Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 38.078-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución DE PRLA n° 2149/17, recaída en la actuación SIGEA n° 13289-10932-2006/17, en cuanto ha sido materia de agravio.
2Costas a la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-114163171-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 25 de Octubre de 2022 s/ apelación”, expediente Nº 38.078-A;
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, para resolver en los autos caratulados “DISTRINANDO S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente Nº 38.078-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que a fs. 10/26 se presenta, por apoderada, la firma DISTRINANDO S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA n° 2149/17, recaída en la Actuación n° 13289-10932-2006/17, por la que se denegó el recurso de impugnación oportunamente presentado contra los cargos n° 129/15 y 130/15, formulado como consecuencia del ajuste de valor efectuado en relación a la mercadería declarada en las destinaciones de importación para consumo por ella realizadas durante el año 2010/2012. Afirma que el ajuste efectuado resulta equivocado e infundado. Sostiene que no se han configurado los requisitos exigidos por el Acuerdo de Valoración para la inclusión de regalías al valor de transacción. Plantea la improcedencia de la resolución por falta de fundamentación. Sostiene que el ajuste aduanero que pretende hacer repercutir en el valor en aduana de las mercaderías importadas un porcentaje del canon pagado tanto por la fabricación como por la distribución y venta de los productos licenciados, sin distinción de si son nacionales o importados, lo cual resulta improcedente. Plantea la improcedencia de la percepción de ganancias y el reclamo del pago de intereses. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 37/44 vta. se presenta el representante fiscal y contesta el traslado del recurso que le fuera oportunamente conferido. Por imperativo procesal, niega todas y cada una de las afirmaciones de hecho y derecho esgrimidas por la actora que no fueren objeto de su expreso reconocimiento. Efectúa una breve reseña de lo actuado en sede administrativa y contesta los agravios de la actora. Sostiene que la firma declaró como actividad principal para el período la “Venta por mayor de calzados” y como actividad secundaria la “fabricación de calzados” con el fin de adquirir productos de reventa e insumos, por lo cual la importadora debió suscribir contratos de licencia de propiedad intelectual y distribución. Considera que el pago de derecho de licencia cuestionado en la causa constituyó una condición de venta, razón por lo cual, al no haberse incluido en el valor FOB de las mercaderías amparadas en las operaciones documentadas por la actora, el mismo debió ser ajustado. Afirma que la resolución se encuentra debidamente fundada y resulta ajustada a derecho. Se refiere al artículo 17° del Acuerdo del GATT/OMC. Señala que la importadora no cumplió con las solicitudes de información que fueron requeridas y que los cánones están relacionados con los insumos importados. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 45, la causa se abre a prueba. A fs. 46/47 la actora desiste de la prueba ofrecida. A fs. 50 se declara la causa de puro derecho. A fs. 68 vta. se elevan los autos a la Sala "F" y, a fs. 69, quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Que la Actuación Administrativa SIGEA n° 13289-10932-2006/17 se inicia a fs. 2/29 con el Estudio de Valor de la División Empresas Vinculadas realizado mediante Nota n° 633/15 conforme la cual, con el fin de adquirir en el exterior productos para reventa e insumos vinculados a la actividad específica, el servicio aduanero entendió que la importadora debió suscribir los contratos de “Licencia de Propiedad intelectual y Distribución” con LCS INTERNATIONAL B.V., de Holanda y acuerdos de Distribución y de Licencia con WRANGLER APPAREL CORP. Y CROCS INC., ambas de EE.UU., encontrándose obligada al reconocimiento de regalías en beneficio de ésta. A fs. 32/49 se inicia del procedimiento de impugnación de los cargos n° 129/15 y n° 130/15. A fs.50/235, se desglosan los contratos celebrados entre la firma y “LCS INTERNATIONAL B.V.”, “WRANGLER APPAREL, CORP” y “CROCS, INC” vigentes en los años 2010/2012 y, a fs. 238 se expide la División de Impugnaciones Dpto. de Procedimientos Legales Aduaneros. A fs. 304/305 vta., con fecha 31/03/2017, se dicta la Resolución DE PRLA n° 2149/17, apelada en autos.
V. Que, sentado lo precedente, corresponde considerar si la resolución aduanera cuestionada en esta instancia se ajusta a derecho.
Conforme lo mencionado precedentemente, el servicio aduanero formuló los cargos n° 129/15 y 130/15 contra la aquí recurrente reclamándole un importe en concepto de diferencia de tributos, ello en consecuencia del ajuste de valor efectuado sobre las mercaderías importadas por la referida firma mediante los despachos de importación del período 2010/2012, las cuales habrían sido adquiridas a empresas proveedoras del exterior vinculadas entre sí con la importadora. Tal consideración se basó en el Estudio de Valor n° 633/15 – fs. 2/29 de las act. adm.-, considerando el servicio aduanero que exitían motivos para dudar de los valores declarados por la recurrente en los despachos referidos, razón por la cual procedió a ajustar los valores declarados de conformidad con el art. 8, párrafo 1, c) del Acuerdo del GATT, utilizando la aplicación de la fórmula 100xC/K=X, canon devengado por las mercaderías importadas (C), sobre el monto del FOB de la mercadería importada (K), resulta la fracción del canon en que debe incrementarse el FOB (X. y sobre la base de los términos del contrato de licencia la recurrente debió importar mercaderías provenientes de vendedores vinculados, a los fines de ser incorporados a un proceso productivo para elaborar o vender localmente determinados productos vinculados con su actividad, por el cual se devengaron regalías que no fueron incorporadas al valor FOB declarado, en cuanto a la fracción de los cánones correspondientes, durante los períodos 2010/2012. –fs. 6/8 de las act. adm.
En este orden de ideas, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT) de 1994 -del que nuestro país es parte-, norma que aprobó el sistema de valoración de las mercaderías importadas. La norma mencionada estableció cuya inobservancia es indispensable a efectos del ajuste de valor evaluado si la recomposición del mismo se ajusta a derecho.
El inicio de la investigación por parte del Servicio Aduanero, se debió a una presunción, en tanto entendió (como piedra basal del ajuste aquí cuestionado) que “en los casos de terceras compañías que manufacturan los productos licenciados, y no se encuentran vinculados con la firma licenciante, sólo pueden fabricarlos sin los costos adicionales que implica el pago de derechos de licencia, porque el cliente que adquiere la mercadería se responsabiliza por los costos (regalías) que implica obtener la autorización para su posterior distribución y/o comercialización” y así concluyó refiriendo que “(De lo expuesto) surge que las regalías son abonadas como condición de venta, ya que previamente a adquirir las mercaderías de sus distintos proveedores del exterior, la importadora debió formalizar un compromiso mediante instrumento contractual con la licenciante” (el destacado me pertenece, ver fs.5 de las AA). Esa presunción –que implica la afirmación dogmática –y arbitraria- que “al tratarse de mercaderías adquiridas en el exterior para su reventa, las regalías devengadas por los productos importados debe ser añadida al valor FOB de la mercadería involucrada” como sustento para apartarse del valor de transacción- es la única y escueta motivación para –en definitiva- objetar el quantum que comprende todas las operaciones de importación en las que la aquí recurrente intervino en un período de dos años (2010-2012).
Es claro que el mencionado Acuerdo, en su art. 1°, estableció el valor de transacción como primera base de la valoración en aduana de las mercaderías importadas a los efectos de la percepción de derechos ad valorem, es decir, “...el precio pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, siempre que concurran las siguientes circunstancias: ...b) Que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar; c) Que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa o de cualquier cesión o utilización ulteriores de las mercancías por el comprador, a menos que pueda efectuarse el debido ajuste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8; y d) Que no exista una vinculación entre el comprador y el vendedor o que, en caso de existir, el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo”.
En cuanto aquí interesa, el art. 8 del Acuerdo, indica que a los fines de la determinación del valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el art. 1, deberán añadirse al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas “c) los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar...”.
No se encuentra controvertido que la firma DISTRINANDO S.A. celebró los contratos de licencias, conforme los cuales las regalías debían abonarse como porcentaje de las ventas netas de los productos bajo licencia estableciéndose un mínimo de regalía en el caso del contrato con LCS INTERNATIONAL B.V.
Ahora bien, la doctrina relativa a la cuestión ventilada por ante esta citada sostiene que el ajuste por cánones y derechos de licencia “... constituye uno de los temas más intrincados del Acuerdo de Valoración, ya que existen muy pocas precisiones sobre este asunto en el texto legal” (conf.: Lascano, Julio Carlos, “El Valor en Aduana de las Mercaderías Importadas”, de Osmar E. Buyatti, 2007, pág. 211 y ss., con cita de Saul L. Sherman y Hinrich Glashoff, “Customs Valuation, Commentary on the GATT Customs Valuation Code”).
El art. 1º del Acuerdo de Valor establece que “...el valor en aduanas de las mercaderías importadas será el valor de transacción, es decir el precio realmente pagado o por pagar por las mercaderías, ....., ajustado de conformidad con lo dispuesto en el art. 8º ....”; y el artículo 8º establece -en lo que aquí interesa, en su ap. 1 c)- que “... para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el art. 1º, se añadirán al precio realmente pagado o por pagar de las mercaderías importadas...., los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar....”.
Conforme lo dispuesto por el citado artículo 8 ap. 1 c). del Acuerdo de Valor del GATT, es preciso la concurrencia de tres requisitos o elementos para efectuar un “ajuste” de valor por el concepto “cánones y derecho de licencia”:, A saber: 1) Que dichos cánones y derechos estén relacionados con las mercancías que se valoran; 2) Que el pago del canon constituya una condición de venta de las mercancías; 3) Que su importe no esté incluido en el precio pagado o por pagar de las mercancías. Los tres requisitos mencionados se deben cumplir simultáneamente, por lo que la falta de uno sólo de ellos impide efectuar el ajuste previsto en la norma considerada” (conf.: Lascano, Julio Carlos, “El Valor en Aduana de las Mercaderías Importadas”, de Osmar E. Buyatti, 2007, pág. 213).
No se encuentra controvertido en autos que el “Contrato de Transferencia de Tecnología” otorga a la licenciataria (la aquí recurrente) las patentes bajo licencia y la tecnología de la licenciante para la fabricación, utilización y venta de los Artículos Bajo Licencia.
La División Empresas Vinculadas tuvo en cuenta para realizar el ajuste los siguientes indicios (según consta a fs. 2/ 9 de las act. adms.): 1) Durante el Ejercicio 2010/2012, DISTRINANDO S.A., declaró como actividad principal la “Venta por mayor de calzados” y como actividad secundaria la “fabricación de calzados” ; 2) De acuerdo con la titularidad de su capital social, se observó que la firma DISTRINANDO S.A. le debe pagar al licenciante “LCS INTERNATIONAL B.V.”, una regalía del 8 % de las ventas netas de productos licenciados, a “WRANGLER APPAREL CORP. Le debe abonar una regalía del 7 % de las ventas netas de productos licenciados, y a CROCS INC. Una regalía del 20 %.
Sobre esos dos endebles pilares –el contrato de licencia y la actividad principal de la importadora- se ha cernido este derrotero jurisdiccional, lo que denota un reprochable accionar del funcionario que debió demostrar pericia observando los lineamientos de la normativa que constituye el marco rector.
Cabe mencionar que de la Nota Interpretativa al párrafo 1 c) del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, en relación a los cánones o derechos de licencia, establece lo siguiente: “Los cánones y derechos de licencia que se mencionan en el párrafo 1 c) del artículo 8 podrán comprender, entre otras cosas, los pagos relativos a patentes, marcas comerciales y derechos de autor. Sin embargo, en la determinación del valor en aduana no se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas los derechos de reproducción de dichas mercancías en el país de importación. Los pagos que efectúe el comprador por el derecho de distribución o reventa de las mercancías importadas no se añadirán al precio realmente pagado o por pagar cuando no constituyan una condición de la venta de dichas mercancías para su exportación al país importador.”.
Respecto de lo precedente se señaló que: “...en el artículo 8, el valor de transacción no podrá determinarse mediante la aplicación de lo dispuesto en el artículo 1. (...). Los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercaderías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluídos el precio realmente pagado o por pagar.”. Cabe mencionar que los cánones y derechos de licencia son parte del valor de transacción para determinar el valor de aduana siempre que los mismos sean una condición de venta, y de ser tomados como condición de venta debe ser de forma objetiva y cuantificable y no basarse en estimaciones, apreciaciones o presunciones.
Ello constituye el error fundamental en el que incurre la Aduana y por el que, en definitiva, corresponderá revocar lo pretendido por el organismo Fiscal, pues es claro que, la cuantificación para la pobremente fundada recomposición del valor, al momento del ingreso de las mercaderías, resultaba imposible de establecer -en los términos de la nota interpretativa del tercer párrafo del art. 8 del Acuerdo de Valor-, que el contrato con LCS INTERNATIONAL B.V.(que autoriza la distribución de los productos bajo licencia en el territorio), NO HACE REFERENCIA alguna a los insumos, limitándose a los productos fabricados por DISTRINANDO S.A., por lo que lógicamente, la compra de insumos, en el mercado local como en el mercado internacional, no tiene relación con el contrato en tanto nada dice al respecto ni se ha demostrado primigeniamente –ni pretendido acreditar- antes de descartar el valor declarado por la aquí recurrente.
Entonces, en base a estas circunstancias descriptas, no puede establecerse con datos objetivos y cuantificables el canon que correspondería por las mercaderías importadas, ya que los mismas no pueden ser distinguidas dentro de los “Artículos Bajo Licencia” vendidos por la recurrente, razonamiento explayado por esta Sala en el precedente caratulado “World Sport S.A. c/ DGA”, sentencia de fecha 7/11/2014, que fuera confirmado por la Sala IV de la Alzada, en fecha 15/09/2015, cuyas conclusiones resultan aplicables al caso.
En este cause argumentativo no cabe sino concluir que el ajuste de valor efectuado por el Servicio aduanero en flagrante inobservancia del marco regulatorio del procedimiento en cuestión, destacándose centralmente la falta de fundamentos que motivaron el ajuste cuestionado.
Como consecuencia lógica de lo concluido corresponde declarar la improcedencia de los cargos n° 129/15 y 130/15 formulados a raíz del ajuste practicado y revocar la Resolución DE PRLA n° 2149/17.
Por ello, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución DE PRLA n° 2149/17, recaída en la actuación SIGEA n° 13289-10932-2006/17, en cuanto ha sido materia de agravio.
2. Costas a la demandada.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
Que adhiere al voto del Dr. González Palazzo.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución DE PRLA n° 2149/17, recaída en la actuación SIGEA n° 13289-10932-2006/17, en cuanto ha sido materia de agravio.
2. Costas a la demandada.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo Garbarino por encontrarse vacante la Vocalía de la 18º Nominación (art. 1162 del C.A.).
Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2022.10.24 19:52:45 -03:00 Date: 2022.10.25 17:01:29 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.25 17:01:30 -03:00
Fin de la sentencia