Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8197 FOLIO Nº 185/201 PROT. ELECT. JR101073I.231
Río Gallegos, 30 de octubre de 2023.
La presente causa caratulada: “Div. Cria. 28 de Noviembre S/ Investiga”, Expte. Nº D-16797/23, Apelación Nº 8386/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 681/709 y vta. del presente incidente de apelación, obra glosado en copias el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio, quien en los puntos 1º), 2º) , 4º), 6º) y 7º) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de A.I.A., E.M.S.A., J.A.G.J., L.D.A.S. y M.E.O. -respectivamente-, en orden al delito de "Homicidio en grado de tentativa agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas -una víctima- (art. 79 en función del art. 42, en función del art. 80 inc. 2º y 6º del CP) y "Lesiones leves -una víctima-" en calidad de coautores, en concurso real entre sí (art. 89 en función del art. 45 y 55 del CP) y en el punto 8º) ordenó trabar embargo sobre el dinero o bienes de cada uno de los nombrados hasta cubrir la suma de Pesos Un Millón ($1.000.000), conforme el art. 499 del CPP. Que a fs. 836/837vta., 770/777vta., 779/786vta., 815/822vta., y 791/795vta. del incidente, las defensas técnicas de A.I.A., E.M.S.A., J.A.G.J., M.E.O. y L.D.A.S., apelaron dicho auto -motivándolo-; a fs. 845, 846 y 847 se sostuvieron los recursos y a fs. 849/850 y 858/863 acompañaron el memorial de agravios en los términos del art. 437 del CPP.
En consecuencia, se encuentran estos actuados en estado de resolver;
Y
Que seguidamente se abordarán cada uno de los recursos de apelación interpuestos por las defensas técnicas de los imputados en contra del auto de procesamiento por considerarlo arbitrario y contrario a derecho, ocasionándoles a sus representados un gravamen irreparable por atentar contra las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, de raigambre constitucional. I) Recurso de apelación del imputado A.I.A.: a.- Agravio relativo a la calificación legal de los hechos reprochados: En primer término la defensa asevera que yerra la a quo al considerar que la conducta desplegada por su defendido pudiera considerarse constitutiva del delito de homicidio en grado de tentativa, menos aún que el mismo se encuentre agravado por alevosía o por el concurso premeditado de dos o más personas. Aclara que el delito que la Magistrada califica como homicidio en grado de tentativa se trata, en realidad, de lesiones graves, por cuanto ni siquiera califican como lesiones gravísimas, y ello surge de las propias constancias de autos. Y en ese sentido afirma que en el presente caso nada indica que los hechos presuntamente cometidos por su asistido hayan tenido por fin quitar la vida de la presunta víctima. Asimismo, respecto del agravante del concurso premeditado, entiende que tampoco se condice con las constancias de autos, ya que para ello, los presuntos imputados debieron organizarse previamente para cometer el mentado homicidio, y tal extremo no surge de autos, con lo cual no se reúnen los requisitos del CP para que se dicte el procesamiento aquí atacado. Por ello solicita se revoque el procesamiento dictado, ordenando dictar una resolución acorde a las constancias de autos. Pues bien, en relación a la crítica referida a la calificación legal atribuida al imputado A.I.A., del estudio de la resolución recurrida se observa que la Instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente los hechos en orden al delito de "Homicidio en grado de tentativa agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas -una víctima- (art. 79 en función del art. 42, en función del art. 80 inc. 2º y 6º del CP) y "Lesiones leves -una víctima-" en calidad de coautores, en concurso real entre sí (art. 89 en función del art. 45 y 55 del CP).
Veamos, de la resolución puesta en crisis se observa que la Instrucción luego de analizar pormenorizadamente cada uno de los elementos de cargo reunidos, concluyó razonadamente que la materialidad del hecho reprochado se encontraría debidamente acreditada con el grado de probabilidad afirmativa que la instancia procesal requiere. Seguidamente al fundamentar la autoría penalmente responsable de los imputados y concretamente acerca del delito de homicidio en grado de tentativa valoró el testimonio concordante de la víctima S.A.Y.S., con el de su hermano también víctima S.F.L.S. y el testigo presencial –primo- E.J.P., por cuanto expresan que primeramente fueron interceptados cuando circulaban en su vehículo VW Golf, por los imputados que se trasladaban en dos vehículos –Chevrolet Corsa y Fiat Palio-, siendo que el Corsa les impidió seguir su marcha, deteniéndose por detrás el Palio, descendiendo los siete encausados con intenciones de agredirlos.
En ese contexto A.I.A. habría portado en sus manos un bate y J.A.G.J. un caño amarillo. Analiza que en plena pelea las víctimas habrían quedado en medio de la Avenida H.Y., en todo momento defendiéndose de las agresiones físicas de todos los imputados, siendo que en un momento S.A.Y.S. habría quedado al descubierto, instante en que sintió un golpe en la nuca propinado por el imputado A.I.A., utilizando el bate de aluminio. Que luego del golpe S.A.Y.S., habría quedado como adormecido, circunstancia en la que J.J.M.L. lo habría tomado por detrás, lo habría volteado, y cuando iba cayendo J.F.A.C. le habría propinado una patada impactando en el rostro de S.A.Y.S., perdiendo el conocimiento por unos segundos.
En esas circunstancias S.F.L.S., se habría arrojado sobre S.A.Y.S., para cubrirlo al momento que A. habría querido rematarlo con el bate; oportunidad en la que habría recibido varios golpes de puño, patadas y hasta un golpe con un fierro en la espalda, en tanto los imputados habrían salido corriendo, profiriendo insultos y festejando que los habrían agredido, y por otro lado su hermano yacía en el suelo, tendido boca abajo, le salía sangre de la nariz, boca y cabeza, estaba inconsciente y convulsionando. Completa el plexo probatorio lo informado por la DDI, en relación a la secuencia en que los imputados habrían llevado a cabo el hecho, la forma en que habrían desplegado la agresión, logrando la a quo captar de manera concordante lo sucedido con lo declarado por los damnificados y testigos.
Ponderó muy especialmente que la conducta que logró tener por desplegada por los imputados, es decir, la agresión física propinada a S.A.Y.S., habría sido realizada en la zona vital de la víctima: su cabeza. En función de ello, concluyó que la intención de sus conductas habría sido dirigida a quitar la vida de la víctima, puesto que tales agresiones habrían sido propinadas con suficiente violencia y desprecio por la vida ajena, mediante la utilización de un elemento contundente –bate-, patadas y golpes de puños. En refuerzo de ello, valoró lo manifestado por los galenos intervinientes en la atención médica del damnificado S.A.Y.S., quienes fueron contestes en señalar que las lesiones que presentaba la víctima pusieron en riesgo su vida, que tales lesiones fueron inferidas con elemento romo y en la zona del cigomático, el occipital y en la región frontal –cabeza-, que además de ello, perdió el conocimiento a raíz del trauma craneano.
Por todo ello concluyó fundadamente que, la conducta de los imputados habría sido dolosa, ya que no solamente comenzaron a realizar actos propios e idóneos para provocar la muerte del damnificado sino también que los imputados habrían continuado con su accionar, cuando S.F.L.S. se arrojó sobre su hermano S.A.Y.S., quien se encontraba en el suelo, para impedir que los imputados continuaran con su agresión; habiendo cesado con la violenta agresión cuando habrían creído que S.A.Y.S. se habría muerto, por lo que habría sido una causa ajena a la voluntad de los imputados, lo que impidió la consumación del homicidio. Del mismo modo concluyó razonadamente que, de los elementos de cargo analizados, no puede decirse que los imputados actuaron de manera imprudente, sino que, por el contrario, ellos conocían del peligro de sus acciones, ya que le habrían propinado golpes con un elemento contundente en la zona vital –cabeza de S.A.Y.S.-, sumado a las patadas y golpes de puño en la cabeza y todo el cuerpo, proferidos en las mismas circunstancias, encontrándose la víctima indefenso.
Con relación a la agravante del concurso premeditado de dos o más personas, la Instrucción logró reconstruir a través de los testimonios de E.J.P., S.A.Y.S., y S.L.F.S., que el día anterior al hecho investigado, habrían mantenido inconvenientes con los imputados en el local bailable “S.”, puesto que en esa ocasión el imputado A.I.A. habría mantenido un cruce con E.J.P. –primo de los damnificados-, y S.F.L.S., la que habría terminado con la expulsión del local de todos los involucrados, donde habría habido manotazos y empujones. Que, al día siguiente del inconveniente, E.J.P. recibió un mensaje vía Whatsapp de parte de A.I.A., diciéndole por qué se hacían los pesados, a lo que le contestó que él había empujado primero, que se mandaron un par de mensajes más y luego lo bloqueó.
Asimismo cuenta con la captura de pantalla del estado de Whastapp del imputado E.M.S.A., de fecha 04/06/2023, a las 22:39 hs., aportada por el testigo L.F.S. –hermano de los damnificados-, en la cual se observa al imputado L.D.A.S., fumando un cigarrillo del lado del acompañante, circulando por la ruta nacional Nº 40 con dirección a 28 de Noviembre, la que tenía en su parte inferior unos emoticones de “puños”. Por último ponderó que del testimonio de G.E.J. –novia de S.A.Y.S.-, se desprende que el día del hecho alrededor de las 20:00hs., un coche Chevrolet Corsa circulaba en inmediaciones a su vivienda, pasando varias veces por el lugar. Y que al salir en el vehículo V.W. Golf de su novio, al llegar a la Avenida H.Y., fue interceptada por el imputado E.M.S.A., que circulaba en el vehículo Chevrolet Corsa que había visto rondando su casa, que éste se bajó –estando acompañado de más personas en el vehículo que no pudo identificar- y amagó a pegarle creyendo que era su novio, que le pidió disculpas y le dijo que el problema no era con ella; luego le preguntó dónde estaba su novio, diciéndole que él sabía dónde trabajaba y que le avisara que él lo estaba buscando.
De todo ello, la Sra. Jueza de grado infiere que aquél inconveniente mantenido en el local bailable S., sería la antesala del conflicto que habría originado el pacto, esto es, el acuerdo de voluntades efectuado entre los imputados para salir organizadamente en búsqueda de los hermanos “S.”, desencadenándose la agresión horas después. Concluyó que para el acuerdo de voluntades basta la planificación con cierta anticipación, aún en momentos previos o concomitantes a la comisión del hecho y entendió que habría quedado sobradamente acreditado que los imputados habrían convenido matar en concurso, con la convergencia intencional de los unos respecto de la acción de los otros. Y en ese sentido, de la prueba adunada tuvo por acreditado que habría existido una convergencia de voluntades por parte de todos los imputados, quienes aprovechando el estado de indefensión de S.A.Y.S., producto del primer golpe y la primera patada, ya con claras intenciones de acabar con su vida, habrían continuado agrediéndolo violentamente entre todos, cesando los imputados en su accionar, cuando creyeron que estaba muerto.
Agregó que, lejos de conformar una mera reunión casual, los imputados habrían deliberado y planificado salir en búsqueda de los hermanos S. con posterioridad al inconveniente originado en el local bailable S., por lo cual habrían decidió organizarse y en virtud de la pluralidad de intervinientes, habrían logrado la disminución de actos de defensa de la víctima, dotando a los agresores de mayor peligrosidad (por su cantidad y por el elemento contundente portado por A.I.A.), quienes habrían aprovechado también la mayor facilidad material que este panorama les brindaba para lograr su cometido previamente concertado.
Así aseveró que tal como se observa de la plataforma fáctica desarrollada, se habría acreditado un plan mancomunado originario, o inicial resolución común, por parte de todos los imputados, para atacar a golpes a S.A.Y.S., hasta quitarle la vida, y tal fin se habrían organizado para golpearlo, aunando fuerzas mediante acuerdo de voluntades tendientes a alcanzar el objetivo perseguido en común, el cual no fue logrado.
Del mismo modo concluyó que el fundamento de la agravante reside en las menores posibilidades de defensa de las víctimas ante la actividad de varios agresores, toda vez que al incrementarse el número de sujetos activos, se amplía la posibilidad de tener éxito, ya que se disminuye el poder de defensa de la víctima.
Por último, respecto de la agravante de alevosía, la Instrucción entendió que de las pruebas recabadas se desprende que los imputados actuaron sobre seguro para atentar contra la vida de S.A.Y.S., que se valieron del estado de indefensión en que se encontraba, aprovechándose además que lo superaban en número; siendo ello acreditado no solamente mediante el testimonio de la propia víctima y los testigos presenciales, sino también por las secuencias fílmicas aportadas en autos, de las que se visualiza la violencia desplegada por los imputados, con total desprecio por la vida ajena, propinando un sinfín de golpes de puño, patadas y utilizando un bate, tendientes a terminar con la vida de S.A.Y.S.
En cambio, del análisis de los argumentos de la defensa se advierte que su planteo constituye una mera disconformidad con la conclusión a la que arriba la Sra. Jueza de grado sin lograr controvertir lo decidido.
Por consiguiente, y siendo criterio de esta Alzada -en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal, este agravio no prosperará. Ello toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23 y 8488/23, entre otras).
Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...". (TR LALEY AR/JUR/56181/2014). Cabe mencionar que, si bien la calificación legal eventualmente puede incidir en el dictado de la prisión preventiva, lo cierto es que la medida de cautela personal que se abordará en profundidad en el agravio siguiente, no se fundó únicamente sobre ese motivo.
Otros juzgados tienen dicho al respecto que: “…Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la defensa contra el auto que decretó el procesamiento del imputado y dictó su prisión preventiva, pues la calificación asignada en el auto de procesamiento no incidirá en la libertad provisoria de su defendido, ya que aquella medida cautelar ha sido fijada en virtud de la valoración efectuada en cuanto al peligro de fuga por parte del imputado…” (Cita online: TR LALEY AR/JUR/19730/2010). En virtud de lo expresado, se advierte que la defensa no ha demostrado un agravio concreto relativo a la provisoria calificación legal de los hechos reprochados a su asistido, motivo por el cual será desestimado. b.- Agravio relativo a la prisión preventiva: En segundo lugar, la defensa se agravia por considerar que la privación de libertad tiende a asegurar los fines del proceso y en el caso, nada indica que la libertad de su asistido atente contra tal principio.
Expresa que el imputado A.I.A. además de ser nacido en la localidad, poseer corta edad y tener toda su familia allí, no cuenta con antecedentes penales ni indicio de ningún tipo que lleve a pensar que pueda entorpecer la investigación o que pueda eludir el accionar de la justicia. Por ello solicita se deje sin efecto el resolutorio en este aspecto, ordenando la inmediata libertad de su pupilo procesal. Seguidamente corresponde abordar el cuestionamiento de la prisión preventiva dispuesta al imputado, sin embargo tampoco prosperará. Este punto se encuentra debidamente abordado por la a quo luego de disponer el procesamiento a fs. 703/705 de los autos principales, sin advertir una interpretación manifiestamente inconstitucional y arbitraria de las normas nacionales e internacionales que rigen en la materia, concordando en que la prisión preventiva aparece como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para lograr la aplicación de la ley.
Del estudio de los fundamentos de la a quo se observa que en primer lugar tuvo por satisfecho el requisito de motivo bastante para sospechar que el imputado ha participado del ilícito que se le reprocha con pena privativa de la libertad; con lo cual se ve reducida la expectativa de resolución favorable y consecuentemente tuvo objetivamente incrementados los riesgos procesales en el caso concreto.
Asimismo consideró la seriedad de la imputación, el peso probatorio reunido en el legajo y que se encuentran aún pendientes de producción una cierta cantidad de pruebas, lo que también le permite lógicamente tener incrementado el riesgo de entorpecimiento de la investigación por parte del encartado, en caso de obtener su libertad. De igual manera ponderó que, del accionar del encartado, se desprende una clara peligrosidad procesal, lo que le permite razonadamente presumir que podría obstaculizar el accionar de la Justicia impidiendo así su normal desarrollo e intimidar no sólo a las víctimas sino también al grupo familiar que los protege. Sobre este punto resaltó lo declarado por los damnificados S.F.L.S. y S.A.Y.S., y el testigo E.J.P., por cuanto manifestaron que al retirarse los imputados del lugar del hecho, lo hicieron festejando, celebrando el accionar que habrían llevado a cabo, no siendo ello menor a considerar, ya que denotaría el grado de desprecio hacia el bien jurídico más importante que es la vida.
En consecuencia, se comparte con la a quo el deber de garantizar los derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, que se desprende del art. 8 inc. a) de la ley 27372, que faculta expresamente a las autoridades a adoptar las medidas necesarias tendientes a neutralizar el peligro en casos de delitos contra la vida. Por todo lo expuesto, si bien la defensa no comparte los argumentos invocados por la Jueza de Instrucción, en el auto recurrido se señalaron detalladamente las razones por las que ordenaba la medida cautelar, cumpliendo el auto dictado acabadamente con las prescripciones establecidas en los arts. 116 y 295 del CPP. Es así que entiendo que los agravios desarrollados por la defensa no logran conmover el decisorio arribado por la Instrucción, que ha sustentado la resolución en la naturaleza, modalidad y gravedad del delito reprochado.
En orden a lo expuesto, homologaré la prisión preventiva dispuesta por el delito endilgado, a pesar de carecer de antecedentes penales y de tener arraigo en la ciudad, toda vez que se encuentra debidamente fundada en datos objetivos de la causa y en el bien jurídico tutelado: la vida e integridad física. Ello no sólo por la necesidad de conciliar la libertad individual con el interés social de defenderse del delito, sino también porque es la solución que mejor se adecua a las obligaciones asumidas por el Estado Argentino ante la comunidad internacional respecto a la tutela de la vida de los ciudadanos, como labor principal del aparato estatal. No podemos soslayar en autos los derechos de las víctimas en su dimensión humana, lo cual encuentra su correlato en la necesidad que los operadores judiciales arbitren los medios tendientes a lograr la eventual condena de los autores del ilícito.
("Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad"). Con lo dicho, quedan desechados los argumentos que constituyen el presente agravio, puesto que se entiende que la a quo evaluó correctamente la peligrosidad que el sujeto activo demostró con su conducta concreta en los hechos objeto de investigación, logrando acreditar que el riesgo de entorpecimiento procesal y de fuga no es evitable más que con la medida cautelar de prisión preventiva decretada, resultando el pronunciamiento dictado sobre la prisión preventiva, ajustado a derecho y debidamente fundado, no conculcando las garantías constitucionales y principios jurídicos que rigen la materia.
Cabe recordar lo que tiene dicho la jurisprudencia al respecto: “La seriedad del delito y la severidad de la pena son factores de ponderación razonables y a tener en cuenta en las medidas restrictivas de la libertad para asegurar los fines del proceso.” (Cámara Federal de Casación Penal; Sala II; “V., C. R. s/ incidente de excarcelación”; 21/10/2020; Cita Online: AR/JUR/60291/2020). En orden a lo expuesto, homologaré la prisión preventiva dispuesta por el delito endilgado a A.I.A., toda vez que se encuentra debidamente fundada en datos objetivos de la causa y no luce desajustada a las características personales del encartado. c.- Agravio relativo al embargo: Finalmente la defensa se agravia del monto del embargo dispuesto por ser excesivo y perder de vista el objeto del mismo, en tanto es de imposible pago por su defendido.
Por último, en relación al planteo referido al monto de embargo, y al efectuar una atenta lectura de la resolución puesta en crisis -sobre este punto-, surge que la Magistrada a fs. 708, dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos un millón ($ 1.000.000.-). Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el Art. 499º del C.P.P. establece que al momento de decretar el procesamiento el Magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado). Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permitan apartarnos del criterio seguido por la Sra.
Jueza interviniente, limitándose genéricamente a calificarlo como `excesivo´, pues a su asistido le resulta imposible afrontar el pago de su cuantía. En tal sentido, cabe recordar que: “A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Por ello, rechazaré este infundado cuestionamiento.
d.- Expresa reserva de casación y del caso federal: Por último la defensa hace expresa reserva de plantear la cuestión ante el Excmo. TSJ así como en el ámbito de la Justicia Federal, por cuanto se encuentra en riesgo la libertad ambulatoria, el principio de inocencia, la defensa en juicio y, con ellos, el orden jurídico en general contenido en nuestra norma fundamental; lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
II. Recurso de apelación de los imputados E.M.S.A., J.A.G.J. y M.E.O.:
a.- Nulidad de la imputación. Indeterminación en la atribución del delito. Violación del derecho de defensa: En primer lugar la defensa se agravia por cuanto la Sra. Jueza ha efectuado una errónea y confusa atribución del hecho y de la calificación del delito, tratándose de una imputación genérica, confusa, imprecisa e indeterminada. Entiende que en los dos hechos reprochados a sus asistidos, se les atribuye haber estado presentes en el lugar y horario indicados junto a las demás personas que resultarían agresores, sin describir un accionar concreto y determinado, por lo que plantea que sin especificar la participación y la imputación, ésta deviene nula. En consecuencia asevera que se ve impedida de efectuar una adecuada defensa de los encartados, pues no pueden defenderse de una acusación que no conocen con exactitud, sino que por el contrario, es necesaria la descripción concreta y circunstanciada del accionar que se atribuye a cada partícipe del hecho, un adecuado encuadre fáctico y legal, una descripción individual de la actuación en el ilícito, máxime tratándose de una modalidad delictiva con participación de varias personas.
Es por ello que solicita se declare la nulidad del auto de imputación por la trascendencia del agravio, que no es otro que la violación del derecho de defensa de los imputados, debiendo declararse asimismo la nulidad de todos los actos procesales que sean consecuencia inmediata del acto nulificado. Ahora bien, analizando los agravios de la recurrente en confrontación con las actas de declaraciones indagatorias de sus asistidos y la resolución de procesamiento con prisión preventiva de los mismos, adelanto que la nulidad incoada no prosperará por entender que la imputación del hecho investigado cumple satisfactoriamente con lo establecido en los arts. 278, 279, 280, 281, 282, 283 y 284 del CPP, consistiendo en una descripción clara y detallada del accionar que se les reprocha, lo que a su vez guarda plena concordancia con la calificación del hecho a que se arriba en el auto de mérito, respetándose de ese modo el principio de congruencia procesal.
Con lo cual esta Alzada no advierte que se hubiera conculcado el derecho de defensa de los imputados, puesto que al momento de recibírseles la declaración indagatoria, les fue explicada claramente la conducta endilgada a E.M.S.A., J.A.G.J. y M.E.O., observando que a fs. 153/155, 141/143vta., y 145/147vta., respectivamente, hubieron de brindar su descargo, lo que –a su vez-, en el auto de procesamiento fue debidamente analizado por la Magistrada, la cual, tras confrontar sus versiones del hecho con los elementos de cargo reunidos, concluyó razonadamente que hubieron de brindar una versión exculpatoria de lo que se les reprocha, ubicándose en sus propios relatos en tiempo y lugar del hecho endilgado, sin lograr desvirtuar las pruebas valoradas en detalle, destacando la secuencia fílmica que pone de resalto las conductas reprochadas jurídicamente.
Conviene aclarar que, esta Alzada -siguiendo los postulados de la CSJN- ha venido sosteniendo en numerosas resoluciones (apelaciones nros. 6770/20, 6916/21, 7643/22, 7729/22 y 8323/23, entre otras tantas) que, en materia de nulidades procesales, prima un criterio de interpretación restrictiva, y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable a los justiciables. En este aspecto, nuestro Máximo Tribunal sostiene que las nulidades por vicios formales, exigen como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o restrinja algún otro derecho, de otro modo, se estaría respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público (Fallos: 325:1404, 330:4549 y 34:1081, entre otros).
En nuestro caso, se advierte que las consideraciones que constituyen el presente agravio, sólo traducen la disconformidad de la recurrente con el auto de mérito en grado de probabilidad afirmativa que decidió la Instrucción, no logrando conmover los argumentos por los cuales se arriba al decisorio atacado, tratándose de una pretensión que se sustenta en una lectura parcial de lo estrictamente narrado en la fijación del hecho reprochado a sus clientes, omitiendo atender los fundamentos proporcionados por la Magistrada al dictar el procesamiento.
Por otra parte tampoco la recurrente en este caso logra demostrar un perjuicio real y concreto a los derechos de defensa que alega vulnerados, como para justificar la nulidad incoada, por lo que confirmaré lo resuelto por la anterior instancia.
b.- Inexistencia de autoría material. Dominio del hecho. Inexistencia del delito de homicidio en grado de tentativa agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas: En segundo lugar, la defensa se agravia en razón que, a su entender, de las pruebas colectadas en autos, no se logra demostrar el rol de coautor que pudieron haber desplegado sus representados. Ello, puesto que de las declaraciones de las presuntas víctimas y del testigo E.P., se colige que ninguno de los damnificados nombra a sus asistidos como coautores de la agresión, tratándose el auto recurrido de una interpretación arbitraria del hecho en contra de los imputados, sin que exista prueba alguna que sustente la endilgada coautoría.
Rechaza que se encuentre comprobado en el expediente que sus defendidos hayan participado en la riña agrediendo a S.S. y en consecuencia sean coautores del delito imputado. Por el contrario, plantea que surge evidente que el accionar reprochado no se ajusta a ninguno de los presupuestos descriptos, toda vez que no han realizado personalmente la acción típica de tentar el homicidio, no han ejecutado el hecho tentado mediante otro sobre quien hayan tenido dominio de la voluntad y finalmente, no han prestado en la fase de consumación del delito de homicidio en grado de tentativa, una aportación funcionalmente significativa con su accionar. Infiere de los testimonios obrantes en la causa que no se encuentra comprobado que sus asistidos hayan participado directamente en la agresión a S.S., atentando de alguna forma sobre su integridad y su vida, sino que su accionar se dirigió contra S.S., en un simple enfrentamiento personal “mano a mano”.
Destaca además que los descargos de sus representados son coincidentes con la prueba colectada: respecto de E.M.S.A., que él se hallaba de espaldas al damnificado S.S., por lo que no tuvo intervención alguna en la agresión sufrida por éste; respecto de J.A.G.J., que se encontraba de espaldas a S.S., y la pelea de frente con S.S., reconociendo el propio imputado haberle impactado un golpe de puño en el brazo derecho de S.S. y que, a su vez, recibe por parte de éste una patada; y con relación a M.E.O., que se encontraba de espaldas a S.S. e intentó separar a S.S. – a quien sujetaba del brazo- y a E.A., que era sujetado del otro, reconociendo que su accionar consistió en arrojar un golpe de puño contra S.S..
Plantea que sus defendidos estuvieron en el lugar del hecho pero que su aporte no fue esencial, ya que si hipotéticamente se suprimiera de la escena su accionar, el resultado igual se habría producido. En ese sentido asevera que la conducta de E.M.S.A., debe quedar subsumida en el tipo penal de “lesiones leves” (art. 89 del CP), toda vez que ha quedado acreditado que, en un contexto de riña, le asestó un golpe en el brazo derecho y hombro derecho y en el rostro a S.S., provocándole las lesiones leves que se encuentran acreditadas en autos. Asimismo con relación al imputado J.A.G.J., plantea que su conducta debe quedar subsumida en el tipo penal de “lesiones leves” (art. 89 del CP), toda vez que quedó acreditado que, en el mismo contexto de riña, le asestó un golpe en el brazo derecho a S.S., provocándole las lesiones leves que se encuentran acreditadas en autos.
De igual forma, respecto del imputado M.E.O., considera que la conducta debe quedar subsumida en el tipo penal de “lesiones leves” (art. 89 del CP), toda vez que quedó acreditado que, en el contexto de riña, le asestó un golpe a S.S., provocándole las lesiones leves que se encuentran acreditadas en autos. Sostiene que no está probado que sus defendidos hayan intentado darle muerte a S.S., debiéndose analizar el contexto del hecho, para llegar a la conclusión que no actuaron con la intención de causar la muerte a S.S., ni siquiera fueron responsables de las lesiones graves que se constatan en la causa. Expresa que la riña comienza en Av. H.I. y N., donde los participantes se bajan en principio con la intención de hablar debido a que el día anterior A.A. habría sufrido una agresión por parte de los denunciantes.
En tal sentido, tal como consta de las secuencias fílmicas y de las imágenes obrantes a fs. 104, mienten los denunciantes al afirmar que A. –dueño del VW Golf haya cruzado al Ch C., obligando a los ocupantes a bajar con la intención directa de agredirlos. S.S. desciende del vehículo con una botella de vidrio en la mano, tal como surge de la secuencia fotográfica de fs. 107. Los testigos advierten que en un principio la riña se desarrolla de manera recíproca –mano a mano-, entre S.S. y E.A., E.P. y L.A., S.S. y J., mientras el resto miraba. Hasta ahí no surge un plan original de darle muerte, lo único que se le puede imputar a mis pupilos son lesiones leves debido a que se trataban de peleas mano a mano, tal como reconocen los propios denunciantes.
A partir de allí, A.A., J.L. y J.A. se enfrentan directamente con el denunciante. En consecuencia, la defensa sostiene que se ha realizado una parcializada valoración de las pruebas, toda vez que confrontadas entre sí evidencian graves contradicciones que no hacen más que desacreditar la prueba de cargo reunida sobre el hecho investigado. Esto es, que sus defendidos hayan tenido la intención de causar la muerte a S.S., y que la a quo considera probado con suficiente mérito como para procesarlos. Por consiguiente, entiende que no se ha acreditado con elementos probatorios directos ni meramente indiciarios la existencia de un dolo de homicidio del encartado, la supuesta premeditación de los presuntos coautores y que éstos hayan actuado sobre seguro con alevosía pues, tanto los presuntos damnificados como los testigos y los propios imputados, reseñan un hecho en el que se produjo una riña en la cual, por el curso causal propio de los acontecimientos, alguien terminó más herido que el resto.
Ingresando en el abordaje de este segundo agravio que cuestiona que se encuentre probada la existencia del dolo homicida, la premeditación de los encartados, la alevosía y, en definitiva, la participación de sus asistidos en los hechos reprochados, postulando que, en todo caso, su conducta debería quedar subsumida en el tipo penal de “lesiones leves” en razón de haberse tratado de una pelea “mano a mano”, entendemos que no prosperará. Ello toda vez que del conjunto de las circunstancias comprobadas en la causa, resulta razonadamente posible inducir un propósito homicida común en la actuación de los imputados, ya que se encontraría acreditado con el grado de probabilidad afirmativa que exige la instancia que atraviesa la causa, que todos los imputados habrían participado colaborando en la agresión; que no se habría tratado de una pelea espontánea en la vía pública sino que habría sido concertado salir en búsqueda de los hermanos S., tras lo sucedido la noche anterior en el local bailable S.; que habrían actuado sobre seguro, valiéndose del estado de indefensión y vulnerabilidad en que se encontraba la víctima, aprovechándose también que lo superaban en número.
Para la a quo habría bastado la planificación con cierta anticipación, aún en momentos previos o concomitantes a la comisión del hecho, logrando tener por acreditado que habría existido una convergencia de voluntades de parte de todos los imputados, quienes aprovechando el estado de indefensión de S.A.Y.S., en el que quedó luego del primer golpe y la primer patada, ya con claras intenciones de acabar con su vida, continuaron agrediéndolo violentamente entre todos, con golpes y patadas dirigidas a la cabeza y otras partes del cuerpo, cesando los imputados su accionar cuando creyeron que estaba muerto. No se advierte que la Instrucción hubiera efectuado una parcializada valoración de las pruebas reunidas, sino por el contrario fue la valoración en su conjunto lo que le permitió arribar a una decisión acorde al estadio procesal que atraviesa la causa.
Al respecto se sostuvo que: “La convicción de un tribunal puede estar razonablemente fundada en una prueba indiciaria construida sobre la base de circunstancias graves, y es totalmente posible que la existencia de numerosas presunciones coincidentes pueda proporcionar al juez un grado de certeza suficiente para concluir en la culpabilidad del acusado”. Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala III Reina, Daniel Á., 25/08/2005 - Cita Online: 1/1041148. La adecuada valoración de los indicios exige una consideración conjunta de ellos, y no un examen aislado o fragmentario, puesto que la meritación independiente de cada elemento de convicción de esta clase, desnaturaliza las características definitorias de este tipo de prueba.
En este sentido nuestro Máximo Tribunal, sostuvo: “...cuando se trata de una prueba de presunciones es presupuesto de ella, que cada uno de los indicios, considerados aisladamente, no constituya por sí la plena prueba del hecho al que se vinculan -en cuyo caso no cabría hablar con propiedad de este medio de prueba- y en consecuencia es probable que individualmente considerados sean ambivalentes.”. (C.S.J.N., “Martínez, Saturnino”, 7/6/88, Fallos 311:948; cfr. T.S.J., Sala Penal, Sent. nº 45, 28/7/98, “Simoncelli”; A. 32, 24/2/99, “Vissani”, A. n° 520, 26/12/01, “Luna”; A. n° 176, 7/6/02, “López”; A. n° 1, 2/2/04, “Torres”, entre muchos otros). Toda esta valoración –reitero- fue realizada por la a quo en la resolución en estudio, habiendo podido determinar -con el grado de probabilidad que caracteriza a esta instancia-, la autoría del hecho en la persona de los imputados E.M.S.A., J.A.G.J. y M.E.O..
En virtud de lo expresado, cabe resaltar que: “...El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio...”. (Clariá Olmedo, J. A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612). El mismo autor al respecto señaló “...Es una declaración del instructor acerca de la probable culpabilidad del imputado en un concreto hecho delictuoso, por lo cual puede ser llevado a juicio...”.
(Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, T. II, páginas. 502 y sgtes.; Ed. Rubinzal y Culzoni, 1998). En otras palabras, para el dictado de este auto “...basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción...”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I; 08/06/2010; “Antonini Rosetti, Miguel A. y otro”; Cita: TR LALEY 70061334). En consecuencia y teniendo en consideración las probanzas agregadas hasta el momento, entiendo que los elementos probatorios reunidos resultan ser suficientes para atravesar la barrera del art. 289 del CPP, razón por la que descartaré este segundo agravio.
c.- Improcedencia de la prisión preventiva: Bajo este apartado la defensa se agravia de la privación de libertad de sus asistidos por resultar una medida extrema, arbitraria e infundada, por lo que solicita el cese inmediato. Expresa que el primer argumento utilizado por la a quo para fundamentar la prisión preventiva es la “peligrosidad” de los imputados y que al delito podría corresponderle una pena privativa de la libertad, es decir, en función de la pena en expectativa; siendo ambos criterios violatorios del principio de inocencia e incompatibles con las más elementales garantías constitucionales y convencionales de los tratados de ddhh, de los cuales la Nación es parte, por las que el Estado Argentino debe velar, por caberle responsabilidad frente a la comunidad internacional. Seguidamente la a quo aduce un posible entorpecimiento de la investigación por parte de los imputados, sin fundamentar de manera cierta y concluyente esa presunción, máxime cuando se trata de la medida más gravosa que existe en el ordenamiento jurídico. Por todo ello, considera que los fundamentos utilizados por la a quo, en modo alguno justifican la permanencia de sus representados privados de la libertad en esta instancia, máxime cuando la Instrucción se encuentra avanzada y los imputados han estado a derecho en todo momento, jamás intentaron evadir la investigación, cuentan con abogados defensores a su costa, brindaron su descargo en la indagatoria colaborando con detalles en la investigación, poseen arraigo en la localidad y su centro de vida afectivo, entre otras cuestiones fácticas. En suma solicita se revoque la prisión preventiva, ya que deviene injustificada e innecesaria, atentando contra el principio constitucional de presunción de inocencia hasta un eventual juicio oral, toda vez que no existen finalidades legítimas que avalen la prisión preventiva en el caso concreto. Finalmente solicita se aplique una medida de seguridad menos gravosa a sus defendidos, como ser el cumplimiento de estrictas pautas de conducta, la imposición de una caución real o personal y/o la prohibición de acceso a determinados lugares públicos. Y hace saber que sus asistidos prestan conformidad para su cumplimiento. Dando respuesta al cuestionamiento relativo a la medida cautelar de prisión preventiva dispuesta a los imputados E.M.S.A., J.A.G.J. y M.E.O., debemos decir que no se comparten las apreciaciones vertidas por la recurrente, por lo que este agravio quedará desestimado.
Esta Alzada ya se ha expedido en reiteradas ocasiones acerca de la viabilidad de la determinación de la prisión preventiva durante la tramitación del proceso penal, que contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales claros, ciertos y objetivos de los que deriven peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. En ese contexto, es criterio de esta Alzada que, el derecho a permanecer en libertad durante el proceso, no impide hacer excepciones mediante el dictado de medidas cautelares como la prisión preventiva, cuando las circunstancias hacen presumir el peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación, como ocurre en el caso de marras, pues la situación concreta de riesgo surge de las circunstancias comprobadas de la causa. Al respecto la jurisprudencia nacional tiene dicho: "...El sentido jurídico de la prisión preventiva es de tipo cautelar y pretende impedir que el imputado eluda la acción de la justicia obstaculizando la investigación o incumpliendo la eventual sanción penal..." (Cita online: SJA 19/5/2004 •20041245).
Del estudio del punto concreto de agravio, se observa que la prisión preventiva fue debidamente motivada luego de disponer el procesamiento de los imputados, a fs. 703/705 de la resolución atacada, es decir, luego de tener la Instrucción satisfecho el motivo de sospecha bastante que los encausados han participado del ilícito que se les reprocha con pena privativa de la libertad, y consecuentemente, entendió que se ve reducida la expectativa de resolución favorable, incrementándose objetivamente en el caso concreto los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y de fuga. Merituó la seriedad de la imputación, el peso probatorio reunido en la causa y que se encuentran pendientes de producción una cierta cantidad de medidas probatorias, entendiendo que, en caso de obtener su libertad, se vería incrementado el riesgo de entorpecimiento de la investigación, pudiendo obstaculizar la misma, impidiendo su normal desarrollo e intimidar a las víctimas y al grupo familiar que las contiene. Destacó que, conforme la declaración de las víctimas S.F.L.S. y S.A.Y.S., reforzado por el relato del testigo presencial E.J.P., los imputados al retirarse del lugar, lo habrían hecho festejando el accionar que habrían llevado a cabo, lo que revelaría el grado de desprecio hacia la vida, entendida como el bien jurídico protegido más importante del ordenamiento jurídico. Asimismo valoró la manda del art. 8 inc. a) de la ley 27372, que faculta expresamente a las autoridades a adoptar las medidas necesarias a fin de neutralizar el peligro en casos de delitos contra la vida. Se advierte, por ende, que a pesar de su loable intento por mejorar la situación de sus asistidos, la defensa no ha logrado desvirtuar los argumentos que sustentan la decisión recurrida, ni se vislumbra la vulneración de los derechos y garantías de que gozan los imputados. Es criterio de esta Alzada que la peligrosidad de los imputados en función de la naturaleza del hecho que se les reprocha y la pena en expectativa, constituye una presunción legal de riesgo procesal que no resulta contraria a los principios y garantías que asisten a los incusos.
Otros tribunales del orden nacional han resuelto en igual sentido, entendiendo que: “…El hecho de que en las normas procesales en materia de encarcelamiento preventivo se consagre en una presunción iure et de iure en razón de la escala penal no resulta, per se, contraria a norma constitucional alguna…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, sala B • 02/03/2005 • García, Héctor R. s/inc. de excarcelación •35001358). Que a mayor abundamiento, cabe traer a colación lo asentado por otros jueces nacionales, quienes han dispuesto que: “…Cabe denegar la excarcelación solicitada a favor de quien se encuentra procesado con prisión preventiva (…) pues (…) la ley procesal no impone al juez la tarea de evaluar una eventual elusión de la acción de la justicia por el imputado, sino que se parte de una presunción del legislador que se encuentra consagrada en los arts. 316 y 317 del Código Procesal Penal en el sentido de que en las hipótesis mencionadas el encartado no se someterá a la acción de la justicia por la gravedad de la condena que se pronostica…” (Cita online: AR/JUR/45/2005).
Finalmente, con relación a la solicitud de aplicación de alguna medida menos gravosa para los encartados, debemos mencionar que no corresponde a esta Alzada expedirse sobre lo peticionado, toda vez que no fue materia de tratamiento por parte de la Instrucción, que se encuentra en inmejorables condiciones para decidirlo (admisibilidad, pertinencia, utilidad) en función de la inmediación con las partes involucradas en el legajo, so pena de afectarse el principio constitucional de la doble instancia judicial. Por todo lo expresado, confirmaré la prisión preventiva dispuesta contra los imputados E.M.S.A., J.A.G.J. y M.E.O., por el delito que se les reprocha, toda vez que se encuentra debidamente fundada en datos objetivos de la causa y no luce desajustada a sus características personales.
d.- Impugna monto de embargo: Por último la defensa se agravia del monto del embargo dispuesto por resultar excesivo, toda vez que no existe querellante ni acción civil por reclamo patrimonial, y no se ha llevado adelante pericia alguna que estime un eventual daño causado a las presuntas víctimas, quienes no han instado reclamo al respecto. Tampoco ha intervenido un letrado particular en calidad de querellante, que justifique una eventual regulación de honorarios por condena en expectativa. Por lo tanto entiende que el monto impuesto es arbitrario y resulta incongruente por exceso, por lo cual debe reducirse a la suma de una eventual condena en costas, es decir, al valor correspondiente a las tasas de actuación judicial.
Que tampoco este agravio podrá prosperar en razón que debe tenerse en cuenta que la medida cautelar de embargo está destinada a garantizar el pago de la tasa de justicia, los honorarios profesionales y el resarcimiento por el daño ocasionado, aun cuando el actor civil no se haya constituido como tal, por ser una medida de protección eventual al ejercicio de sus derechos; sin que deba tenerse en cuenta a los fines de su cuantificación, la situación económica de los imputados.
Y en el caso en estudio, se comparte la determinación de la Magistrada, advirtiendo que lo dispuesto cumple con las reglas establecidas en el art. 499 del CPP, pues a fs. 708, se señalaron los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria. Y ponderando el monto establecido en función del ilícito endilgado y su modalidad de comisión, la suma ordenada de un millón de pesos ($ 1.000.000), no luce irrazonable máxime dentro del contexto inflacionario argentino teniendo presente la fecha de la resolución. Por todo lo expresado confirmaré también el monto del embargo dispuesto a los imputados E.M.S.A., J.A.G.J. y M.E.O..
En este sentido, calificada jurisprudencia del orden provincial tiene dicho que: “...el texto del Art. 554º C.P.P. (art. 518º CPPN y 499º del CPPSC) alude, de esta manera expresa, a la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo explicitando que debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias, siendo posible su control jurídico, solo en tanto y cuanto el monto de la medida preventiva resulte grosera desproporción con las razones que determinaron al Juez a tomarla...”. (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I.: N20, 14/3/88. Causa: “Meana, Héctor Ángel”. Vocales: Funes, Pueyrredón, Vargas. Secc. Nº 1).
III. Recurso de apelación del imputado L.D.A.S.: a.- Agravio relativo a la valoración probatoria: En primer lugar la defensa se agravia por cuanto la Magistrada sustenta la autoría de su asistido haciendo especial hincapié en el relato de las supuestas víctimas, tomando como principal herramienta sus declaraciones sin objetar jamás sus dichos ni siquiera indagar sobre la veracidad de los mismos, dado que advierte contradicciones y una interpretación parcializada, que hacen perder todo argumento de sentido lógico a la subsunción de los hechos investigados en un ilícito penal que jamás se cometió ni intentó cometer. Como primera contradicción señala que los hermanos S. manifiestan que habían sido “interceptados” por los imputados, impidiéndoles continuar su marcha, algo que con solo observar el registro fotográfico y fílmico obrante en autos se advierte que no fue así.
Que si bien es cierto que giraron en U por la avenida y los empezaron a seguir, son ellos quienes estacionan el vehículo sobre la calle H.I. y los invitan a descender del vehículo, el cual dejaron a unos metros más adelante, lugar donde después es colisionado por E.P. Por el contrario, el auto recurrido nada dice acerca de la conducta de las víctimas ni son interrogados sobre cómo descienden y cómo y con qué lo hacen, cuando fueron ellos quienes descienden primeramente y esperan su llegada con actitud desafiante y provocadora, teniendo una de las víctimas una botella de vidrio amenazándolos continuamente con golpearlos con la misma. Plantea como segunda contradicción que las víctimas manifestaron que el imputado A.I.A. le habría propinado un golpe con un bate de aluminio en la nuca a S.S., pero previo a ello manifestaron que el imputado J.J.M.L. lo había tomado por la espalda tirándolo al suelo.
Entonces se pregunta cómo la a quo no se cuestionó ¿cómo es posible que A.A. haya podido pegarle en la nuca si lo tenía tomado por la espalda el imputado L? y aún entendiendo eso como posible, no se preguntó la a quo ¿por qué no ha tenido ninguna consecuencia seria dicha conducta?, ¿no será que el imputado se cae al suelo por un actuar directo del imputado L y el golpe con el bate de aluminio lo recibe en el brazo donde sí se hallaron rastros del impacto?. Recuerda que al practicarle a las víctimas el informe de la Acordada Nº 674 del Excmo. TSJ, surge que jamás han sido puesto en peligro sus vidas. Agrega como tercer contradicción en la interpretación de los hechos, que yerra la a quo cuando establece que los imputados habrían acordado previamente salir en búsqueda de los hermanos S., ya que las mismas víctimas son quienes al cruzarlos por la avenida, les hacen señas y luego de ello, al acercarse, son ellos quienes en primer lugar descienden del vehículo portando uno de ellos un elemento contundente (botella de vidrio), con el cual los podrían haber lesionado y/o terminado con sus vidas y no ha sido tenido en cuenta por la Sra.
Jueza. Reitera que fueron las víctimas quienes descendieron por sus propios medios del vehículo y los invitan a pelear. En cambio los imputados transitan unos metros más y al momento de descender ya empezaron a recibir piedradas y botellazos como lo describen los testigos. Por ello asevera que la declaración de S.A.Y.S. obrante a fs. 80 es falsa y se contrapone con las pruebas objetivas que obran en autos, dado que manifiesta que “nos encierran y veo que bajan del corsa”, algo totalmente falaz ya que jamás los han encerrado, incluso ellos descienden antes que los imputados como surge de las probanzas. Iniciando el abordaje de los agravios del recurrente, se adelanta que el intento de restar valor probatorio al testimonio de las víctimas, no prosperará puesto que del estudio de sus relatos en confrontación con el resto del plexo probatorio, no se advierten serias contradicciones que pudieran invalidarlos, sino por el contrario, se observa que resultan contestes y concordantes con los testimonios de los testigos presenciales, con las secuencias fílmicas y la certificación de la gravedad de las lesiones sufridas.
Es así que, en lo que se refiere a los testimonios prestados, debo recordar aquí que con relación al valor que se le otorga a las declaraciones prestadas por las víctimas, esta Alzada tuvo ocasión de expresarse en anteriores pronunciamientos. En dicha oportunidad se indicó que la sola mención de que se trate de la persona damnificada no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma. (Criterio asentado en la Apelación JR N° 8406/23, a modo de ejemplo).
Por otra parte, cabe señalar que en materia penal se encuentra vedado computar la concurrencia de culpas, con lo cual el análisis de las conductas de las víctimas S.A.Y.S. y S.F.L.S., no vinculadas por imputación alguna al proceso punitivo aquí investigado, escapa como regla general al juzgamiento de la Magistrada de la anterior instancia.
Es por ello que se concuerda con la Instrucción que de las pruebas recabadas se encontraría acreditado con el grado de probabilidad que la instancia procesal que atraviesa la causa requiere, que tras el incidente ocurrido la noche anterior al hecho investigado, en el local bailable S., los encartados habrían concertado salir en búsqueda de las víctimas, acordando atacar a golpes a S.A.Y.S. hasta quitarle la vida; controlando el curso causal de sus acciones, conociendo y asumiendo el peligro de sus agresiones violentas; aprovechándose de la pluralidad de intervinientes, logrando la disminución de los actos de defensa de la víctima S.A.Y.S.; y a tal fin se organizaron para golpearlo, aunando fuerzas mediante el acuerdo de voluntades tendientes a alcanzar el objetivo perseguido en común, que no fue logrado en virtud que S.F.L.S., se habría tirado encima de su hermano impidiendo de esa manera que le dieran el golpe para rematarlo. Por todo lo analizado, se observa que las argumentaciones del recurrente no logran conmover los fundamentos brindados por la Sra. Jueza en el auto de mérito con basamento en los elementos probatorios producidos en la causa.
b.- Agravio relativo a la calificación legal de los hechos reprochados: Bajo este acápite la defensa se agravia de la atribución del art. 80 inc. 6, ya que al intentar justificarlo la a quo menciona el inconveniente que habrían tenido las víctimas con A.A. en el local bailable “S.”, y que habría sido la antesala del conflicto que originó el pacto de salir organizadamente en búsqueda de los hermanos S. Algo que no guarda lógica, en función que si alguien sale a matar a otra persona, buscará un lugar, la forma y el mejor momento para efectuarlo, buscando que no sea visible para todos, como fue la pelea que sucedió esa noche: que fue en pleno centro de la localidad de 28 de Noviembre a una hora donde mucha gente circula y sin siquiera taparse el rostro.
Si alguna intención premeditada existía no era de matar a los hermanos S., sino solamente que quienes tenían algún inconveniente lo resuelvan como lo crean conveniente. Asimismo se agravia del argumento de la a quo cuando dice que “al incrementarse el número de sujetos activos se amplía la posibilidad de tener éxito, ya que disminuye el poder de defensa de la víctima. Al respecto expresa la defensa que no entiende por qué la a quo sólo hace referencia a dos personas dado que en realidad eran cuatro y los imputados no sabían cuántos eran porque su vehículo estaba polarizado y lo habían cruzado en la avenida sin saber ni siquiera cuántos andaban en ese rodado. Es decir que –concluye-, dicha circunstancia fue netamente ocasional y accidental, ni buscado ni organizado previamente.
Por el contrario a lo concluido por la Magistrada asevera que, de una correcta valoración de las declaraciones testimoniales (de fs. 186/186vta., 190/191, 197/197vta., y 594/594vta.) surge que las agresiones que existieron fueron recíprocas entre todos los que han participado de la misma y jamás de un grupo de personas que se habrían alistado para golpear bruscamente a los demás. Por otra parte señala que de la declaración de fs. 81 surge que “en eso alcanzo a ver que mi hermano estaba peleando mano a mano con E.A. y al otro lado estaba mi primo E. peleando con L.A.”, entonces se pregunta ¿en qué momento fue un ataque premeditado” de los imputados hacia las víctimas, si solo existió una pelea mano a mano entre quienes tenían algún conflicto previo?.
Explica que el hecho investigado no tiene a su cliente como un actor partícipe necesario y/o secundario, atento que su presencia ha sido totalmente accidental, tratándose de un conflicto entre su amigo y uno de los hermanos S., siendo totalmente ajeno a lo sucedido y las intervenciones que tuvo, sólo fueron en el afán de evitar que se continúe con la pelea que existían entre las otras personas. Y afirma que las probanzas colectadas así lo corroboran. Concretamente expresa que jamás fue una pelea de los imputados contra las víctimas, sino que quienes tenían conflictos se enfrentaran “mano a mano” y así pasó, por un lado E.A. con S.S. y por otro lado A.A. con S.S., y su asistido se encontraba con E.P. diciéndole que no se meta que el problema era entre ellos y que ellos lo debían solucionar.
Que luego su defendido observó que se habían amontonado todos sin poder reconocer quien estaba en el suelo y al acercarse y corroborar que no se trataba de un amigo suyo sino de S.S., solo atinó a tratar de separar a su hermano S.S. para que pudieran retirarse del lugar dando por finalizada la pelea, siendo que el vehículo conducido por E.P. los embiste desde atrás y sin responder a esa agresión pusieron en marcha el auto y se fueron a su domicilio. Niega de esa forma que haya habido ninguna premeditación de parte de su asistido para golpear salvajemente a los hermanos S., ni menos aún matar a persona alguna. Lo que sí hubo fue una pelea callejera en la cual no todos tuvieron la misma intervención ni participación como dice la a quo en el auto atacado.
Su cliente no tuvo participación activa en la pelea sino hasta los momentos finales donde ha querido separar para retirarse del lugar. Resalta que lo afirmado es concordante con las declaraciones de las supuestas víctimas y los testigos presenciales del hecho, donde jamás se lo menciona como un partícipe activo en las peleas que se suscitaron esa noche. Que asimismo señala contradicciones en las probanzas con relación a la participación de su asistido, dado que según la víctima S.S., supuestamente habría estado peleando con su primo E.P., siendo que éste último en su primer declaración expresó que salió corriendo y luego al ratificar en sede penal dijo que es agredido por todos los imputados sin especificar quiénes, contradiciéndose con su primer declaración con el solo fin de agravar la situación procesal de los imputados.
Por último advierte que tampoco es cierto que hubiera descendido del vehículo con un caño de gas como lo manifiesta S.S. a fs. 86vta., que a su vez se contradice con lo declarado por su hermano S.S. a fs. 84/85, quien dijo que J.G. tenía el caño amarillo y se contrapone a lo declarado por E.P. a fs. 78/79, el cual dice que A.A. tenía un bate de béisbol de aluminio y E.A. un caño de gas amarillo, sumado a que en ninguna de las secuencias fílmicas se observa a su asistido portando dicho elemento. Es por ello que en función de todas las contradicciones señaladas, debería aplicarse el principio in dubio pro reo revocando la resolución recurrida. En respuesta a este segundo agravio relativo a la calificación legal de los hechos reprochados a L.D.A.S., entendemos que resulta inconsistente, toda vez que se traduce en una mera disconformidad con la conclusión arribada por la Instrucción luego de la valoración en conjunto y a la luz de la sana crítica racional de la totalidad de los elementos incriminantes.
En consecuencia será desestimado. Concretamente, el argumento que no se encontraría configurada la figura prevista en el art. 80 inc. 6 del CP, alegando que no guardaría lógica que su asistido hubiera concertado matar a una persona en un lugar visible para todos, en pleno centro, a una hora donde mucha gente circula y sin taparse la cara, no logra contrarrestar las pruebas razonadamente valoradas por la a quo, tales como el relato de E.J.P., respecto de los mensajes que recibió en su celular de parte de A.I.A., sumado a la captura de pantalla del estado de whatsapp del imputado E.M.S.A., aportada por el testigo L.F.S., y reforzado con la contundente declaración de G.E.J., quien, tras interceptada por el imputado E.M.S.A., siendo casi agredida por este al pensar que se trataba de S.A.Y.S., fue anoticiada que estaban buscando a su novio.
De igual manera el argumento que los imputados no sabían cuántos eran los sujetos pasivos tratándose de una circunstancia netamente ocasional y accidental que los superaran los imputados en número, resulta inconsistente toda vez que la a quo logró no solamente tener por acreditado que no se trató de una mera reunión casual, ni una simple pelea callejera “mano a mano”, sino que los encartados habrían deliberado y planificado salir en búsqueda de los hermanos S., con posterioridad al inconveniente suscitado la noche anterior en el boliche S., por lo que habrían decidido organizarse para atacar a golpes a S.A.Y.S. hasta quitarle la vida, en virtud de la pluralidad de intervinientes, logrando disminuir los actos de defensa de la víctima, dotándolos esta circunstancia buscada por los agresores, de mayor peligrosidad (por la cantidad de partícipes y por el elemento contundente portado por A.I.A.).
En ese contexto, para la Magistrada basta el acuerdo para matar, como resultado de una decisión común tomada momentos previos o incluso concomitantes a cometerse el delito reprochado. Es de esa forma que la a quo habría logrado tener por acreditada la convergencia de voluntades por parte de todos los imputados, quienes aprovechando el estado de indefensión de S.A.Y.S., en el que habría quedado luego del primer golpe y primera patada, ya con claras intenciones de acabar con la vida del nombrado, hubieron de continuar agrediéndolo violentamente entre todos, con golpes y patadas dirigidas a la cabeza y otras partes del cuerpo, cesando en su accionar cuando creyeron que estaba muerto; siendo que su hermano S.F.L.S., se habría arrojado encima de S.A.Y.S. para cubrirlo de lo que habría sido el golpe de remate de manos de A. con el bate, mientras éste se encontraba tendido en el suelo, boca abajo, saliéndole sangre de la nariz, boca y cabeza, estando inconsciente y convulsionando.
Es por ello que postular que su asistido habría tenido una presencia totalmente accidental, siendo ajeno a lo sucedido, no luce acorde al peso de las probanzas pormenorizadamente valoradas por la Instrucción, que le permitieron arribar al auto de procesamiento. c.- Agravio relativo a la arbitrariedad de la resolución recurrida: La defensa se agravia del auto apelado por entender que carece de fundamento legal y razonabilidad, tornándose la misma totalmente arbitraria pues ha realizado un análisis sesgado de las pruebas obrantes en autos, circunstancia que deriva en la absoluta vulneración del art. 18 de la CN. En respuesta a este agravio, adelanto, no obtendrá favorable acogida, toda vez que advertimos que las consideraciones en las que la defensa pretende fundar la supuesta arbitrariedad del auto de mérito en análisis, alegando falta de fundamentación legal y razonabilidad, sólo traducen su disconformidad con el criterio expuesto por la Sra.
Jueza de grado en la decisión recurrida, no logrando acreditar el apartamiento inequívoco de la solución legal prevista para el caso ni tampoco una decisiva carencia de motivación, circunstancia que -por sí sola-, autoriza a rechazar este agravio. Al respecto la CSJN tiene dicho que: "...La doctrina de la arbitrariedad requiere que las resoluciones recurridas prescindan equivocadamente de la solución prevista en la ley, o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación...". (Cita online: CSJN 325:324 •30003297).
Por el contrario a lo planteado por la recurrente, el pronunciamiento de la Jueza de Instrucción se presenta racional y fundado íntegramente en las pruebas recabadas en el legajo, las cuales fueron analizadas de manera conjunta y a la luz de la sana crítica racional, brindando fundadamente las razones por las cuales califica la conducta reprochada, señalando concretamente la prueba en la que se respalda, no habiendo logrado la defensa desvirtuarlo a través de sus argumentaciones.
Recordemos que valorar: “Consiste en un análisis crítico y razonado de los elementos de comprobación que han ingresado al proceso, dirigido a determinar su efectiva utilidad a los fines de la reconstrucción de la hipótesis delictual objeto del procedimiento.” Arocena, Gustavo A.; APC 2012-12; 01/12/2012, 1298; Cita Online: AR/DOC/4865/2013.
Cabe mencionar que lo que caracteriza la instancia de instrucción -y que la diferencia de la etapa de juicio-, es la probabilidad. Sobre este tema, reconocida doctrina tiene dicho que: “...El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio...”. (Clariá Olmedo, J. A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).
d.- Agravio relativo a la prisión preventiva y el embargo: La defensa se agravia de la privación de libertad de su pupilo ya que el derecho a esperar el debido proceso adjetivo en libertad es de raigambre constitucional avalado por los tratados internacionales de ddhh y el PIDCyP. Su asistido habita en la localidad desde que ha nacido y en el domicilio aportado en su indagatoria, posee una familia conformada con dos hijos y posee un trabajo formal en una cooperativa que desarrolla sus actividades en la localidad. Es decir, su centro de vida y sus actividades no se han modificado nunca. Además no registra antecedentes penales en su contra, siendo ésta la primera vez que se ve involucrado en una causa de esta magnitud. Rechaza que en el caso se acrediten los riesgos procesales y resalta por qué ni el procesamiento ni la existencia de los peligros de fuga y de entorpecimiento de la investigación se encuentran debidamente fundados; su cliente tiene su familia y su centro de vida y trabajo en la localidad, y siempre estuvo a disposición de la Justicia; de manera voluntaria se presentó en la Comisaría de J.D. y luego fue trasladado a la Comisaría de 28 de Noviembre; y por último, la prueba que ha sido la base de la imputación se encuentra debidamente cumplimentada en autos previo al procesamiento. Por todo lo expuesto, solicita se ordene la inmediata libertad de L.D.A.S., y, de manera subsidiaria, para el hipotético caso que no se acuerde la excarcelación, su morigeración en preservación del principio de inocencia y demás principios de raigambre constitucional. Dando continuidad al tratamiento del agravio relativo a la privación de libertad, se concuerda con la a quo que la prisión preventiva del imputado L.D.A.S., aparecería como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para lograr la aplicación de la ley, entendiendo que las medidas alternativas no son suficientes para asegurar que el incuso no entorpecerá el avance de la investigación.
Del estudio de los fundamentos de la Instrucción se observa que, en primer lugar, tuvo por satisfecho el requisito de motivo bastante para sospechar que el imputado ha participado del ilícito que se le reprocha con pena privativa de la libertad; con lo cual se ve reducida la expectativa de resolución favorable y consecuentemente aumenta la posibilidad de ponderar los riesgos procesales como incrementados en el caso concreto. Esta Alzada entiende que conjugando las circunstancias fácticas con la presunción legal contenida en la norma adjetiva, permiten razonadamente concluir que las medidas alternativas al encarcelamiento preventivo no serían suficientes, concordando con la Sra. Jueza de grado que se encontrarían aumentados los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación como así también la existencia de peligro de fuga.
Se reitera que la medida dispuesta, no sólo se funda en la necesidad de conciliar la libertad individual con el interés social de defenderse del delito, sino también porque es la solución que mejor se adecua a las obligaciones asumidas por el Estado Argentino ante la comunidad internacional, ajustándose a lo dispuesto en la materia por las "100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, que resaltan la necesidad que los operadores judiciales arbitren los medios tendientes a lograr la eventual condena de los autores del ilícito. Recordemos, además que en el ámbito local, la ley 27.372, faculta a adoptar las medidas necesarias tendientes a neutralizar el peligro en casos de delitos cometidos contra la vida.
Con lo cual el pronunciamiento dictado sobre la prisión preventiva resulta ajustado a derecho y debidamente fundado, no conculcando las garantías constitucionales y principios jurídicos que rigen la materia. En orden a lo expuesto, homologaré la prisión preventiva dispuesta a L.D.A.S., toda vez que se encuentra debidamente fundada en datos objetivos de la causa y no luce desajustada a las características personales del encartado, resultando para esta Alzada proporcional con el objeto de tutela que se intenta proteger. Por último cabe señalar que, si bien la defensa enuncia como agravio el embargo, no efectúa ninguna consideración al respecto en el desarrollo del escrito de apelación y tampoco en la ampliación de agravios en el memorial que se acompañó a fs. 849/850; motivo por el cual no ingresaremos en su tratamiento por no constituir una crítica razonada a ese punto concreto de la resolución atacada.
VI. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos. V) Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web. En razón de lo expuesto, de conformidad con las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos, RESUELVO: 1º)- CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 681/709 y vta. del presente incidente de apelación; por los motivos expuestos en los considerandos que preceden. 2º)- TENER PRESENTE la reserva del caso federal, formulada por la defensa técnica del imputado A.I.A.. 3º)- REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE. 4º)- Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]. 5º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.-
(A.I.G.)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia