Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 19210
"PUNTURIERO ANTONIO C/ VILLAMAYOR LEONIDA S/ DISOLUCION Y LIQ.DE SOCIEDAD ”
CAUSA MO-19210-2011 R.S.276/2018
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Noviembre de 2018, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jordá , para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "PUNTURIERO ANTONIO C/ VILLAMAYOR LEONIDA S/ DISOLUCION Y LIQ.DE SOCIEDAD ” MO-19210-2011, habiéndose practicado el sorteo pertinente -art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDÁ-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es justa la sentencia apelada de fs. 5653/5662?
A LA CUESTION PROPUESTA: EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, DIJO:
1. Contra el fallo de primera instancia apelan los actores a fs. 5673, expresando agravios electrónicamente el 3/7/2018 4:38:13 p.m., la misma es contestada por la demandada a fs. 5693/5697.-
La sentencia rechaza la demanda iniciada por Antonio Punturiero contra Leonida Villamayor por liquidación y disolución de sociedad de hecho, con costas.-
Ante este resultado adverso la parte actora considera errónea y arbitraria la sentencia dictada, por soslayar y pasar por alto elementos de prueba esenciales.-
2. A fin de dar respuesta a la cuestión planteada, he de recordar algunos conceptos jurídicos que hacen al tema.-
Liminarmente, quisiera señalar que desde esta Sala se ha sostenido que
" El concubinato consiste fundamentalmente en una unión de afectos y sentimientos pero de ninguna manera supone que quines se encuentren ligados por tales vínculos conformen por ello una sociedad de hecho. La existencia de una sociedad de hecho entre concubinos requiere la existencia de los diversos elementos que cualquier sociedad de dicha índole supone y no sólo aquella comunidad de afectos y sentimientos que dan basamento a la vida en común", agregando que "para que pueda hablarse de sociedad debe existir por parte de los concubinos "affectio societatis" que no se presume por la sola relación concubinaria (esta Sala causa N° 40.192, R.S. 410/01; 55.988, R.S. 201/08; fines comunes que se traduzcan en utilidades económicas; aportes y participación de todos los socios en ganancias y pérdidas; o sea los recaudos comunes a todo ente societario " (causa nro. 57034 R.S. 95/10).-
Es decir, el solo hecho de existir un concubinato no hace nacer, ni presumir la existencia de una sociedad de hecho; pero tal afirmación debe calibrarse en su justa medida: porque el hecho de que el concubinato no implique, de por si, la existencia de una sociedad de hecho, tampoco implica que lo descarte.-
Ello dependerá de las concretas, y específicas, circunstancias de cada caso, que el juzgador habrá de valorar.-
En consecuencia para las sociedades de los tipos autorizados que no se constituyan regularmente -art. 21 del Dec.ley 19550- la normativa aplicable es la que emerge de los arts. 22 a 26 de aqu él .-
(...)
También se ha sostenido por ésta Sala que es el art. 25 de la ley 19.550 el que prescribe que en cuanto a su existencia puede acreditarse por cualquier medio de prueba "a los efectos de la acreditación de la condición de socio, ante la falta de instrumentación, es de aplicación la normativa del art. 25 de la ley 19.550, la cuál establece que a tal fin procede cualquier medio de prueba con las limitaciones establecidas en el art. 209 del Código de Comercio (Cám. Civ. y Com. nro. 1, Sala II de Mar del Plata, c. nro. 70.082, RSI-59-89, Sumario JUBA B1400284; y conf. entre otras: causa de ésta Sala nro. 48.599, R.S. 149/04 del 13/4/2004).-
Sobre este piso de marcha, podemos pasar al análisis de los agravios traídos.
Y, al efecto, me abocaré al análisis de la prueba existente; recordando que el art. 384 del CPCC no obliga a expresar en el fallo la valoración de la totalidad de la prueba, sino solamente de las que fueran esenciales para decidir la controversia (art. 384 del CPCC).-
Ante las aseveraciones del actor en su escrito de demanda de fs. 6/13 respecto a la adquisición del inmueble de la calle Berardi 667 y 769, Hurlingham, de un galpón sito en la calle Uspallata entre Centenera y Miranda, Hurlingham, un lote terreno en la ciudad de Colón, Pcia. De Entre Ríos y dos automóviles marca Chevrolet, cuya titularidad puso en cabeza de la demandada Sra. Villamayor, con quien vivía en concubinato, por encontrarse en proceso de divorcio, de su esposa. A fs. 2154 obra una escritura de una venta, en el año 2008, de un lote en la ciudad de Colón por parte del Sr. Zuccala y Punturiero a favor de la Sra. Villamayor por valor de $ 3750.- suma que había sido abonada por la compradora con anterioridad.-
A fs. 2156 figura una compraventa realiza en al año 1986 donde el Sr. Punturiero y el Sr. Gonzalez compran un lote de terreno situado en la calle Uspallata entre Centenera y Miranda, Hurlingham.-
A fs. 2163 obra un instrumento, de fecha 1989, con los nombres de los titulares de Metalurgica Codetra SRL., con domicilio en la calle Uspallata sin número entre Centenera y Miranda, Sres. Saavedra, Benitez, Gonzalez y Punturiero, donde estos dos últimos compran al Sr. Justo Alpidio Avit un lote de terreno con frente a la calle Uspallata entre Centenera y Miranda.-
A fs. 2165 obra una escritura del año 1992 donde los socios gerentes e integrantes de Metalurgica Codetra SRL, Sres. Punturieo y Brañizan venden a la Sra. Deltell y Sr. Borsher el inmueble de la calle Uspallata entre Centenera y Miranda.-
A fs. 2168 se encuentra adjunta una escritura, del año 1998 donde los Sres. Enrique Pedro Gonzalez y Jorge Alberto Gonzalez, en su carácter de presidente y director titular de la firma OMSA (Organización de Montaje SA.) le enajenan a la Sra. Leonida Villamayor un lote de terreno con frente a la calle Bernardi entre Pedro de Mendoza y Luzuriaga por la suma de $ 55.000.- suma abonada con anterioridad por la compradora.-
A fs. 2171, en el año 2009 el Sr. Punturiero y el Sr. Saavedra constituyen la sociedad Metalnova SRL, por ante escitura número 25.-
A fs. 2177 se adjunta un contrato de cesión de cuotas de fecha 5 de julio de 1988, por ante la Esc. Lidia Gajani de Sartoris, donde los integrantes de Metalurgica Codetra SRL, Puntiriero, Gonzalez, Saavedra y Benitez, venden, ceden y transfieren al Sr. De Stefano 8 cuotas cada uno, haciendo un total de 32 cuotas.-
A fs. 2180 obra un contrato privado de cesión de cuotas de fecha 8 de junio de 1993 donde el Sr. Walter Antonio Brañizan vende, cede y transfiere a favor de la Sra. Leonida Villamayor el total de las cuotas sociales que posee en Metalurgica Codetra SRL, correspondiendo al 60% del capital.-
A fs. 2181 el actor adjunta un contrato de locación del inmueble ubicado en la Av. Alvarez Jonte 6193, piso 5° “42” Capital Federal, celebrado en el año 1988, con él como locatario.-
Responde la accionada a fs. 5092/5098 negando los hechos y manifestando ser la única y autentica propietaria de esos bienes, adquiridos con su propio dinero.-
A fs. 143 (fs.5450) del cuaderno de prueba actora absuelve posiciones la demandada. Ante la pregunta octava reconoce que antes de la compra de los bienes registrados a su nombre no poseía ningún bien .-
Ante la pregunta decimoprimera “que la firma Maxle creada en el año 2002, fue continuadora de Metalúrgica Codetra SRL“ responde que no es cierto.
Ante la repregunta primera, fs. 143 vta (5450 vta).: “que diga la absolvente si fue ella misma quien adquirio los inmuebles de la calle Bernardi 667 y 769 y los lotes de Colon, Pcia. De Entre Ríos “ responde “Que si fue ella misma, que lo adquirió con dinero de una empresa que tenía para hacerlo, primero tuvo el 60% de Codetra SRL y después tuvo una empresa unipersonal que se llamaba Maxle, ella compro las acciones de Codetra SRL “
A fs. 144 (fs.5451) del cuaderno de prueba actora depone la Sra. Hugon, Amancay quien describe detalladamente la relación concubinaria entre el Sr. Punturiero y la Sra. Villamayor, la compra de la casa de la calle Bernardi por parte del actor, la condición de ama de casa de la demandada, que cuando se disolvió la cooperativa Codetra el actor creo otra empresa llamada MAXLE , Max por Gastón el nombre del hijo de la Sra. Villamayor que tenía de una relación anterior y LE por Leonidas el nombre de pila de la accionada. Que la Sra. Villamayor le conto que antes de conocer al actor había vivido con un portero en un edificio de Belgrano.-
A fs. 152 (5459) del cuaderno de prueba actora declara la otra testigo Hugon Irupe confirma las declaraciones de la testigo anterior, manifiesta que era imposible que la Sra. Villamayor comprase nada, porque sólo se encargaba de las tareas del hogar, no tenía ingresos, era ama de casa, que sabe que el actor no ponía las cosas a su nombre, las ponía a nombre de la demandada porque estaba tramitando el divorcio con su esposa.-
Los deponentes son claros en cuanto a la actividad económica que se llevaba a cabo, y su mecánica; e incluso relatan la imposibilidad de que la demandada adquiriera inmuebles, porque no tenía ingresos.-
La idoneidad de los testigos no fue cuestionada por la accionada, la amplitud y detalle de las declaraciones me convencen de su veracidad (art. 456 del CPCC).-
Paso a valorar el comportamiento de las partes, haciendo hincapié en el deber de colaborar con veracidad y buena fe que la ley les impone. La parte demandada asume una conducta puramente pasiva, cuando podría colaborar para el esclarecimiento del pleito, mediante aclaraciones y precisiones. Desiste de la prueba testimonial, negligente en la pericia caligráfica, negligente en la informativa a la AFIP y la ANSES. No aporta datos de personal a cargo, no aclara cómo se hizo del dinero para comprar los bienes motivo del litigio, se contradice en la absolución de posiciones.
Dice Mario Masciotra en “la conducta procesal de las partes “, Ad-Hoc, Bs.As. 2005,ps.67 y ss.: “…Desde la concepción publicística del proceso civil y como consecuencia de los principios liminares de probidad e igualdad de los litigantes surge inexorablemente el deber de colaboración de las partes, con veracidad y buena fe, para el debido esclarecimiento de los hechos objeto de la contienda judicial…”
El onus probandi es la situación jurídica en que se hallan los litigantes en el proceso cuando la ley o el juez requieren de ellos una determinada conducta, el incumplimiento de dicha carga supone, entonces, soportar el riesgo de dejar indemostrado el hecho que convenga al interés de la parte ( art. 375 del CPCC.
La prueba debe apreciarse mediante el empleo de las reglas de la experiencia, que son aquellas aconsejadas por el buen sentido, aplicado con recto criterio. “ Los medios de prueba no constituyen compartimentos estancos, es el conjunto de todos ellos que permite reconstruir los hechos“ (Gorphe, De la apreciaicón de las pruebas,p.456 y ss.).-
“ …Es decir que el valor de convicción de los elementos considerados por el sentenciante debe ser analizado integralmente , relacionando unos con otros y todos entre sí, y no separadamente…” Sup. Corte Bs.As.DJBA 71-30).-
Tomando como marco regulatorio estos parámetros y después de analizar íntegramente y en profundidad la prueba acompañada (art. 384 del CPCC) llego a la libre convicción que la convivencia concubinaria entre el Sr Punturiero y la Sra. Villamayor ha dado lugar a una relación asociativa o comunidad de bienes, realizando ambos aportes (que no necesariamente deben ser bienes, sino que pueden constituir también trabajo o actividad personal) en pos de la obtención de una finalidad económica en común.-
De este modo, es claro que la relación entre las partes trascendió la mera relación de convivencia, configurando una clara sociedad de hecho, encaminada a la realización de cierta actividad económica.-
Ha quedado suficientemente demostrada la realización de una importante actividad económica por parte del actor; al par que no surge ello en cabeza de la demandada, acerca de quien ni siquiera surge con claridad la situación impositiva.-
Ha quedado patentizada la vinculación de actor y demandada, incluso como co titulares (cada uno con una parte de acciones en Codetra) y luego la realización de actividad como MAXLE (los testigos nos han ilustrado acerca de dicho emprendimiento), y si bien es cierto en la facturación de dicha empresa aparece solo la demandada, no menos cierto es que -de acuerdo con todo lo señalado- no surge en modo alguno que ella se encontrara en situación de encabezar semejante faena; ello, incluso, se corrobora por un hecho muy notable: es el actor quien trajo, materialmente, las facturas de dicho emprendimiento; lo cual de ninguna manera se explicaría si fuera la demandada su titular.-
Insisto, la gran cantidad de prueba aportada por el actor (contrastada con la inacción probatoria de la accionada) ponderada dentro de las lógicas complejidades de este tipo de controversias, me lleva a la convicción de la existencia de dicha sociedad de hecho.-
Permitiendo, entonces, a la parte actora solicitar la disolución de la misma, en orden a la restitución de lo aportado, la liquidación de las operaciones hechas en común y la partición de las ganancias. (arts. 1651,1662,1663 del C. Civil).-
No estoy perdiendo de vista los motivos (expresados por el otrora accionante en su demanda) en virtud de los cuales varios bienes se hallaban a nombre de la demandada; pero desde que no existe constancia que la ex cónyuge del actor (ahora difunto) hubiera entablado ninguna acción al respecto y, especialmente, teniendo en cuenta que hoy son sus herederos quienes prosiguen el reclamo, no cabe mayor análisis acerca de las eventuales consecuencias de tal proceder.-
Por lo expuesto y de compartirse mi criterio considero que debe revocarse la sentencia apelada en cuanto rechazó la demanda, a la que ha de hacerse lugar, declarando disuelta la sociedad de hecho conformada por las partes, con efectos al día de la promoción de la demanda; debiendo tramitar la liquidación de dicha sociedad por vía sumaria (art. 514, parte final, CPCC).-
Entiendo, asimismo, que debe modificarse la condena en costas, las que deberán quedar impuestas en cabeza de la demandada vencida, a quien también le han de quedar impuestas las de Alzada (arts. 68 y 274 del CPCC).-
Voto, en consecuencia, por
La NEGATIVA
A la misma cuestión la señora Juez doctor GALLO , por iguales fundamentos votó también por la NEGATIVA
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : De conformidad al resultado que arroja la votación que instruye el Acuerdo que antecede, por unanimidad SE REVOCA la sentencia ape
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.