Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126376
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, CPCC). Con costas.
C. 126.376 "L., L. B. C/ A. M. M. A. S/ DISOLUCIÓN Y LIQ. DE SOCIEDAD"
I. Conforme surge de las presentes actuaciones, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata confirmó el pronunciamiento que, a su turno, rechazara la demanda de disolución de sociedad interpuesta por la señora L. L., sosteniendo, en apoyo de su conclusión que "... el encuadre del caso bajo el imperio del Código Civil ley 340 y la exigencia procesal de acreditar la existencia de una sociedad de hecho para peticionar la liquidación de los bienes habidos durante un concubinato no conlleva a una situación de desequilibrio estructural, ni a un trato diferenciado en función del sexo, toda vez que la misma calificación se ha de aplicar para el caso de que el reclamante fuera un varón. La interpretación hecha de la norma no implica desproteger per se a una persona vulnerable. Tampoco se erige en un obstáculo para el respectivo reclamo, denegando el acceso a la justicia". Concluyó así que el reclamo había sido desestimado por la falta de prueba de los extremos exigidos por la ley, jurisprudencia y doctrina aplicables al caso (pag. 5, sent. de 13-XII-2022, en arch. adj.).
Frente a ello, la actora interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 3-II-2023, en arch. adj.).
Con respecto al planteo anulatorio el Tribunal de Alzada consideró que "Sin perjuicio de haber consignado al titular su escrito, que se incoaba el recurso extraordinario de nulidad, lo cierto es que la recurrente no vuelve a hacer referencia al mismo en el desarrollo de su presentación, por tanto no existiendo los mínimos elementos que permitan considerar la existencia de un embate extraordinario mediante tal carril, no corresponde expedirnos al respecto (art. 34 inc. 5 y 281 del C.P.C.C)." (pag. 2, de la resol. de 28-II-2023, en arch. adj,).
En cuanto a la restante vía la denegó con sustento en la insuficiencia del valor del agravio para recurrir en esta instancia extraordinaria (v. resol. de 28-II-2023, en arch. adj.) y ello motivó la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; escrito electrónico de 6-III-2023).
II. Al respecto, corresponde señalar que en casos como el aquí traído, el valor del agravio, a los fines de dar cumplimiento con la disposición del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 y Acordada 4.088/2022- es de monto determinado y está representado -en atención a los planteos traídos- por el importe correspondiente al 50% de los bienes denunciados en la demanda que fuera rechazada (conf. doctr. causas C. C. 111.376, "Silva", resol. de 15-VI-2011; C. 119.230, "Bulus", resol. de 24-IX-2014; C. 121.575, "Paz,", resol. de 28-VI-2017 y C. 123.525, "Iriberry", resol. de 23-X-2019). Corresponde así desestimar las alegaciones que se formulan en la queja pretendiendo considerar el valor como indeterminado o tomar el valor total de los bienes denunciados (conf. doctr. causas citadas).
Así, en el caso deben tomarse en cuenta a fin de evaluar dicho recaudo las valuaciones fiscales de los bienes denunciados en la proporción indicada, tal como mencionara la Cámara en la resolución denegatoria, no controvirtiendo la impugnante en su queja que las sumas resultantes de tales valuaciones son inferiores al mínimo legal para acceder a la revisión por la vía intentada (de $ 3.427.000, conf. art. 278 CPCC, texto ley 14.141 y Acordada 4.088/2022, vigentes a la fecha del recurso). En tal sentido, deviene pertinente recordar que esta Corte ha desestimado la pretensión de considerar a tal fin, en supuestos asimilables al de autos, los importes que surgen de una tasación o pericia, como la que aquí se invoca (conf. doctr. causas C. 123.467, "Casa Grande", resol. de 18-XII-2019 y C. 123.110, "Mahiques", resol. de 8-V-2019; C. 124.092, "Ordoñez Tejedo", resol. de 30-XI-2021; C. 125.660, "Falbo", resols. de 24-VIII-2022 y 19-XII-2022).
Por lo demás, en numerosos precedentes se ha sostenido que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (doctr. causas C. 122.066, "Parra", resol. de 7-II-2018; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 124.371, "Gutiérrez", resol. de 19-II-2021 y C. 125.584, "Sánchez", resol. de 11-VII-2022), por lo que resulta también inatendible la pretensión de comparar valores del jus a otro momento para superar el valladar.
Y en cuanto a la mención que se realiza en la queja de la facultad establecida en el art. 31 bis de la ley 5.827 a fin de soslayar el requisito del monto mínimo para acceder a la revisión, es de señalar que no se advierte que en el presente caso se encuentre configurado ninguno de los supuestos previstos por la mentada norma que justifiquen que con carácter excepcional este Tribunal diera trámite al recurso obviando tal limitación (conf. doctr. causas C. 121.246, "Cinematográfica Madero S.A.", resol. de 5-IV-2017; C. 123.678, "Israel Silicaro,", resol. de 19-IV-2021; C. 124.832, "Amadeo", resol. de 18-XI-2021 y C. 125.561, "Quintana", resol. de 10-VIII-2022).
En consecuencia, la vía extraordinaria articulada resulta inadmisible y se impone el rechazo de la queja (arts. 278 y 292, cits.).
III. Por lo demás, no resulta óbice destacar el papel fundamental que en nuestro ordenamiento jurídico interno ocupa la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Este instrumento robustece el principio de igualdad y no discriminación, resultando ser de orden público -salvo las excepciones allí contempladas- y de aplicación obligatoria para los jueces, pues resulta ser transversal de todo el ordenamiento jurídico interno (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16 ley 26.485). Del mismo se extrae la importancia de contar con una justicia que ponga el énfasis en juzgar con perspectiva de género, obligada mirada que no solo está presente en esta ley sino también -con mucha fuerza- en el Código Civil y Comercial.
Esta obligada mirada que impone el paraguas protector de la normativa aplicable al caso al ejercicio jurisdiccional (arts. 2, 3, 6 y 7 incs. "b", "d", "f" y "g" de la Convención de Belém do Pará; 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 24 de la Convención Americana; Observación General 21 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, párrs. 10, 12 y 17; Recomendación General 28 de la C.E.D.A.W., párr. 18; Observaciones Finales de la C.E.D.A.W. sobre Argentina del 16 de agosto del 2010, puntos 23 y 24; art. 16 incs. "e", "i", ley 26.485) posibilita el nacimiento de cambios profundos tendientes a garantizar una vida libre de violencia.
Sentado ello, cabe observar que ni de los términos del fallo reseñados ni de los argumentos vertidos en el recurso en estudio, se desprende que la decisión que aquí se pretende recurrir de algún modo afecte los derechos de la recurrente amparados por la normativa constitucional y convencional citada.
IV. Finalmente, tampoco se advierte -en principio- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que los agravios expuestos en el recurso se relacionan con denuncias concernientes a la interpretación y aplicación del derecho común y procesal que denotan que en el caso no se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de aquel linaje (causas C.118.901, "Polliotto", resol. de 4-VI-2014; C. 121.479, "Rodríguez Roldán", resol de 19-IV-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/02/2024 14:05:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2024 15:16:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/02/2024 09:26:48 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2024 16:00:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 11:35:56 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2024 10:40:19 hs. bajo el número RR-150-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia