Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa EX-2023-96401299-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones 240/12 y 209/17 en cuanto determinan a Distribuidora Berasain SRL el impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria, por los períodos enero de 2009 a febrero de 2011 y enero de 2013 a octubre de 2015, con más sus intereses resarcitorios, con el alcance fijado en el Considerando VIII, debiendo el Fisco Nacional practicar reliquidación en el plazo de 30 días. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
2Revocar la multa impuesta a Distribuidora Berasain SRL en la resolución 240/12. Costas por su orden.
3Confirmar la resolución 148/13 en relación con el impuesto determinado al Sr. Fernando Berasain y los intereses liquidados, aplicando las costas en proporción a los respectivos vencimientos y revocar la sanción aplicada, con costas por su orden.
4Rechazar la excepción de prescripción opuesta por Distribuidora Berasain SRL. Con costas.
5Revocar la multa aplicada en la resolución 90/23. Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2026-19088407-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 24 de Febrero de 2026 sus acumulados, 48.112-I y EX-2023-96401299- -APN-SGAI#TFN de igual carátula y N°38.223-I caratulado “Berasain Fernando s/ recurso de apelación”), sentencia En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación Dres. Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7ma Nominación) y Claudio Luis (Vocal Titular de la 8va. Nominación), a fin de sentenciar en el expediente N° 37.131-I, caratulado “DISTRIBUIDORA BERASAIN S.R.L. s/ recurso de apelación” (y sus acumulados, 48.112-I y EX-2023-96401299- -APN-SGAI#TFN de igual carátula y N°38.223-I caratulado “Berasain Fernando s/ recurso de apelación”).
La Dra Marmillon dijo:
I. Que a fs. 80/107, 293/323 vta., 509/534 vta. y 757/777vta. se interponen sendos recursos de apelación contra las resoluciones 240/2012, 148/2013, 209/2017 y 90/2023, suscriptas por la División Revisión y Recursos -Dirección Regional la Plata de la AFIP-DGI, según el siguiente detalle:
a) resolución 240/12: se determina de oficio a Distribuidora Berasain S.R.L. el impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria correspondiente a los períodos fiscales enero de 2009 a febrero de 2011, se calculan intereses resacitorios y se aplica multa con sustento en el artículo 45 de la ley 11.683 (expte. N° 37.131-I).
b) resolución 148/13: se hace extensiva la responsabilidad solidaria del Sr. Fernando Berasain por el gravamen y períodos determinados a la empresa en la resolución 240/12, con más intereses resarcitorios y la sanción prevista en el artículo 45 de la ley de rito (expte N° 38.223-I).
c) resolución 209/17: se determina de oficio a la citada sociedad idéntico gravamen pero en relación con los períodos fiscales enero de 2013 a octubre de 2015, dejándose en suspenso la instrucción del sumario, conforme lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 24.769 (expte. N° 48.112-I).
d) resolución 90/23: aplica a Distribuidora Berasain S.R.L. una multa con sustento en el artículo 46 de la ley 11.683, equivalente a tres veces el impuesto dejado de ingresar en la resolución 209/17 (expte. 2023-96401299-APN-SGAI#TFN).
La firma manifiesta que su actividad consiste en la venta al por mayor de cigarrillos y otros productos, cuyas mercaderías son adquiridas a través de las firmas Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F, Energizer Argentina S.A., La Delicia Felipe Fort S.A., Productos Emery S.A., Productos La Nirva S.A., Candy S.A. y Bagley Argentina S.A.- entre otras- para su colocación en el mercado minorista.
Sostiene que a partir de la fiscalización que le fuera oportunamente practicada, el organismo recaudador constató que los depósitos en efectivo realizados por la recurrente en las cuentas bancarias de los mencionados proveedores se encuentran alcanzados por el tributo en cuestión, conforme a lo dispuesto por el art. 1 de la ley 25.413.
En tal sentido expone que en el caso no es posible hablar de un sistema organizado de pagos tendiente a evitar el uso de sus propias cuentas bancarias, toda vez que ha cancelado tanto a través de depósitos en efectivo como con cheques las facturas emitidas por las referidas firmas proveedoras. Asimismo, puntualiza que la mayor parte de su actividad se encuentra vinculada, a través de un contrato de distribución exclusivo de venta con la sociedad anónima Nobleza Piccardo.
Desde la perspectiva enunciada, considera que el criterio sostenido por la AFIP al integrar la citada ley 25.413 con los arts. 43 y 40 de las resoluciones generales Nos. 1135 y 2111 vulnera los principios de reserva de la ley y de seguridad jurídica, en tanto estos exigen que una ley formal tipifique de manera completa el hecho que considera imponible y que constituye la posterior causa de la obligación tributaria. Ello así, en abierta violación al art. 76 de la Constitución Nacional que prohíbe la delegación de facultades legislativas, salvo en puntuales circunstancias.
Paralelamente agrega que la pretensión del cobro del gravamen, intereses y las consiguientes multas atenta contra los principios de capacidad económica y de no confiscatoriedad; por lo tanto, entiende que el reclamo fiscal implica la absorción sustancial de su capital de trabajo y también de la utilidad de la actividad desarrollada durante todos y cada uno de los ejercicios comerciales involucrados en el procedimiento de determinación de oficio de Distribuidora Berasain SRL.
En el caso que las defensas esgrimidas no tengan acogida favorable, reclama la aplicación de lo dispuesto en el último párrafo del art. 81 de la referida ley 11.683, así como también lo establecido en el art. 13 del Decreto 380/01, modificado por el Decreto 1364/04.
Sobre la extensión de la responsabilidad solidaria del Sr. Fernando Berasain, éste reitera los argumentos enunciados precedentemente.
En relación con las sanciones aplicadas, la actora y su responsable solidario, exponen que no han quedado configurados ninguno de los elementos esenciales que deben indefectiblemente quedar demostrados y que son los ordenados por los artículos 45 y 46 de la ley 11.683, siendo insuficientes, a su criterio, los argumentos del Fisco para fundar el reproche penal que requiere la figura tipificada por dicho artículo. En este sentido, invocan la existencia de error excusable como eximente de responsabilidad.
Finalmente, citan jurisprudencia en apoyo de su postura, ofrecen prueba y hacen reserva de caso federal.
II. Que a fs. 206/222, 369/392, 593/614 vta. y 796/807 contesta los recursos interpuestos la representación fiscal. Afirma, que la recurrente ha puesto en práctica un verdadero sistema organizado de pagos destinado a pagar a sus principales proveedores en efectivo, evitando así utilizar sus propias cuentas bancarias a efectos de evadir el pago del impuesto normado por el artículo 1º, inciso c) de la ley 25.413.
Explicita que dicha modalidad era llevada a cabo en forma habitual, viéndose reflejado su comportamiento en el alto porcentaje de pagos en efectivo realizados por la sociedad de responsabilidad limitada Distribuidora Berasain en el marco de su actividad económica. En este sentido, afirma que la actora no puede justificar su accionar argumentando el uso de otros medios de pago para la cancelación de sus operaciones. Sostiene que las resoluciones generales que se enmarcan dentro del gravamen que se discute surgen de la delegación efectuada por la propia ley del impuesto, toda vez que en su artículo 1º facultó al Poder Ejecutivo Nacional; que delegó en la Administración Federal definir el alcance de los hechos gravados en el mencionado artículo.
Sobre el planteo que se refiere el artículo 81 de la ley ritual, manifiesta que no resulta procedente, en el entendimiento de que la recurrente no puede hacer uso de un crédito cuyo concepto está apelando.
Además, indica que se encuentra configurada la responsabilidad personal y solidaria que se le imputa al Sr. Berasain conforme a lo dispuesto por el art. 8 de la ley de procedimiento tributario. Ello así, toda vez que ha quedado acreditado en las presentes actuaciones que el mismo revestía la calidad de socio gerente durante los periodos enero de 2009 a febrero de 2011, ejerciendo efectivamente la administración de la responsable principal.
En virtud de las consideraciones expuestas, peticiona que también se confirmen las sanciones impuestas, por reunirse en la especie los elementos material y subjetivo para su aplicación. Cita jurisprudencia en sustento de su derecho e introduce la cuestión federal.
III. Que a fs. 394 y 713 y 811 obran las resoluciones del Tribunal en Pleno y la Sala “C”, respectivamente, que resuelven acumular los expedientes Nos. 38.223-I, 48.112-I y 2023-96401299-APN- SGAI#TFN a las presentes actuaciones.
IV. A fs. 404 y 622 se abre la causa a prueba, haciéndose lugar a la prueba pericial contable e informativa, producidas a fs. 409, 412/416, 656 y 688/698. A fs. 425 y 728 se clausura el periodo probatorio. A fs. 822 se elevan los autos a consideración de la Sala C. A fs. 830 se ponen los autos para alegar los que son producidos a fs. 838/843vta. y 845/851 por el Fisco Nacional y la recurrente respectivamente. Finalmente a fs. 852 pasan las presentes actuaciones para dictar sentencia.
V-. Que, en primer lugar es necesario advertir que en cuanto al planteo de confiscatoriedad efectuado por la actora, cabe poner de manifiesto que de las pericias obrantes a fs. 412/416 y 688/698, en las que pretende respaldar su postura, se realiza una mera comparación entre el patrimonio neto y la ganancia antes y después del impuesto contra el gravamen aquí discutido, situación ésta que impide tener por acreditado el agravio invocado. Asimismo, se realiza una comparación entre el capital de trabajo y el gravamen liquidado, parámetro que tampoco resulta hábil para respaldar el argumento expuesto.
VI. En consecuencia, la cuestión sometida a decisión de este Tribunal se encuentra circunscripta a decidir si, como sostiene el Fisco Nacional, las operaciones realizadas por la sociedad recurrente se encuentran gravadas por el impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria, por constituir movimiento de fondos realizados en el marco de un “sistema organizado de pagos” o si por el contrario, no se verificaron los presupuestos contemplados por la ley del gravamen.
La recurrente es una persona jurídica cuya actividad principal declarada es la venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco y secundaria la venta al por mayor de chocolates, golosinas y productos para kioscos y polirrubros N.C.P. excepto cigarrillos, siendo el cierre de su ejercicio comercial en junio de cada año.
A los fines de resolver la materia en litigio, procede efectuar una breve reseña de la normativa en cuestión.
La ley 25.413, en su redacción dada por la ley 25.453, estableció “...un impuesto, cuya sobre:
a) Los créditos y débitos efectuados en cuentas —cualquiera sea su naturaleza— abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras.
b) Las operatorias que efectúen las entidades mencionadas en el inciso anterior en las que sus ordenantes o beneficiarios no utilicen las cuentas indicadas en el mismo, cualquiera sea la denominación que se otorgue a la operación, los mecanismos empleados para llevarla a cabo —incluso a través de movimiento de efectivo— y su instrumentación jurídica.
c) Todos los movimientos de fondos, propios o de terceros, aun en efectivo, que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otras, cualesquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo, las denominaciones que se les otorguen y su instrumentación jurídica, quedando comprendidos los destinados a la acreditación a favor de establecimientos adheridos a sistemas de tarjetas de crédito y/o débito.
En los casos previstos en los incisos b) y c) precedentes, se entenderá que dichas operatorias y/o movimientos, reemplazan los créditos y débitos aludidos en el inciso a) del presente artículo, por lo que a tal fin corresponderá aplicar el doble de la tasa vigente sobre el monto de los mismos.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a definir el alcance definitivo de los hechos gravados en los incisos precedentes, como así también para crear un régimen especial de determinación para las entidades financieras aludidas.
El impuesto se hallará a cargo de los titulares de las cuentas bancarias a que se refiere el inciso a) del presente artículo, de los ordenantes o beneficiarios de las operaciones comprendidas en el inciso b) del mismo, y en los casos previstos en el inciso c), de quien efectúe el movimiento de fondos por cuenta propia”. Asimismo, mediante el artículo 2° del decreto 380/01 se puntualizó que “ a los efectos de determinar el alcance definitivo de los hechos comprendidos en los incisos b) y c) del primer párrafo del artículo 1 de la ley, se consideran gravados: b) todos los movimientos o entregas de fondos, propios o de terceros —aún en efectivo—, que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otra, cualesquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo, las denominaciones que se les otorguen y su instrumentación jurídica, quedando comprendidos los destinados a la acreditación a favor de establecimientos adheridos a sistemas de tarjetas de crédito, compra y/o débito."
Finalmente la RG 1135/01, en lo que aquí interesa, dice que “ Los movimientos o entrega de fondos comprendidos en el inciso b) del artículo 2° del Anexo del Decreto N° 380/01 y sus modificaciones, son aquéllos que se efectúan a través de sistemas de pago organizados -existentes o no a la vigencia del impuesto sobre créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias-, reemplazando el uso de las cuentas previstas en el artículo 1°, inciso a) de la Ley N° 25.413 y su modificatoria.
Lo dispuesto precedentemente resulta de aplicación, siempre que dichos movimientos o entrega de fondos sean efectuados, por cuenta propia y/o ajena, en el ejercicio de actividades económicas”...
VII. Que según surge de los informes obrantes a fs. 197/201 y 54/57 vta. de los antecedentes administrativos acompañados (ver A.A. Cpo. I actuación: 639072 y cpo. Investigación O.I: 1448709) la mayor parte de las compras que Distribuidora Berasain S.R.L. efectuó a las firmas Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F, Energizer Argentina S.A., La Delicia Felipe Fort S.A., Productos Emery S.A., Productos La Nirva S.A., Candy S.A. y Bagley Argentina S.A. se cancelaron mediante depósitos en efectivos realizados en cuentas bancarias de éstos.
La cuestión traída a resolver resulta entonces, esencialmente análoga a la sentenciada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 12 de diciembre de 2017 en la causa “Piantoni Hnos SACIFI y A, al cual cabe remitirse.
En dicho pronunciamiento se estableció que la amplitud que resultaría del texto de los incisos b y c del art 10 de la ... ley, aisladamente considerados, resulta limitada por lo establecido en el párrafo que sigue a este último inciso. En efecto, en ese párrafo -que establece el incremento de las tasas aplicables en los supuestos allí contemplados- la ley dispone expresamente que las "operatorias" o "movimientos" referidos en dichos incisos, se entenderá que "reemplazan los débitos y créditos aludidos en el inciso a) del presente artículo ...
Cabe recordar que el inciso "a" se refiere a los créditos y débitos efectuados en cuentas abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras y era -en el texto original de la ley 25.413, y referido específicamente a las cuentas corrientes- el único supuesto sujeto al tributo. Posteriormente, al ampliarse el objeto del impuesto mediante la ley 25.453 -que sustituyó al art. 10 de aquella dándole la redacción que interesa a los fines de este pleito- el legislador consideró necesario efectuar la aclaración a la que se hizo referencia y cuyo sentido -en lo referente al inciso c, sobre el que versa esta causa- no es otro que el de dejar establecido que con dicho inciso no se pretende gravar cualquier movimiento de fondos, sino únicamente aquel que razonablemente pudiera considerarse que estuviese "reemplazando" una operación que no fue realizada a través de un débito o crédito en las cuentas bancarias de quien efectuó dicho movimiento.
Que, según surge de los debates parlamentarios “la modificación que la ley 25.453 (art. 3°)
introdujo en el hecho imponible del referido tributo -que hasta entonces, … solo gravaba los débitos y créditos efectuados en las cuentas corrientes bancarias fue establecida para eliminar aquellos focos de elusión que habían aparecido desde el momento que puso en vigencia este impuesto y de ese modo se generalizó el tributo "[por lo que quedarían] gravados todos los movimientos monetarios en dinero en efectivo, pagos mediante sistema electrónico, pagos de servicios y tarjetas, y sólo se exceptúa [rían] los movimientos en caja de ahorro hasta el monto del sueldo" (confr. "Antecedentes Parlamentarios", Ed. La Ley, T. 2001-B, págs. 1950 y 2017). ... Que, atendiendo al texto de la ley y al indudable propósito perseguido por ella, no se advierte que la reglamentación haya exorbitado los términos de la disposición legal. En efecto, tal como surge del texto del art 2° del anexo al decreto 380/01 (texto según su similar 969/01), este se ha limitado a reproducir, de manera casi textual, los términos de la ley. Por su parte, la resolución general AFIP 1135/2001, dictada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, al establecer -en lo que interesa- que los movimientos de fondos gravados son aquellos efectuados a través de sistemas de pago organizados, que reemplacen el uso de las cuentas previstas en el art. 10, inc. a, de la ley, y en ejercicio de actividades económicas (art. 43), no ha modificado ninguno de los elementos esenciales del tributo creado por el legislador ni ha pretendido ampliar los supuestos comprendidos en el ordenamiento legal abarcando situaciones nuevas o distintas de las previstas en aquel. Por el contrario, mediante dicha disposición reglamentaria se han precisado los casos en que tienen cabida en el ordenamiento legal, sin exceder las previsiones de la reforma introducida por la ley 25.453 en la ley del tributo, que, como se vio, fue establecida, precisamente, con la finalidad de evitar la elusión del impuesto en los términos en los que éste había sido originariamente establecido por el legislador”.
Que en relación con lo manifestado por la actora en el sentido que la firma actúa como distribuidora exclusiva de la sociedad anónima Nobleza Piccardo, es dable destacar tal como se menciona precedentemente, que la ley del tributo tiene por objeto gravar todos los movimientos de fondos, tantos propios como de terceros, que se efectúen por cuenta propia y/o a nombre de otras.
Respecto de lo señalado en el anexo X inciso b) de la R.G. (AFIP) 2111/06, corresponde puntualizar que el mismo únicamente considera como no alcanzadas las operaciones de cobranzas efectuadas a nombre y por cuenta de un tercero sin intervención de una entidad financiera (inmobiliaria, mandatarios, etc.), situación que no resulta ser la discutida en autos, donde- conforme lo reconoce la propia recurrente en su recurso de apelación- ésta resulta ser distribuidora de la empresa Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. De igual manera, a fs. 409/409 vta. y 656/656 vta. ésta manifiesta que la actora fue distribuidora de sus productos durante los períodos cuestionados.
A mayor abundamiento, cabe agregar que no puede dejar de mencionarse que la normativa antes citada aclara en su último párrafo que las operaciones de cobranzas efectuadas a nombre y por cuenta de un tercero, sin intervención de una entidad financiera, serán operaciones no alcanzadas “... en tanto dichas cobranzas no se efectúen en el marco de un sistema de pagos organizados y en reemplazo del uso de una cuenta corriente...” (el destacado es propio).
Por tanto, cabe concluir que la modalidad de pagos utilizada por la contribuyente se encuentra alcanzada por el impuesto, independientemente de que alguna de las deudas con los mencionados proveedores fueran canceladas a través de otros medios de pago, toda vez que, según el criterio de nuestro más Alto Tribunal, la normativa aplicable no exige la existencia de uniformidad en la aplicación de un determinado sistema de pagos.
VIII. Que en cuanto al planteo subsidiario de la empresa, relativo a la aplicación al caso del instituto de las correcciones simétricas, cabe tener en consideración que el artículo 81 de la ley 11.683, en su 5° párrafo establece que “Cuando a raíz de una verificación fiscal, en la que se modifique cualquier apreciación sobre un concepto o hecho imponible, determinando tributo a favor del Fisco, se compruebe que la apreciación rectificada ha dado lugar a pagos improcedentes o en exceso por el mismo u otros gravámenes, la Administración Federal de Ingresos Públicos compensará los importes pertinentes, aun cuando la acción de repetición se hallare prescripta, hasta anular el tributo resultante de la determinación.”
Por otra parte, el artículo 13 del decreto 380/2001 prevé que...“ los sujetos que tengan a su cargo el gravamen por los hechos imponibles comprendidos en el Artículo 1° incisos b) y c) de la ley mencionada en el párrafo precedente (esto es ley 25.413), alcanzados por la tasa general del doce por mil (12% ), podrán computar como crédito de impuesto o de la Contribución Especial sobre el capital de las Cooperativas, el diecisiete por ciento ( 17%) de los importes ingresados por cuenta propia o, en su caso, liquidados y percibidos por el agente de percepción en concepto del presente gravamen, correspondiente a los mencionados hechos imponibles.
La acreditación de dicho importe como pago a cuenta se efectuará, indistintamente, contra el Impuesto a las Ganancias y/o el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta o la Contribución Especial sobre el capital de las Cooperativas”.
En este sentido, le asiste razón a la recurrente respecto de la aplicación del citado instituto, teniendo en consideración que en los períodos en discusión no existen constancias de que dicha parte se hubiere computado como pago a cuenta del impuesto a las ganancias importe alguno por el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios por los conceptos discutidos en autos, sin perjuicio de advertirse que en las declaraciones juradas de los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2013 y 2014 se consignan sumas por operaciones que resultarían ajenas a las aquí controvertidas, circunstancia que deberá ser corroborada por el Fisco Nacional, a los efectos de la reliquidación pertinente que aquí se ordena.
IX.-Que respecto de los intereses resarcitorios, el artículo 37 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modif) autoriza su aplicación a partir el vencimiento de las obligaciones tributarias sin necesidad de interpelación alguna, como consecuencia de que ellos configuran una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora incurrida por el deudor.
Ante la ausencia de disposición expresa en la ley de procedimiento tributario sobre su carácter, es posible recurrir a la legislación común para llenar este vacío, resultando aplicable a la ley tributaria el artículo 509 del Código Civil, que exime al deudor cuando prueba que aquella no le es imputable (conf. Fallos 304:203). En el mismo sentido se expide hoy el artículo 888 del Código Civil y Comercial.
En consecuencia, su configuración requiere la existencia de dos requisitos, a saber: el retardo en el cumplimiento de la obligación y que el mismo no le sea imputable al deudor por haberse configurado circunstancias excepcionales, ajenas a él, que hubieren impedido el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria, debidamente acreditadas.
En el caso de autos, el contribuyente no acreditó la existencia de dichas causales exculpatorias, por lo que deben confirmarse los intereses resarcitorios aplicados por el organismo recaudador.
X. Por ello, corresponde confirmar las resoluciones apeladas en cuanto determinan a Distribuidora Berasain S.R.L. el impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria por los períodos enero de 2009 a febrero de 2011 y enero de 2013 a octubre de 2015, con más sus intereses resarcitorios, con el alcance fijado en el Considerando VIII, correspondiendo que el Fisco Nacional practique la reliquidación pertinente.
Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
XI. Que en relación con la sanción aplicada a la sociedad en la resolución 240/12 con fundamento en el artículo 45 de la ley 11.683, dicha norma legal prevé como eximente de responsabilidad la existencia de error excusable, el que se produce -entre otros supuestos- cuando medie una razonable oscuridad de la ley, surjan dudas de su texto en torno a la situación del contribuyente o, en caso de existir, “...el dispar tratamiento y las encontradas soluciones a las que llegaron los tribunales de las anteriores instancias criterios interpretativos contradictorios sobre la cuestión litigiosa”(Astra CAPSA, Fallos 334:53 y Morixe Hnos SACI, Fallos 319:1524), lo que ha acontecido en la especie teniendo en consideración los pronunciamientos emitidos por este Tribunal al sentenciar las causas Piantoni Hnos, Sala C, 1/7/2013, Sala D Trobbiani, Ariel 1/6/2015, y Sala B Máxima Energía, 11/8/2010, entre muchos otros.
Por otra parte, la Cámara Contencioso Administrativo Federal en una cuestión idéntica a la debatida en autos ha sostenido que “... La sanción impuesta en los términos del artículo 45 de la ley 11.683 debe ser revocada por existir un supuesto de error excusable, ya que la complejidad de las normas en cuanto al alcance del hecho imponible y lo que debe considerarse un sistema organizado de pago pudo generar la confusión de considerar que las operaciones en cuestión no se encontraban alcanzadas por el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios (conf. fallo Sala IV Clorinda Distribuciones S.R.L. 6/9/2022 y Sala V “Latitud 37 S.R.L. 7/2/2019)
En el presente caso, precisamente, la causa ha sido resuelta por aplicación del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado con posterioridad a su inicio, por lo que considero que la sanción impuesta debe ser revocada. Costas por su orden.
XII. Que sentado lo que antecede, corresponde analizar la procedencia de la extensión de responsabilidad personal y solidaria del Sr. Fernando Berasain, determinada en la resolución 2293/2017 (DV RRLP), ante el incumplimiento de la contribuyente en el pago de la deuda tributaria confirmada precedentemente, en el entendimiento que al momento de generarse las obligaciones fiscales de los períodos enero de 2009 a febrero de 2011, este ejerció efectivamente la administración de la sociedad en su calidad de socios gerentes. Conforme se expusiera en el Considerando I, con fecha 30 de noviembre de 2012 se dictó la resolución 240/2014 (DV RRLP) que determinó de oficio a Distribuidora Berasain SRL el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios correspondiente a los períodos detallados precedentemente e intimó para que en el término de 15 (quince) días deposite en una institución bancaria autorizada los importes allí dispuestos. El artículo 6 de la ley 11683 t.o aplicable en autos establece: “ Están obligados a pagar el tributo al Fisco, con los recursos que administran, perciben o que disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, etc., en la forma y oportunidad que rijan para aquellos o que especialmente se fijen para tales responsables bajo pena de las sanciones de esta ley:….d) los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refiere el artículo 5 en sus incisos b) y c)…”.
Asimismo el artículo 7° prevé en su segundo párrafo que las personas mencionadas en los incisos d) y e) del artículo 6 “tienen que cumplir los mismos deberes que para esos fines incumben también a las personas, entidades, etc con que ellas se vinculan”.
Finalmente el artículo 8° prevé que “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas:
a) Todos los responsables enumerados en los primeros 5 (cinco) incisos del artículo 6 cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17”.
El contribuyente es el sujeto pasivo por excelencia, el deudor natural de la obligación, el sujeto pasivo por deuda propia. Pero no es el único sujeto pasivo. Las leyes tributarias crean otros sujetos obligados al pago de los tributos. La razón última por la que el Estado a través de la ley los instituye como sujetos obligados obedece al propósito de asegurar la percepción del crédito fiscal.
La ley 11.683 al ocuparse de dichos sujetos, en primer lugar, se refiere a los “responsables del cumplimiento de la deuda ajena”, los que deben cumplir la obligación tributaria sustantiva del contribuyente con el dinero del contribuyente. Cuando incumplen dichos deberes, en los términos establecidos por el artículo 8, la ley los transforma en deudores personales y solidarios con el contribuyente. En tales casos, resultan personalmente deudores y responden con sus propios bienes.
En síntesis, dicho texto legal explicita que “los responsables del cumplimiento de una deuda ajena” deben cumplir la obligación tributaria sustantiva con el dinero del contribuyente y recién en caso de incumplimiento de sus deberes el citado artículo 8 los transforma en deudores personales y solidarios con aquel. En tales casos, responden con sus propios bienes, salvo que pudieren demostrar que el deudor principal los ha colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.
Ello así “… el responsable solidario es aquel sujeto que, si bien no es el realizador del hecho imponible, debe responder por un mandato expreso de la norma junto con el destinatario legal tributario, en razón de tener algún nexo económico o jurídico con éste. La sociedad es el contribuyente, es decir el sujeto obligado al pago por realizar el hecho imponible, en tanto quienes la representan tienen a su cargo el cumplimiento de sus obligaciones tributarias , tanto formales como materiales, es decir, presentar sus declaraciones juradas y pagar el tributo allí liquidado con los fondos que administran. De no cumplir con estos deberes, deben responder con sus propios bienes por el tributo no ingresado…”. (“Euclides, Miguel Ángel” sentencia del 24/11/2022 – Sala IV de la C.C.A.F.).
XIII. Que de la lectura del contrato social de la entidad “Distribuidora Berasain S.R.L.” de fecha 12/11/2003 surge que ésta fue constituida por el Sr. Fernando Berasain y la Sra. Claudia Puricelli por el término de 99 años contados a partir de su inscripción y que la administración de la sociedad es ejercida por el Sr. Berasain en carácter de socio gerente (ver A.A. fs. 30/34 cpo. responsable solidario). Asimismo a fs. 38/45 (del referido cpo. de A.A.) obran las copias del acta correspondiente a la Asamblea Anual General Ordinaria de fecha 2/11/2009 y 1/11/2010, en las que ambos socios aprueban las gestiones de administración por unanimidad. También, en esta última se ratifica su designación como socio gerente, por el tiempo que dure la sociedad. (ver A.A. fs. 17 – cpo. resp. solidaria Berasain).
Las declaraciones juradas correspondientes a los períodos aquí controvertidos fueron presentadas por el Cdor. Santiago Cazaux – CUIT: 20-08559406-1, quien a su vez era el encargado de certificar los estados contables de la referida sociedad al cierre de cada ejercicio económico, en base a la información brindada por el gerente. Sumado a ello, de la lectura de las actuaciones administrativas se desprende que el Sr. Berasain fue el encargado de suscribir los balances de los ejercicios 2009 a 2011 (ver A.A. fs. 310/341 Cpo. II – sumario nº: 639072).
De la consulta a la Base de Datos eFisco, Sitera – RG 2386, se verifica que la deudora principal opera con las entidades bancarias: Banco de la Provincia de Buenos Aires (Cta. Cte. 69420524498) y Banco Galicia y Buenos Aires S.A. (Cta. Cte. 00000152974) cuya titularidad también se encuentra a nombre del señor Berasain. (ver. fs. 69/70 cpo. de A.A Berasain Fernando). En este sentido a fs. 28 (ver los referidos A.A.) obra la boleta Nº 72100252 depositada por el Sr. Berasain a la firma Nobleza Piccardo.
Sumado a ello, a fs. 27/28 obran las copias de los actos de inspección Nos.:
034000201147160601 y 034000201152075801, en los que el Sr. Berasain en su carácter de socio gerente aporta la documental requerida e informa acerca de la operatoria realizada por la deudora principal (ver los referidos A.A.).
Por otra parte el recurrente no controvierte su condición de socio gerente de la firma durante los períodos involucrados en autos, ni niega el manejo y administración de los fondos de la sociedad. Asimismo, no han ofrecido prueba alguna tendiente a acreditar la causal eximente de responsabilidad prevista por la normativa aplicable. En consecuencia, procede confirmar el criterio fiscal en cuanto determina la obligación tributaria del Sr. Fernando Berasain como responsable solidario de Distribuidora Berasain SRL por el impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria de los períodos fiscales enero de 2009 a febrero de 2011, con costas.
XIV. Que en relación con los intereses resarcitorios apelados por el responsable solidario corresponde estar a lo resuelto en los considerandos IX y X.
Respecto de la multa impuesta, el art. 55 prevé que “Son personalmente responsables de las sanciones previstas en el artículo 38 y en los artículos 39, 40, 44, 45, 46 y 48, como infractores de los deberes fiscales de carácter material o formal (artículos 6° y 7°) que les incumben en la administración, representación, liquidación, mandato o gestión de entidades, patrimonios y empresas, todos los responsables enumerados en los primeros CINCO (5) incisos del artículo 6”.
Ello así, dicha responsabilidad debe ser consecuencia del incumplimiento de los deberes a su cargo por el carácter que detenta y no tan solo por el ejercicio de la gestión.
Ahora bien, teniendo en consideración lo resuelto en el considerando XI, respecto de la configuración de una causal eximente de responsabilidad, corresponde revocar la multa establecida al Sr. Fernando Berasain. Costas por su orden.
XV. Que resta el tratamiento de la multa impuesta a la firma apelante en la resolución 90/23 (períodos fiscales 1/2013 a 10/2015) respecto de la que, en primer término, la recurrente plantea la prescripción de las facultades sancionatorias del organismo recaudador.
La ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) establece que “Las acciones y poderes del Fisco... para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ellas previstas, prescriben en el transcurso de cinco (5) años en el caso de los contribuyentes inscriptos...(art 56) y su término comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible” (art. 58).
En consecuencia, para los períodos fiscales 1/2013 a 11/2013 el plazo de prescripción comenzó a correr el 1/1/2014; para los períodos 12/2013 a 11/2014 el plazo se inició el 1/1/2015 y, finalmente, para los restantes períodos (12/2014 a 10/2015) el cómputo comenzó el 1/1/16 y de no existir ninguna causal suspensiva o interruptiva la prescripción hubiera operado el 1/1/2019, 1/1/2020 y 1/1/2021, respectivamente. Ahora bien, discrepan las partes sobre la aplicabilidad de la causal de suspensión prevista por el 65 inciso d) de la ley de rito, toda vez que mientras la contribuyente entiende aplicable el texto dado por la ley 25.795 (B.O.17/11/2003), el organismo recaudador sostiene que ha de resolverse a la luz de la reforma introducida a dicho artículo por la ley 27.430. (29/12/2017). En el primer caso la suspensión se extenderá hasta...” los CIENTO OCHENTA (180) días posteriores al momento en que se encuentre firme la sentencia judicial que se dicte en la causa penal respectiva y con la referida reforma hasta los ciento ochenta (180) días posteriores a la comunicación a la Administración Federal de Ingresos Públicos de la sentencia judicial firme que se dicte en la causa penal respectiva.” (el subrayado es propio).
También es motivo de debate el momento en el que la sentencia judicial habría adquirido firmeza, pues la recurrente invocando el artículo 285 in fine del CPCCN, considera que tal situación se produce a partir del rechazo del recurso extraordinario que habilita la posibilidad de lograr la ejecución inmediata de la resolución impugnada, independientemente que se hubiere interpuesto recurso de queja frente a tal decisión. Sin embargo, le asiste razón al organismo recaudador en el sentido que la cuestión ventilada en sede penal adquirió firmeza con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 7/12/2021, el que frente al recurso de hecho deducido por el Fiscal General dispuso el sobreseimiento del Sr. Fernando Berasain por aplicación de la ley penal más benigna, toda vez que no debe confundirse la suspensión de los efectos, que hace a la ejecutabilidad de las sentencias, con la inmutabilidad de la propia cosa juzgada que recién se adquirió con la desestimación de la queja dispuesta por el Máximo Tribunal (conf. CSJN “Olariaga, Marcelo A.” -recurso de hecho- 26/6/2007)
Ahora bien, aún en el escenario más favorable para la recurrente, esto es, artículo 65 d)
previo a la reforma y del juego armónico de dicha norma con el artículo 20 de la ley 24.769, la suspensión se inicia con la denuncia penal -3/10/2017- ( habiendo transcurrido 3 años y 10 meses del término de 5 años) hasta 180 días después de que se encuentre firme la sentencia penal, según el criterio desarrollado “ut supra”, lo que se produce el 7/12/2022. A ello debe adicionarse el término de prescripción que restaba transcurrir, con lo cual a la fecha del dictado de la resolución: 14/7/2023 no había operado la prescripción de los poderes del fisco para imponer la multa en cuestión.
En función de lo expuesto, procede rechazar defensa de prescripción articulada por la recurrente, con costas.
XVI. Que corresponde entonces tratar la procedencia de la sanción impuesta con fundamento en el artículo 46 de la ley 11.683. Al respecto, adelanto mi criterio en el sentido que la misma debe ser revocada.
El Fisco Nacional en la resolución cuestionada explica que la falta de ingreso de los importes correspondientes al gravamen aquí controvertido así como de períodos anteriores son demostrativos …“de un obrar con conocimiento, representación y conciencia para disminuir arbitrariamente su verdadera carga tributaria y eludir en ese actuar doloso su situación de deudor del tributo”, olvidando que, como se analizara precedentemente, la cuestión litigiosa, que fue motivo de pronunciamientos divergentes, ha quedado zanjada con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 12/12/2017, esto es muy posterior a todos los períodos fiscales controvertidos en autos.
Cabe hacer notar asimismo, que tampoco procede a mi criterio el reencuadre de la multa en la figura contemplada en el artículo 45 de la ley 11.683, por idénticos fundamentos que los vertidos en oportunidad de tratar la sanción impuesta para los períodos determinados en la resolución 240/12, a los que cabe referirse en mérito a la brevedad.
Por ello, corresponde revocar la sanción impuesta en la resolución 90/23, imponiéndose las costas en el orden causado.
El Dr Luis dijo:
Que adhiere al voto que antecede Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones 240/12 y 209/17 en cuanto determinan a Distribuidora Berasain SRL el impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria, por los períodos enero de 2009 a febrero de 2011 y enero de 2013 a octubre de 2015, con más sus intereses resarcitorios, con el alcance fijado en el Considerando VIII, debiendo el Fisco Nacional practicar reliquidación en el plazo de 30 días. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
2. Revocar la multa impuesta a Distribuidora Berasain SRL en la resolución 240/12. Costas por su orden.
3. Confirmar la resolución 148/13 en relación con el impuesto determinado al Sr. Fernando Berasain y los intereses liquidados, aplicando las costas en proporción a los respectivos vencimientos y revocar la sanción aplicada, con costas por su orden.
4. Rechazar la excepción de prescripción opuesta por Distribuidora Berasain SRL. Con costas.
5. Revocar la multa aplicada en la resolución 90/23. Costas por su orden.
Se deja constancia que el presente pronunciamiento lo suscriben dos Vocales Titulares, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9a. Nominación (cfr. art. 184, 2do. párrafo, ley 11.683 -t.o. vigente- y art. 52 del Reglamento de Procedimientos de este Tribunal).
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2026.02.24 12:59:33 -03:00 Date: 2026.02.24 13:40:24 -03:00 Claudio Esteban Luis Viviana Marmillon Vocal Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.24 13:40:25 -03:00
Fin de la sentencia