Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2023-79632827-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los planteos de nulidad del procedimiento administrativo y de prescripción de la acción para imponer penas formulados por la actora, con costas (art. 1163 C.A.).
2Confirmar la Resolución 2023-2237 E AFIP DEPRLA#SDGTLA, dictada el 15/06/2023, en el marco del sumario aduanero SIGEA N° 17990-1320-2017, con costas a la actora vencida (art. 1163 C.A.).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-95608651-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 30 de Septiembre de 2026 Aduanas s/recurso de apelación”
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria (por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación) con la presidencia del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: “DITECAR S.A. c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación”
EX-2023-79632827-APN-SGASAD#TFN
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. En el presente caso se endilgó, a la firma recurrente DITECAR S.A, encontrarse incursa en la infracción prevista en el art. 991 del Código Aduanero (Ley N° 22.415). El acto administrativo recurrido, Resolución 2023- 2237 E AFIP DEPRLA#SDGTLA, fue dictado por el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos, hoy ARCA, el 15/06/2023, en el marco del sumario aduanero SIGEA N° 17990-1320-2017. En dicha Resolución se dispuso condenar a la actora y aplicarle una multa igual a una vez el valor en plaza de la mercadería en juego, por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 56/100 ($ 1.104.933,56) por encontrarla responsable de la infracción señalada en el primer párrafo. Asimismo, se le formuló cargo y se la intimó a su pago, bajo los apercibimientos de ley. II.- Contra ese pronunciamiento aduanero, a través de apoderado, la actora interpuso recurso de apelación mediante presentación IF-2023-79632707-APN-DTD#JGM. En primer término, solicitó la declaración de la nulidad de la resolución dictada por la Aduana, en el entendimiento que la misma no cumplió con el procedimiento administrativo ni con lo establecido en el art. 1080 y ccdts del Código Aduanero, toda vez que la condenó a abonar una suma en concepto de multa, sin haberle notificado el auto de apertura del sumario, como establece el art. 1094 del texto normativo citado. Cita jurisprudencia.
Asimismo, peticionó que se declare prescripta la acción de la Aduana. Respecto a este punto y a, fin de fundamentar tal solicitud, describe que la Aduana debió dictar y notificar la apertura del sumario con fecha límite el día 31/12/2022, lo cual desconoce si ocurrió o no, ya que recién le fue notificada dicha providencia de apertura sumarial el día 23/02/2023, es decir habiendo transcurrido el plazo liberatorio, según su postura. Alega que son erróneas las previsiones del art. 937 al establecer que el plazo de prescripción se interrumpe, por el dictado del auto de apertura del sumario y no por su notificación. Insiste en que las normas deben ser interpretadas en su conjunto, siendo lo que solicita: que la interpretación de la referida norma sea en conjunto con las demás normas aduaneras, las que regulan los procedimientos administrativos, los códigos procesales, los pactos internacionales de jerarquía constitucional y la Constitución Nacional de nuestro país.
Alude asimismo a lo previsto en el párrafo segundo del art. 1017 del C.A. establece que “Cuando se tratare de los procedimientos por infracciones y por delitos aduaneros, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal la Justicia Federal y los Tribunales de la Capital y Territorios Nacionales, las que prevalecerán sobre las indicadas en el apartado 1” y que en dicha tesitura cuadraría aplicar el art. 142 del C.P.P.N. que transcribe.
Sostiene que en el caso en estudio el plazo de prescripción por aplicación de lo dispuesto por el art. 935 del C.A., comenzó a correr desde el 01/01/2018 y por ende considera que, el plazo de prescripción liberatorio de 5 años previsto en el art. 934 en este supuesto, se cumplió indefectiblemente, el día 31/12/2022 ya que la Aduana no procedió a abrir el sumario aduanero en tiempo.
Respecto de la cuestión de fondo señala que, a fs. 5 de las actuaciones administrativas la Aduana el día 14/12/2017, solicitó a la actora la presentación de información en la oficina de “Comprobación de Destino” relativa a la Destinación de Importación Temporal 17 008 IT06 000007 F oficializada el día 24/10/2017, que se habría nacionalizado a través de la Destinación de Importación a Consumo 17 008 IC83 000045 S, oficializada el día 30/11/2017, por la cual se nacionalizaron dos vehículos Marca Volvo V40 Cross Country: T4 AWD 8VIN YV1MZ57HCJ2143107 y T4 AWD 8VIN YV1MZ57HCJ2143110, la que fue aportada según se desprende a fs. 6 del sumario aduanero el día 22/12/2017.
Advierte que, del propio expediente aduanero -por la documental acompañada oportunamente- se acredita que DITECAR S.A. nacionalizó la mercadería importada mediante despacho y en prueba de ello acompañó en tiempo y forma la documentación a la aduana.
Entiende que no quedan dudas respecto a que DITECAR S.A. nacionalizó la mercadería antes del vencimiento de la temporal -abonando los correspondientes derechos aduaneros- para luego proceder a vender la mercadería ya liberada a plaza, por lo cual insiste en que se le imputa a la apelante erróneamente, el haber cometido una infracción al art 991 del C.A., por el hecho de no haber determinado, en la factura de venta de las unidades, el despacho de importación a consumo de las mismas, pasando por alto lo informado en el expediente administrativo.
Concluye que hasta la propia Aduana manifestó que el despacho de importación para consumo estaba agregado en la factura, pero de manera manual, y que por ello, debe tenerse en cuenta los fines por los cuales se dictó la norma para determinar si fue violada o no, consecuencia de lo cual cometería un yerro la aduana en la imputación a DITECAR S.A. por la comisión de la infracción prevista en el art. 991 del Código Aduanero, ya que la misma no reviste carácter formal sino sustancial y, es por ello, que no se puede imputar ni condenar al administrado, si demuestra su buena fe y la correcta y legitima situación de la mercadería. Cita doctrina y jurisprudencia sobre el particular. Ofrece prueba, Reserva caso federal y solicita se revoque el acto administrativo emitido por la aduana, con expresa imposición de costas a la aduana III.- De su lado el Fisco contesta el traslado del recurso de apelación que le fuera conferido mediante IF-2023- 136371477-APN-DTD#JGM. En primer lugar, realiza una negativa general de los hechos.
Expresa que del incumplimiento, como el detectado por el Servicio Aduanero, se determina, sin lugar a dudas, que la recurrente con su accionar violó lo normado por el artículo 9 del Decreto 4531/65 al no consignar en las facturas de venta, el número, año y aduana que expidió el Despacho o póliza por la cual nacionalizó la mercadería, siendo que además ingresó la mercadería, al amparo de una DIT distinta. Refiere jurisprudencia relacionada.
Relata que la investigación relativa a la infracción en trato, se inició como consecuencia de la denuncia cursada por personal de la División Comprobación de Destino, atento que al efectuarse tareas de fiscalización concernientes a la comprobación de destino de la DIT en juego, se detectó que la firma transfirió la mercadería importada temporalmente sin consignar en los remitos y facturas los recaudos establecidos en el Decreto N° 4531/1965, en particular, la identificación de la Destinación mediante la cual se importó la mercadería objeto de transferencia, la que no coincide con la que efectivamente se registró la importación.
Aduce que incumplimientos como el detectado, tienen como consecuencia directa impedir que el Servicio Aduanero pueda determinar - en cualquier momento- la legítima introducción de las mercaderías extranjeras en nuestro país, atento que al transferirlas sin los recaudos exigidos por el Decreto 4531/65, el nuevo adquirente no cuenta con los datos necesarios a los fines de acreditar el legítimo ingreso de las mercaderías al serle esto eventualmente requerido por el Servicio Aduanero.
Concluye que tal como se deduce de todo lo actuado en sede administrativa, en autos no se probó que la transferencia de la mercadería importada temporalmente, se efectuó de forma correcta y acusa, que dicho acto no fue informado a la Aduana.
En lo relativo al planteo de nulidad, formulado por la actora, refiere a las previsiones de los artículos 1050 al 1052. El artículo 1050 del cuerpo legal citado expresa que “(...) No se podrá declarar la nulidad de un acto de procedimiento si el mismo, no obstante su irregularidad, hubiere logrado la finalidad a que estaba destinado (...)”. Menciona lo que prescribe el art 1051: “(...) 1. La nulidad no podrá ser declarada cuando el acto hubiere sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. 2. Salvo disposición especial que fijare un plazo mayor, se entenderá que media consentimiento tácito, cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los CINCO (5) días subsiguientes al conocimiento del acto (...)”. Colige que la norma establece el principio de convalidación de los actos defectuosos, si estos alcanzan el fin o fines para los cuales estaban previstos. Refiere una cita doctrinaria calificada que en este sentido señaló: “(...) La norma establece el principio de convalidación de los actos defectuosos, si ellos alcanzan los fines que estaban previstos y el administrado no reclama su nulidad dentro del plazo de 5 días hábiles. Si el interesado no lo hiciere, convalida el acto irregular y luego no podrá cuestionar por el principio de preclusión (...)” (Conf. Código Aduanero Comentado Tomo III, BARREIRA Enrique C., BASALDÚA Ricardo X, COTTER MOINE Juan P., VIDAL ALBARRACÍN Héctor G., VIDAL ALBARRACÍN Guillermo y otros; Abeledo Perrot, 2011 p. 571). Cita además jurisprudencia relacionada a la temática que se desarrolla.
Acerca del planteo de prescripción, agrega que en el Artículo 937 del Código Aduanero, se establecen cuatro causales de interrupción de la prescripción de la acción penal: el dictado del auto de apertura a prueba del sumario, la comisión de otra infracción o de otro delito aduanero y el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera.
Manifiesta que surge claramente de la letra de la norma, que la interrupción se produce por la sola circunstancia: del "dictado" del acto respectivo. Que si la intención del legislador hubiese sido que la interrupción se produjera con la notificación de aquel acto, o de la vista que debe conferirse de lo actuado a los presuntos responsables -una vez cumplidas las medidas ordenadas en aquella resolución- a fin de que éstos presenten sus defensas y ofrezcan las pruebas pertinentes (artículo 1101) así lo habría indicado en el texto legal.
Remarca que una inteligencia de las normas en juego opuesta a la consignada precedentemente, importaría tanto como suponer que lo establecido por la ley respecto de la interrupción de la prescripción obedeció a la imprevisión o a la falta de consecuencia del legislador lo cual, por principio es inadmisible (Cita Fallos: 303:1041; 304:794). Por último, señala que la eficacia del acto que dispone la apertura del sumario a los fines de interrumpir la prescripción, está dada por la directa aplicación del ya citado artículo 937 del Código Aduanero, de manera que no corresponde acudir a otros cuerpos normativos para decidir la cuestión planteada, fundamentos que resultan –mutatis mutandi- aplicables al presente caso. (Conf. CSJN en autos “Wonderland SRL c/ Aduana Rosario”, sentencia del 12/05/2009, publicado en Fallos: 332:1109).
Que de todo lo dicho se desprende que no se ha producido en autos la pretendida prescripción de las acciones de mi mandante para imponer multas y percibir tributos, por lo que solicita se rechace el planteo de la recurrente en este sentido, con costas. Ofrece prueba. Reserva caso federal y peticiona se se confirme la RESOL-2023-2237-E- AFIPDEPRLA#SDGTLA objeto de apelación, con expresa imposición de costas a cargo de la parte actora.
IV. Mediante PV-2026-92422979-APN-VOCXV#TFN, de fecha 22/09/26, se elevan los autos a conocimiento de la Sala “E”. Con fecha 28/09/29, mediante IF-2026-94449336-APN-VOCXV#TFN, se dispone el llamado de autos a sentencia.
V. De las constancias de las Actuaciones SIGEA Nº 17990-1320-2017 surge que las mismas se inicia con el Formulario 9002 de la División Comprobación de Destino de la Aduana (DI VACD). A fs. 3 Nota de la firma DITECAR S.A., presentada a través del Despachante de Aduanas Juan Ramiro Bartolomé, a fin de solicitar la autorización de exhibición de dos vehículos importados bajo el régimen de Importación temporal. A fs. 7/9 obra agregado Despacho de Importación N° 17008IC83000045S. A fs. 11, consta la Factura N° 0010-00002288. A fs. 13 del Despacho de Importación Temporal 17008IT06000007F. A fs. 30/31 luce el Acta de Denuncia N° 18000OM17000007T de fecha 06/06/2018. A fs. 38 se dispone apertura de sumario el día 26/12/2022. A fs. 41, la orden de corrida de vista (22/02/2023). A fs. 42 luce glosada la cédula de notificación a la actora vía SICNEA N° 23001NOTI037722S de la corrida de vista con fecha 23/02/2023. A fs. 49/57, contesta vista la actora imputada de la infracción en trato. A fs. 65/68 obra la Resolución DE PRLA 2237/2023 y a fs. 71, la cédula de notificación del fallo aduanero a la actora del día 16/06/2023.
VI. Que corresponde analizar y resolver, en primer lugar, el planteo de nulidad del procedimiento seguido en sede administrativa formulado por la actora.
La recurrente sostiene que no le fue notificado el auto de apertura del sumario dictado en los términos del art. 1094 del Código Aduanero y que tal omisión habría afectado su derecho de defensa.
Al respecto, cabe recordar que el art. 1050 del Código Aduanero establece que no podrá declararse la nulidad de un acto de procedimiento cuando éste, no obstante su irregularidad, hubiere logrado la finalidad a la que estaba destinado. A su vez, el art. 1051 dispone que la nulidad no podrá ser declarada cuando el acto hubiere sido consentido por la parte interesada.
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que para que prospere la declaración de una nulidad procesal se requiere la existencia de un perjuicio concreto para quien la invoca, pues su declaración en el solo interés del cumplimiento formal de la ley importaría un manifiesto exceso ritual incompatible con el adecuado servicio de justicia (Fallos: 295:961; 298:312; 306:149; 310:1880; 311:1413; 330:4549). En igual sentido, ha señalado que resulta inadmisible la declaración de una nulidad por la nulidad misma (Fallos: 303:554; 322:507; 324:1564).
En el caso, de las actuaciones administrativas surge que a fs. 38, con fecha 26/12/2022, se dispuso la apertura del sumario. Posteriormente, a fs. 41, con fecha 22/02/2023, se ordenó correr vista de las actuaciones a DITECAR S.A., en los términos del art. 1101 del Código Aduanero, providencia que fue notificada mediante SICNEA el 23/02/2023, conforme constancia de fs. 42.
La recurrente compareció y contestó dicha vista a fs. 49/57, oportunidad en la que tomó conocimiento de la imputación formulada en su contra, expuso sus defensas y acompañó la documentación que estimó pertinente. En tales condiciones, aun cuando el auto de apertura del sumario no hubiera sido objeto de una notificación autónoma, no se advierte que tal circunstancia haya ocasionado un menoscabo concreto al ejercicio del derecho de defensa. En efecto, la finalidad propia del procedimiento —poner en conocimiento de la imputada los hechos atribuidos y permitirle ejercer adecuadamente su defensa antes del dictado de la resolución definitiva— fue satisfecha mediante la vista prevista en el art. 1101 del Código Aduanero.
Por lo demás, la recurrente no identifica qué defensa concreta se habría visto impedida de ejercer ni qué prueba habría dejado de producir como consecuencia de la irregularidad que denuncia.
En consecuencia, no habiéndose acreditado perjuicio concreto ni estado de indefensión alguno, corresponde rechazar el planteo de nulidad articulado por DITECAR S.A., con costas.
VII. Que, en otro orden de cosas, la recurrente plantea la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas. Al respecto, el art. 934 del Código Aduanero establece que la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de cinco años. Por su parte, el art. 935 dispone que dicho plazo comienza a correr el 1° de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en su caso, desde su constatación.
En el caso, la conducta imputada se vincula con la transferencia de la mercadería documentada mediante la Factura N° 0010-00002288, de fecha 28/11/2017. En consecuencia, el plazo de prescripción comenzó a correr el 1°/01/2018.
Ahora bien, de las actuaciones administrativas surge que a fs. 38, con fecha 26/12/2022, se dispuso la apertura del sumario. Por lo tanto, dicho acto fue dictado antes del vencimiento del plazo quinquenal.
Ello adquiere particular relevancia porque el art. 937, inc. a), del Código Aduanero establece expresamente que la prescripción de la acción para imponer penas se interrumpe por “el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario”.
A fin de precisar el alcance de esta disposición, corresponde recordar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Wonderland S.R.L. c/ Aduana Rosario”, sentencia del 12/05/2009, Fallos: 332:1109. Allí sostuvo que el art. 937, inc. a), del Código Aduanero no exige que el auto de apertura del sumario sea notificado al imputado para producir efectos interruptivos, sino que éstos se generan por la sola circunstancia de su dictado.
En ese sentido, la Corte señaló que, si la intención del legislador hubiera sido supeditar la interrupción a la notificación del acto o de la posterior vista conferida al presunto responsable, así lo habría establecido expresamente. Agregó que una interpretación contraria importaría presumir imprevisión o inconsecuencia del legislador, lo que resulta inadmisible.
Asimismo, precisó que la eficacia interruptiva del auto de apertura del sumario deriva directamente de la aplicación del art. 937 del Código Aduanero, sin que corresponda acudir a otros cuerpos normativos para decidir la cuestión.
En consecuencia, habiéndose dictado el auto de apertura del sumario el 26/12/2022, antes del vencimiento del plazo de cinco años iniciado el 1°/01/2018, la prescripción fue válidamente interrumpida.
Por ello, corresponde rechazar el planteo de prescripción formulado por la recurrente, con costas.
VIII. Que, sentado lo que antecede, corresponde ingresar al tratamiento de la cuestión de fondo y determinar si la conducta atribuida a DITECAR S.A. encuadra en la infracción prevista y penada por el art. 991 del Código Aduanero.
La citada norma sanciona a quien transfiriere por cualquier título, con fines comerciales o industriales, mercadería de origen extranjero que no presentare aplicado el respectivo instrumento fiscal, que no llevare los medios de identificación en la forma prevista por la reglamentación pertinente o cuya transmisión se efectuare sin cumplir los requisitos que se hubieren establecido al efecto.
En el caso, la imputación formulada por el servicio aduanero se sustenta en el incumplimiento de las exigencias previstas por el Decreto N° 4531/65, particularmente en su art. 9°, incs. d) y e).
Dicha norma establece que toda operación comercial con mercaderías de origen extranjero deberá instrumentarse mediante factura, recibo, remito u otro documento en el que consten, entre otras especificaciones, la cantidad, especie, calidad y origen de las mercaderías y toda otra característica tendiente a su mejor identificación —inc. d)—, así como el número, año y aduana que expidió el despacho por el cual se nacionalizó la mercadería —inc. e)—.
El referido Decreto N° 4531/65 se encontraba vigente al tiempo de los hechos y continúa vigente en la actualidad, integrando, en cuanto aquí interesa, la reglamentación a la que remite el art. 991 del Código Aduanero. La finalidad de tales exigencias consiste en posibilitar que pueda determinarse, al tiempo de la circulación y comercialización de mercadería extranjera en plaza, su legítima introducción al territorio aduanero. No se trata, por tanto, de una exigencia desvinculada de la finalidad del régimen, sino de uno de los medios expresamente previstos para asegurar la trazabilidad de la mercadería de origen extranjero luego de su importación. En tal sentido, aun cuando algunos de los recaudos establecidos por el Decreto N° 4531/65 presenten apariencia formal, se encuentran directamente relacionados con la legítima introducción y circulación de la mercadería extranjera en plaza y, por ello, hacen al contenido sustancial de la infracción prevista en el art. 991 del Código Aduanero.
De la revisión integral de las actuaciones administrativas surge que la imputación encuentra sustento concreto en la documentación agregada al sumario. En particular, de la compulsa de la Factura N° 0010-00002288, glosada a fs. 11, se advierten los incumplimientos señalados por el servicio aduanero. Asimismo, dichas inconsistencias fueron consignadas en el Informe N° 513/2018, de fecha 21/05/2018, labrado por la funcionaria interviniente y elevado a la División Comprobación de Destino, agregado a fs. 27/28 de las actuaciones.
Sentado ello, de las actuaciones administrativas surge que la transferencia del vehículo involucrado fue documentada mediante la Factura N° 0010-00002288, de fecha 28/11/2017.
Asimismo, se encuentra acreditado que la Destinación de Importación para Consumo N° 17 008 IC83 000045 S, mediante la cual se nacionalizó la mercadería, fue oficializada el 30/11/2017.
La comparación de ambas fechas resulta determinante. Al momento de emitirse la factura y documentarse la transferencia, la destinación de importación para consumo aún no había sido oficializada. Por consiguiente, el número de dicha destinación que aparece incorporado en forma manuscrita en la factura necesariamente fue agregado con posterioridad a su emisión.
De ello se sigue que, al momento de perfeccionarse la operación comercial, el documento mediante el cual se instrumentó la transferencia no contenía el dato exigido por el art. 9°, inc. e), del Decreto N° 4531/65. A ello se agrega que en la factura examinada tampoco se encuentra debidamente consignado el origen de la mercadería, exigencia expresamente prevista en el inc. d) del mismo artículo.
No modifica esta conclusión el hecho de que la recurrente haya posteriormente acreditado que la mercadería fue legítimamente importada para consumo y que los tributos correspondientes hubieran sido satisfechos. Ello así pues lo que aquí se sanciona no es la ausencia de una destinación de importación válida, sino la transferencia de mercadería de origen extranjero sin observar, al momento de la operación comercial, los requisitos documentales que la reglamentación establece a fin de posibilitar su adecuada identificación y la comprobación de su legítima introducción a plaza.
En consecuencia, la posterior incorporación manuscrita del número de la destinación no puede retrotraer sus efectos al momento en que la factura fue emitida ni subsanar el incumplimiento ya producido.
Tampoco resulta suficiente, a estos efectos, la invocación de buena fe efectuada por la actora. La configuración de la infracción examinada deriva del incumplimiento objetivo de las obligaciones que el régimen impone a quien transfiere mercadería extranjera con fines comerciales, sin que la acreditación posterior de su legítima importación resulte idónea, por sí sola, para tener por cumplidos los recaudos que debían observarse al tiempo de la transferencia.
Por ello, a la luz de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas y de la normativa aplicable, considero acreditado que DITECAR S.A. transfirió la mercadería de origen extranjero sin cumplir, al momento de documentarse la operación, con los requisitos previstos por el art. 9°, incs. d) y e), del Decreto N° 4531/65. Cabe asimismo tratar el argumento de la recurrente relativo a la existencia de un precedente administrativo que considera análogo al presente. Señala que en las actuaciones N° 17990-179-2016, Sumario N° 088SC-186- 2022/18, la Aduana habría desestimado una imputación formulada contra DITECAR S.A. en los términos del art. 991 del Código Aduanero, considerando eventualmente aplicable el art. 992, con sustento en jurisprudencia que admite la exculpación cuando se encuentra acreditada la legítima introducción de la mercadería y la buena fe del transmitente.
Sin perjuicio de señalar que los pronunciamientos dictados por el servicio aduanero en otros sumarios no resultan vinculantes para este Tribunal, corresponde advertir que las circunstancias comprobadas en estas actuaciones presentan una diferencia relevante que impide trasladar sin más aquel criterio al caso.
En efecto, aquí no se verifica únicamente la omisión de consignar en una factura el número de una destinación de importación para consumo ya existente al momento de la transferencia. Como se señaló, la Factura N° 0010- 00002288 fue emitida el 28/11/2017, mientras que la Destinación de Importación para Consumo N° 17 008 IC83 000045 S fue oficializada recién el 30/11/2017. De ello se sigue que, al tiempo de documentarse la operación comercial, la nacionalización que posteriormente se invoca aún no se había formalizado y que la referencia manuscrita incorporada a la factura necesariamente fue posterior.
Esta circunstancia distingue el supuesto de autos de aquellos precedentes en los que, encontrándose acreditada la legítima introducción de la mercadería con anterioridad a su transferencia, se consideró que la sola omisión de determinados recaudos documentales no resultaba suficiente para configurar la infracción prevista en el art. 991 del Código Aduanero.
Por ello, tampoco el precedente administrativo invocado por la actora ni la jurisprudencia citada permiten, dadas las particulares circunstancias comprobadas en la causa, apartarse de la conclusión precedentemente alcanzada. En consecuencia, corresponde tener por configurada la infracción prevista en el art. 991 del Código Aduanero y, en este aspecto, confirmar la resolución apelada.
IX. Que, en cuanto a las costas, atento al resultado del recurso y no advirtiéndose razones que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota, corresponde imponerlas a la parte actora vencida, conforme lo dispuesto por el art. 1163 del Código Aduanero.
Por ello, VOTO POR:
1. Rechazar los planteos de nulidad del procedimiento administrativo y de prescripción de la acción para imponer penas formulados por la actora, con costas (art. 1163 C.A.).
2. Confirmar la Resolución 2023-2237 E AFIP DEPRLA#SDGTLA, dictada el 15/06/2023, en el marco del sumario aduanero SIGEA N° 17990-1320-2017, con costas a la actora vencida (art. 1163 C.A.).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero al voto precedente.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. Rechazar los planteos de nulidad del procedimiento administrativo y de prescripción de la acción para imponer penas formulados por la actora, con costas (art. 1163 C.A.).
2. Confirmar la Resolución 2023-2237 E AFIP DEPRLA#SDGTLA, dictada el 15/06/2023, en el marco del sumario aduanero SIGEA N° 17990-1320-2017, con costas a la actora vencida (art. 1163 C.A.).
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación (conf. art. 1162 del C.A. y art. 52 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Fiscal de la Nación).
Date: 2026.09.30 19:10:06 ART Date: 2026.09.30 21:14:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.30 21:14:35 -03:00
Fin de la sentencia