Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2021-88026198-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 41/09 en cuanto fue materia de agravios y confirmar lo que fue consentido por Directv Argentina S.A., con costas según los respectivos vencimientos.
2Dejar sin efecto las Resoluciones Nros. 59/13 y 90/21, con costas.
3Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, teniendo en cuenta para ello las tareas desarrolladas, el monto del litigio, las etapas procesales cumplidas y el resultado obtenido de la siguiente manera:
I. Por el Expediente N° 33.438-I (Res. 41/09), conforme lo resuelto en el punto 1):
- a favor del Fisco Nacional, en conjunto, a cargo de Directv Argentina S.A.:
A) en las sumas de $3.687.295, por la representación procesal y $9.218.238, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en las primera y segunda etapas procesales del Expediente, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
B) en las sumas de $2.541.560, equivalente a 23,98 UMA, por la representación procesal y de $6.353.900, equivalente a 59,95 UMA, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en la tercera etapa procesal del Expediente, según lo dispuesto por la ley 27.423.
- a favor del Dr. Juan Martín Jovanovich, a cargo del Fisco Nacional, en su doble carácter de apoderado y patrocinante de Directv Argentina S.A.,:
A) en la suma de $924.001, por la actividad desarrollada en la primera y segunda etapa procesal del Expediente, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 21.839, modificada por …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-94464097-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 28 de Septiembre de 2026 APN-SGAI#TFN); Directv Argentina S.A.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación) y la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) para resolver el Expediente Nº 33.438-I (y sus acumulados Nros. 37.915-I y EX-2021-88026198- -APN-SGAI#TFN) caratulado “Directv Argentina S.A. s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Directv Argentina S.A. (en adelante “Directv”) interpuso el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones dictadas en la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos:
- N° 41/09 (Expte. N° 33.438-I - fs.15/141), en la cual, respecto del impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2002 a 2004:
1. se determinó de oficio el resultado impositivo, por el período fiscal 2002 -beneficio- en la suma de $15.558.861,41 que fue compensado en su totalidad con quebrantos provenientes del ejercicio 1999; por el período fiscal 2003 -beneficio- en la suma de $18.469.816,51, que fue compensado en su totalidad con quebrantos de los ejercicios 1999 y 2000, y por el período fiscal 2004 -quebranto- en la suma de $7.505.470,06.
2. Se estableció el saldo a favor de Directv por el período fiscal 2002 de $476.143,15.
- N° 59/13 (Expte. N° 37.915-I - fs. 1726/1762), en la cual, respecto del impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2005 a 2008:
1. se determinó de oficio el resultado impositivo de fuente argentina por el período fiscal 2005 –beneficio- en la suma de $18.684.409,28 que fue compensado con quebranto del período fiscal 2000 de la misma fuente; y por el período fiscal 2006 -beneficio- en la suma de $2.834.433,78, compensado con quebranto del período fiscal 2004 de la misma fuente.
2. Se estableció el resultado impositivo de fuente argentina por el período fiscal 2007 beneficio- en la suma de $1.465.210.89, compensado con quebranto del período fiscal 2004 de la misma fuente y por el período fiscal 2008 –beneficio- en la suma de $130.327.333, parcialmente compensado con el remanente del quebranto del período fiscal 2004 de la misma fuente.
3. Se determinó de oficio el resultado neto final de fuente argentina sujeto a impuesto por el período fiscal 2008 en la suma de $127.121.511.61 y se determinó de oficio el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2008 en la suma de $ 44.492.529,06. En consecuencia, se la intimó a ingresar en concepto de impuesto a las ganancias por el período fiscal 2008, luego del cómputo de los pagos a cuenta del impuesto, retenciones y/o percepciones, la suma de $11.208.802,39. Asimismo, la aplicación de sanciones por el período fiscal 2008 se difirió en virtud de lo dispuesto por el art. 20 de la ley 24.769 (t.v.) hasta el dictado de la sentencia definitiva en sede penal.
- N° 90/21 (Expte. EX-2021-88026198- -APN-SGAI#TFN – fs. 3493/3504), en la que se le aplicó una multa de defraudación de $33.626.407,17, por el impuesto a las ganancias del período fiscal 2008, en los términos de los arts. 46 y 47, inc. b) de la ley 11.683.
II. En el recurso interpuesto contra la Resolución N° 41/09 (Expte. Nº 33.438-I), Directv manifiesta en primer término que no impugna la totalidad de los ajustes allí practicados, sino exclusivamente en cuanto se disminuyen los quebrantos de los períodos fiscales 2002 y 2004 por la suma de $ 40.000.125, que según explica constituye el monto susceptible de causarle gravamen dado el régimen de cómputo de quebrantos establecido en el art. 19 de la ley del impuesto a las ganancias, vigente al momento de los hechos cuestionados.
No obstante, deja constancia que no consiente ninguno de los hechos expresados en la Resolución, sino que no manifiesta interés en discutir la parte restante de los quebrantos impugnados (es decir, la suma de $ 359.152.119,75) dado que la utilización de tales quebrantos contra ganancias gravadas en períodos fiscales posteriores no resultó posible -en los términos del art. 19 citado- por no existir ganancias suficientes.
A continuación, expone que el ajuste que motivó la determinación de oficio efectuada en la Resolución N° 41/09, tuvo su origen en la impugnación de las deducciones que computara por diferencias de cambio en sus declaraciones juradas de los períodos fiscales 2002, 2003 y 2004 y por los pagos de intereses declarados en el período fiscal 2002. Dice que dichas deducciones derivaron de un contrato de préstamo celebrado el 27 de octubre de 2000 con la empresa White Holding B.V., constituida en Países Bajos, al que, por aplicación del principio de la realidad económica y por los indicios supuestamente detectados, el Fisco Nacional consideró como aportes de capital.
Seguidamente, expresa los siguientes agravios:
1. Niega que existiera vinculación con White Holding B.V. ni al momento de la celebración del contrato de préstamo ni durante el período en que se desembolsaron la mayor parte de los fondos. Explica que al momento de la celebración del contrato de préstamo con dicha empresa –cuya denominación era Galaxy Enterteinment Argentina S.A.- las accionistas que la componían eran:
a. Directv Latin América LLC (llamada entonces Galaxy Latin América LLC), que poseía el 29% de las acciones y Directv International Inc., que poseía el 20% de las acciones, que pertenecían al Grupo económico Directv, con el control del 49% de las acciones, y b. Plataforma Digital S.A., que según expresa, se encontraba bajo el control del Grupo económico Clarín y poseía el 51% de las acciones.
Refiere que el Grupo Clarín tenía el control político y económico, en tanto designaba a sus directores ejecutivo y financiero, a la mayoría de los miembros del directorio y a su presidente y poseía la mayoría absoluta de los votos en la asamblea de accionistas.
Asegura que tampoco estaban sujetas ni directa ni indirectamente a una dirección o control común en los términos del art. agregado a continuación del art. 15 de la ley del impuesto a las ganancias, vigente al momento de otorgarse el préstamo ni tampoco existía control por el grado de acreencias o por influencia funcional.
Detalla la diferente composición accionaria de cada una de las empresas mencionadas y la de sus directorios de lo que también se desprende, según resalta, la falta de la vinculación invocada por el juez administrativo.
2. Contrariamente a lo alegado por el Fisco Nacional, asevera que el contrato de préstamo tenía fecha cierta, así como también la tenía el pagaré por U$S 101.420.278,19 del 27 de octubre de 2000.
3. Hace notar que White Holding B.V. obtuvo los fondos que después le prestara a Directv de una firma -de la cual era subsidiara- llamada Surfin Ltd. que, a su vez, los obtuvo a partir de un contrato de préstamo celebrado el 3 de junio de 1999 con bancos internacionales de primer nivel (tales como el Bank of América National Trust and Savings Association, Deutsche Bank AG, Chase Manhattan Bank, First National Bank of Chicago, Morgan Trust Company of New York, entre otros) y que obviamente debía ser devuelto.
4. Indica que el préstamo fue garantizado con un derecho real de prenda constituido sobre el 100% de las acciones de Directv, a favor de White Holding B.V., que pasó a ser acreedora prendaria de primer grado. Asimismo, se celebró un acuerdo denominado “Intercreditor Agreement” entre las tres accionistas de Directv y White Holding B.V. en el que se establecieron los derechos de subrogación de las accionistas en caso de que White Holding B.V. ejecutara el derecho real de prenda sobre sus acciones.
5. Niega que los fondos prestados hayan sido excesivos en relación con su situación financiera al momento de la celebración del acuerdo ni que careciera de capacidad financiera para efectuar su devolución. Por el contrario, afirma que la operación fue acorde al valor económico de la empresa, tal como surge de un informe económico producido y aportado de su parte durante la fiscalización.
Resalta además que las cifras contenidas en sus balances representaban una imagen parcial y limitada de su solvencia, ya que no reflejaban la cartera de clientes ni tampoco las proyecciones de flujo de fondos futuros.
Asimismo, destaca que con posterioridad a la firma del contrato se realizó la venta de las acciones de Plataforma Digital S.A. (51% de las acciones) a Directv Latin América LLC (29% de las acciones) por un precio de U$S170.000.000, lo que implicó, entonces, que el valor total de la compañía fuera de U$S333.000.000.
6. Asegura que se restituyeron sumas significativas del préstamo en concepto de capital e intereses que si bien admite que pueden parecer mínimas si se los compara con el capital desembolsado remarca que el préstamo tenía una duración de 5 años a partir de su fecha de celebración y su devolución total debía producirse recién en octubre de 2005. Hace notar que los pagos se interrumpieron durante 2002 como consecuencia de la grave crisis económica y las restricciones de público conocimiento impuestas por el BCRA en ese momento, que afectaron su capacidad de repago. Señala que en el 2002 el sector privado entero entró en default y que el régimen de control de cambios en lo que respecta a pagos de servicios de capital de endeudamiento financiero comenzó a flexibilizarse recién a partir de principios de 2003. En cuanto a que no se respetó el cronograma de pagos acordado originalmente en el contrato de préstamo, refiere que no resulta determinante para desacreditar su existencia. De todas maneras, menciona que White Holding B.V. reclamó por falta de pago mediante una nota que fue aportada como prueba a las actuaciones administrativas.
7. Sostiene que los fondos recibidos fueron utilizados para la compra de bienes de uso necesarios para el ejercicio de su actividad (antenas y decodificadores, que era el objeto del contrato de préstamo), tal como se comprueba del resultado de comparar los valores acumulados de bienes amortizables con el pasivo de Directv durante los períodos 2000 y 2003 y la relación entre los ingresos de los fondos prestados y las compras de los bienes de uso registrados para cada período. Añade que el grupo de bancos internacionales le otorgó los fondos a la firma Surfin Ltd. y ésta a White Holding B.V., con el objeto de que fueran luego represtados a empresas que se denominan “elegibles” -como Directv-, exclusivamente para que compraran bienes de uso. Por ello, disiente con el Fisco Nacional en cuanto a que la operación entre Surfin Ltd. y los bancos internacionales fuera una cuestión ajena al préstamo porque el destino de los fondos era una condición que no podía ser incumplida mediante la realización de aportes de capital como sostiene el Fisco Nacional.
8. Destaca que el préstamo fue correctamente registrado en sus Estados Contables, fue informado al BCRA de conformidad con la Comunicación “A” 3602, vigente a ese momento, y debidamente aprobado por el directorio de la empresa. Todo lo cual da cuenta, una vez más, de la existencia de la operación.
9. Por otra parte, revela que durante el período fiscalizado, las accionistas de Directv realizaron aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital en partes proporcionales a sus respectivas participaciones. Y que ello ocurrió en forma paralela a la transferencia de los fondos del préstamo, es decir que cuando tuvieron la intención de capitalizar Directv, lo hicieron mediante dichos aportes.
10. Alega que el ajuste resulta contrario al art. 9 del Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el capital firmado entre la Argentina y Países Bajos (ley 24.933) porque el Fisco Nacional no efectuó ningún análisis para demostrar que se había incumplido el principio arm’s length (principio del operador independiente). Invoca, asimismo, que el ajuste vulnera el art. 27 por “ser discriminatorio” y afirma que, por tener el Convenio mencionado jerarquía superior a las leyes federales, su violación resulta manifiestamente inconstitucional.
Asimismo, expresa que el ajuste genera doble imposición sobre la misma renta en la Argentina y en Países Bajos por lo que, en el hipotético caso que se confirme el ajuste, solicita que se aplique el procedimiento amistoso del art. 28 del Convenio.
En otro orden, afirma que todo lo alegado fue debidamente acreditado en sede administrativa mediante la abundante prueba documental aportada, la certificación contable y el informe económico rendido, además de haber ofrecido prueba informativa y testimonial, que no se tuvo en cuenta en la Resolución.
Pone de resalto que el inspector a cargo de la fiscalización a principios del 2008 recomendó su cierre por no presentar interés fiscal.
Además de todo lo anterior, aclara que el monto acordado de U$S 153.000.000, fue ampliado de común acuerdo, el 21 de diciembre de 2000 hasta U$S165.000.000, el 16 de mayo de 2001, hasta U$S175.000.000, y, finalmente, el 1 de enero de 2003 hasta la suma de U$S251.000.000. También, que el 10 de noviembre de 2000 el Grupo Clarín acordó vender las acciones que poseía en Directv a Directv Latin American LLC, aunque la transferencia de las acciones –afirma- recién se ejecutó el 30 de abril de 2001 según consta en el registro de accionistas de Directv.
Refiere que dicha venta de acciones se instrumentó mediante dos contratos denominados “Stock Purchase Agreement” y “ Put Agreement”, que también aporta como documental, en el que, asegura, se mencionan el contrato de préstamo con White Holding B.V. y el contrato de prenda sobre esas acciones. También, que fue necesaria la aprobación de la entonces Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ya que la operación significaba un cambio de control del Grupo Clarín al Grupo Directv.
Resalta que ello no contradice todo lo antes afirmado en cuanto a la naturaleza de préstamo de la operación, porque a ese momento ya se habían realizado la mayoría de los desembolsos (U$S191.666.252,83 del total de U$S228.041.631,83 transferidos, es decir, un 84% del total).
Finalmente, señala que el 24 de febrero de 2004 White Holding B.V. acordó con Directv Latin América LLC la transferencia del préstamo cuestionado que “se canceló en su totalidad en marzo de 2004 a través de una conversión de los importes adeudados en un aporte de capital a partir de esa fecha.”, operación que se concretó mediante el acuerdo llamado “Contribution Agreement”, en el que se resolvió la transformación del remanente del préstamo en un aporte irrevocable a efectuar por Directv Latin América LLC a cuenta de un futuro aumento del capital de Directv, cuyo directorio aprobó por unanimidad dicho aporte.
Entonces, señala que si bien la operación de préstamo abarcó el período comprendido entre 1999 (año en el que comenzaron a girarse los fondos) y 2004 (año en el que se extinguió), los hechos relevantes para el presente caso se centraron -en esencia- en el período previo al 2002.
Concluye entonces que existen numerosos elementos probatorios que demuestran que White Holding B.V. transfirió los fondos durante el período 1999/2002 en virtud de un préstamo –y no para aportes de capital-, y que todos y cada uno de los supuestos indicios considerados por el juez administrativo en la Resolución N° 41/09 son inexactos, sin correlato con la realidad.
Aporta prueba documental y ofrece prueba informativa, pericial contable, económica y testimonial. Finalmente, solicita que se revoque dicho acto, con costas.
III. A su turno, el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso y remitiéndose a los hechos y fundamentos desarrollados en la Resolución, solicita que se lo confirme, también con costas.
IV. A fs. 981, 1080, 1085 y 1109 se provee respecto de la prueba ofrecida en el Expediente N° 33.438-I (Res. N° 41/09) y se hace lugar a:
a. la prueba informativa a la Inspección General de Justicia, al BCRA y a la escribana María Belén Oyhanarte, cuyos resultados fueron agregados a fs. 995/1034 y 1132/1208, 1038/1067 y 1255 respectivamente.
b. a las firmas Directv Latin América LLC (USA) y White Holding B.V. (Países Bajos), mediante exhorto, cuyos resultados se encuentran a fs. 3063/3200 y su traducción pertinente a fs. 3333/3337 y fs. 3403/3416 y su traducción de fs. 3428/3429, respectivamente.
c. pericial contable, cuyo resultado se encuentra a fs. 1228/1251.
d. pericial técnica económica, cuyo resultado se encuentra a fs. 1266/1279.
e. la prueba testimonial, que ante la incomparecencia de los testigos ofrecidos, se le dio por decaída su derecho a producirla a fs. 3008.
V. A fs. 2994 el Expediente N° 37.915-I, en el que Directv apeló la Resolución N° 59/13, se acumuló al que lleva el N° 33.438.
En su recurso contra dicho acto (v. fs. 2867/2938) apela la totalidad del ajuste, tanto la disminución de los quebrantos computables de 2005 a 2007, como la determinación del impuesto a las ganancias del período fiscal 2008. Afirma que la determinación de oficio es consecuencia directa de la Resolución N° 41/09 en la que, como ya se dijo, se ajustaron quebrantos de los períodos fiscales 2002, 2003 y 2004.
Reitera todos los agravios expresados contra dicha Resolución y se remite a los resultados de las pruebas producidas en el Expediente N° 33.438-I, entre ellas:
- que la Escribana María Belén Oyhanarte confirmó que las firmas del contrato fueron certificadas por ella el mismo día de su firma, el 27 de octubre de 2000.
- Del informe pericial contable surgen los pagos en concepto de capital y de intereses efectuados así como que el 75% de los fondos recibidos fue destinado a la compra de bienes de uso, al comparar las remesas de $249.334.180,88 al 2003) y las altas de bienes de uso contabilizadas por $186.866.021,16 al 2001.
- En el informe pericial económico se demostró que Directv tenía capacidad para afrontar las obligaciones derivadas del préstamo.
Puntualmente, se agravia de que la Resolución N° 59/13 fue dictada mientras se encontraba apelada ante este Tribunal la Resolución N° 41/09 con efecto suspensivo y teniendo en cuenta que la totalidad del ajuste practicado en la Resolución N° 59/13 derivó de la impugnación del quebranto impositivo correspondiente al período 2002.
Cuestiona el rechazo por parte del juez administrativo de toda la prueba ofrecida, por violación al debido proceso adjetivo.
Considera que no corresponde la aplicación de intereses en tanto no existe duda alguna que justifique su reclamo. Sin perjuicio de ello, de existir mora en el pago del impuesto, sostiene que no le es imputable.
En cuanto a la prueba, reitera la ofrecida en el Expediente N° 33.438-I.
Finalmente, solicita que se revoque la Resolución N° 59/2013, con costas.
VI. El Fisco Nacional contesta el traslado del recurso y solicita que se confirme la Resolución. Para ello, se remite a los fundamentos allí desarrollados y, en especial, contesta que si bien la Resolución N° 59/2013 es consecuencia de la Resolución N° 41/2009, hasta que no quede sin efecto, subsiste la presunción de haber sido emitida conforme el ordenamiento jurídico. Y agrega que la interposición del recurso de apelación suspende únicamente la intimación de pago contenida en el acto recurrido ante el Tribunal Fiscal pero no impide la fiscalización de otros períodos fiscales.
VII. En cuanto a la prueba ofrecida, a fs. 2999 se deja constancia que resultó idéntica a la ofrecida en el Expediente N° 33.438-I.
VIII. A fs. 3722 se acumula el Expediente N° EX-2021-88026198- -APN-SGAI#TFN en el que se apela la Resolución N° 90/2021, al que lleva el N° 33.438-I.
En su recurso contra dicho acto, Directv indica que en virtud de los ajustes practicados en las Resoluciones Nros. 41/09 y 59/13 el Fisco Nacional interpuso denuncia penal contra sus representantes por la presunta comisión del delito previsto en los arts. 1 y 2, inc. a) de la entonces ley 24.769, de la cual fueron sobreseídos.
Por ello, le aplicó una multa de tres veces el supuesto monto dejado de ingresar en los términos de los arts. 46 y 47, inc. b) de la ley 11.683.
Como planteo preliminar, opone la prescripción de las facultades del Fisco Nacional para imponer la sanción, en los términos de los arts. 56, 58 y 65, inc. d) de la ley 11.683 y en razón de no resultar aplicable el art. 17 de la ley 26.860. Ello, porque fue sancionada con posterioridad al inicio del cómputo de la prescripción y al tratarse de una sanción de carácter penal debe regir la ley más benigna, que no es el caso de la ley 26.860.
En segundo término, plantea la nulidad de la Resolución por falta de fundamentación y motivación que la colocó en una situación de total indefensión y cercenó su derecho de defensa.
Aduce la falta de verificación del aspecto objetivo del tipo infraccional para lo que vuelve a describir la operación que afirma, una vez más, constituyó un préstamo.
Añade que la atipicidad postulada se ve reforzada por el hecho de que tampoco se verificó en el caso el elemento subjetivo que también configura a la sanción.
Por todo lo expuesto, pide que se deje sin efecto la Resolución N° 90/21, con costas.
IX. A su turno el Fisco Nacional contesta el recurso y solicita que se la confirme, también con costas.
X. A fs. 3595/3597 obra la sentencia de la Sala B de este Tribunal que resolvió rechazar la excepción de prescripción planteada por Directv, con costas.
Apelado dicho decisorio, a fs. 3601 se le hizo saber a la recurrente que el recurso de apelación debía ser deducido de conformidad con el art. 189 de la ley 11.683. No conforme, Directv interpuso recurso de reposición, el que fue rechazado por improcedente a fs. 3611. A fs. 3616/3620 interpuso queja por recurso denegado, que fue desestimada por la Cámara que ejerce de alzada de este Tribunal a fs. 3623/3625.
A fs. 3727 se clausuró el período probatorio.
A fs. 3743, mediante la PV-2026-19664512-APN-VOCXI#TFN del 18 de marzo de 2026, se eleva el Expediente a la Sala y a fs. 3753 se pone para alegar, encontrándose las presentaciones de las partes a fs. 3759/3770 y fs. 3771/3798. Por la IF-2026-93299070-APN-VOCXI#TFN queda en estado de dictarse la sentencia.
XI. Corresponde resolver sobre la legitimidad de las Resoluciones recurridas, tarea para la cual este Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen, sino tan sólo aquéllas que sea conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970 y en el mismo sentido la Excma. Cámara in re “Agropecuaria Huinca SRL”, sentencia del 2/9/2014 y sus citas, entre muchas otras).
En virtud de cómo han sido planteadas las cuestiones a resolver, cabe en primer término analizar la Resolución N° 41/09, en la cual, según surge de sus Considerandos y de los antecedentes que preceden a su dictado, en el marco del proceso de fiscalización iniciado a Directv, denominada Galaxy Enterteinment Argentina S.A. en ese momento, se detectó que en sus Estados Contables había declarado en el rubro “Prestamos (no corrientes) financieros” la existencia de un préstamo celebrado el 27 de octubre de 2000 con la empresa extranjera, White Holding B.V. constituida en Países Bajos. En dicho acuerdo se convino el otorgamiento de un monto máximo de capital de hasta U$S153.000.000 cuyo destino debía ser la adquisición de equipamiento para prestar el servicio de televisión digital. Asimismo, se previó la emisión de pagarés al momento de efectuarse cada transferencia como garantía. Posteriormente, se acordó su ampliación el 1 de enero de 2003 hasta la suma de U$S251.000.000 El Fisco Nacional, por aplicación del principio de realidad económica (art. 2, ley 11.683), concluyó que existían indicios para considerar que las sumas recibidas tuvieron desde un inicio el carácter de aportes de capital en lugar de préstamo, y por ello impugnó las diferencias de cambio que Directv había deducido en los períodos fiscales 2002 a 2004 y los intereses abonados también deducidos en el período fiscal 2002. Asimismo, se procedió al recalculo de las diferencias de cambio negativas declaradas por los períodos fiscales 2005 y 2006 conforme el art. 17 de la ley 25.561 y se impugnaron y recalcularon los quebrantos impositivos declarados.
Para llegar a esta decisión, el juez administrativo tuvo en cuenta:
- la vinculación entre White Holding B.V. y Directv y el control que de ellas tenía el Grupo económico Directv. - El contrato de préstamo no tenía fecha cierta.
- La falta de capacidad financiera de Directv para devolver el préstamo.
- No se cumplió con devolución del capital ni el pago de los intereses pactados en la forma convenida en el contrato y lo pagado resultó mínimo en comparación con los fondos remesados.
- La prestamista no realizó ningún reclamo fehaciente ni ejecutó ninguna de las garantías otorgadas (pagarés, contrato de prenda, tasa por incumplimiento).
- De la diferencia entre los fondos recibidos y los bienes de uso registrados en los mismos períodos, se comprobó que el destino dado no fue primordialmente la compra de dichos bienes, incumpliendo lo expresamente previsto en el contrato. - La transformación en el año 2004 del capital pendiente de pago en aporte irrevocable y la condonación de los intereses impagos devengados a dicha fecha.
La controversia planteada redunda entonces en la calificación que corresponde dar a la operación efectuada en los períodos fiscales comprendidos en la determinación de oficio, es decir si en dichos períodos constituyó un préstamo, como sostiene Directv, o un aporte de capital, como alega el Fisco Nacional, para lo cual cabe considerar, entre otros, los siguientes aspectos:
- No se encuentra en discusión que White Holding B.V. y Directv firmaron el 27 de octubre de 2000 un acuerdo según el cual la primera se comprometía a transferirle U$S153.000.000. Dicho acuerdo resultó ampliado de común acuerdo en tres oportunidades, el 21 de diciembre de 2000 hasta U$S165.000.000, el 16 de mayo de 2001, hasta U$S175.000.000, y, finalmente, el 1 de enero de 2003 hasta la suma de U$S251.000.000. El préstamo se garantizó mediante un contrato de prenda sobre el 100% de las acciones de Directv. Asimismo, se celebró un Intercreditor Agreement entre las tres accionistas de Directv y White Holding B.V. en el que se establecieron los derechos de subrogación de las accionistas en caso de que White Holding B.V. ejecutara el derecho real de prenda sobre sus acciones.
Es importante señalar que entre la prueba producida en esta instancia, a fs. 1255 obra el testimonio de la Escribana María Belén Oyhanarte según el cual: “…la certificación de firmas del contrato de préstamo celebrado entre Galaxy Entertainment Argentina S.A. y White Holding B.V. el 27 de octubre de 2000, en doble ejemplar, ha sido certificado por mí con fecha 27 de octubre de 2000 en Sellos de Actuación Notarial C 007216523, y Anexo C 004093571, siendo entonces adscripta al Registro 590”. Por dicho motivo, la falta de fecha cierta invocada por el Fisco Nacional para desconocer la operación de préstamo debe ser desestimada como indicio de su inexistencia.
Tampoco se objetó que los fondos prestados fueron obtenidos de financiación de entidades financieras internacionales, en acuerdos cuyos alcances y fecha cierta tampoco presentan dudas; es decir, no se encuentra en discusión que White Holding B.V. se endeudó para prestar a Directv.
- Por otra parte, a pesar de las manifestaciones de Directv, puede advertirse una relación entre las partes firmantes del acuerdo, aunque debe decirse también sin control formal de la decisión mayoritaria de acuerdo la composición accionaria de Directv a la fecha de la operación, que el Fisco Nacional no puso en duda.
Ello, debido a que dos de las accionistas pertenecían a dicho grupo y la prestamista White Holding B.V. también era controlada por el Grupo Directv –lo que no ha sido controvertido-; a lo que debe agregarse que el 10 de noviembre de 2000 el Grupo Clarín acordó vender las acciones que poseía en Directv (Plataforma Digital S.A. - 51%) a Directv Latin American LLC, aunque la transferencia de dichas acciones recién se ejecutó el 30 de abril de 2001. Ello se encuentra acreditado en el Dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aportado a fs. 2841 y en el acuerdo de venta de acciones, Stock Purchase Agreement, apostillado y traducido obrante en el Anexo IX del cuerpo VII de prueba documental aportada por la recurrente en las act. adm. y tampoco ha sido controvertido por las partes. De cualquier modo, en ocasión de alegar invoca Directv el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia dictada en la causa “Transportadora de Energía S.A.” en la que se analizó la recalificación de un contrato de préstamo en aporte de capital entre empresas vinculadas, en la medida que se celebre en condiciones de mercado, es decir, como si fueran partes independientes, extremo que no ha sido objeto de reparo en las determinaciones de oficio recurridas ya que no existe referencia allí a la tasa de interés adoptada ni tampoco a las condiciones en las que la operación fue garantizada.
Tampoco ha sido puesto en duda que era el Grupo Directv el que aportaba el conocimiento técnico, las señales satelitales y los elementos fundamentales para brindar el servicio y que además era su nombre el que identificaba al servicio ante los clientes.
- No ha sido controvertido tampoco que Directv recibió efectivamente los fondos. Lo que se cuestiona es que no fueron aplicados a la compra de equipamientos necesarios para prestar el servicio de televisión digital, en los términos acordados en el contrato del 27 de octubre de 2000 (v. fs. 205) según el cual Directv tenía como objeto comercializar y distribuir una determinada programación televisiva en la República Argentina, así como también brindar servicios al cliente. Para ello los clientes debían contar con equipamiento (una antena plato pequeña y un decodificador) que debía instalarse en su domicilio.
El Fisco Nacional, sostuvo que el rubro bienes de uso era notoriamente inferior al importe de los fondos recibidos y concluyó que aproximadamente la mitad de los recursos recibidos se destinaron a otros fines distintos a su adquisición.
Por ello, lo que Directv debía probar, entonces, que había adquirido equipos, teniendo en cuenta que consistían en una pequeña antena y un decodificador para ser instalados necesariamente en el domicilio del cliente para que se prestara el servicio (v. contrato de préstamo, a fs. 205) ya que sin dicho equipamiento no se podía prestar el servicio. De la pericia contable a fs. 1228/1251 surge que “El valor de las altas de bienes de uso correspondientes a los ejercicios 1999, 2000 y 2001 según surge de los Estados Contables auditados transcriptos en el Libro Inventario y Balances de Directv Argentina S.A. ascienden a los siguientes importes: …$52.450.125,25 al 31/12/1999, … $83.493.952,86 al 31/12/2000 … $50.921.943,05 al 31/12/2001. Total $186.866.021,16”.
Es así entonces, que al comparar ese monto total de $186.866.021,16 con la toma de fondos registrados según el Anexo II que forma parte de dicho informe pericial, por un total de $249.334.180.88 al 2003 (v. fs. 1240/1243), se advierte la relación invocada de 75% por Directv entre unos y otros. Tampoco este aspecto, entonces, puede constituir un indicio para desconocer la real naturaleza de préstamo de la operación, más aún cuando no está en tela de juicio que los fondos también tenían por propósito el pago de obligaciones vinculadas con la prestación del servicio de televisión satelital, tasas, impuestos y aranceles vinculados a dicha actividad (v. alegato Fisco Nacional).
- Por otra parte, el Fisco Nacional objetó que los fondos prestados a Directv fueron excesivos en relación con el valor de la empresa y su situación financiera pero Directv aseguró que el ratio de endeudamiento al momento de la celebración del préstamo era similar al de empresas comparables –nacionales e internacionales- que operaban en el mismo mercado. También, sostuvo que su situación económica justificaba el acuerdo a la fecha de su firma, tal como lo demuestra el precio convenido por la venta de acciones de Plataforma Digital S.A. a Directv Latin America LLC, de $170.000.000 por el 51% accionario. Vale decir que sobre este punto en particular no se han efectuado observaciones por parte del Fisco Nacional.
La discusión se centró, entonces, en su capacidad de repago, su liquidez y solvencia para cancelar el préstamo, en base a que el total del pasivo corriente al cierre de cada ejercicio bajo fiscalización superaba al activo corriente, conforme sus Estados Contables.
Directv ofreció prueba técnica económica en la que se les encomendó a los expertos un análisis sobre la valuación de la compañía, el ratio de endeudamiento y la situación económica financiera de Directv, para lo cual se debía efectuar un análisis en relación con las empresas nacionales con las que compartía el mercado. Dicho informe debía ser realizado a fin de obtener el valor de mercado de Directv y se tuvo en cuenta para ello el contrato de venta de acciones ya mencionado y se compararon los resultados de empresas similares o comparables.
Los expertos concluyeron a fs. 1266/1279 en que durante 1999/2000 Directv creció en forma orgánica, incrementando su base de abonados mediante la captación de nuevos clientes a través de campañas publicitarias. Dijeron también que se encontraba en una etapa de expansión de su negocio, por el incremento de su cartera de cliente, pero que ello no pudo ser registrado en sus Estados Contables –que arrojaban resultados negativos- como “Llave de negocio” por impedimento de la normativa contable vigente a dicho momento, que no permitía el reconocimiento de activos intangibles autogenerados. Y afirmaron que “Por todo lo expuesto, podemos concluir que a la fecha base existía un importante valor dentro de Directv, que no era capturado por su contabilidad y si capturado por la valuación de mercado de su patrimonio neto, según las metodologías descriptas anteriormente.”
De dicho informe se advierte que, por lo menos, a la firma del contrato, la situación económica de Directv permitía la toma del préstamo cuestionado. Por lo demás, tampoco ha sido controvertido que los accionistas realizaron durante los períodos fiscalizados aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital en parte proporcionales a sus respectivas participaciones a fin de capitalizar a la empresa y que ello, ocurrió en forma paralela a la transferencia de los fondos del préstamo.
- Sumado a lo ya dicho, resulta relevante señalar también que no fue cuestionado que Directv efectuó pagos parciales del préstamo, en concepto de capital y de intereses, pero lo que el juez administrativo resaltó fue que esos pagos fueron por sumas ínfimas en relación a los fondos recibidos y que no se respetó el cronograma de devoluciones pactado en el contrato.
Directv señaló que la crisis económica de público conocimiento del 2001/2002 afectó su capacidad de repago en término, y que se vio afectada por las restricciones cambiarias impuestas en ese momento. Así lo informan los expertos en el informe pericial contable, en el punto 6.2), en el que se advierte la existencia de incumplimientos incurridos por Directv en los montos y los plazos que el mutuo disponía para la cancelación de capital de intereses.
Pero el informe pericial contable (v. fs. 1245) también da cuenta de las devoluciones del préstamo por U$S76.220.588,57 de capital y U$S21.403.799,82, por intereses al 30 de septiembre de 2003, conclusión que no fue impugnada por ninguna de las partes, ni se solicitaron aclaraciones en relación a la misma. Cabe destacar también que el Fisco Nacional agregó puntos periciales referidos a este aspecto de la controversia, que fueron debidamente contestados.
Con ello, a la luz del contexto imperante a la fecha en que se ejecutó el préstamo carece de pleno respaldo el indicio adoptado por el juez administrativo respecto de falta de vocación de devolución del préstamo.
Agrega el juez administrativo que ante el incumplimiento White Holding B.V. no demostró interés alguno, ni ejecutó las garantías firmadas; sin embargo, no se encuentra en discusión que existieron comunicaciones de White Holding B.V. en relación a la demora en el cumplimiento, tal lo que da cuenta la representación fiscal en su alegato, bien que entiende no constituye una intimación suficiente. Además, no debe perderse de vista que White Holding B.V. acordó finalmente cederle el crédito a Directv Latin América LLC (accionista mayoritaria en ese momento de Directv), es decir, dejó de ser el acreedor De todo lo antedicho se advierte que los indicios utilizados por el Fisco Nacional para presumir la recalificación del préstamo en aporte de capital no han sido suficientemente probados en este Expediente, en los términos de la abundante jurisprudencia que existe sobre este tipo de ajustes, inclusive por los mismos períodos fiscalizados.
En efecto, Corte Suprema en “Transportadora de Energía S.A” del 26 de diciembre de 2019 revocó la sentencia de la Cámara que ejerce de alzada de este Tribunal que había confirmado la determinación de oficio del mismo tributo y períodos en base al mismo ajuste y ordenó que se dictara un nuevo pronunciamiento con arreglo a su sentencia. Para así decidir compartió el dictamen de la Procuradora Fiscal, a cuyos fundamentos y conclusiones ordenó remitirse por razones de brevedad.
En su Dictamen, destacó como hechos relevantes que se hallaba fuera de debate la vinculación entre las partes, así como también que habían existido cancelaciones parciales del préstamo. Expresó allí, en lo que aquí importa, que la falta de pago oportuno de las devoluciones, indicio sobre el cual se erige la pretensión fiscal en el presente caso también, no era un indicio definitivo para la recalificación de la operación. Dijo en este sentido que “…del mero incumplimiento de un acuerdo no se puede derivar sin más y sin considerar las circunstancias de cada caso, una mutación en la naturaleza jurídica de un instituto, ya que ello importaría, derechamente, dejar librada la sustancia jurídica de todo acto a lo que pudiera suceder a la postre, es decir supeditando toda conclusión a lo que los hechos ulteriores determinasen.” Expresó también que “…los hechos tomados en cuenta por el Fisco Nacional no permiten, sin más ni más, recalificar un contrato de mutuo en uno de aporte de capital. En efecto, y a modo de simple ejemplificación, señalo los siguientes puntos que, entiendo, se erigen como vallas para aplicar el principio de la realidad económica tal como se ha hecho en la presente causa. En primer lugar, que se ha omitido tomar en cuenta las cancelaciones parciales de capital realizadas por TESA (por ejemplo, las de fechas 1/11/2001 por US$715.265,15; 20/12/2001 por US$8.030.000; 31/03/2002 por US$1.500.000; entre otras). Estos pagos, que están fuera de debate y cuya consideración fue eludida tanto por el Fisco como por las instancias de grado, obligarían -cuanto menos- a segmentar la recalificación del contrato cuestionado, tomando como mutuo la parte en que fue cancelado, y como aporte de capital la restante (dicho ello desde la lógica del Fisco que, como he señalado, no comparto).”
Y que “En segundo término, y en forma concomitante con lo anterior, advierto que se ha desestimado el valor cancelatorio del pago de los intereses que TESA alegó haber realizado por medio de su capitalización. El Fisco basó ello exclusivamente en señalar que, de acuerdo con el art. 18 de la ley del gravamen, debe existir una real puesta a disposición de tales fondos para CIEN. Sin embargo, este aserto omite el hecho de que CIEN es controlante al 99,99% de TESA, por lo cual no se advierte óbice para que aquélla elija el momento en que podrá hacerse con las acciones que quedaron a su disposición al tiempo de ser emitidas, al estar en manos de su propia controlada.”
Y, a continuación recordó que “…el principio de la realidad económica, previsto en los ya citados arts. 1 y 2 de la ley de rito fiscal, ha sido tratado en reiteradas ocasiones por V. E., como por ejemplo en la causa de Fallos: 328:130, "Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe v. Dirección General Impositiva", del 22/2/2005, en el que afirmó que “para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se debe atender a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 2° de la ley 11.683). Ello, en consonancia con el principio de la realidad económica, al que alude el art 1 del citado ordenamiento”. Y para la aplicación del instituto se requiere que existan motivos serios por los cuales quepa dejar de lado la configuración de un determinado negocio jurídico para reencuadrarlo en aquel otro que mejor se adecue a la sustancia económica del asunto o a la auténtica intención jurídica de las partes intervinientes, circunstancias que, por lo ya expuesto, considero que no se hallan en la presente especie.
Además, también ha dicho con firmeza esa Corte, en Fallos: 319:3208, "Autolatina Argentina S.A. (T.F. 12.463-1) v. Dirección General Impositiva", del 27/12/1996, que "sin desconocer la significativa importancia que tiene en esta materia el principio de la 'realidad económica', su aplicación no puede conducir a desvirtuar lo establecido específicamente por las normas legales que regula concretamente la realidad tributaria. Una conclusión contraria afectaría el principio de reserva o de legalidad (…), supondría paralelamente un serio menoscabo al de seguridad jurídica (…), e importaría prescindir de la 'necesidad de que el Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria' (…).” Vuelta la causa a la Cámara, el 11 de agosto de 2020, está resolvió que los indicios relevantes utilizados por el Fisco Nacional fueron insuficientes para confirmar su tesis y calificar los préstamos contraídos como aportes de capital.
A mayor abundamiento, en dicha oportunidad destacó que “…el principio de la realidad económica no puede conducir per se y sin la acreditación suficiente de los extremos de hecho relevantes, a la prescindencia de las formas adoptadas por las partes ni a desvirtuar lo establecido en las normas que regulan una determinada relación tributaria, pues tal proceder sería susceptible de afectar el principio de reserva o legalidad con serio menoscabo de la seguridad jurídica (Fallos: 243:465; 251:78; 253:332; 254:62; 315:820; 316:3231 y 317:218). La aplicación del principio de realidad económica como mecanismo tendiente a posibilitar el análisis de la situación fiscal del contribuyente, prescindiendo de las estructuras jurídicas sobre cuya base éste ha declarado sus impuestos, requiere que dichas estructuras se revelen como inadecuadas, esto es, en los términos del artículo 2º, que no sean las que en derecho privado mejor se adapten a la verdadera intención práctica perseguida por el contribuyente; o que, en su defecto, no respondan a la realidad económica subyacente en los hechos tenidos en cuenta para la consideración de la situación impositiva (cfr. esta Sala, in re “Lexmark International de Argentina Inc.
Sucursal Argentina c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 11/08/15; Sala III, "Salerno, Nelly Hilda y Otros (TF 23.674-I) c/ D.G.I.", sent. del 19/12/07). En ese mismo orden, conviene recordar que no basta con enunciar los indicios de una presunta simulación, sino que resulta necesario aportar pruebas que la demuestren.”
En el mismo sentido, se pronunció la Cámara en la causa “Adidas Argentinas S.A.” por sentencia del 8 de febrero de 2024. Allí, también puso de resalto que el organismo fiscal había omitido tomar en cuenta las cancelaciones parciales de capital realizadas e hizo notar que “Es del caso señalar que esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en planteos que guardan similitud con el presente. En la Causa N° 58416/2019, in re “EMC Computer System Argentina SA (TF 32716-I) s/ Dirección General Impositiva s/ recurso de organismo externo”, del 14/7/20 y en la Causa N° 35014/2022, in re “ UABL SA (TF 48550-I) s/ Dirección General Impositiva s/ recurso de organismo externo”, del 10/11/22, luego de afirmar que el estudio se identificaba con la legitimidad de la activación del principio de realidad económica (ley 11.683, t.v., art. 2°), esta Sala recordó que el precepto citado enuncia primeramente que para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los “actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes”, para luego concretar que “Cuando estos sometan esos actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes…” (subrayado allí agregado), al tiempo que se destacó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta con un importante repertorio de pronunciamientos en torno del principio referido.
Así pues, expuso que en la causa “Consorcio de Empresas Mendocinas Potrerillos SA (TF 24.929-I) s/Dirección General Impositiva”, del 31 de octubre de 2017, en referencia a la potestad del Fisco Nacional para desconocer las formas y estructuras asignadas por los contribuyentes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó que “… dicha facultad solo puede ser válidamente ejercida por la administración tributaria cuando resulta manifiesta la discordancia entre la sustancia económica del acto o negocio y la forma o estructura que los contribuyentes le han asignado pues como principio, salvo que se presente esa ostensible discordancia, ´debe darse prioridad a las estructuras jurídicas utilizadas por los particulares´…” (Considerando 7°. Los subrayados allí agregados).”
Dijo también que “… la tarea interpretativa, sustentada en el artículo 2° de la ley 11.683, no se limita, pues, a la lectura de las cláusulas de los contratos, y a los movimientos de los valores entre las partes, sino que abarca un contorno más amplio, alcanzando fundamentalmente a la situación económico financiera de la firma actora, a la composición del grupo económico al que pertenece y a otras operaciones realizadas en su seno” (“UABL SA”, Considerando VIII).” A todo ello cabe agregar que este Tribunal en la causa “Mallarsa S.A.” sentencia de la Sala C del 14 de junio de 2024 confirmada por la Cámara por sentencia del 28 de agosto de 2025, sostuvo “…que el fisco sustentó su postura en presunciones otorgándole entidad a la “vocación de permanencia” que distingue a los aportes de capital. En este sentido, debe hacerse hincapié en que de admitirse ésta sin efectuarse consideración alguna, importaría otorgarle al fisco el privilegio de alegar una mera sospecha respecto de la existencia de fraude, para que el peso de la prueba en contrario recaiga sobre los interesados, máxime si se tiene en cuenta que es la administración fiscal quien considera simulado el acto, por lo que, es ésta la que -provista de la prerrogativa inquisitoria suficiente- debe demostrar que la operación realizada no se ajusta a la realidad económica de los hechos.”
Conforme a la jurisprudencia citada, debe concluirse que ni la vinculación entre las partes, ni que se hayan incumplido los plazos del contrato constituyen indicios suficientes para la recalificación efectuada por el juez administrativo a la luz del principio de la realidad económica que establece el art. 2° de la ley 11.683, máxime cuando a la misma vez no fue cuestionado que existieron pagos parciales, tanto por capital como de intereses, y que Directv logró acreditar que el 75% de los fondos recibidos fueron destinados a la adquisición de los equipos, que era, precisamente, el objeto del contrato de préstamo.
A todo lo dicho se suma que en el caso no fue controvertido que Directv dio cumplimiento a la normativa del BCRA, ni que registró el préstamo en su contabilidad, ni la actuación del Directorio en las decisiones adoptadas. Por lo demás tampoco los informes contable y económico fueron puestos en duda mediante impugnaciones a su contenido. Por todo lo expuesto, corresponde revocar la Resolución N° 41/09, únicamente en cuanto fue materia de agravios, teniendo en cuenta que, como se dijo, Directv no impugnó la totalidad de los ajustes allí practicados, sino exclusivamente en cuanto a la disminución de los quebrantos en los períodos fiscales 2002 y 2004 por la suma de $40.000.125, manifestando no tener interés en discutir la parte restante de los quebrantos impugnados es decir, U$S 359.152.119,75. Las costas se aplican según los respectivos vencimientos.
En atención a cómo se resuelve resulta insustancial referirse a los restantes agravios esbozados.
XII. De conformidad con lo resuelto en el apartado anterior, considerando que no se encuentra en debate que el dictado de la Resolución N° 41/09 incidió en las declaraciones juradas presentadas por el impuesto a las ganancias de los períodos fiscales siguientes -2005 a 2008- que fue lo que llevó al Fisco Nacional a determinar de oficio el tributo por dichos períodos en la Resolución N°59/13, corresponde también dejar sin efecto a esta última Resolución, con costas.
XIII. En consecuencia, por las mismas razones, corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 90/21, también con costas. La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere al voto precedente.
En atención al resultado de la votación que antecede, SE
1. Revocar la Resolución N° 41/09 en cuanto fue materia de agravios y confirmar lo que fue consentido por Directv Argentina S.A., con costas según los respectivos vencimientos.
2. Dejar sin efecto las Resoluciones Nros. 59/13 y 90/21, con costas.
3. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, teniendo en cuenta para ello las tareas desarrolladas, el monto del litigio, las etapas procesales cumplidas y el resultado obtenido de la siguiente manera:
i. Por el Expediente N° 33.438-I (Res. 41/09), conforme lo resuelto en el punto 1):
- a favor del Fisco Nacional, en conjunto, a cargo de Directv Argentina S.A.:
a) en las sumas de $3.687.295, por la representación procesal y $9.218.238, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en las primera y segunda etapas procesales del Expediente, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
b) en las sumas de $2.541.560, equivalente a 23,98 UMA, por la representación procesal y de $6.353.900, equivalente a 59,95 UMA, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en la tercera etapa procesal del Expediente, según lo dispuesto por la ley 27.423.
- a favor del Dr. Juan Martín Jovanovich, a cargo del Fisco Nacional, en su doble carácter de apoderado y patrocinante de Directv Argentina S.A.,:
a) en la suma de $924.001, por la actividad desarrollada en la primera y segunda etapa procesal del Expediente, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
b) en la suma de $1.424.013, equivalente a 13,44 UMA, por la actividad desarrollada en la tercera etapa procesal del Expediente, conforme lo dispuesto por la ley 27.423.
- a favor del Dr. Mario Jorge Pallaoro, en el carácter de patrocinante de Directv Argentina S.A. a cargo del Fisco Nacional, en la suma de $513.334, por la actividad desarrollada en la primera etapa procesal del Expediente, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
- Regular los honorarios del C.P. Gabriel Casparian por su actuación como perito propuesto por Directv Argentina S.A., en la suma de $653.334, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley N° 16.638/57.
- Regular los honorarios del C.P. Pablo De Gregorio por su actuación como perito propuesto por Directv Argentina S.A., en la suma de $653.334, los que quedan a cargo del Fisco Nacional, teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley N° 16.638/57.
- Regular los honorarios del C.P. Luis Alfredo Picarel, por su actuación como perito propuesto por el Fisco Nacional, en la suma de $5.866.151, los que quedan a cargo de Directv Argentina S.A., teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley N° 16.638/57.
- Regular los honorarios del C.P. Luis Alfredo Picarel por su actuación como perito propuesto por el Fisco Nacional, en la suma de $5.866.151, los que quedan a cargo de Directv Argentina S.A., teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley N° 16.638/57.
ii. Por el Expediente N° 37.915-I (Res. 59/13) conforme lo resuelto en el punto 2), - a favor del Dr. Juan Martín Jovanovich, a cargo del Fisco Nacional, en su doble carácter de apoderado y patrocinante de Directv Argentina S.A.:
a) en la suma de $1.698.044, por la actividad desarrollada en la primera y segunda etapa procesal del Expediente, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
b) en la suma de $5.966.760, equivalente a 56,29 UMA, por la actividad desarrollada en la tercera etapa procesal del Expediente, conforme lo dispuesto por la ley 27.423.
- a favor del Dr. Mario Jorge Pallaoro, en el carácter de patrocinante de Directv Argentina S.A. a cargo del Fisco Nacional, en la suma de $943.358, por la actividad desarrollada en la primera etapa procesal del Expediente, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
iii. Por el Expediente N° EX-2021-88026198- -APN-SGAI#TFN (Res. 90/21) conforme lo resuelto en el punto 2) - a favor del Dr. Juan Martín Jovanovich, a cargo del Fisco Nacional, en su doble carácter de apoderado y patrocinante de Directv Argentina S.A., en la suma de $8.624.807 equivalente a 81,37 UMA, por la actividad desarrollada en las etapas procesales del Expediente, conforme lo dispuesto por la ley 27.423.
iv. Por la excepción de prescripción resuelta en el Expediente N° EX-2021-88026198- -APN-SGAI#TFN (Res. 90/21), a fs. 3595/3597 - a favor del Fisco Nacional, en conjunto, a cargo de Directv Argentina S.A., en las sumas de $246.423, equivalente a 2,32 UMA, por la representación procesal y de $616.068, equivalente a 5,81 UMA, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en la tercera etapa procesal del Expediente, según lo dispuesto por la ley 27.423. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Se hace constar que esta sentencia se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de esta Sala por encontrarse en uso de licencia el Vocal Titular de la 12° Nominación (conf. art. 184 de la ley 11.183).
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2026.09.28 13:20:48 ART Date: 2026.09.28 14:04:48 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.28 14:05:54 -03:00
Fin de la sentencia