Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 141.997
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso de apelación que interpusiera la legitimada pasiva de este proceso respecto del resolutorio del 5/9/2025, receptándose -en consecuencia- la recepción de la tramitación de los presentes bajo el plexo normativo del consumidor, con costas a la demandada en su condición de vencida (arts. 68, 69 y concs. del CPCC). A fin de que tome conocimiento de lo aquí dispuesto, deberá dar la correspondiente intervención a la Sra. Agente Fiscal en los términos del art. 52 de la ley 24240.
LJC / GF
Sentencia Interlocutoria Causa N° 141997; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº16 - LA PLATA DISPLA SRL C/ BANCO CREDICOOOP COOPERATIVO LIMITADO S/ DAÑOS Y PERJ.
INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
La Plata, en la fecha de la firma digital.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Vienen los presentes a esta instancia revisora a fin de tratar el recurso de apelación subsidiario interpuesto por la legitimada pasiva de este proceso en fecha 10/9/2025, la que mereciera su réplica del 2/10/2025, respecto al proveído dictado el 5/9/2025 por cuando recepta la tramitación de los presentes dentro del marco consumeril.
2. En su fundamentación recursiva expone -en apretada síntesis- que, el proveído recurrido contraría lo dispuesto en los arts. 1 y 2 de la “Ley de Defensa del Consumidor” (ley 24240), al considerar a la sociedad actora como “consumidora” cuando la misma, según su propio estatuto, tiene un objeto netamente comercial, apartándose (con este modo de decidir) con lo expuesto por el Agente Fiscal.
Sostiene que la parte actoral -DISPLA SA- es una empresa especializada en la fabricación y equipamiento de insumos ópticos, con una facturación anual entre 554 millones y 2.774 millones, que tiene 22 empleados registrados, importadora de insumos ópticos y que registra cinco (5) marcas comerciales, por lo que no puede ser considerada como si fuera una pyme.
Por otro, se agravia por cuanto al considerar como “consumidora” a la parte actoral la exime del pago de la tasa de justicia y, en caso de resultar vencida en el proceso, del pago de los honorarios. Asimismo, se desprende que -según su entender- en caso de resultar su parte vencida en este proceso, deberá afrontar el pago del importe condenatorio para acceder a la apertura de la segunda instancia, por lo que tacha de inconstitucional la regla establecida en el art. 29 de la ley 13.133 3. Dichos agravios son contradichos por el apoderado de la legitimada activa de este proceso, fundamentando -principalmente-, en que se encuentra admitida la categoría de “consumidor empresario”, en la que entiende (en sentido concordante con lo dispuesto por el judicante) se encuentra incluido. Sosteniendo, además, que su representada se encuentra alcanzada por la protección de la ley 24.240 en la medida en que los bienes y servicios adquiridos no se integran como insumos directos a otros bienes y servicios a ser comercializados, sino que son utilizados como beneficiario final de los mismos.
4. Con fecha 2/3/2026 brinda su dictamen el Sr. Fiscal de Cámaras.
Del tratamiento recursivo.
5. La primera cuestión a resolver se centra en establecer, si en estos obrados, resulta de aplicación la normativa de protección de consumidores y usuarios, considerando como “consumidora” a la accionante o, si por el contrario, se encuentra ajena a dicho marco normativo.
5.1 En primer término, se advierte que tanto el art. 42 de nuestra Carta Magna, como también la citada ley específica en la materia consumeril -ley 24240- (y sus consecuentes modificaciones), otorgan especial protección a los usuarios y consumidores a quienes define en su artículo 1 como "la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social."
Por su parte, el art. 2 de la Ley 26361 (modificatorio de la LDC), suprimió la exigencia que contenía la norma de idéntica numeración de la Ley 24240, que excluía de la noción de consumidor a quienes consumían bienes y servicios para integrarlos a procesos productivos. Esta importante modificación amplió el concepto del sujeto merecedor de la tutela legal (consumidor) en tanto si los bienes o servicios no se integraren de manera directa a la cadena de producción, quien lo adquiera se verá beneficiado con el plexo consumeril.
5.2 El debate que aborda a esta Alzada radica en la aplicación de la figura del denominado “consumidor empresario” a la parte actora en la relación contractual que une a las partes.
No resulta novedoso señalar que sobre dicho tópico, se han establecido diferentes posiciones sobre el alcance del art. 2 de la ley 26.361. En este sentido, se diferencian según tomen como elemento principal: a) el destino final que se le da al bien o servicio objeto de la relación de consumo (llamado criterio objetivo), b) la profesionalidad de la empresa adquirente respecto del bien o servicio objeto de la relación de consumo (denominado criterio subjetivo), c) la naturaleza del bien o servicio objeto de la relación de consumo (criterio económico), d) la dimensión de la empresa (criterio ponderativo) y e) la asimetría entre los sujetos parte de la relación de consumo (vulnerabilidad) (cfr. Olivera Pino, Juan I., "La sociedad comercial consumidora", Citas: TR LALEY AP/DOC/975/2018 Publicado en:
SJA 16/01/2019, 3 JA 2019-I).
6. En lo tocante con el objeto de este proceso en sí, la cuenta corriente bancaria se define en el Código Civil y Comercial (art. 1393) como “…el contrato por el cual el banco se compromete a inscribir diariamente, y por su orden, los créditos y débitos, de modo de mantener un saldo actualizado y en disponibilidad del cuentacorrentista y, en su caso, a prestar un servicio de caja.”
Es una operación típicamente pasiva, en virtud de la cual el cliente se obliga a mantener crédito en esa cuenta y el banco a mantenerlo siempre disponible para el cliente, prestando un servicio de caja, según las ordenes de su cliente relativas a pagos, cobros y transferencias.
Por sobre ello, cabe señalar finalmente, que el Código Civil y Comercial en su art.1384 determina que, a los contratos bancarios, conforme las reglas del art. 1092, son contratos de consumo.
7. Así las cosas, cuadra establecer si -en el caso concreto- la utilización de la cuenta corriente bancaria utilizada por la parte actoral resulta integrada de forma directa a su actividad comercial (la que según la cláusula 4° de su estatuto -incorporado con su escrito postulatoriose centra en Distribuidora de Productos Ópticos y Taller de Calibrado de Superficies, Contacto logia, Fotografía, Instrumental Oftalmológico, Compra, Venta, Importación y Exportación, Fabricación y Distribución de Productos y/o Instrumentales relacionados comprendidos en las actividades antes consignadas) o si, por el contrario, nos encontramos frente a un caso de “empresario-consumidor”.
Resulta indiscutible que la utilización de la cuenta corriente bancaria por la parte de la empresa actora contribuye a su actividad económica y es un engranaje fundamental en su funcionamiento. Aun así, no integra el proceso productivo específico (fabricación de insumos ópticos). Por otro lado, resulta presumible que –más allá de la envergadura de la empresa y el necesario asesoramiento financiero y contable que debe tener para mantener su giro normal- carece de profesionalidad en el rubro bancario. Ello, en la especie, configura una asimetría negocial respecto de la entidad bancaria que la coloca en un mayor grado de vulnerabilidad contractual.
Ahora bien, no debe soslayarse en el análisis que el art. 1° de la Ley de Defensa del Consumidor y el Usuario (LDC) define como consumidor quien utiliza bienes o servicios “como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social”.
De allí que debe conjugarse su ausencia de especialidad o profesionalidad en la materia y la debilidad relativa con la que cuenta respecto del Banco en la especifica relación financiera con el concepto de destinatario final.
Y en ese derrotero, la empresa accionante no es destinatario final desde la óptica del proceso productivo en el cual es necesaria la cuestión económica y financiera, pero si lo es respecto de la prestación del servicio bancario por parte de la entidad demandada. Es decir, para el caso que nos ocupa –que no es más que la aplicación del régimen consumeril en favor de la empresa- dable es concluir que la utilización de la cuenta bancaria es en beneficio propio toda vez que, más allá del giro comercial y del proceso de producción en el que la cuestión bancaria se encuentra ínsitamente incluida, la persona jurídica gestiona su patrimonio como bien propio a partir la utilización (entre otros medios) del sistema bancario.
Ello no debe traducirse de modo genérico a otros supuestos, toda vez que el objeto y el destino del bien o servicio adquirido determinará en el caso particular la aplicación (o no) del régimen consumeril en favor de la empresa. No es lo mismo la prestación del servicio bancario, que del de trasporte, o de bienes de capital relacionados con la producción (maquinarias específicas) o de bienes y servicios vinculados con el proceso de comercialización (por citar un ejemplo artículos de librería, mobiliario, automotores, etc.), no debiendo tomarse un patrón genérico de aplicación. En esta dirección, resulta valioso el aporte doctrinario del Sr. Fiscal de Cámaras, más disiento en su interpretación a la causa en particular.
Allí se consignó que “…el consumidor individual o persona jurídica que requiere protección es aquél que carece de intenciones que apunten a que el bien o servicio continúen su vida económica en actividades de fabricación, producción, distribución o prestación. Gráficamente, se halla situado en el último tramo del eje constituido por la producción, distribución y consumo y, sintéticamente, se lo enuncia como consumidor final” (cfr. Stiglitz, Rubén. Tratado de derecho del Consumidor, T.II, La Ley 2015, pág. 850/851, citada por el Sr. Fiscal de Cámaras en presentación electrónica de fecha 2 de marzo de 2026).
En efecto, esa condición es la que pone a la empresa actora en condición de consumidora en este especial y particular caso. Es que la cuenta bancaria, si bien se utiliza con fines comerciales, también tiene como destino fundamental el manejo económico de la persona jurídica como producto del ejercicio de la industria lícita, lo que la coloca en posición –en este caso- de consumidor final respecto del servicio bancario.
Por ello, cabe concluir que en este particular caso se encuentran configurados los presupuestos para amparar el presente proceso bajo el prisma consumeril, por lo que los agravios vertidos por la demandad en este punto no han de tener andamiaje.
8. Sentada ya la procedencia de entenderse la tramitación de estos obrados en el marco de la ley 24.240 y sus modificatorias, cabe atender el segundo agravio (consecuente de tramitarse los presentes bajo el régimen de la LDC), esto es el beneficio de gratuidad que se estableciera en el art. 53 “in fine” de la ley 24.240.
Al respecto, se ha dicho que el beneficio de justicia gratuita que regula la ley 24.240 es de por sí una figura autónoma –pues ni el artículo 53, ni el 55 remiten a las reglas del beneficio de litigar sin gastos contempladas en el ordenamiento procesal aplicable, sino que se limitan a conferir gratuidad sin otro aditamento-, el cual opera automáticamente por ministerio de la ley, aun cuando es igual en sus alcances al beneficio de litigar sin gastos en cuanto exime al beneficiario de los mismos gastos; del pago de la tasa de justicia; y de las costas del proceso- pero que no se confunde con aquél, desde que el primero no depende de instancia o pedido de parte, es definitivo y no provisional, no se acuerda a las resultas del pleito –pues la ley lo contempla para todas las acciones iniciadas, aprehende necesariamente la gratuidad de todos los gastos de justicia y no está sujeto a la condición resolutoria de que el beneficiario mejore de fortuna, a diferencia de lo que en tal sentido se establece en el CPCC con relación al beneficio de litigar sin gastos (conf. Kielmanovich, “Beneficio de litigar sin gastos y beneficio de justicia gratuita”, publicado en “La Ley” el 23/8/19, cit. on line AR/DOC/2535/19) (Conf. esta Sala, 128124, RS 15-2021 del 9/2/2021; 120676 RS86-2023 del 18/4/2023, entre otras)
9. Sin perjuicio de ello, conforme cita el propio artículo en cuestión “…la parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor, mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.” Es decir, que eventualmente, en caso de así considerarlo, y tal como fuera manifestado por el propio recurrente, deberá requerir la formación del respectivo incidente de solvencia a fin de acreditarse que la parte actoral posee la capacidad económica suficiente para hacer cesar la presunción legalmente establecida.
10. Finalmente, sobre la tacha de inconstitucional formulada respecto al art. 29 de la ley 13.133, corresponde aclarar que el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires dispone que el recurso de apelación no importa un nuevo juicio sino un nuevo examen, por lo cual el material sobre el que debe trabajar la Alzada es nada más que el acumulado en primera instancia, caso contrario quedaría gravemente menoscabado el derecho de defensa en juicio, modificando los términos en los que quedó trabada la litis (arts. 34 incs. 4 y 5 ap. c, 163 inc. 6, 272, CPCC; 18 Constitución Nacional).
Por ello y siendo que la Cámara se encuentra impedida de pronunciarse sobre dicho tópico -ya que vulneraría el principio de congruencia en la Alzada en los términos del artículo 272 del CPCC- en tanto y en cuanto abordaría una cuestión que no fue sometida y resuelta en la interlocutoria impugnada, corresponde sea rechazado (conf. esta Sala, causas 133519, sent. int. del 13/12/2022, RR-574-2022).
11. En virtud del modo en que se resuelve este recurso, las costas han de ser soportadas por el legitimado pasivo, que detenta su condición objetiva de vencido (arts. 68, 69 y concs. del CPCC)
POR ELLO, se rechaza el recurso de apelación que interpusiera la legitimada pasiva de este proceso respecto del resolutorio del 5/9/2025, receptándose -en consecuencia- la recepción de la tramitación de los presentes bajo el plexo normativo del consumidor, con costas a la demandada en su condición de vencida (arts. 68, 69 y concs. del CPCC). A fin de que tome conocimiento de lo aquí dispuesto, deberá dar la correspondiente intervención a la Sra. Agente Fiscal en los términos del art. 52 de la ley 24240. REGÍSTRESE (Ac. 3975) NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013 (texto según Ac. 4039). DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. HUGO A. RONDINA JUEZ JUEZ
Fin de la sentencia