Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 41.529-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las Resoluciones N° 283/2014, 284/2014, 18/2016 y 19/2016, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-142216175-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 29 de Noviembre de 2023 En el día de la fecha se reúne la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Agustina O’Donnell (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), la Dra. Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y el Dr. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación) para resolver el Expediente N° 41.529-I, caratulado “Distribuidora Guyel S.A. s/ recurso de apelación”
La Dra. Agustina O’Donnell dijo:
I. Distribuidora Guyel S.A. interpone el recurso de apelación previsto en el inc. b) del art. 76 de la ley 11.683 contra las Resoluciones N° 283/2014 y 284/2014 dictadas por la División Revisión y Recursos II de a Dirección Regional Palermo de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos el 4/11/2014, en las que se le determinó de oficio sus obligaciones frente al impuesto a las ganancias -período fiscal 2009- y al impuesto al valor agregado -períodos fiscales 06/2008 a 05/2009- y se la intimó a pagar las sumas de $1.336.148,87 y $459.161.83, respectivamente, más los intereses resarcitorios (conf. art. 37, ley). Posteriormente, mediante las Resoluciones Nros. 18/2016 y 19/2016, dictadas el 2/2/2016, se le aplicaron sendas multas por defraudación por dichas obligaciones por $4.008.446,61 y $1.377.485,49 (art. 46 y 47 incs. b) y d), ley 11.683).
Surge de los Considerandos de dichos actos que el Fisco Nacional cuestionó la veracidad del pasivo computado por Distribuidora Guyel S.A. con la sociedad David y Leonardo Abbasse S.A. en sus declaraciones juradas, al que le dio el tratamiento de incremento patrimonial no justificado previsto en el art. 18, inc. f) de la ley 11.683 por entender que el mismo no fue demostrado con documentación de respaldo fehaciente.
En su presentación de fs. 37/68vta. ante este Tribunal, plantea en primer término la nulidad de las Resoluciones N° 283/2014 y 284/2014 en tanto entiende que debía ser la Dirección Regional Centro la que fiscalizara y determinara la materia imponible y no la Dirección Regional de Palermo, en atención a la ubicación de su domicilio fiscal, sin que se hubiera dado cumplimiento con el régimen de prórroga de competencia según la normativa vigente. Manifiesta así que la notificación de la prórroga de la jurisdicción podía ser realizada por la Dirección Regional Palermo hasta el dictado del acto de vista, según lo dispuesto por el art. 2), inc. a) de la Disposición N° 666/2003, y que ello no ocurrió.
Señala, por otro lado, que el juez administrativo desconoce la operatoria comercial de crédito celebrada entre las sociedades solo por no haberse empleado cuentas bancarias para efectuar el giro de los fondos, cuando entiende que la misma se ha ajustado en un todo a la normativa comercial y, en particular, a la forma exigida para su instrumentación y a la prueba de su celebración y ejecución. Agrega que toda la operatoria surge de las registraciones de ambas firmas contratantes, así como también de sus decisiones volcadas en las respectivas actas societarias, reflejándose el pasivo comercial como un crédito comercial en los registros de la acreedora. Rechaza también el método presuntivo utilizado por el Organismo Recaudador e indica al respecto que éste debió agotar todas las medidas tendientes a determinar sobre la base de elementos ciertos y, de haberlos considerado insuficientes, recién en dicho caso proceder a estimar de oficio la deuda fiscal de la mano de las presunciones contenidas en el art. 18 de la ley 11.683.
Asimismo, indica que no existe norma comercial alguna que exija para la celebración de un contrato de cuenta corriente mercantil la utilización de determinado medio de pago como recaudo formal para su instrumentación. Manifiesta que a partir del pronunciamiento de la CSJN en la causa “Mera, Miguel Ángel” no es posible impugnar los pagos por su eventual falta de correspondencia con los medios descriptos en la ley 25.345. En atención a lo dispuesto por el art. 34 de la ley 11.683, está permitido probar la operatoria comercial desplegada por cualquier medio probatorio, sin la aplicación de la exigencia objetiva de la ley 25.345.
Destaca que, más allá del vínculo de parentesco existente entre los integrantes de ambas firmas, circunstancia que atenúa el rigor formal probatorio, la instrumentación y ejecución del contrato fueron realizados como si fuesen partes independientes.
Señala que ambas firmas desarrollan la misma actividad económica -distribución de productos de limpieza- y que los integrantes de David y Leonardo Abbasse S.A. (David Abbase y Leonardo Abbasse) son el padre y el tío de los integrantes de Distribuidora Guyel S.A. (Presidente: Alberto Uriel Abbasse y Directora Suplente: Sofía Gisela Abbasse). Dicha relación de parentesco permite considerar, a su entender, que la operatoria financiera se ha originado en la estrecha relación afectiva existente, que generó un apoyo económico por parte de la firma acreedora respecto de la sociedad deudora.
Sigue explicando que, en el contexto de apoyo brindado, utilizaron una cuenta corriente mercantil, que responde a los lineamientos establecidos por el art. 771 y cc. del Código de Comercio entonces vigente.
Indica que, a través de la celebración del contrato de cuenta corriente mercantil, se crea un mecanismo mediante el cual todas las operaciones realizadas se incluyen en una cuenta común, inscribiéndose como anotaciones en el debe y el haber y, vencido el plazo acordado entre las partes, se hace exigible el saldo final que estará a cargo de una sola de las partes. Frente a cada remesa de una de las partes hacia la otra, no resulta exigible su pago individual e inmediato sino el saldo final de la cuenta al cierre de una fecha convenida por las partes. Dice que en la cuenta corriente mercantil no se asientan operaciones, sino simplemente créditos y deudas y considera que, al tratarse de un contrato de tipo real, si bien se constituye con la voluntad de las partes, se perfecciona con la remisión de las respectivas remesas. Argumenta que, al ser un contrato del tipo no formal, por aplicación del art. 789 del entonces Código de Comercio, no se exigía una forma determinada en su instrumentación, lo que permite su prueba a través de cualquier medio, entre los que se encuentran los libros de los comerciantes y las facturas aceptadas (conf. art. 208, punto 5° del Código de Comercio referido). Afirma haber adjuntado en las actuaciones administrativas copia del mayor de cuenta entre acreedor y deudor obrante en sus registros, que fueron certificados por las autoridades de ambas sociedades, en los que los movimientos de fondos son coincidentes. Asimismo, se acompañó el documento de "reconocimiento de deuda y cuenta corriente mercantil”, suscripto el 10/2/2009, en el que se estableció que la deuda contraída por Distribuidora Guyel S.A. con la firma acreedora ascendía al 31/5/2008 a $2.572.909.91.
Indica, asimismo, que David y Leonardo Abbasse S.A. adjuntó una certificación de la cual surge que el saldo debido por Distribuidora Guyel S.A. al 31/05/2009 ascendía a $3.455.894,87, documento suscripto el 25/1/2012 con certificación notarial de las firmas.
Destaca que Distribuidora Guyel S.A. registró el pasivo comercial en sus libros contables, el que se refleja correlativamente en los registros de David y Leonardo Abbasse S.A. como crédito comercial.
Adicionalmente, destaca que los órganos de administración de ambas sociedades dictaron sendas Actas de Directorio, las cuales dan cuenta de su consentimiento para la celebración y ejecución de convenio, y que fueron adjuntadas como prueba documental en sede administrativa.
Entiende que los consentimientos dados para llevar adelante la operatoria se ajustan en un todo a la figura establecida por ley comercial. Agrega que, en cuanto a su oponibilidad y justificación, los actos jurídicos celebrados por los órganos de administración cumplieron con las exigencias en materia societaria tanto ante los socios o accionistas, como también ante terceros.
Por otra parte, afirma que su acreedor tenía suficiente capacidad económica para realizar las remesas en cuestión. A tal fin, acompañó en sede administrativa copias de las declaraciones juradas de impuesto al valor agregado y de impuesto a las ganancias de David y Leonardo Abbasse SA, correspondientes a los períodos fiscales 2008 y 2009, de las que se desprende que sus ventas durante los períodos involucrados superaron los $100.000.000 en cada uno de ellos. Ofrece prueba pericial contable al respecto.
Asimismo, argumenta que no hay perjuicio alguno para el Fisco Nacional, en tanto la incidencia tributaria del pasivo comercial en cabeza de Distribuidora Guyel S.A. encuentra como contrapartida el crédito en David y Leonardo Abbasse S.A.
Por tales consideraciones, solicita se deje sin efecto la pretensión fiscal notificada en ambas Resoluciones. En subsidio, alega que la presunción contenida en el art. 18, inc. f) de la ley 11.683 no resulta aplicable de forma automática para el impuesto al valor agregado y que en el caso el juez administrativo no invocó ventas o servicios no declarados.
En cuanto a las Resoluciones Nros 18/2016 y 19/2019, por las que se aplicaron sendas multas, sostiene que en la sentencia dictada en sede penal, en la que se desestimó la denuncia penal promovida por el Fisco Nacional, se concluyó que era inexistente la comisión del delito de evasión fiscal imputado, en tanto no habían datos que permitieran, aunque fuera de forma indiciaria, considerar que hubiera acaecido el hecho imponible. Por otra parte, sostiene que no existió por su parte una ocultación maliciosa o una maniobra defraudatoria, y se agravia por la utilización de presunciones para determinar el fraude.
Ofrece la producción de prueba informativa, testimonial y pericial contable y solicita, por último, que se revoquen las Resoluciones, con costas.
II. A su turno contesta el traslado del recurso la representación fiscal, quien por las razones de hecho y de derecho que invoca, solicita se confirmen las Resoluciones, también con costas.
A fs. 134 y 269 se hace lugar a la prueba informativa y testimonial ofrecida -aunque esta última es desistida a fs. 146-, y se ordena la producción de la prueba pericial contable. A fs. 148/154 obra la respuesta brindada por David y Leonardo Abbasse S.A. a la informativa librada, mientras que por cuerda obra la respuesta del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 11. A fs. 283 se declara clausurado el período probatorio y se elevan los autos a consideración de esta Sala; y mediante providencia de fs. 298, la entonces Vocalía Instructora dispuso el desglose del informe pericial contable en tanto dicha medida no fue producida en tiempo y forma (conf. decisorio de fs. 291/291vta., reiterado a fs. 322). Asimismo, a fs. 347 se rechazó su incorporación como medida para mejor proveer, solicitada por la actora a fs. 339/340.
A fs. 333/338vta. y 341/346vta. lucen agregados los alegatos de Distribuidora Guyel S.A. y del Fisco Nacional, respectivamente y a fs. 349 quedan en estado de dictar sentencia.
III. Corresponde referirme en primer lugar a la defensa de nulidad planteada por Distribuidora Guyel S.A. al considerar que el procedimiento previo al dictado de los actos recurridos se encuentra viciado, en tanto la dependencia competente para fiscalizarla y determinar de oficio sus obligaciones era la Dirección Regional Centro, sin que se le hubiera notificado la prórroga de la competencia en favor de la Dirección Regional Palermo, de conformidad con lo establecido por el art. 2° inc. a) de la Disposición N° 666/2003.
El planteo no puede prosperar. En efecto, en las actuaciones administrativas (Cpo. Impuesto a las Ganancias) obran agregadas: la Nota N° 236/2014 emitida por la Dirección Regional Palermo (fs. 437/438) mediante la cual solicita la prórroga de jurisdicción “…en tanto las unidades de estructura dependientes de esta Dirección… intervinieron en el diligenciamiento de las distintas actuaciones vinculadas a la contribuyente, logrando un acabado conocimiento de la naturaleza de la materia a tratar…”, el mail oficial N° 024/2014 emitido por la Dirección Regional Centro, otorgando la delegación de competencia solicitada (fs. 446/447); por último, dicha prórroga fue aprobada por el Director General de la Dirección General Impositiva, conforme Nota 3695/2014 agregada a fs. 449, encontrándose así acreditado el cumplimiento de los requisitos dispuestos en la reglamentación ya citada.
Asimismo, al momento de correr vista de las actuaciones mediante Resolución N° 120/2014 el juez administrativo informó “que según emerge de las actuaciones administrativas, resulta aplicable el artículo 1°, inciso a), último párrafo de la Disposición 666/2003 y sus modificatorias”, prueba también de que se había cumplido con la notificación exigida por el art. 2°, inc. a) in fine de la Disposición N° 666/2003, en la que se prevé la notificación al contribuyente de la prórroga de la competencia hasta la oportunidad prevista en el art. 17 de la ley 11.683.
Adicionalmente, se desprende de las actuaciones que desde el inicio de la inspección, Distribuidora Guyel S.A. tuvo pleno conocimiento de que se encontraba bajo la verificación por diversos impuestos, tomó vista de las actuaciones, presentó su descargo, impugnó los ajustes efectuados, ofreció prueba, entre otros actos defensivos, por lo que no se constata ningún acto que hubiera constituido un obstáculo para que pudiera, en definitiva, ejercer su derecho de defensa, que es lo que aquí interesa.
En ese sentido, vale aquí recordar que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de un menoscabo en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido, por lo que corresponde desestimar la opuesta.
Por ello, debe desestimarse el planteo de nulidad, sin costas, en razón de no haberse articulado ni tratado como de previo y especial pronunciamiento (Fallos 336:70, “Bolland”).
IV. Corresponde analizar ahora si las Resoluciones apeladas se ajustan a derecho y si la prueba aportada y ofrecida por Distribuidora Guyel S.A. es suficiente para dejar sin efecto la pretensión fiscal y las sanciones aplicadas en ellas.
De la lectura de sus Considerandos se desprende que en el marco de la fiscalización efectuada se detectó que reflejó un pasivo en sus declaraciones juradas y documentación contable que no pudo demostrar con documentación de respaldo fehaciente.
Ante los requerimientos cursados por los agentes fiscalizadores, aportó el balance general del período fiscal 2009, planillas en las que detallan las supuestas devoluciones, mayores de diversas cuentas y un instrumento titulado “Reconocimiento de deuda y cuenta corriente financiera” suscripto con David y Leonardo Abbasse S.A.; sin embargo, la jueza administrativa concluyó que la documentación aportada era insuficiente para demostrar la veracidad del pasivo con dicha firma.
Adicionalmente, se observó que Distribuidora Guyel S.A. dedujo en exceso la amortización de un rodado durante el período fiscal 2009, lo que también fue objetado.
A fs. 6/12 de las actuaciones administrativas (v. Cpo. Impuesto a las Ganancias I) obra agregado el balance de dicho ejercicio en el que se consigna bajo “2.2 Pasivos”, “2.2.4 Otras deudas” y “Acreedores Varios” una deuda por la suma de $3.455.894,87.
Ante el requerimiento para que detallara la composición de dicha cuenta al cierre del balance y cancelaciones posteriores, Distribuidora Guyel S.A. informa a fs. 72 que dicha cuenta “representa la relación comercial con otra empresa [David y Leonardo Abbasse S.A.] cuya característica principal es la relación amistosa - familiar, que permite que cuando esta empresa necesita dinero, lo solicita y luego de recibirla lo devuelve a la brevedad, pero sin fecha de vencimiento ni devengando interés ni gasto alguno. La otra empresa también hace lo mismo.” En dicha oportunidad, anexó un cuadro en donde detalla el saldo al 31/05/2009 ($3.455.894,87) y las cancelaciones parciales posteriores que se fueron sucediendo entre el 02/6/2009 y 10/7/2009, cuando terminó, supuestamente, de pagar la totalidad de la suma adeudada.
Posteriormente, acompañó las órdenes de pago confeccionadas que coinciden con los montos de las cancelaciones parciales detalladas a fs. 72 (vide fs. 187/200 del Cpo. Impuesto a las Ganancias I y fs. 201 a 227 del Cpo Impuesto a las Ganancias II) con las cuales pretende dar por probados los pagos efectuados por su parte. De la prueba documental referida hasta ahora, debe concluirse que no acreditó en la instancia administrativa -ni tampoco lo hizo en esta instancia- la recepción de los fondos por parte de su supuesto acreedor, en tanto no existen ni registraciones bancarias ni de ningún otro tipo que demuestren el efectivo ingreso de las sumas prestadas a Distribuidora Guyel S.A. Se trata en definitiva, de registraciones comerciales y contables, que a las claras no son prueba suficiente para justificar el pasivo.
Además, las órdenes de pago fueron confeccionadas por ella misma mediante sus propios sistemas contables, y en prácticamente la totalidad de ellas se consigna que se efectuaron pagos en efectivo o la leyenda “dep. prov. efectivo”, lo que impide verificar su trazabilidad. En una de estas órdenes de pago (vide la OP N° 15639) se consigna inclusive un monto supuestamente cancelado en dólares, sin indicación de tipo de cambio u otros datos. Adicionalmente, dichas órdenes de pago, cuentan con la leyenda: “Recibí de conformidad la suma de $.... según el resumen arriba detallado” y, sin embargo, tampoco se encuentran suscriptas por persona alguna en representación de David y Leonardo Abbasse S.A., por lo que no cabe más que concluir que no resultan idóneas para acreditar la devolución de los fondos y con ello, la secuencia completa del mutuo que invoca para justificar los ingresos que se presumen omitidos.
Por su parte, cabe tener en cuenta que junto con el balance cerrado al 31/5/2010 Distribuidora Guyel S.A. acompañó el mayor de las cuentas “caja”, “banco”, “valores a depositar”, “acreedores varios” y “proveedores” (fs. 230/236 de las acts. adms.).
Ahora bien, la fiscalización actuante indicó, con acierto, en el informe final de inspección (v. fs. 260/269 del Cpo. Impuesto a las Ganancias II) que realizó un análisis de las compras y ventas en los meses posteriores al cierre del ejercicio 2009, junto con los pagos realizados en concepto de sueldos y cargas sociales, el saldo de inicio del período y concluyó que el cash - flow de los dos meses posteriores resultaba negativo, sin que se verificara que la firma hubiera generado fondos suficientes para saldar la cuenta en el plazo informado por la actora. Se le requirió adicionalmente a Distribuidora Guyel S.A. un mayor de la cuenta caja por el período comprendido entre el 1 de junio de 2009 y el 31 de mayo de 2010, que fue aportado, pero éste fue confeccionado con asientos mensuales globales que no permitieron determinar la evolución de la cuenta.
Queda referirse al instrumento denominado “reconocimiento de deuda y cuenta corriente financiera”, aportado por David y Leonardo Abbasse S.A., en respuesta a lo solicitado por la fiscalización. En dicho documento, de fecha 10/2/2009, y que cuenta con firmas certificadas por escribano público en idéntica fecha, Distribuidora Guyel S.A y David y Leonardo Abbasse S.A. acuerdan “…que para enfrentar problemas comerciales típicos recurren a la otra parte solicitando su apoyo financiero por montos de dinero que serán devueltos a la brevedad, sin poder confirmar el momento o montos en que serán devueltos”. Pactan allí también que “De acuerdo a lo anterior en unos momentos el solicitante puede ser Guyel y en otros Abbasse y las devoluciones se realizan en forma de pagos parciales en los momentos que les resulte posible al eventual deudor, generando una cuenta corriente financiera con montos y tipos de saldos variables y que por el tipo de relación amistosa familiar no se dispondrá de más formalización que el presente”. Asimismo, en dicho documento Distribuidora Guyel S.A. reconoce que al 31/05/2008 adeudaba $2.572.909.91.
Tampoco dicho documento es suficiente a efectos de acreditar la existencia del mutuo con el que pretende justificar el incremento.
Es que del propio instrumento aportado por el acreedor surge que, según el momento, puede reunir la calidad de deudor tanto Distribuidora Guyel S.A. como el propio David y Leonardo Abbasse S.A. Tampoco se establece allí el pago de intereses ni fechas ciertas de devolución de capital.
Aquí no es materia de discusión que las partes hayan elegido plasmar mediante una cuenta corriente mercantil el registro propio que lleva cada parte sobre los supuestos pagos efectuados, lo que sí se encuentra cuestionado es que efectivamente David y Leonardo Abbasse S.A. haya prestado el dinero que dice Distribuidora Guyel S.A. haber obtenido a través de un préstamo. Y en este sentido, en nada cambia la conclusión arribada el hecho de reconocer un supuesto pasivo en períodos anteriores, conforme se desprende de dicho instrumento, ya que tampoco éste cuenta con prueba suficiente sobre su existencia. Se trata así de meros dichos plasmados en un documento, pero sin respaldo alguno.
En definitiva, la actora no acompañó ni en la instancia anterior ni ante este Tribunal contrato de mutuo con fecha cierta, como así tampoco probó la entrega y recepción de los fondos ni tampoco la forma de ingreso a su patrimonio (por ejemplo, por vía bancaria). Tampoco probó Distribuidora Guyel S.A. la efectiva devolución del capital en las fechas consignadas en las órdenes de pago por ella misma confeccionada en virtud de las cuales, supuestamente, canceló en menos de dos meses $3.455.894,87, cuando el Fisco Nacional verificó, a partir de la propia prueba documental por ella aportada, que no tenía los fondos suficientes para hacerlo. Es ella misma quien informa a la fiscalización actuante que por el préstamo del dinero no se devengó interés alguno, ni se ofrecieron garantías para avalar la operatoria.
A tal punto resulta dudosa la existencia del mutuo, que atento la escasa rentabilidad expuesta por Distribuidora Guyel S.A. -2,10% para el período cuestionado- (resultado antes del impuesto a las ganancias dividido las ventas del ejercicio), luego del ajuste practicado, dicha rentabilidad se eleva a 16,11%, lo que resulta acorde a los índices de la región para la actividad desarrollada (v. informe final de inspección citado, fs. 267).
Debo señalar, por otro lado, que los “lazos amistosos y familiares” referidos por la recurrente no son suficientes para dispensarla de la carga probatoria que, según los claros términos de la ley 11.683, en la oportunidad prevista en el art. 17, según el art. 166, y ante esta instancia, recaía sobre ella; máxime que tanto Distribuidora Guyel S.A. como la supuesta acreedora revisten la forma jurídica de sociedades anónimas, no personas humanas a las que eventualmente resulten menos exigibles las solemnidades propias del contrato de préstamo que invoca. En este sentido, la prueba informativa dirigida a David y Leonardo Abbasse S.A., suscripta por el Sr. Leonardo Abasse como Presidente, producida a fs. 148/153 del Expediente, carece de la fuerza convictiva pretendida para tener por probada la existencia del supuesto contrato de mutuo. En efecto, las Actas societarias acompañadas solo dan cuenta de que el Presidente de dicha firma contaba con autorización para suscribir el documento en cuestión (Vide Acta de Directorio de fecha 10 de febrero de 2009, agregada a fs. 150 de autos) y las manifestaciones vertidas a fs. 148 por el Presidente de David y Leonardo Abbasse S.A en cuanto dice tener contabilizado en sus estados contables un crédito comercial con la firma actora, no logran conmover la conclusión arribada. Cabe destacar aquí que la actora desistió de la prueba testimonial ofrecida respecto de los directores de David y Leonardo Abbasse S.A. y la entonces Vocalía Instructora ordenó a fs. 298 el desglose del informe pericial contable producido, en atención a no haber sido producido en tiempo y forma, sino una vez clausurado el período probatorio. El criterio adoptado en dicha oportunidad por los instructores fue la propia inactividad procesal del recurrente y el excesivo tiempo transcurrido lo que la hicieron perder la posibilidad de probar sus propios dichos. Debe recordarse, una vez más, que en este tipo de ajustes recae sobre el contribuyente la carga de probar por todos los medios a su alcance la veracidad de sus dichos, conforme las reglas del art. 377 del CPCCN y, al no haberlo hecho, toda vez que la pretensión fiscal se encuentra debidamente fundada debe convalidarse la determinación de oficio practicada por el Fisco Nacional que resulta de aplicación de la presunción de incremento patrimonial no justificado, en el impuesto a las ganancias.
Queda referirse, por último, al ajuste practicado en la Resolución referida al impuesto a las ganancias en concepto de amortización del rodado, el que ante la falta de agravios debe también ser confirmado.
Es por todo lo expuesto que voto por confirmar la Resolución Nro. 283/2014 en todas sus partes, con costas.
V. En cambio, distinta es la solución referida al Resolución N° 284/2014, determinativa del impuesto al valor agregado.
De la lectura de sus Considerandos se observa que la jueza administrativa no efectuó análisis alguno al respecto de la actividad de la actora, tendiente a establecer que el incremento patrimonial no justificado correspondiera a ventas omitidas, resultando aquí de aplicación la jurisprudencia de la Cámara en cuanto a que “…no siempre que se verifica un incremento patrimonial no justificado, el Fisco Nacional se encuentra habilitado para efectuar el ajuste impositivo en el impuesto al valor agregado suponiendo, por tanto, que tal incremento responde a ventas omitidas alcanzadas por este gravamen.”
“Esta operación requiere, para que sea ajustada a derecho, una intensa motivación del Organismo, avalada por determinada fiscalización puntual en relación a cada período.”
“En el caso de autos, la inspección ni siquiera ha intentado demostrar la existencia de ventas omitidas. Esto es, presume que hubo ventas omitidas, cuando perfectamente podrían darse otras formas de evadir el gravamen.” (conf. CACAF, Sala V, “Alzur Bahía S.A., del 18.06.2005). En el mismo sentido, v. “Müller Lucindo Celestino (TF 22545-I c/ DGI”, Sala II de la CACAF, del 30.10.2012.
Es por ello que debe revocarse la Resolución N° 284/2014, y también la N° 19/2018 que aplicó la multa por este gravamen, con costas.
VI. Queda referirse a la sanción aplicada por el impuesto a las ganancias, Resolución N° 18/2016, la que, por las siguientes consideraciones, debe ser reencuadrada en la figura culposa del art. 45 de la ley 11.683. Para ello, tengo en cuenta que el Juzgado Penal Tributario N° 3, mediante sentencia del 13/05/2015, dispuso desestimar la denuncia efectuada por el Fisco Nacional, en atención al dictamen del Ministerio Público Fiscal que propició dicha desestimación por inexistencia de delito (v. fs. 13/18 del cuaderno de prueba que corre agregado por cuerda).
Para así concluir, el Ministerio Público Fiscal entendió que los elementos colectados por la fiscalización eran insuficientes para endilgar a los responsables de Distribuidora Guyel S.A. el despliegue de conductas dolosas en los términos del art. 1° de la ley penal tributaria a esa fecha vigente, que tipifica el delito de evasión fiscal.
Por ello, si bien, conforme a lo expuesto más arriba, Distribuidora Guyel S.A. presentó declaraciones juradas inexactas, su conducta debe ser encuadrada en el art. 45 de la ley, al haber actuado con negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Ello, en razón de configurarse los elementos objetivo -la presentación de declaraciones juradas inexactas- y subjetivo -la culpa en su confección- sin que las explicaciones dadas hayan tenido la convicción suficiente para tener por justificado el incremento patrimonial verificado.
En efecto, era a la recurrente a la que le correspondía demostrar, pruebas mediante, la falta de la culpa o de la negligencia en su obrar (conf. CNACAF “Velocidad Tiempo Cero S.A., del 28.06.2007; “La Rueca Porteña” del 27.10.1998 “Italcred SA”, del 28.04.2016, entre muchos otros), deber que no cumplió.
Por ende, corresponde reencuadrar la conducta de la recurrente en el art. 45 de la ley 11.683, vigente a la sazón, fijándola en el cincuenta por ciento (50%) del tributo omitido. Costas por su orden.
La Dra. Laura Guzmán dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos y al Considerando III y IV del voto de la Dra. O’Donnell.
II. Que disiento con la solución a la que arriba con respecto al impuesto al valor agregado.
En efecto, el legislador claramente atribuyó en el artículo 18, inciso f) de la ley 11.683, el efecto de considerar que el incremento patrimonial es consecuencia de operaciones de ventas gravadas en el IVA y omitidas en la declaración jurada del respectivo ejercicio.
Ello así, el recurrente no aportó elementos fehacientes que acrediten que los fondos declarados como pasivos no se correspondían con su actividad gravada, como tampoco pudo probar su origen.
De tal forma, en razón del indicio configurado por la indiscutida existencia del incremento patrimonial no justificado y el desarrollo por parte de la recurrente de una actividad gravada en el impuesto al valor agregado, es indudable que era su obligación la carga de demostrar el error o desacierto de la administración en la estimación de la materia imponible, lo que no ha sucedido en autos (vid. Oría Fermín Daniel, Sala I, 2/5/23 y sus citas).
Por ello, y teniendo en consideración que la recurrente no aportó elementos que permitan destruir los extremos contenidos en el artículo 18, inc. f de la ley de rito y específicamente que el pasivo cuestionado no se encuentra vinculado con la actividad en la que se encuentra inscripto en el impuesto al valor agregado, es que arribo a la conclusión de que sólo cabe confirmar dicha determinación. Con costas.
III. Que finalmente debe tratarse la impugnación de las sanciones aplicadas mediante resoluciones 18/2016 y 19/2016, por las que el ente fiscal encuadra en los artículos 46 y 47, inc. b y d de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones). La recurrente centra sus agravios en la desestimación de la denuncia penal que a su criterio, deja en evidencia la imprudencia de la conducta que se le enrostra.
Asimismo, entiende que no se dan los requisitos esenciales para entender configurada su conducta defraudatoria; alega la ausencia de maniobra defraudatoria u ocultación maliciosa. Entiende probada la existencia del contrato mercantil y la capacidad económica de la sociedad acreedora.
Ello así, cabe precisar que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes.
En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”. Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación.
Y ello es así toda vez que “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de “declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario”, Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones”, Cap. XXI, “Multa por defraudación”, Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304). Bajo esas premisas, a juicio de quien suscribe y de acuerdo a lo expuesto en los Considerandos precedentes, entiendo que se encuentra acreditado en la litis el elemento material de la infracción achacada. En cuanto al elemento subjetivo que requiere la figura en cuestión, éste surge palmario de las circunstancias concretas de la causa, sin que haya intentado producir prueba alguna que demuestre lo contrario, habiendo sustentado el Fisco en los incisos b) y d) de su art. 47, encontrándose acreditados la existencia de datos inexactos en la documentación de la recurrente y la consecuente inexactitud de sus declaraciones y no tener la documentación de comprobación suficiente que justifique la operación de préstamo alegada.
En consecuencia, habiendo quedado evidenciado que concurren los presupuestos fácticos para que quede configurada la conducta reprimida que se le enrostra, corresponde confirmar las sanciones aplicadas en los impuestos a las ganancias y al valor agregado, la que -por otra parte- se advierte ha sido correctamente cuantificada.
En mérito a lo expuesto, voto en el sentido de confirmar las resoluciones venidas en recurso, con costas. El Dr. Pablo Porporatto dijo:
Que adhiere al Voto de la Dra. Guzmán.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las Resoluciones N° 283/2014, 284/2014, 18/2016 y 19/2016, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas acompañadas y archívese. - Date: 2023.11.29 11:48:43 -03:00 Date: 2023.11.29 12:44:23 -03:00 Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.29 13:22:34 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.29 13:22:35 -03:00
Fin de la sentencia