 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.09.10 10:38:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.09.10 10:39:20 -03:00
Fin de la sentencia