Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto e intereses con costas.
2Revocar la sanción de multa al contribuyente, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-139036450-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 27 de Diciembre de 2022 APELACIÓN”
El expediente N° 47.762-I caratulado: “DISTRIBUIDORA RUTA 5 S.A. S/ APELACIÓN” a resolución de los miembros de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la 4° Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la 5° Nominación), y Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Titular de la 6° Nominación), El Dr. Porporatto dijo:
I. Que, a fs. 91/107vta, se presenta el contribuyente e interpone recurso de apelación en los términos previstos en el artículo 76 inciso b) de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.) contra la Resolución N° 339/2016 (DV RRMR), de fecha 20/12/16, emanada por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos en virtud de la cual se determinó de oficio el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias, por los períodos fiscales 04/2011 a 08/2013 (ambos inclusive), por la suma de pesos tres millones ochocientos cincuenta y tres mil doscientos noventa y uno con cuarenta y ocho centavos ($3.853.291,48), más el monto de pesos seis millones setenta y nueve mil trescientos cuarenta y ocho con veintiocho centavos ($6.079.348,28) en concepto de intereses y se le aplicó una multa por la suma de pesos dos millones seiscientos noventa y siete mil trescientos cuatro con tres centavos ($2.697.304,03) en los términos del artículo 45 de la ley ritual equivalente al 70% del tributo omitido. La actora declara como actividad principal ante AFIP la “venta al por mayor de bebidas no alcohólicas”. En un primer punto, la recurrente indica que el acto atacado carece de motivación siendo una mera reiteración de los argumentos esgrimidos en la etapa administrativa donde no se hizo lugar a sus defensas planteadas. Resalta que la resolución apelada no logra siquiera superar las falencias de forma del acto administrativo dictado en la instancia anterior y que vulnera el deber de información impuesto a la Administración en garantía de los derechos de los particulares. De este modo, ratifica que las actuaciones administrativas configuran actos carentes de validez por infundados sin ponderar sus manifestaciones ni considerar la prueba ofrecida en tal oportunidad, lo cual no hace más que evidenciar violaciones al debido proceso.
Aclara que conoce que el artículo 185 de la Ley N° 11.683 proscribe que el Tribunal Fiscal de la Nación declare la inconstitucionalidad de las normas y sus reglamentaciones, con la salvedad hecha de los casos en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se hubiera expedido, en cuyo caso podrá seguir sus criterios. No obstante, afirma que sustenta su reclamo en argumentos vinculados con la vigencia, interpretación y alcance de la Ley N° 25.453.
En este sentido, indica que la inconstitucionalidad de la normativa aplicada en el ajuste fiscal debatido en autos es palmaria por afectar los principios constitucionales de reserva de ley y razonabilidad de las leyes ya que se requiere que los elementos de la obligación se encuentren delimitados en una ley formal emanada por el Congreso Nacional cuya responsabilidad resulta indelegable prohibiéndole expresamente al Poder Ejecutivo legislar en esta materia.
Destaca que no es jurídicamente valido un tributo en la medida que la ley no contenga delimitados los aspectos esenciales del hecho imponible dado que sólo a partir de la conjunción de todos sus elementos tendrá lugar la imposición a los sujetos mencionados en la norma.
Afirma que debe declararse la inconstitucionalidad del artículo 3 de la Ley N° 25.453 en atención a que el presupuesto de la norma legal es tan amplio que resulta inaplicable frente a la indefinición del hecho imponible. Asimismo, sostiene que al no tener limitación espacial podría decirse válidamente que el impuesto grava todos los movimientos de fondos de todas las personas en todas las partes del mundo.
Por lo demás, estima que la delimitación del alcance del hecho imponible mediante una resolución general resulta inconstitucional ya que el Poder Ejecutivo (en uso de las facultades conferidas por el Poder Legislativo) dictó el Decreto N° 969/2001 (B.O. del 31/7/2001), modificatorio del Decreto N° 380/2001 (B.O.30/3/2001). Ahora bien, manifiesta que el decreto reglamentario no precisó nada y amplió el hecho imponible regulado en el artículo 1 en el inciso c) de la norma alegada.
En ese sentido, considera que el Decreto N° 618/92, en su artículo 7 otorga al Administrador “facultades de reglamentación” pero solamente “en las materias en que las leyes autorizan a la AFIP” circunstancia que no acontece en este caso. A su vez, plantea que tampoco podría encuadrarse válidamente a la Resolución General N° 2111/2006, entre las facultades de interpretación del artículo 8 del citado decreto, toda vez que lo previsto en el artículo 40 de dicha norma legisla sobre el hecho imponible sobrepasando los límites de una discreta interpretación.
Reflexiona que si bien no existe acuerdo respecto a qué se refiere la AFIP con el difuso concepto de “sistema de pagos organizado” para reemplazar el uso de cuentas bancarias, el Organismo Fiscal tampoco se encuentra autorizado a establecer el hecho imponible del impuesto cuestionado en autos. Efectivamente, describe que, con esta tipificación, queda claro que la AFIP eligió hechos de la vida real de naturaleza económica y los convirtió en hechos imponibles de naturaleza jurídica legislando en materia tributaria y violando lo dispuesto en la Constitución Nacional.
En virtud de ello, advierte que el artículo 40 de la R.G. 2111/2006 es tan inconstitucional (por violatorio del principio de legalidad) como ilegal (por dictarse en contraposición de la Ley N° 25.413).
Destaca que el límite al poder tributario que importa el principio constitucional de reserva de ley significa que el legislador debe definir todos los elementos constitutivos del hecho imponible. Este mandato importa la definición precisa de los mismos, debiendo resultar de esto que todo actuar posterior en este sentido por parte de otros órganos de poder sea absolutamente innecesario.
Indica que el hecho imponible que hoy está caracterizado por aquellos movimientos de fondos que se realicen mediante un sistema organizado de pagos, surge viciado de múltiples inconstitucionalidades e ilegalidades que se conjugan: la falta de definición legal del hecho imponible; la derivación de responsabilidades en el ejecutivo que son propias del legislativo e indelegables; la actuación del Presidente en materia prohibida como cuestión general y, en forma particular, la ampliación del hecho imponible que define en su reglamentación y el accionar de un organismo de inferior jerarquía (como es la AFIP) en una función que no le corresponde.
En estas condiciones, solicita que se declare la inconstitucionalidad del inciso c) del artículo 1° de la Ley N° 25.413, del tercer párrafo del mismo artículo, del Decreto 380/01 en la parte reglamentaria de la ley citada y de la Resolución General 2111/2006 (en cuanto se vincule con el mismo tema).
Afirma que de la resolución atacada surge que los fiscalizadores plantearon que debió ingresar el dinero correspondiente a las ventas a sus cuentas bancarias para luego desde las mismas pagar sus compras dado que no pueden hacerse pagos en efectivo directamente en la cuenta de sus proveedores porque, a su criterio, deben pagar el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias al 1,2% . Sin embargo, considera que de ninguna forma existe una violación del deber de actuar como un buen hombre de negocios o una alteración de secuencias de operatorias comerciales razonando que resultaría absurdo que se entienda que debería efectuar un depósito en su cuenta para luego transferir dicho dinero a un tercero.
Aclara que no existe una regla estricta o un sistema para eludir el pago de un tributo ya que se trata de la utilización de los fondos proveniente de las ventas en efectivo para cancelar las obligaciones comerciales contraídas con proveedores. Además, afirma que existe un cúmulo de razones por las cuales el depósito de efectivo en la cuenta del proveedor resulta la mejor alternativa, además de tener que abonar los costos del “clearing” por transacciones interbancarias.
Resalta que los depósitos en la cuenta bancaria de proveedores no genera ninguna obligación en el marco de la ley de impuesto a los débitos y créditos bancarios y cualquier interpretación en contrario implicaría una exigencia arbitraria por parte de la Administración. Describe que en su accionar no está realizando una conducta vedada por el ordenamiento jurídico, por el contrario, solamente ha optado por uno de los medios de pago lícitamente y establecidos por el ordenamiento legal (artículo 1 Ley N° 25.435).
Asimismo, afirma que se requiere un actuar especifico en la intención de perfeccionar un sistema para saltear la cuenta bancaria y así evitar la configuración del hecho imponible lo cual no ocurre dado que la modalidad operativa consiste en pagar a los proveedores con los fondos que se disponen (sea efectivo, cheques y/o transferencias bancarias) ya que los pagos en efectivo están directamente vinculados con la forma en que los recibe de sus clientes explicando que tal modalidad operativa es histórica y no tiene ninguna relación con la creación del Impuesto a los débitos y créditos bancarios. En tales condiciones, considera que la recurrencia aleatoria de pagos en efectivo, no transforma la operatoria en un sistema de pagos organizado para eludir la bancarización.
Recuerda que nadie está obligado a llevar sus asuntos de la manera que le resulte más gravosa, existiendo una esfera de actuación en el marco de libertad regulada en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que les permite arreglar sus negocios de la mejor manera posible a sus intereses (sean estos fiscales o no) por lo que es perfectamente lícito adaptar un accionar a lo que nos resulte más económico impositivamente hablando. En tales condiciones, considera que no hay elusión ni configuración de hecho imponible alguno frente a su actividad de la apelante desarrollada en todo conforme a derecho.
Por otra parte, entiende que no se configura conducta omisiva alguna en su cabeza al no mediar impuesto no declarado ni presentación de declaraciones juradas inexactas al no existir resultado típico; no hay culpa digna de reproche, toda vez que el impuesto que se reclama resulta improcedente. A su vez, pondera que en materia de penalidades fiscales el error de derecho elimina la subjetividad y torna no punible la conducta reprochada. En subsidio, invoca que la aplicación de la causal exculpatoria del error excusable, toda vez que la jurisprudencia ha contemplado como justificativas de error en el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales las diversas interpretaciones a que puede dar lugar la complejidad de las normas controvertidas, que lo coloca en la posibilidad de equivocarse razonablemente al aplicarlas.
En definitiva, cita doctrina y jurisprudencia respaldando a sus argumentos. Solicita los Antecedentes Administrativos en poder del Fisco Nacional y peticiona la producción del informe pericial contable. Finalmente, la actora hace reserva del caso federal.
II. Que, a fs 119/139vta, se presenta el Fisco Nacional y contesta el recurso interpuesto por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos.
A su vez, cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y acompaña los Antecedentes Administrativos. Asimismo, se opone a la prueba propuesta por la recurrente.
Hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso intentado confirmando la resolución recurrida en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la actora.
III. Que, a fs. 156, se abrió a prueba de la presente causa haciendo lugar al informe pericial contable. Sin embargo, a fs. 178 la actora desiste de la producción de la pericia y a fs. 179 se hizo lugar a lo allí peticionado por la parte.
A fs. 188, se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “B.
Finalmente, a fs. 189 se disponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que, en cuanto a la determinación de oficio apelada en autos, en atención a una mayor claridad expositiva, conviene detallar en primer término los argumentos que llevaron al Fisco Nacional al ajuste debatido en las presentes actuaciones.
Surge del informe final obrante a fs. 272/285 de los Antecedentes Administrativos, bajo la Orden de Intervención N° 891540 de la Instrucción 882/2010 (DI PYNF) que el procedimiento de fiscalización seguido a la actora se originó en el cruce informático para el período fiscal 2012 que registró un incremento de ventas superior al 100% y con un impuesto determinado sobre ventas inferior al 1% el cual representa el 0,22% de las ventas. El inicio de la fiscalización se realizó en el domicilio fiscal y se notificó al Sr. Mario Guglielmi, en su carácter de presidente de la sociedad, quien informó que: 1) su actividad es la distribución de gaseosas para Coca Cola Femsa S.A. y vinos para Termidor; 2) la ubicación de la planta coincide con el domicilio fiscal, siendo el único lugar donde operan; 3) el lugar donde se actúa es alquilado; 4) la zona de operaciones es Merlo y los alrededores de Moreno; 5) operan con varios bancos; 6) que no llevan inventario permanente; 7) poseen, aproximadamente, 91 empleados en relación de dependencia; entre otras. Con fecha 07/08/2015, el Sr. Guglielmi aclara que las ventas de bebidas alcohólicas fueron nulas durante el periodo fiscalizado.
En cuanto al control formal del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias en cuenta corriente se verifica que gran parte de los pagos se efectúan con depósitos en efectivo en la cuenta del proveedor, lo cual queda expuesto en la comparación de los montos de venta con los depósitos bancarios.
De las consultas efectuadas a la base de datos Fisco "Siter" en cuanto a la comparación entre las ventas totales y los depósitos bancarios por período fiscal con respecto a la incidencia del efectivo y las cuentas por cobrar al inicio y al cierre del ejercicio, resulta que estos últimos son muy inferiores a las primeras, representando, en promedio, el 6,58% de las ventas. Este análisis es una prueba de elusión del Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente (vide fs. 147 a 150 y 244 a 245 cuerpo Ganancias).
Con respecto a las circularizaciones, se solicitó información al único proveedor de relevancia "Coca Cola Femsa S.A." el cual se basó en los listados de cuenta corriente por el período 01/04/2011 a 31/08/2013, habiendo sido aportado en CD de forma parcial (período 29/10/2011 a 3/10/2013). Del análisis practicado, se desprendió para el Fisco Nacional la existencia de un circuito organizado de pagos. Así, observa que la firma efectúa las cobranzas en efectivo y deposita directamente en la cuenta de Coca Cola Femsa S.A. "cuenta KOFAR, según información suministrada en formulario 206/I de multinota (fojas 8 cuerpo Ganancias), lo cual se valida con los recibos de pago y comprobantes de depósitos en efectivo, aportados por la contribuyente; para esta operatoria, la contribuyente, utiliza servicios de la firma Juncadela SA. la cual realiza el traslado de caudales (fs. 2 cuerpo de Imp Deb/Cred. en Cta. Cte. y fs. 7 a 9, 171, 179 a 186 cuerpo Ganancias).
Se solicitó información y documentación sobre los pagos efectuados a la firma Coca Cola Femsa S.A., por el período abril a diciembre 2011, a tal efecto aporta la totalidad de los recibo de pago de dicho período en CD; de la lectura de los mismos se desprende que se trata de depósitos en efectivo en la cuenta de su proveedor (fs. 179 a 186 cuerpo Ganancias.).
Surge de las actuaciones que del análisis respecto de la hipótesis que originó el cargo, para los ejercicios anteriores y posteriores, se verificó que el impuesto determinado sobre las ventas netas se mantiene con alguna pequeña variación, desde el ejercicio 2009 y hasta el 2014. Resalta los porcentajes de utilidad bruta y neta de la actividad en la Región Mercedes (14,10% y 2,10%, respectivamente, en los últimos años) e infiere la omisión de ingresos o créditos fiscales improcedentes; también se efectuó una comparación entre los precios de compra y venta, de productos seleccionados al azar, en dos meses del año fiscal, septiembre 2011 y febrero 2012, obteniéndose un margen promedio de 39 % y 34 %, respectivamente, situación que confirma las inconsistencias mencionadas. (fs. 152 a 153, 160 a 163, 172 a 178, 188 a 198, 217 a 219, 247 y 253 del cuerpo de Ganancias) En cuanto al ajuste practicado en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias, a raíz de las tareas realizadas se determinó una diferencia a favor de la AFIP como consecuencia de la elusión del impuesto, por el per{iodo abril 2011 a agosto 2013, la cual fue calculada a través de la información suministrada por el proveedor y por la contribuyente, aplicándose la alícuota total de 1,2 % sobre los pagos efectuados a Coca Cola Femsa S.A.
En definitiva, el informe final de inspección concluye que se está frente a la utilización de un sistema organizado de pagos por parte de la recurrente y, de tal modo, se encuentra alcanzado por el régimen tributario del Impuesto a los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria correspondiente 04/2011 a 08/2013 (ambos inclusive).
V. Que, en primer término, corresponde expedirse en torno al planteo de nulidad efectuado por la recurrente, adelantando que sus argumentos carecen de fundamentos legales suficientes para sustentar la petición. En efecto, para que prospere la pretensión de la recurrente, la nulidad impetrada debe estar sustentada en un interés jurídico concreto, por lo que resulta necesario que el vicio respectivo haya colocado al recurrente en un verdadero estado de indefensión, ocasionándole un agravio no subsanable, lo que no se verifica en el presente caso.
En ese sentido, el objeto de las nulidades procesales radica en el resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio, debiendo acreditarse en cada caso el perjuicio concreto de esa garantía y que la misma ha sido conculcada. Asimismo, no pueden decretarse para satisfacer un interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio positivo y concreto para el derecho de quien las pide, lo que no ocurre en autos. Lo contrario implicaría declarar la nulidad por la nulidad misma. En esa tónica, debe destacarse que la recurrente ha tenido en todo momento posibilidad de acceder a las actuaciones, de conocer la imputación que se le formulaba, de producir su defensa respecto de la imputación en materia infraccional y aportar la prueba que estimara conducente a efectos de probar sus aseveraciones.
En relación a lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se hubiera apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo. Al respecto, es preciso indicar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la determinación de oficio, como especie de acto administrativo, goza de presunción de legitimidad, es decir, que se presume que ha sido emitida conforme al ordenamiento jurídico y la misma subsiste en tanto no se declare la eventual invalidez por el órgano competente, correspondiendo al contribuyente la carga de probarla, circunstancia que no se produjo en autos.
En definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica procedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del artículo 171 de la ley ritual, sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no correspondería un tratamiento incidental como tampoco una imposición de costas autónoma. Cabe recordar que en tal sentido se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Bolland y Cía SA (TF 21.122-I) C/DGI” de fecha 21/02/2013 en el que expresó que “tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal, ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132) lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó “como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal” (conf. Sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con e l a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia”.
En atención a lo señalado precedentemente, no pueden acogerse el planteo de nulidad articulado, no correspondiendo imponer costas en forma autónoma.
VI. Que, a continuación, corresponde que este Tribunal analice el fondo de la cuestión traída a decisión, de acuerdo con los términos en que ha quedado trabada la litis.
Desde el plano normativo, el artículo 1° de la Ley N° 25.413, modificado por el artículo 3° de la Ley N° 25.453, estableció un impuesto "..cuya alícuota será fijada por el Poder Ejecutivo nacional hasta un máximo del seis por mil que se aplicará sobre: a) los créditos y débitos efectuados en cuentas -cualquiera sea su naturaleza- abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras; b) las operatorias que efectúen las entidades mencionadas en el inciso anterior en las que sus ordenantes o beneficiarios no utilicen las cuentas indicadas en el mismo, cualquiera sea la denominación que se otorgue a la operación, los mecanismos empleados para llevarla a cabo -incluso a través de movimiento de efectivo- y su instrumentación jurídica; y c) todos los movimientos de fondos, propios o de terceros, aun en efectivo, que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otras, cualesquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo, las denominaciones que se les otorguen y su instrumentación jurídica, quedando comprendidos los destinados a la acreditación a favor de establecimientos adheridos a sistemas de tarjetas de crédito y/o débito".
Asimismo, dispuso que "En los casos previstos en los incisos b) y c) precedentes, se entenderá que dichas operatorias y/o movimientos, reemplazan los créditos y débitos aludidos en el inciso a) del presente artículo, por lo que a tal fin corresponderá aplicar el doble de la tasa vigente sobre el monto de los mismos"; y facultó al Poder Ejecutivo Nacional "a definir el alcance definitivo de los hechos gravados en los incisos precedentes, como así también para crear un régimen especial de determinación para las entidades financieras aludidas". Por último, estableció que "El impuesto se hallará a cargo de los titulares de las cuentas bancarias a que se refiere el inciso a) del presente artículo, de los ordenantes o beneficiarios de las operaciones comprendidas en el inciso b) del mismo, y en los casos previstos en el inciso c), de quien efectúe el movimiento de fondos por cuenta propia. Cuando se trate de los hechos a los que se refieren [el inciso c)] el impuesto será ingresado por quien realice el movimiento o entrega de los fondos a nombre propio, o como agente perceptor y liquidador cuando lo efectúa a nombre y/o por cuenta de otra persona".
A su turno, en el artículo 2° del decreto 380/01 (texto según su similar 969/01), reglamentario de la ley, se estableció que "A los efectos de determinar el alcance definitivo de los hechos comprendidos en los incisos b) y c), del primer párrafo del artículo 1° de la ley, se consideran gravados" ..."b) Todos los movimientos o entregas de fondos, propios o de terceros –aún en efectivo–, que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otra, cualesquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo, las denominaciones que se les otorguen y su instrumentación jurídica, quedando comprendidos los destinados a la acreditación a favor de establecimientos adheridos a sistemas de tarjetas de crédito, compra y/o débito".
Finalmente, el artículo 43 de la resolución general AFIP 1135/01 dispuso que "los movimientos o entregas de fondos comprendidos en el inciso b) del artículo 20 del Anexo del Decreto 380/01 y sus modificaciones, son aquellos que se efectúen a través de sistemas de pagos organizados -existentes o no a la vigencia del impuesto sobre créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operaciones-, reemplazando el uso de las cuentas previstas en el artículo 10, inciso a) de la Ley 25.413 y sus modificatorias. Lo dispuesto precedentemente resulta de aplica ción, siempre que dichos movimientos o entregas de fondos sean efectuados, por cuenta propia y/o ajena, en el ejercicio de actividades económicas ...". Vale destacar que dicha resolución general fue dejada sin efecto por su par 2111/06, cuyo artículo 40 guarda semejanza sustancial con el transcripto.
Ahora bien, desde el plano jurisprudencial, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que “...la resolución general AFIP 1135/2001, dictada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, al establecer –en lo que interesa– que los movimientos de fondos gravados son aquellos efectuados a través de sistemas de pago organizados, que reemplacen el uso de las cuentas previstas en el artículo 10, inciso a), de la ley, y en ejercicio de actividades económicas (art. 43), no ha modificado ninguno de los elementos esenciales del tributo creado por el legislador ni ha pretendido ampliar los supuestos comprendidos en el ordenamiento legal abarcando situaciones nuevas o distintas de las previstas en aquel. Por el contrario, mediante dicha disposición reglamentaria se han precisado los casos en que tienen cabida en el ordenamiento legal, sin exceder las previsiones de la reforma introducida por la ley 25.453 en la ley del tributo, que, como se vio, fue establecida, precisamente, con la finalidad de evitar la elusión del impuesto en los términos en los que este había sido originariamente establecido por el legislador” (del voto de la mayoría en la causa "Piantoni Hnos. SACIFI y A”, -CSJN - sentencia del 12/12/2017).
Al respecto, tal como fuera reconocido por la propia parte, se encuentra fuera de discusión la modalidad empleada por la recurrente para percibir los cobros por sus ventas y efectuar los pagos en efectivo a su principal y único proveedor de bienes de cambio.
Asimismo, cabe poner de resalto que a fs. 156 se hizo lugar a la producción del informe pericial contable ofrecido por la actora por intermedio del cual la parte principalmente buscaba que los profesionales informen sobre las modalidades operativas utilizadas para el pago de las obligaciones con sus proveedores, si las mismas habían sufrido variaciones desde la implementación del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y si sus operaciones realizadas mediante transferencias bancarias habían abonado el impuesto ajustado. Sin embargo, a fs. 178, la parte actora desistió de la prueba pericial contable oportunamente otrorgada.
En las presentes actuaciones, se encuentra acreditado que la actora en su rol de vendedor al por mayor de bebidas no alcohólicas deposita, en forma regular, dinero en efectivo en la cuenta bancaria de su principal proveedor (Coca Cola Femsa S.A.) y que esos pagos fueron realizados en el marco de la relación contractual que unía a ambas partes, lo que derivó en un movimiento de fondos que refleja el ejercicio de una actividad económica y en el cual fue reemplazada de ese modo la utilización de las cuentas bancarias del contribuyente.
Cabe resaltar que, conforme surge del informe final de inspección, de la base de datos Fisco "Siter" en cuanto a la comparación entre las ventas totales y los depósitos bancarios por período fiscal con respecto a la incidencia del efectivo y las cuentas por cobrar al inicio y al cierre del ejercicio, resulta que estos últimos son muy inferiores a las primeras, representando, en promedio, el 6,58% de las ventas. Incluso, para traslado de las sumas en efectivo, el contribuyente utilizaba los servicios de una sociedad de transporte de caudales (Juncadela SA) (vide fs. 147 a 150 y 244 a 245 cuerpo Ganancias).
En tales condiciones, y conforme la inteligencia asignada al artículo 1° inciso c), de la Ley N° 25.413 -texto según Ley N° 25.453- resulta que la aludida modalidad de pagos se encuentra alcanzada por el impuesto, sin que obste a dicha conclusión la circunstancia de que la actora haya cancelado, además, algunas de sus deudas mediante otros medios de pago, en tanto la normativa aquí examinada no requiere la existencia de uniformidad en la aplicación de un determinado sistema de pagos.
Por otro lado, la decisión apelada tampoco importaría obligar a la actora a depositar las sumas que percibe de sus clientes en su propia cuenta bancaria incorporando de tal forma un supuesto no previsto en la normativa que rige el caso. Ello es así en tanto la norma en cuestión no impone tal obligación si no que solo determina que la alícuota del impuesto será mayor si el movimiento de fondos no se efectúa a través de la propia cuenta bancaria del contribuyente (confr. artículo 1° párrafo 5° de la Ley N° 25.413, texto según Ley N° 25.453).
Por su parte, cabe rechazar los agravios de la actora con relación a que los depósitos en efectivo respondían a una política comercial para favorecer la celeridad de su giro comercial y motivadas a que parte de su cobranza en el expendio de bebidas se realizaba en efectivo junto con la rentabilidad de su negocio en cuanto al margen sobre las rentas o ingresos obtenidos, constituyen todos elementos que no logran desvirtuar los fundamentos de la resolución atacada en las presentes actuaciones.
Esta realidad y a la luz del criterio de la mayoría del Alto Tribunal en el citado precedente “Piantoni Hermanos SACIFIyA”, indica que la aludida modalidad de pagos se encuentra alcanzada por el artículo 1° inc c) de la Ley N° 25.413, sin que obste a dicha circunstancia el hecho de que parte de sus ventas se abone en efectivo, en tanto la normativa no requiere la existencia de uniformidad en la aplicación de un determinado sistema de pagos. En definitiva, en virtud de lo expuesto, al no haberse arrimado elementos de convicción –en esta instancia o en sede administrativa- que permitan compartir la interpretación efectuada por la actora, corresponde confirmar el criterio del organismo fiscal con respecto a la determinación de oficio, con carácter parcial, en el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en la Cuenta Corriente Bancaria, por los períodos fiscales 04/2011 a 08/2013 (ambos inclusive).
VII. Que, por otro lado, en cuanto a los planteos de inconstitucionalidad endilgados por la actora con respecto al inciso c) del artículo 1° de la Ley N° 25.413, del tercer párrafo del mismo artículo, del Decreto 380/01 en la parte reglamentaria de la ley citada y de la Resolución General 2111/2006 (en cuanto se vincule con el mismo tema). Cabe tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de pronunciarse sobre las cuestiones ventiladas en autos en el fallo ya citado “Piantoni” donde concluyó que “7°) Que de lo transcripto precedentemente surge que los elementos esenciales del tributo, su hecho imponible, los sujetos obligados, la base imponible y las exenciones han sido expresamente establecidos por una ley, en sentido formal y material, emanada del Congreso de la Nación, por lo cual el planteo de la recurrente no puede prosperar”.
(…) 9°) Que, atendiendo al texto de la ley y al indudable propósito perseguido por ella, no se advierte que la reglamentación haya exorbitado los términos de la disposición legal. En efecto, tal como surge del texto del art. 2° del anexo al decreto 380/01 (texto según su similar 969/01), este se ha limitado a reproducir, de manera casi textual, los términos de la ley”. Ello así, los argumentos vertidos no pueden prosperar.
VIII. Que, corresponde analizar la sanción aplicada a la contribuyente. Al respecto, debe señalarse que el ilícito de omisión de impuestos tipificado en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 requiere para la configuración de la infracción que tipifica, la concurrencia de dos elementos: por una parte la omisión de pago de impuestos y por otra el medio comisivo, que puede ser la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de DDJJ inexactas- siempre y cuando el juez administrativo descarte la existencia de "declaración engañosa", y en la medida que no exista error excusable.
Corresponde entonces analizar si existió alguna causal que permita convalidar el accionar de la encartada en la figura del "error excusable", figura que fue expresamente invocada por la apelante.
Sobre el particular, cabe señalar que el mismo es parte integrante del elemento subjetivo de la figura descripta en el artículo 45 de la ley 11683, atento a que puede sostenerse tal causal exonerativa de responsabilidad, cuando medie una razonable oscuridad de las normas o exista una hermenéutica diferente que coloque al contribuyente en la posibilidad -razonable- de equivocarse al aplicarlas o en una situación de confusión que lo lleve a incurrir en la infracción ("Ecohábitat S.A.” C.N.C.A.F. Sala IV del 7/5/09, "Coop. Agrícola De Manuel Ocampo Ltda" TFN, Sala A 2/11/98 entre muchos otros), lo que los suscriptos entienden que aconteció en las presentes actuaciones. Bajo tales pautas hermeneúticas debe revocarse la multa aplicada, pues si bien el aspecto objetivo de la infracción quedó configurado, su conducta resulta justificada en la inteligencia de las normas aplicables, sumado ello a las confusiones derivadas de fallos contradictorios, que actúan como causas de exculpación del error (cfr. “Cepas Argentina S.A.”; C.N.C.A.F. Sala III del 24/7/08).
Sobre el particular, y en el mismo sentido, la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal “Italnorte SAACIeI” de fecha 14/10/2014 ha expresado que “... ante la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre la materia, se entiende razonable que la actora pudiera haber interpretado el caso de una manera diferente a como lo hizo la Administración Fiscal, lo que conlleva la posibilidad real de incurrir razonablemente en una equivocación que por sus características no merece ser sancionada. Todo ello induce a este Tribunal a considerar que existió error excusable eximente de sanción en los términos del artículo 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modif.).”
A mayor abundamiento, cabe resaltar que el criterio adoptado por la presente Sala en la sentencia de fecha 06/09/2018 en los autos caratulados: “LA PAYUCA SRL S/ APELACIÓN” (Expte N° 35.124-I) fue confirmado en el pronunciamiento del día 21/05/2019 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (SALA IV) en las actuaciones: “LA PAYUCA SRL c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO” (Expte N° 12706/2019) en virtud del cual resolvió que: “La existencia de error extrapenal como eximente de culpabilidad requiere un comportamiento normal y razonable del sujeto frente al evento en que se encontró, es decir que su actitud responda a una interpretación de la norma tributaria que entendía razonablemente no aplicable. También hay error excusable cuando la conducta del infractor proviene de normas fiscales de difícil o dudosa interpretación. Al respecto, se ha entendido que el error de derecho extrapenal será excluyente de responsabilidad cuando provenga de una razonable oscuridad de las normas o de criterios interpretativos diferentes que, aún actuando con la debida diligencia, coloquen al contribuyente en una situación de confusión. En el caso de autos, dadas la complejidad de las normas en cuanto al alcance del hecho imponible y a lo que debe considerarse como un “sistema organizado de pago”, ello pudo generar la confusión de considerar que las operaciones en cuestión no se encontraban alcanzadas por el impuesto (confr. en este sentido esta Sala en la causa nº 22.634/2013 “Altho Gruop SRL (TF 32730-I) c/ DGI” del 3 de diciembre de 2013).”
En definitiva, ello así, corresponde revocar la resolución apelada en cuanto aplica sanción al contribuyente en los términos del artículo 45 de la ley ritual. Las costas en este aspecto corresponde aplicarlas por su orden en atención a las particularidades de la cuestión.
IX. Que, por último, en materia de los intereses resarcitorios, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias.
Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con presindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). Por lo expuesto, corresponde confirmar los intereses resarcitorios calculados en la determinación apelada. Con costas.
El Dr. Pérez dijo:
Que adhiero al voto del vocal instructor.
El Dr. Magallón dijo:
I. Que adhiero al voto del Dr. Porporatto, salvo en lo que respecta a la aplicación, en el caso, de la multa tipificada en el art. 45 de la ley procedimental.
II. Cabe recordar que el tipo infraccional previsto en el artículo 45 de la ley 11.683 requiere para su configuración la concurrencia de dos elementos: por un lado la omisión de pago del impuesto y por otra el medio comisivo, que puede ser la falta de presentación de la DDJJ o la presentación de la misma de manera inexacta, siempre y cuando el juez administrativo descarte la existencia de “declaración engañosa” y en la medida que no exista error excusable.
Del análisis del texto legal se colige que para la imputación de este tipo se requiere –tal como se dijo–, bien, la falta de presentación de la DDJJ, o bien, la presentación de una declaración jurada inexacta. Lo dicho supone, en cualquiera de las dos situaciones descriptas, que exista la obligación legal de su presentación, extremo que no se evidencia en el caso de autos.
Tal es la conclusión que he plasmado en mi voto correspondiente a la causa “Bingos del Oeste SA” del registro de esta Sala B - sentencia del 11/10/17, en ocasión de analizar –y rechazar– la pretensión de la actora, en el sentido de reencuadrar la multa impuesta en los términos del artículo 46 de la ley de rito al tipo infraccional culposo del artículo 45. Con idéntico criterio voté -quedando en minoría- tiempo después, por la revocación de la multa aplicada con sustento en la infracción del art. 45 al sentenciar la causa “La Payuca S.R.L.” del 06/09/2018, citada por el Vocal preopinante.
Que en base a similares mismas premisas fácticas y jurídicas -aunque aplicadas a la figura de la defraudación fiscal del art. 46- la Alzada sostuvo que dicha infracción “…se materializa al verificarse en el contribuyente la conducta que describe ese precepto. Es decir, la defraudación fiscal que sanciona el art. 46 de la ley 11.683 se tipifica cuando el responsable presenta liquidaciones de impuestos que no se corresponden con la realidad, porque ése es el elemento que integra el tipo. La figura requiere que las declaraciones engañosas o la ocultación maliciosa se materialice en liquidaciones de tributos que no se correspondan con la realidad. Siendo ello así y en virtud de que, en el caso, no se ha presentado liquidación alguna, falta el elemento material que integra el tipo, condición indispensable para que se configure el hecho que reprime la norma.” (Sala II, “Asociación Mutual de A. entre A y DHE del S.C.C. c. D.G.I.”, 09/10/1997).
Entiendo que, toda vez que los medios comisivos que admite la infracción en trato -tal como ha sido descripta por el texto legal- hacen imposible su configuración en el presente caso en la medida que dicho tipo infraccional requiere la omisión del pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o la inexactitud de las presentadas –ninguna de las cuales se cumple en la especie–, corresponde revocar la multa aplicada en los presentes actuados, con costas.
Atento del modo en que se resuelve el tópico, se torna inoficioso el análisis del agravio relativo al error excusable.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto e intereses con costas.
2. Revocar la sanción de multa al contribuyente, con costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.12.27 12:44:48 ART Date: 2022.12.27 12:46:55 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.27 13:23:12 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.27 13:23:39 -03:00
Fin de la sentencia