Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello y tal como se verifica en autos, si tales riesgos subsisten y las alternativas propuestas no aparecen como igualmente eficaces para asegurar los fines del proceso, corresponde mantener la medida dispuesta, sin perjuicio de su posterior revisión si dichas circunstancias cambian.
Sin embargo, lo expresado es un juicio dinámico, que tiene vínculo directo con el avance la de investigación, lo que no excluye ni mucho menos, la posibilidad de que finalmente el Juez de Instrucción teniendo presente la prueba mencionada como pendiente, y una vez que proceda a su valoración integral, pueda verificar la pertinencia de la continuidad de la medida cautelar dispuesta, si es que entiende se mitigan los riesgos de entorpecimiento.
Asimismo, y del avance de la investigación, conforme lo expresado en el párrafo anterior, nada obsta a que se consulte a las autoridades de la Provincia del Chubut, la posibilidad, en caso de acceder a su excarcelación, que la libertad del mismo sea monitoreada a través de un dispositivo electrónico.
Se tiene presente las reservas formuladas por la defensora.
Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo …
TOMO: XXIII REGISTRO: 007 FOLIO: 071/087
Caleta Olivia, 02 de octubre de 2026.
Estos autos caratulados: “DIV. CRIA. 4TA S/INVESTIGA ROBO” Expte. Nº 42381/26, N° de Juzgado de Recursos 8612/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 174/189, el Sr. Juez de Instrucción, decidió: “…1°) ORDENAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA de O. H.
F., de apellido materno Muñoz, filiado en autos como coautor responsable del delito de ROBO SIMPLE EN CALIDAD DE COAUTOR (Art. 164 y 45 del C.P); por el cual ha sido indagado, trabando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la cantidad de DOS MILLONES ($2.000.000).
PREVENTIVA de B. N. V., filiada en autos como coautor responsable del delito de ROBO SIMPLE EN CALIDAD DE COAUTOR (Art. 164 y 45 del C.P); y por el cual ha sido indagada, trabando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la cantidad de DOS MILLONES ($2.000.000)”
Contra dicha resolución la Sra. Defensora Pública Oficial N° 2 de Caleta Olivia, doctora Ximena Paola Villares, interpone recurso de apelación a fs.195/199, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 221.
En esta instancia es mantenido a fs. 292 por la Sra. Defensora Pública Oficial ante las excmas. Cámaras, doctora María Carolina Costes, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso la Defensa cuestiona que se atribuya a ambos imputados coautoría funcional en los términos del art. 45 del Código Penal sin individualizar adecuadamente el aporte concreto de cada uno.
En particular, sostiene que a B. N. V. sólo se le atribuye haber permanecido a bordo del vehículo estacionado en el exterior del inmueble, sin imputársele actos materiales de apoderamiento ni intervención ejecutiva dentro de la vivienda.
Afirma que la coautoría funcional requiere un acuerdo previo y un aporte esencial durante la etapa ejecutiva, de modo que la mera presencia, un aporte preparatorio o el posterior traslado conjunto no bastan para afirmar dominio funcional del hecho. Según la defensa, tampoco se habría acreditado que B. N. V. hubiera intervenido en la planificación del suceso. Sostiene que, aun admitiendo alguna contribución de B. N. V., ésta sería no esencial y podría encuadrar, a lo sumo, como participación secundaria conforme al art. 46 del Código Penal o eventualmente en una figura de encubrimiento. Señala que el hecho habría podido ejecutarse igualmente sin su contribución.
Concluye que la resolución asigna idéntica responsabilidad a ambos imputados sin distinguir la entidad de sus aportes individuales, lo que considera una fundamentación arbitraria y contraria al principio de culpabilidad individual derivado del art. 18 de la Constitución Nacional.
La defensa postula que el robo no alcanzó el grado de consumación y que debe calificarse como robo simple en grado de tentativa. Invoca la denominada teoría de la disponibilidad, que vincula la consumación del apoderamiento con la posibilidad de ejercer, aunque sea momentáneamente, una disposición libre y no vigilada sobre la cosa sustraída.
Sostiene que el vehículo Chevrolet Astra, dominio XXX-***, fue individualizado prácticamente de inmediato mediante cámaras de seguridad de la vivienda y filmaciones del comercio “Topacio Juniors”, lo que permitió alertar rápidamente a la policía y culminó con la interceptación del rodado, con ambos imputados y los efectos sustraídos en su interior.
Argumenta que existió una persecución sin solución de continuidad y que los imputados nunca alcanzaron una disponibilidad libre y efectiva de los bienes. Añade que la totalidad de los objetos fue recuperada intacta pocas horas después, sin acreditarse que hubieran recibido destino económico alguno.
Solicita, por ello, que el hecho sea recalificado como robo simple en grado de tentativa (arts. 42, 44, 164 y 45 del Código Penal), con la correspondiente reducción de la escala penal. Señala que dicha recalificación también debe proyectarse sobre la proporcionalidad de la prisión preventiva impuesta a O. H. F..
La defensa señala que el robo simple previsto en el art. 164 del Código Penal contempla una pena de un mes a seis años de prisión y destaca que los imputados no registrarían condenas firmes anteriores según la resolución recurrida.
Argumenta que, especialmente si prosperara la recalificación como tentativa o, respecto de V., como participación secundaria, la pena concreta podría ser susceptible de ejecución condicional conforme al art. 26 del Código Penal. Desde esa perspectiva, sostiene que la proyección penológica debe ser considerada al decidir sobre la procedencia y proporcionalidad de la prisión preventiva.
Cuestiona que la resolución se haya apoyado en la gravedad o seriedad del delito sin efectuar, según la recurrente, un análisis suficiente de la pena concretamente esperable y de la posibilidad de aplicar medidas alternativas.
Respecto de O. H. F., la defensa solicita la revocación de la prisión preventiva por considerar que la libertad durante el proceso constituye la regla y la coerción personal una medida excepcional y subsidiaria. Invoca los arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, el art. 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el art. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las Reglas de Tokio y el art. 264 del C.P.P.S.C. Sostiene que los riesgos procesales relevantes deben consistir en peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación y que, en el caso, la resolución no habría demostrado concretamente ninguno de ellos con entidad suficiente.
En cuanto al peligro de entorpecimiento, cuestiona que se invoque de manera hipotética la posibilidad de frustrar declaraciones testimoniales pendientes. Destaca que algunos testigos serían integrantes de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, respecto de quienes considera mínima la posibilidad de influencia indebida. Agrega que ya existe abundante prueba colectada: registros de cámaras, actas de secuestro, requisa vehicular y personal, testimonios de la víctima y testigos civiles e informes de la División de Investigaciones.
Afirma que existen medidas alternativas idóneas para neutralizar cualquier riesgo residual, tales como arresto domiciliario, prohibición de contacto con testigos, comparecencias periódicas, prohibición de salida de la provincia y caución.
La defensa afirma que O. H. F. posee domicilio conocido y constatado en el barrio XXXXX de Comodoro Rivadavia, donde reside habitualmente, y que cuenta con referentes familiares identificados, incluidos sus progenitores. Considera que tales circunstancias permiten asegurar su sujeción al proceso mediante controles menos gravosos.
Cuestiona especialmente que la falta de domicilio en Caleta Olivia sea utilizada para justificar un riesgo de fuga respecto de O. H. F., mientras que B. N. V. habría obtenido la libertad pese a que la propia resolución reconoce que determinadas circunstancias relativas al arraigo y al estado de la investigación son comunes a ambos encausados.
La recurrente reconoce que el trato dispensado a B. N. V. se vincula, entre otros aspectos, con su condición de mujer y con obligaciones derivadas de la Ley 26.485 y de instrumentos internacionales, pero sostiene que ello no exime al tribunal de realizar una valoración individual de la situación de O. H. F. ni de justificar concretamente por qué las medidas alternativas resultarían insuficientes en su caso.
Invoca además los principios de inocencia, proporcionalidad, subsidiariedad y aplicación de la medida menos restrictiva, señalando que la coerción cautelar no puede operar como un adelantamiento de pena.
La defensa cuestiona el embargo de $2.000.000 impuesto a cada imputado por considerarlo infundado y desproporcionado. Señala que la resolución habría vinculado el incremento esencialmente al cambio de calificación legal, sin individualizar ni cuantificar concretamente los rubros que la medida cautelar patrimonial debe asegurar.
Destaca que la propia resolución habría consignado ingresos aproximados de $1.000.000 para O. H. F. y $500.000 para B. N. V., por lo que entiende que un embargo de $2.000.000 para cada uno resulta desproporcionado frente a su situación patrimonial. Subsidiariamente, solicita su reducción a una suma razonable y debidamente fundada.
La defensa solicita que se revoquen los procesamientos de O. H. F. y B. N. V. y se dicte el sobreseimiento o la falta de mérito. Respecto de O. H. F., pide además su inmediata libertad bajo medidas cautelares alternativas suficientes para asegurar los fines del proceso.
Subsidiariamente, solicita que la prisión preventiva de O. H. F. sea sustituida por una medida de coerción menos gravosa, incluyendo presentaciones periódicas, prohibición de salida de la provincia, caución u otra que el tribunal estime adecuada.
Asimismo, pretende la recalificación del hecho como robo simple en grado de tentativa y la reducción del embargo. Finalmente, mantiene las reservas recursivas correspondientes.
III.-Establecido ello, corresponde ingresar al análisis de la resolución impugnada en función de los agravios vertidos por la parte recurrente.
Es así que liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal.
Como base pauta hermenéutica, respecto a la figura delictiva seleccionada por el A quo, en los autos caratulados: “DIVISION COMISARIA PRIMERA S/ Investiga Robo” Expte. Nº 33308/23, N° de Juzgado de Recursos 7136/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 Caleta Olivia, sostuve que: "Toda la conducta imputada, subsume claramente en la figura delictiva establecida en el art. 164 del C.P., es decir en la de Robo simple. La dogmática señala que: "...Como es una figura calificada del hurto, guardan vigencia todas las explicaciones realizadas acerca de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal contenido en el art. 162...en efecto, se trata de un hurto agravado por el uso de fuerza sobre las cosas o por el ejercicio de violencia sobre las personas....La fuerza es la que el agente dirige a superar la resistencia que le opone la cosa misma y otros reparos relacionados con ella, con el fin de lograr el apoderamiento. La cosa opone resistencia en sí misma cuando, por sus características, requiere una actividad del sujeto activo que va más allá del esfuerzo necesario para transportarla o simplemente removerla del lugar donde estaba (el esfuerzo debido al peso de la cosa o a su volumen con constituye la fuerza típica; y opone resistencia por sus reparos cuando éstos son los que exigen del agente aquella actividad (p.
ejemplo, cortar una cadena que ata la cosa a la pared, romper la caja que la contiene, cortar el cableado del arranque de un automóvil y unirlo como puente, raspar el cable del teléfono para realizar una conexión clandestina, arrancar el precinto de seguridad de una prenda de vestir en un supermercado, arrancar el celofán de un disco compacto que contiene una alarma de seguridad, sin importar que no hayan sido dispuestos para la defensa, siempre que cumplan con esa función. La doctrina coincide mayormente en que la fuerza debe ser destructiva (romper, cortar, deformar, cualquier acción que provoca una modificación permanente) y anormal (superior a la que realiza el legítimo tenedor cuando toma la cosa) puede ser desplegada a través de un esfuerzo físico o por medio de mecanismos u otros procedimientos dañadores, pero debe tratarse de una actividad realizada por el agente o por un tercero que actúa por él o participa en su hecho (el simple aprovechamiento de la fuerza realizada por un tercero extraño al apoderamiento del agente, no califica al hurto como robo....La violencia es el despliegue de energía física para vencer materialmente la resistencia que el sujeto pasivo o un tercero opone o puede oponer al apoderamiento (vis absoluta) no importa la intensidad de la energía ni es necesario que medie contacto físico entre el agente y la víctima (el arrebato de la cartera de un tirón constituye robo). la violencia puede recaer sobre el mismo sujeto pasivo del robo o sobre un tercero que se oponga o pueda oponerse físicamente al apoderamiento o a la consolidación de él....Se trata de un tipo doloso.
Tanto la fuerza como la violencia tienen que estar vinculadas objetiva y subjetivamente con el apoderamiento, en algunas de las circunstancias enunciadas en la parte final de la norma. Es decir que para el agente, la finalidad de la fuerza o la violencia debe ser el apoderamiento o su consolidación; no basta que ése haya sido el resultado de la acción, si el agente no la ejerció con ese sentido (por ejemplo el que se divierte simulando ser un asaltante, y recibe un reloj de alguien asustado). como se ha dicho en el párrafo anterior, para que la violencia ejercida con posterioridad al desapoderamiento sea típica, es indispensable que esté destinada a lograr la impunidad; por lo que el empleo de violencia posterior para "lograr el fin propuesto" ya no tipificará el delito como robo, en tanto no importe, a la vez, una procuración de impunidad." CONFORME CÓDIGO PENAL DE LA NACION, COMENTADO Y ANOTADO, DIRECTOR D´ALESSIO CORRDINADOR DIVITO, LA LEY, TOMO II, PÁGS.591, 592 Y 593."
Los hechos imputados subsumen, claramente en la figura delictiva seleccionada, razón por la cual corresponde sea confirmada la misma.
En relación al cuestionamiento respecto a la participación otorgada a B. N. V. en los autos de referencia como coautora, el planteo no resulta atendible. Ello así, pues hay que tener en cuenta la planificación concreta del hecho y su realización. En el presente caso hubo una división funcional de tareas, sin la suma de las cuales, el plan concreto hubiese fracasado.
Los aportes en la coautoría funcional pueden variar, pero lo cierto es que, en este caso, ambos aportes son absolutamente necesarios para la funcionalidad del hecho punible planificado.
En los autos caratulados: "N., B. E./ R. D. C.", Expte. Nº 2125 (N-539/07/TSJ), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, sostuvo que: "Que, conforme expresa Zaffaroni “...autor es el que domina el hecho, que retiene en sus manos el curso causal, que puede decidir sobre el sí y el cómo o, más brevemente dicho, la configuración central del acontecimiento...”
(Eugenio Raúl Zaffaroni, “Tratado de Derecho Penal - Parte General”, T° IV, pág. 306, Ediar, 1982). Más adelante agrega que autor es quien tiene las “riendas” del curso causal de los hechos, el dominio funcional del mismo.- Que, Zaffaroni explica que la coautoría caracterizada por el dominio funcional del hecho, es “...cuando ninguno de quienes toman parte en el hecho realiza más que una parte de la conducta que el tipo describe, por efecto de una división de la tarea, pero ninguno de ellos realiza la totalidad de la conducta típica...” (autor y obra citada, pág. 330)..."
Las permanencia de B. N. V. en el vehículo empleado en el hecho delictivo y su actuación vinculada al posterior desplazamiento, valoradas junto con los restantes elementos reunidos, permiten sostener un aporte esencial al plan del hecho, que implicó el traslado, la espera y la saliuda sobre seguro de su consorte. Sin este aporte, allende el esfuerzo de minimización, el hecho no podría haberse consumado, conforme su planificación.
La estrategia común se avizora palmaria, ya que dentro del auto llevaron las cosas robadas, la conductora era B. N. V.; por otra parte, la espera de B. N. V. implica el éxito del robo ya que es quien aguarda expectante y es quien alertaría de cualquier por menor que pudiera frustrar el plan conjunto, a su consorte delictivo. El hecho, además, fue consumado. En los autos caratulados “Q. G. S/ Hurto” Expte. Nº Q-32420/21, N° de Recursos 6470/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: "Sobre el particular, y en lo que existe acuerdo dogmático y jurisprudencial, se ha sostenido que: "Una acción es punible no solamente cuando concurren todas las circunstancias que conforman el tipo objetivo y el subjetivo (consumación), sino también -en ciertos casos- cuando falta alguno de los elementos requeridos por el tipo objetivo (Tentativa). Se sostiene que la tentativa constituye un delito incompleto, más no por la ausencia de sus requisitos típicos estructurales, sino porque éstos no se han podido realizar en el tiempo. En consecuencia se afirma que el art. 42 del C.P. establece un dispositivo amplificador de la tipicidad, mediante el cual se capta la acción desde el momento en que el agente comienza su ejecución...."
(CONFORME CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN COMENTADO Y ANOTADO DIRECTOR D´ALESSIO COORDINADOR DIVITO, LA LEY TOMO I, PÁGS.
685).- En palabras del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, en la obra "Estructura Básica del Derecho Penal" pág. 150 Ed. EDIAR, "El iter críminis: Desde que surge la idea criminal hasta que se agota el resultado hay un camino o iter críminis, que abarca concepción, decisión, preparación, comienzo de ejecución, culminación de la acción típica, producción del resultado y agotamiento de éste. La tipicidad ampliada temporalmente por tentativa extiende la prohibición a los actos que van desde el comienzo de ejecución (art. 42 del C.P.) hasta el momento inmediatamente anterior a la consumación (que es cuando se completa objetiva y subjetivamente la tipicidad dolosa)." Además se ha señalado que: "...se denomina tentativa acabada (aquella en que el agente realiza toda la acción ejecutiva sin que sea necesaria luego una posterior intervención suya para consumar el resultado, p. ej. instala un aparato explosivo y lo programa para que detone al cabo de unas horas, lo que por alguna razón no acontece) de una tentativa inacabada (aquella en que el autor interrumpe la realización de la acción ejecutiva, p. ej. comienza a acuchillar a su víctima pero, por alguna circunstancia, deja de hacerlo..."
(CONFORME CÓDIGO PENAL DE LA NACION COMENTADO Y ANOTADO DIRECTOR D´ALESSIO COORDINADOR DIVITO, LA LEY TOMO I, PÁGS.
710).- Como puede observarse y partiendo de los conceptos señalados, habrá que determinar en cada caso en particular, si la conducta fue consumada, o si por el contrario, quedó en grado de tentativa.
Respecto al delito de hurto, y su agravante, el robo, ambos en todas sus formas, simples y calificacadas, la discusión se centra en establecer cuando se produce el apoderamiento. Sobre este piso, existen distintas teorías, pero entiendo que la que mejor soluciona un innumerable número de casos es la teoría de la disponibilidad. En sentido la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, en fallo del 31/10/2008, "in re" "Guercio, Walter Mario y otro s/recurso de casación" La Ley 2009-A-586, La Ley Online, publicado en Tratado Jurisprudencial y doctrinario Derecho Penal Parte Especial T. I, pág. 414, Ed. La Ley, Director Miguel Angel Almeyra, sostuvo que: "...El verbo típico "apoderarse", utilizado por el legislador para describir la acción constitutiva del delito de robo, exige el efectivo apoderamiento por parte del sujeto activo, es decir, la consolidación de un poder efectivo sobre la cosa y la posibilidad de realizar sobre ella actos de disposición, aunque sea por un escaso período de tiempo y aún cuando luego la pierda".
Se ha señalado además, en sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, del 21/05/2003, in re "N. s/ Tentativa hurto calificado", P 69958 S, con voto de los Jueces Roncoroni-Negri-de Lázzari-Salas-Pettigiani, www.jusbuenosaires.gov.ar, Penal; 69958 RC J 11807/00, que "Es procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que el señor Fiscal de Cámaras denuncia la incorrecta aplicación del art. 42 del Código Penal pues de los términos en que quedó acreditada la materialidad ilícita resulta que medió el apoderamiento exigido por el art. 167 -inc. 2º- (remisión mediante al art. 164) del Código Penal, desde que el poder de disposición de las cosas en que aquél consiste pasó al imputado.
Frente a tal consumación deviene irrelevante lo ocurrido -detención y secuestro- momentos después". El mismo Tribunal sentenció en el orden de ideas que vengo exponiendo, que: “A todo evento, lo resuelto por el tribunal de mérito coincide con lo sostenido reiteradamente por esta Corte en cuanto a que hay delito consumado si el imputado tuvo la posibilidad de disponer de los objetos sustraídos sin que ello pudiera ser impedido por las víctimas o terceros. Pues si ese poder de disponer de la cosa ha pasado al procesado, aunque sea por un breve momento, sin que nadie estuviera en condiciones de impedirlo, el hecho está consumado aun cuando transcurrido ese momento se haya concretado su detención o el secuestro del objeto desapoderado”.
(SCJBA, 27-2-2008, “G.,J.L. s/ Robo calificado”, P.73.317 S. Jueces : Hitters, Negri, Genoud, Kogan, WenRubinzal ppypenal48.4rl20). En este sentido, y conforme el andamiaje dogmático y jurisprudencial, analizado el caso de marras, podemos establecer que el Sr. Q., luego de sustraer la bomba, hubo de tenerla consigo por un lapso de tiempo, más que suficiente, para poder disponer de la misma, pues debe tenerse en cuenta que el personal policial sale en una dirección y al no encontrarlo comienza a abrir el radio de búsqueda, siendo claro el croquis ilustrativo en señalar el lugar de aprehensión, que se encuentra distante del lugar del hecho. Es decir que, luego del desapoderamiento de la cosa a la víctima, el imputado tuvo, al menos por un corto un lapso de tiempo, la posibilidad de disposición del objeto sustraído, sin que nadie estuviera en condiciones de impedírselo, con lo cual el hurto fue, en este caso, consumado.".-
No corresponde, la modificación pretendida a robo en grado de tentativa. La recuperación posterior de los objetos no excluye por sí sola la consumación.
Resulta relevante que los bienes hayan sido sustraídos de la esfera de custodia de su titular (los elementos denunciados fueron efectivamente despojados y quitados de la esfera de custodia de su titular), al regresar los damnificados a su hogar había desorden generalizado y faltante de cosas abrigo, perfumes, cartera, gorros entre otros; y que los autores hubieran alcanzado una posibilidad efectiva de disposición, se puede apreciar del material colectado en auto y del testimonio brindado a fs. 137/139, (que los incusos no solo sustrajeron los bienes denunciados, sino que los hicieron propios usándolos en su cuerpo vistiéndolos sin reservas), aunque fuera por un lapso breve.
Que la posterior individualización del vehículo e incautación de los efectos no neutraliza necesariamente la consumación ya producida.
Por ello, existen elementos suficientes para mantener la calificación de robo simple consumado.
Respecto del agravio relativo al embargo, en los autos caratulados “INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS:
VELAZQUEZ ADRIÁN ALEJANDRO S/ ROBO
CALIFICADO” Expte. I-55811/22, N° de Recursos 6803/22, procedentes del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nro. 1 de Pico Truncado, sostuve que: "...En lo referente al embargo impuesto por el a quo, juzgo que la suma fijada se encuentra acorde a los parámetros establecidos por el art. 499 del C.P.P. Débese tener en cuenta que: “...Las llamadas medidas coercitivas dentro del proceso penal pueden subdividirse por su naturaleza en medidas coercitivas de carácter patrimonial y real. Básicamente, estas últimas se refieren a mandatos que se dirigen contra los bienes muebles o inmuebles a fin de asegurar, obtener o limitar el patrimonio del encausado con el objeto de garantizar la reparación civil, la pena pecuniaria y el pago de las costas...
La medida cautelar no debe corresponder con la situación personal del imputado sino con las pautas previstas en el art. 518 del Código de forma… pues el embargo de bienes debe ordenarse en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas...” (Conf. CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION, Comentado y Anotado, MIGUEL ANGEL ALMEYRA, TOMO II, Ed. La Ley, año 2077, páginas 428/430) Analizados los hechos investigados, puede afirmarse que el monto del embargo establecido por el A quo para nada resulta elevado, teniendo en consideración las pautas que deben seguirse para su determinación, mencionadas supra. La defensa argumenta que las víctimas no sufrieron daño alguno, y que los celulares fueron recuperados.
Sin embargo, esta circunstancia no resulta óbice para que puedan ejercer la acción civil derivada del delito (art. 80 y ss. del C.P.P.), pues el daño resarcible económicamente producto del hecho delictivo si bien suele ser material, no es exclusivo y excluyente. A ello debe adunarse el valor de las costas causídicas, lo que me lleva a concluir que el monto fijado por el Juez de Instrucción no es elevado como lo plantea el defensor, y debe ser confirmado...".- Y en los autos autos caratulados: “V. L. A. S/ Tentativa de Hurto” Expte. Nº 83870/24, N° de Juzgado de Recursos 7653/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: "En cuanto a la nulidad del embargo, considero que el mismo resulta ajustado a derecho y que sin perjuicio de que no se especificaron las razones o fundamentos de su imposición, en los considerandos, fueron enunciados de manera pormenorizada en la parte resolutiva, no observando de los agravios del recurrente vicios que causen un gravemente irreparable o que solo pudieran ser saneados con una declaración de nulidad, que por su naturaleza es de carácter restrictivo.
En este sentido, el establecimiento de un monto dinerario como embargo, debe realizarse teniendo en cuenta las características de los hechos y el grado de intervención “lato sensu” en los mismos, como así las consecuencias del delito, lo que surge claro de la motivación del auto que establece la decisión jurisdiccional de existencia de mérito. Es decir que el monto y su valoración no surgen de manera arbitraria, sino y por el contrario, son una consecuencia directa de la motivación del auto en la cual se establece el procesamiento de una persona. Es a la luz de las características del delito por el cual se la procesa es que surge el monto de embargo, no requiriendo otra motivación que la del propio auto de mérito, el establecimiento de la suma dineraria y es a la luz de ello, que las partes pueden agraviarse y la resolución puede ser revisada y valorada, no requiriéndose un acápite especial, pues la única manera de motivar la suma sería nuevamente repetir la motivación del auto de procesamiento.
Para ser claro, el monto del embargo debe ser una suma de dinero razonable a la luz del hecho por el cual se procesa a una persona. Este razonamiento es el que surge, claramente, del art. 499 del CPP.". Finalmente,en los autos caratulados:
“INCIDENTE DE APELACION: DIVISIÓN COMISARIA
TERCERA S/ ABUSO DE ARMA” Expte. Nº 89650/26, N° de Juzgado de Recursos 8569/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: “Por otra parte, el la obra "Código Procesal Penal de la Nación, Comentado y Anotado" Tomo III, Director Miguel Angel Almeyra, Coordinador Baez, Ed. La Ley, año 2007, página 430, puede leerse: "La medida cautelar no debe corresponder con la situación personal del imputado sino con las pautas previstas en el art. 518 del Código de forma. Asimismo, cabe agregar que el "quantum" del embargo discernido debe tender a asegurar la ejecución de la eventual pena pecuniaria, derivada del delito y las costas del proceso...; pues el embargo de bienes debe ordenarse en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas." Bajo estos lineamientos, corresponde señalar entonces que la capacidad económica del imputado no debe incidir, como regla, en la determinación del monto del embargo dispuesto con el auto de procesamiento. El monto debe establecerse en función de la eventual pena pecuniaria, la eventual indemnización civil estimada y las costas, de conformidad con lo establecido en el art. 499 del C.P.P. La falta de patrimonio o los bajos ingresos del imputado pueden influir en la forma de ejecución de la medida -por ejemplo, en la constatación de que el embargo resulta insuficiente y en la eventual aplicación de una inhibición-, pero no justifican por sí solos reducir el monto necesario para garantizar las consecuencias económicas del proceso. La reducción será procedente cuando se acredite que la suma es ajena a los rubros legales, o resulta manifiestamente irrazonable y desproporcionada. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, que el a quo ha fundado la medida en el acápite IX de los considerandos de la resolución apelada, y que el daño resarcible no implica únicamente el daño material causado por el hecho, sino que debe considerarse el impacto general que el suceso ocasiona a las víctimas, atento las características del atribuido al imputado G., encuentro la suma establecida por el a quo ajustadas a las pautas de la normativa legal, y por ende razonable.”
Por todo lo expuesto precedentemente, considero que el embargo dispuesto se ajusta a la normativa vigente para su aplicación, y en cuanto a su proporción la estipulada por el Juez Instrucción, ha sido acorde y razonable a las características del hecho atribuido.
El cuestionamiento del embargo no resulta suficiente para modificar lo resuelto. Su monto no depende exclusivamente de los ingresos mensuales declarados por los imputados.
En tanto no se demuestre una manifiesta desproporción entre la suma fijada y las finalidades cautelares que procura asegurar, corresponde mantener el embargo, sin perjuicio de su eventual revisión ante nuevos elementos.
Finalmente, en cuanto a la prisión preventiva, en los autos caratulados “R. G. S/ Denuncia Robo” Expte. Nº 56990/23, N° de Recursos 7002/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve que: "Respecto de la prisión preventiva, corresponde señalar lo siguiente. En los autos caratulados: “DIV. CRIA. 1 S/ INVESTIGACIÓN” Expte. Nro. 31256/22, N° de Recursos 6754/22, sostuve que: "...Sobre el agravio referido a la detención cautelar, cabe expresar lo siguiente. Las preguntas que subyacen cuando se trata de analizar la detención cautelar o la prisión preventiva, son siempre las mismas, la primera ¿existe riesgo procesal, es decir peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación? y la segunda ¿existe una medida menos gravosa que la restricción de la libertad ambulatoria para asegurar los fines del proceso penal? y en cada caso y de acuerdo a las circunstancias del mismo, se realiza esa valoración. Respecto de la prisión preventiva y su procedencia, el Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia se ha expresado en forma pormenorizada, señalando que la misma es una medida cautelar y que en cada caso debe valorarse la existencia de riesgo procesal, es decir el peligro de fuga o de entorpecimiento de la Investigación. (Conf. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SENTENCIA Nº:011 RECURSO DE CASACIÓN FECHA:
30/03/2012 AUTOS:"O. V. M. Y OTROS S/LESIONES
(INCIDENTE COPIAS)" Expte. Nº 3115/10 del Juzgado de Recursos de la Segunda Circunscripción Judicial (Nº:O-705/11/TSJ).- Cabe señalar que cuando se realiza una estimación de riesgo procesal, sea que se refiera al peligro de fuga, o al entorpecimiento de la investigación, se emite un juicio de probabilidad con los elementos agregados en la causa. En este sentido se ha sostenido que: "...Esta característica se verifica ineludiblemente en una de las cuestiones aquí tratadas: ésta es el riesgo procesal, ya que el mismo no es más que el reconocimiento sobre la probabilidad del acaecimiento de hechos futuros, sobre los cuales naturalmente no puede haber certeza derivada de un conocimiento directo.
Se advierte, entonces, que el CPPN. se refiere a dos tipos de presunciones diferentes sobre la fuga del imputado o el entorpecimiento de las investigaciones, cuya configuración importa el reconocimiento de riesgo procesal, que en definitiva legitima la medida cautelar." (Conforme "LA EXCARCELACION. UNA PROPUESTA RACIONAL PARA LA INTERPRETACIÓN DE SUS NORMAS, POR EZEQUIEL PADILLA, publicado en la obra SUMA PROCESAL PENAL, DOCTRINA, LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA Dirigido por el Dr. Pedro J. Bertolino, tomo II, pág. 1611, editorial AbeledoPerrot) Además, débese señalar que cuando se refiere al riesgo de entorpecimiento de la investigación, este significante ("investigación") no es un término que se circunscribe solo a la etapa instructoria.
El proceso penal de la Provincia, al igual que el Código Procesal Penal de la Nación, regula el enjuiciamiento de una persona para atribuirle responsabilidad jurídico penal en dos etapas, pero el Estado que es quien juzga a través de una de sus poderes-funciones, la jurisdiccional, es uno solo, y el proceso es uno solo. No solo se produce prueba en la etapa instructoria, en el debate oral se materializa la prueba que se fue recolectando para iniciar el juicio oral y público que es el requisito que impone la Constitución de la Provincia de Santa Cruz en su artículo 19 para asignar responsabilidad jurídico-penal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo ha entendido, cuando ha establecido las pautas de hecho y jurídicas para evaluar la continuidad y prórroga de la prisión preventiva, una vez fenecido el plazo normado en la ley 24.390.
Ha considerado en especial el hecho que se hubiere realizado o no el debate, y hubiera sentencia condenatoria no firme. Sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Acosta", en el considerando 24, como supuesto a analizar para su procedencia que: “…Como cuestiones de hecho hallamos: e.- El grado de avance de la causa, o sea, si está próximo al juicio oral o si éste tiene fecha fijada y, por supuesto, si ha mediado sentencia condenatoria no firme.” (Acosta, Jorge Eduardo y otro s. Recurso de casación Fecha: 08/05/2012 Juzgado: Corte Suprema de Justicia de la Nación Fuente: Rubinzal Online Cita: RC J 2986/12). Queda claro entonces que "el peligro de entorpecimiento de la investigación", se proyecta sobre todo el proceso penal y no solo se limita a una de sus etapas."Y en los autos caratulados: “INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN EN AUTOS CARATULADOS: "A.
S.
E. S/ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD LESIONES, AMENAZAS Y VIOLACIÓN DE
DOMICILIO” Expte. N° 35.036/22I, N° de Recursos 6769/22, procedentes del Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras, sostuve que:"Si bien es cierto que la escala penal cuando no da lugar a la aplicación de una pena de ejecución condicional no puede operar en forma automática y como factor determinante para la denegación de la excarcelación o medida cautelar restrictiva de la libertad, tampoco puede operar de la misma manera, cuando las escalas penales podrían dar lugar a una condena de este tipo, pues lo cierto es que los arts. 295 inciso 2º y 302 del CPP. permiten restringir la libertad cuando se verifiquen los supuestos de riesgo procesal."Sobre este piso, en primer lugar débese señalar que el fundamento sentado por el A quo para dictar la medida cautelar, se encuentra explicitado en el primer y segundo párrafo de la fs. 168 vta.
En el primer párrafo individualizado, el A quo señala que la calificación en la cual subsume la conducta enrostrada a los coimputados no daría lugar a la aplicación de una condena de ejecuición condicional, pues para que ello sea posible, el mínimo de la escala penal no debe exceder los tres años de pena de prisión. Ahora bien, el delito de robo en poblado y en banda, del artículo 167 inc. 2° del C.P, establece una pena mínima de tres años de prisión, por lo que dicho argumento debe ser desestimado por erróneo. Respecto del segundo párrafo, el Sr. Juez de Instrucción señala que la defensa no ha acreditado arraigo ni grupo familiar que los contenga, ni la inexistencia de riesgos procesales, respecto de los coimputados M. y S.C..
Sin embargo, si bien se comparte que en autos falta información para poder establecer la falta de arraigo suficiente de los coimputados S.C. y M., es incorrecto trasladar la carga de la prueba de la acreditación de la existencia o inexistencia de riesgos procesales a la defensa. Débe partirse siempre, como eje central del proceso y enjuiciamiento penal, del principio de inocencia. En este sentido, se ha señalado que: "El principio de inocencia es una garantía elemental, forjada por el movimiento constitucionalista, cuyo objetivo reside en preservar la libertad y dignidad de las personas otorgando seguridad y confianza a todo habitante de la Nación, ya que toda persona, es decir todo habitante de la Nación, se reputa inocente hasta tanto una sentencias firme declare su responsabilidad.
La presunción de inocencia es la clave de bóveda del sistema de garantías en materia penal cuyo contenido básico "es una regla de juicio, según la cual nadie puede ser condenado a un castigo a menos que su culpabilidad resulte probada, más allá de toda duda razonable tras un proceso justo." (Conforme PROCEDIMIENTO PENAL GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN UN ESTADO DE DERECHO, DR. MARIANO CUNEO LIBARONA, EDITORIAL LA LEY, pág. 630). La persona goza de un "estado de inocencia" que se quiebra cuando exista una condena firme pasada en autoridad de cosa Juzgada, que haya declarado su responsabilidad penal por un hecho, pero, y para ser claro, el estado de inocencia se pierde respecto de ese hecho, pues es un "estado" que siempre permanece pues es inherente a la persona humana, por su condición de tal.
Es en esta clave que y allende las facultades de la defensa para acreditar la inexistencia de riesgo procesal, cuando se dispone una medida de este grado de afectación humana, es el Estado a través del órgano jurisdiccional encargado de la instrucción de la causa y de la disposición de la medida, quien debe verificar si existe existencia o inexistencia de riesgos o peligros procesales. Esta verificación no puede ser una acción pasiva y que dependa únicamente de la parte, es tan activa como la instrucción misma de la causa, y es el Juez de Instrucción quien debe arbitrar los medios probatorios, no solo para la acreditación del hecho, sino y además, para la procedencia de las medidas cautelares que dispone.
En este sentido, resulta claro que no se ha acreditado en autos el arraigo suficiente de ambos coimputados, por lo que corresponde confirmar la prisión preventiva dictada hasta tanto este aspecto sea corroborado o modificado, debiendo disponerse un informe socioambiental sobre los tres coimputados. Asimismo, la medida se justifica por la conmoción que a la víctima y a la tesigo y amiga de ésta, les causó el hecho. Esta cuestión no ha sido valorada y con ello, es motivo suficiente para mantener, por ahora, la medida cautelar dispuesta. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que respecto de la víctima y la testigo no se ha brindado intervención al Centro de Asistencia a la Víctima, pues es el órgano encargado de llevar adelante un abordaje sobre la problemática que transitan ambas.
Cumplido el abordaje, y de la resultas del informe respecto del estado actual de las jóvenes, podrá valorarse, junto a los informes socioambientales, nuevamente, la existencia de peligros procesales, y juzgar, aún cuando los mismos existan, si pueden ser neutralizados de manera menos gravosa que la prisión preventiva. Todo lo expresado deberá hacerse teniendo en cuenta la situación de la víctima, la testigo, y la situación personal y familiar de cada uno de los coimputados, con la premura que implica la situación en la cual se encuentran los mismos respecto del proceso. En los autos caratulados: “INC. DR. LUCAS OSVALDO CHACÓN S/ SOLICITA EXCARCELACIO DE O. N. G. EN AUTOS: A. N. E. S/ Robo calificado R/ Damnificada”, Expte.
Nº I-56949, N° de Recursos 7053/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº I Pico Truncado, sostuve que: "Respecto el agravio que se centra en la calificación del hecho, cabe señalar que se debe distinguir entre el supuesto de rechazo de la excarcelación o exención invocando solo la calificación legal de la conducta, el que resulta, a la luz de lo expresado, infundado e improcedente, de aquel supuesto que, como en el caso de marras, el A quo parte de la escala penal en expectativa, para evaluar el riesgo procesal, lo que si es procedente, pues la misma es una pauta normativa y por ende, objetiva, a tener en cuenta para evaluar las cuestiones fácticas, las conductas y acciones realizadas por el sujeto activo antes, durante y luego del hecho, las condiciones personales del mismo (antecedentes, situación personal, familiar, social, laboral, etc.), y establecer si existe posibilidad de neutralizar los riesgos, en caso que se constaten, de manera menos gravosa que la restricción de su libertad ambulatoria, o si ésta, por ende, se impone, como necesaria y única." En los autos caratulados: “E.
G., JHENNY S/ DENUNCIA LESIONES LEVES
AMENAZAS Y DESOBEDICIENCIA JUDICIAL” Expte. Nº 32807/23, N° de Juzgado de Recursos 6995/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: " Sin perjuicio de ello en cada una de las deposiciones, la denunciante solicita la prohibición de acercamiento o implementación de dispositivo dual de manera provisoria, pues su principal objetivo desde el inicio de las actuaciones era regresar con sus hijas al hermano Estado Plurinacional de Bolivia, donde el encartado, por expresiones textuales de la Sra. E. G.: "...no puede pisar, por no pasar la pensión a su familia" a lo que se suman las lesiones que sufriera su expareja y por las cuales el imputado recibiera represalias de parte de sus hermanos.
(fs. 105/106) Esta expresión de deseo también se ve reflejada en la presentación de fs. 92, cuando se compromete a quedar en la localidad hasta tanto se culmine la pericia y su voluntad expresa de renunciar al patrocinio letrado de la Dra. Vanesa López. Si bien no se ignora la gravedad del delito investigado y en términos generales se coincide con el Sr. Agente Fiscal, cabe señalar que todo lo expresado por éste debe ser valorado previo a decidirse la forma más conveniente de neutralizar los riesgos. Surge claro además, que si bien el riesgo procesal puede ser evaluado y neutralizado desde el inicio de la investigación, verbigracia en un caso de flagrancia, y que, descartada ésta, en base a la “notitia criminis” y su mínima acreditación, se pueden inferir, “prima facie” las proposiciones fácticas más importantes y la subsunción de las mismas, lo cierto es que a partir del llamado a prestar declarción indagatoria y del auto de procesamiento y su calificación legal, el riesgo procesal se torna más evidente y tangible, pues existen actos jurisdiccionales que fijan el objeto procesal.
Ahora bien, la facultad y el deber de cautelar es dinámico, no estático, como todo lo relacionado con la etapa de instrucción (art. 294 primer oración), y de los hechos, su calificación, las conductas asumidas por las partes, su comportamiento durante el mismo, sumado al agravamiento o morigeración de la situación procesal, pueden impactar en un aumento o disminución del peligro procesal. Es siempre una actividad interpretativa y valorativa que tiene que ver con la dinámica y la “identidad” de cada caso. Debe tenerse en cuenta la conducta del imputado desde el comienzo de la investigación como así el estado y opinión de la víctima, para resolver la procedencia de una medida cautelar, que siempre se basa en una valoración sobre la probabilidad de materialización de los riesgos procesales.
Ahora bien, el A quo decidió una forma menos grave de cautelar que la prisión preventiva regulada en los arts. 295 y ss. del CPP. para garantizar la inexistencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga. Resulta claro además, que en autos, va de suyo, por todo lo señalado por el Ministerio Público Fiscal, la prisión preventiva, a priori, era formal y materialmente procedente. También es claro que, y ante el menor incumplimiento en base a todo el cuadro probatorio, el A quo seguramente revocará la libertad otorgada y ordenará, fundado en ello, la prisión cautelar. La decisión de cautelar gradualmente, entiendo obedece a la propia manifestación de la víctima, y la decisión que se adopta ha tenido, seguramente, el repaso de las distintas expresiones de ésta.
En este sentido, cabe poner de relieve que la denuncia fue judicializada y se garantizó a través de la constitución en parte querellante su acceso a la justicia de manera autónoma. Durante el desarrollo de las actuaciones la damnificada logró que se preservará su integridad y la de sus hijas mediante el resguardo en la casa abrigo y apoyo terapéutico, logrando canalizar sus pretensiones de manera reiterada a lo largo de todo el desarrollo de la instrucción. Se realizó la pericia psicológica ordenada y se citaron a deponer a los testigos propuestos por la defensa dejando prácticamente conclusa la instrucción para ser elevada a juicio, por lo cual el riesgo de entorpecimiento a esta altura del proceso deviene prácticamente estéril.
En relación al peligro de fuga y las manifestaciones del impugnante en referencia a la nacionalidad del incuso, no solo quedan zanjadas a través de las expresiones vertidas por la damnificada y transcriptas previamente, sino también por el hecho de que el imputado tiene documento nacional de identidad y arraigo en la ciudad donde reside hace años desempeñándose laboralmente..... Sobre este piso hermenéutico, cabe señalar que la decisión del Sr. Juez adoptada en autos, hasta el presente, ha sido hábil y eficaz para neutralizar los riesgos procesales porque no se indica ni informa, luego de su adopción, incumplimiento alguno.
Por ello, y teniendo en cuenta que la libertad otorgada, como dije puede ser revocada ante el incumplimiento de las reglas impuestas, la decisión de cautelar de manera gradual ha cumplido con el juicio de probabilidad que efectuó el A quo, reiterando que el mismo puede ser modificado en cualquier estado del proceso, y ante la materialización de riesgo de fuga, de entorpecimiento de la investigación, o de agresión a la víctima como modo de evitar el proceso. Debe quedar claro que en el ámbito de las medidas cautelares, la permanencia de las mismas se justifica por el riesgo que tratan de evitar, y que el análisis es siempre apriorístico, siendo que el comportamiento de las personas sometidas a proceso puede variar, demandando medidas más o menos graves conforme las circunstancias.
En autos, como bien señaló el recurrente, estaban dados todos los requisitos para la prisión cautelar, pero había la voluntad expresa de la víctima de que la medida que adoptara el Juez fuera de menor gravedad respecto la que conlleva el encierro preventivo, lo que llevó al A quo a decidirse, de manera gradual, por una forma menos gravosa que la detención del imputado. Sin perjuicio de ello, y a riesgo de ser reiterativo, sea que la víctima denuncie una acción que implique una intromisión en su esfera de vida, como que se verifique una sustracción al accionar de la justicia o deliberadamente se intente la fuga, sea el Sr. Agente Fiscal a través del requerimiento de prisión preventiva o el Sr.
Juez de Instrucción, quien revoque de oficio o a pedido de parte, la libertad otorgada. Debemos tener en cuenta que si actuáramos solo movido por el hecho y la calificación aún en el contexto de violencia de género, procederíamos de forma automática a dictar la prisión preventiva como si fuera una pena propiamente dicha y cuando los delitos sean leves, no la dictaríamos, de la misma manera automática. Poder cautelar correctamente implica valorar el hecho y las circunstancias como bien señala el apelante, pero también la situación de la víctima y su voluntad, como garantía del derecho que tiene a ser oída, aportar pruebas y acceder a la justicia de una manera efectiva, teniendo en cuenta y valorando su opinión.
(Conforme lo normado en los arts. 5, 11, y cc. de la ley 27.372).- Juzgar con perspectiva de género atendiendo a la enumeración efectuada por el apelante, la que se comparte y que ha sido referida por el suscriptos en numerosas causas, implica partir del supuesto que la mujer víctima de violencia no puede objetivarse ni instrumentalizarse en pos de los derechos legales y constitucionalesconvencionales que se invocan, sino escucharla, valorar lo que expresa y tener en cuenta y resolver, en muchos casos, conforme lo peticiona. Juzgar con perspectiva de género es hacerlo partiendo de los derechos humanos y considerando a la mujer y a las víctimas en general como sujetos de derecho, sin que por el rol de parte que asuman en un proceso, pierdan la calidad de persona humana establecida en el art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 de la C.N.).-....
En el devenir del proceso cuando la víctima expresa su opinión, no se puede, por su sola condición de mujer y por su condición económica y cultural, no valorar su libre determinación y al menos considerarla, luego de lo cual se podrá resolver en definitiva. Decidida una medida cautelar menos grave que la prisión preventiva, debe controlarse su cumplimiento y además, tenerse en cuenta el comportamiento asumido por quien se encuentra sujeto al proceso penal, pues y como bien lo señaló el propio Ministerio Público, el principio general que gobierna el rito penal es la libertad durante el proceso (art. 3 del CPP.) Lo expuesto, reitero, no implica que, y ante un cambio de los hechos y su subsunción legal, como ya lo expresé, sea en el propio Juzgado de Instrucción o en una instancia revisora, se evalúe nuevamente y a la luz de dichos cambios, la procedencia de una medida cautelar como la prisión preventiva.
Pero cuando la plataforma fáctica y la calificación no ha sido motivo de recurso, y ante los hechos y su calificación se decide, reitero de manera gradual, dictar medidas menos gravosas, si no media incumplimiento alguno y si las mismas han sido eficaces, como hasta el momento se avizora, el cambió dejaría de inscribirse en el universo de medidas cautelares para transformarse, vicariamente, en un anticipo de pena. En este sentido, al enumerar los principios constructivos del sistema de derecho penal en la obra “ESTRUCTURA BASICA DEL DERECHO PENAL” de la editorial EDIAR el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni señala: “Principio De buena fe y pro homine: El enunciado de cualquier derecho legalmente consagrado debe interpretarse siempre como límite a la criminalización y nunca como pretexto o justificación de ésta.
Nunca puede usarse un derecho perversamente, para limitar o eliminar la vigencia de otros, esto vale como regla para los derechos consagrados en los tratados y por remisión a los de la CN histórica (art. 75 inc. 22 de CN) La supuesta función de protección penal de bienes jurídicos (alquimia jurídica) no puede justificar lesiones al principio de humanidad”.- Es por ello, que, y conforme el estado de autos, corresponde confirmar el PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA, en cuanto fuera materia de apelación."Complementando el criterio expresado en dicha causa, en autos autos caratulados:
“MOLINA, EVA S/ DCIA. LES. LEV., DAÑOS, AMEN.,
VIOL. DCILIO. Y DESOB. JUDICI.” Expte. Nº 33285/23, N° de Juzgado de Recursos 7239/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, sostuve que: "III.2.- Finalmente, cabe señalar que lo que atañe a las medidas cautelares que se dictan en el proceso penal, las mismas pueden serlo a pedido de parte o de oficio por el órgano jurisdiccional. A manera de ejemplo y cuando se trata de pedidos de Exención de Prisión o de Excarcelación, el código de rito dispone la vista previa a la decisión jurisdiccional, del Ministerio Público Fiscal a los fines que emita opinión sobre el particular. Como señalé, las medidas cautelares respecto del imputado, son actos y decisiones jurisdiccionales que se basan en el análisis de la probabilidad del acaecimiento de conductas que pueden implicar riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
En casos como el de autos, en los cuales la persona se encuentra detenida desde la indagatoria o antes de ella y hasta que se resuelva la situación procesal en donde el Sr. Juez de Instrucción deberá resolver sobre su situación procesal y sobre la forma de cautelar en caso de procesamiento, no existe impedimento para que el Sr. Agente Fiscal peticione en autos no solo la medida cautelar que entienda adecuada al caso, sino y además, si, conforme a su teoría del caso, el imputado debe o no ser procesado, ello con antelación al dictado de la resolución judicial. Que no exista la obligación de expedirse previamente por parte de la Fiscalía interviniente, no implica que no pueda hacer saber al órgano jurisdiccional, a la defensa y a las restantes partes del proceso si la hubiere, cual es la posición del Ministerio Público Fiscal en un caso determinado.
Dicha competencia se encuentra de manera implícita del artículo 6 del CPP. que pone en cabeza del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal. En este sentido, en los autos caratulados: “INC. DR. LUCAS O. CHACON S/ S/ Solicita eximición de prisión” Expte. Nº I-52222/21, N° de Juzgado de Recursos 7276/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, sostuve que: "En este orden, el Art. 1º de la Constitución Provincial establece que "...La Constitución Nacional y las leyes nacionales que en su conformidad se dicten son su ley suprema". Que esta manda constitucional provincial se articula no solo respecto de la parte dogmática de la Constitución Nacional, es decir sobre las "Declaraciones, Derechos y Garantías", sumado a su preámbulo, sino que se refleja en la parte orgánica de la misma, cuando hay instituciones que, como en el caso del Ministerio Público, encuentran correlatos en las Constituciones o leyes provinciales.
No puede soslayarse el Art. 5 de la C.N., que es pilar de nuestro federalismo y señala que las Provincias dictarán una "Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones". Las Provincias como estados preexistentes a la Nación, conservan todo el poder no delegado en la misma y se dan sus propias Instituciones y se rigen por ellas, y dictan sus propias constituciones, conforme lo normado en los arts. 122 y 123 de la C.N. y concordantes.
Que surge claro de la hermenéutica de las normas Constitucionales, tanto nacionales como provinciales, que la naturaleza de los órganos de los estados que se estructuran bajo el sistema representativo, republicano y federal de gobierno, son similares, allende las características de cada provincia y en nuestro caso, al no existir a nivel constitucional establecido expresamente las obligaciones del Ministerio Público, lo cierto es que la aplicación del art. 120 de la Constitución nacional contribuye establecer cuáles son las pautas de actuación de los Ministerios Públicos en general, pautas que además concuerdan, de manera implícita, con las normas que regulan su actuación en el Código Procesal Penal de la Provincia y en la ley orgánica de nuestro Poder Judicial.
Sobre este piso entonces, el Art. 120 de la C.N. regula las atribuciones del Ministerio Público y establece como competencia primordial "...tiene como función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad...". Asimismo el art. 59 del CPP. reza que: "El Ministerio Fiscal promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la Ley". De ambas normas se establece que la finalidad de ejercer y promover la acción penal por parte de cualquier órgano del Ministerio Público Provincial lo es en la télesis establecida en el art. 120 citado. Por lo demás es pacífica la doctrina y la jurisprudencia al establecer esta finalidad como esencial y propia del Ministerio Público Fiscal, siendo éste un sujeto esencial en el proceso penal como garantía debida del mismo.
Que surge claro que la representación de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, son de resorte y de exclusiva competencia del Ministerio Público que debe ejercerla en la forma establecida por la ley, siendo el requisito esencial de su actuación, la fundamentación (argumentación) de las intervenciones que realice, sean éstas orales y/o escritas.- La opinión del Ministerio Público Fiscal resulta, como consecuencia de las funciones constitucionales asignadas en el art. 120 de la C.N., esencial y constitutiva de la garantía del debido proceso, tanto adjetivo como sustantivo, y de la garantía de defensa en juicio, y si su actuación es defectuosa o irregular, ello impide que en un caso concreto, ejemplo de ello el de marras, que se efectivicen los derechos constitucionales- convencionales que gobiernan y sustentan el juicio penal llevado adelante por el Estado contra una persona."Además, en los autos caratulados:
“INC. DR. ALBERTO LUCIANI S/SOLICITA EXCARCELACIÓN EN A. R. F. S/ INFRACCIÓN ART.
119 del C.P” Expte. N° I-53.729/21, N° de Recursos 7146/23, procedentes del Juzgado de Instrucción N °1 de Pico Truncado, sostuve que: "Sobre este piso, es importante recordar que, como corolario del principio de inocencia, se encuentra el derecho del imputado a transitar el proceso en libertad (art. 18 C.N., art. 24 de la Constitución Provincial, art. 7 de la C.A.D.H.). Este derecho puede verse restringido en los supuestos en que la libertad del imputado pueda tornar ilusorios los fines del proceso penal, en cuyo caso la ley autoriza a disponer la detención cautelar del imputado para neutralizar peligros procesales que conspiran contra dichos fines, como son el peligro de fuga y el de entorpecimiento de la investigación.
Para ello la ley de forma fija algunas pautas a tener en cuenta a los fines de realizar la evaluación respecto de la existencia de riesgos procesales (art. 302 C.P.P.). La evaluación de los factores de ponderación debe ser integral y conjunta, sopesando las circunstancias que establece la ley procesal. La pena es expectativa para el delito endilgado no puede servir de único fundamento para denegar la excarcelación, pero sí debe ser un factor más a tener en cuenta. A pesar de lo expresado y aun cuando el imputado fue procesado por hechos de suma gravedad, con una elevada pena en expectativa, recuerdo que el Estado le brindó al imputado la posibilidad de transitar el proceso en libertad, imponiéndole una cautela menos gravosa, reglas respecto de las cuales hizo caso omiso, en dicha oportunidad vislumbrando un desapego a las normas y a las disposiciones impuestas por el órgano jurisdiccional.
No cambiando su postura a lo largo del presente proceso. Esto es así teniendo en cuenta que ya analicé la media cautelar de prisión preventiva al momento de resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos principales, sobre los que recayera resolución en fecha 29 de septiembre de 2022, la cual se encuentra registrada bajo Tomo: LXXX Registro: 070 Folio 193/196, en la cual exprese en parte pertinente" En este caso al imputado se le brindó la oportunidad de permanecer, luego del primer dictado de la prisión preventiva, en libertad el resto del proceso. esa posibilidad, por libre voluntad del mismo, fue desechada cuando contacto a la víctima sabiendo previamente que le está prohibido.
Si bien ello puede tener una explicación en su motivación...lo cierto es que, allende el mismo, objetivamente incumplió su obligación y que subjetivamente, el fin, surge claro de la denuncia de la víctima, fue ofrecerle dinero en primer término para amenazarla cuando obtuvo una negativa de ella. Hay argumentos más que suficientes para sostener la continuidad de la prisión preventiva, por lo que entiendo que la misma debe ser confirmada." Es por ello que el riesgo de entorpecimiento de la investigación es cierto y objetivo y debe ser neutralizado, no pudiendo ser efectivizado de otra manera que no sea inevitablemente restringiendo la libertad del imputado. No pudiendo a esta altura del proceso asegurarse que el imputado mantendrá su conducta a derecho. ...
Es necesario destacar que el Estado a través de la función jurisdiccional le otorgó la posibilidad de transitar el proceso en libertad, luego de haber sido detenido cautelarmente. Ello también puede operar desde el inicio de las actuaciones. Esta situación implica para la persona que se encuentra imputada en un proceso penal, por parte del Estado, la garantía de cumplir el proceso en libertad cuando se estima que los peligros procesales pueden ser neutralizados de manera menos gravosa que la restricción de la libertad ambulatoria. Es decir que la persona que se encuentra sujeta a un proceso penal, si cumple con las reglas y pautas de conductas que se le asignan, podrá mantener esta situación hasta la sentencia definitiva, para dotar de plena vigencia al derecho de transcurrir el "juicio" con medidas restrictivas menos graves que su detención cautelar, evitando que el mismo sea restringido por incumplimiento de la persona a quien beneficia.
Pero cuando la persona a quien se le reconoce el derecho de transitar el proceso penal en libertad, voluntaria e injustificadamente decide incumplir las pautas de conductas, no puede ese cumplimiento trasladarse al Estado, pues es claramente, responsabilidad exclusiva y excluyente de quien no se motiva en la norma pudiendo hacerlo. El principio de gradualidad en la aplicación de las medidas cautelares, impone al estado un uso razonable de la fuerza que detenta monopólicamente, pero no lo exime de ejercerlo cuando la persona que se encuentra sujeta a proceso penal incumple las normas, por el contrario, se encuentra obligado a asegurar los fines del proceso. Existe la responsabilidad de cada persona de cumplir con las normas, máxime cuando estas la benefician y están pensadas en su favor, pero es la libre decisión del sujeto que puede hacer caso omiso de las mismas, sabiendo además que deberá responder por sus actos.
Esta libre decisión no puede trasladarse al estado, es de cada ser humano. No puede perderse de vista que los riesgos procesales se integran con dos materias diferentes entre sí, una que hace al peligro de fuga, pues no puede haber juicio en ausencia. Y la otra está relacionada con el peligro de entorpecimiento de la investigación, en donde la autoridad jurisdiccional deberá valorar la situación no solo de los testigos y de la evidencia material (pericias, informes, etc.) sino y especialmente de la víctima y de su grupo familiar, para que las medidas cautelares que se adopten protejan efectivamente los derechos de todas las personas afectadas directa o indirectamente por la conducta objeto de investigación.
Por todo ello, la posibilidad y oportunidad que el Estado le brindara al imputado, fue aprovechada por éste para incumplir las normas que se le impusieran e intentar entorpecer la investigación, razón por la cual, el auto debe ser confirmado."Y finalmente, en los autos caratulados:
“INC. DE COPIAS EN AUTOS: TORRES RODOLFO ABDON Y OTRO S/INFRACCION ART. 119 DEL C.P.A.
( RECARATULADO) ” Expte. Nº I-57387/23, N° de Juzgado de Recursos 7337/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve que: "Sobre este piso de marcha, corresponde analizar si en el caso concreto existen esos peligros procesales que puedan tornar ilusorios los fines del proceso. Para ello, cabe tener en cuenta las pautas establecidas por el legislador provincial en el art. 302 del C.P.P., entre las que se encuentra la objetiva valoración de las características del hecho. En este ritmo de marcha cabe señalar que el primer nivel de análisis es el hecho y la gravedad o violencia que el mismo pueda tener. Sobre este tópico cabe señalar que la modalidad de los abusos que se investigan en autos fueron violentos desde el punto de vista psicológico, lo que está claro no solo del relato de la víctima, sino y en especial, de las graves consecuencias psicológicas que las mismas le causaron a la víctima, sumado a la intervención de dos personas agresoras en el hecho.
A ello debe sumarse la clara advertencia final realizada a la víctima por el coautor Torres, al decirle “esto muere acá”; una clara advertencia que no solo confirma el conocimiento pleno del delito que acaba de cometer el autor, sino y en especial, que la víctima debería silenciar el abuso, pues de lo contrario podría ser objeto de futuras represalias por parte del mismo. En segundo lugar, débese tener en cuenta que la calificación legal en la cual subsumen las conductas investigadas, establecen por si mismas, un incentivo, allende el arraigo de los coimputados, para eludir la justicia, o entorpecer la investigación y la realizaciónm, a todo evento, del juicio oral. En tercer lugar, el estado de salud psicológica de la víctima implica que, en virtud de la vulnerabilidad que padece, debe ser resguardado por el Estado de forma tal que, las decisiones jurisdiccionales no la afecten o revictimicen más allá de lo que lo hizo el propio hecho.
En cuarto lugar, el rol central como órgano de prueba en la presente causa, pues sobre ella pesa toda la carga de la prueba de la instrucción, y si la msima se ve afectada por cualquier acción de los coimputados, implicarían un claro entorpecimiento de la investigación. De los distintos niveles de análisis realizados, se puede proyectar, teniendo en cuenta todos los informes psicológicos, que no existe otra forma de cautelar que no sea la prisión preventiva, teniendo en especial consideración, la nula importancia y reconocimiento como ser humano, que los autores le dieron a la víctima, poniendo su interés subjetivo por la satisfacción de su deseo sexual, por sobre la propia integridad de la víctima.
Estamos frente a un hecho grave que ha acarreado a la víctima serias y perjudiciales consecuencias. Si bien el A quo al dictar la prisión preventiva, pone el acento en la víctima y la protección que el Estado debe brindarle en consonancia con lo dispuesto por las leyes en la materia, y las obligaciones asumidas en los tratados internacionales suscriptos, entiendo que, sin dejar ello de lado, el énfasis en la elección de esta forma de cautelar a los imputados, debe estar en velar por que se cumplan los fines del proceso, neutralizando para ello los riesgos procesales que puedan existir. No puede pasarse por alto lo manifestado por la testigo S.A. (**.***), hermana de D.T.P. en relación a que la familia de T. intentó contactarse con su familia, lo que resulta un indicio de que T. en libertad pueda intentar contactar a la víctima a fin de hablar sobre lo sucedido, con las consecuencia que ello puede implicar para la víctima, dado su estado de salud referenciado supra.
No es óbice a ello, que antes de ser detenido viviera en la ciudad de Bahía Blanca, pues hoy en día existen diversas formas y tecnología para mantener un contacto a la distancia. Por último, debe tenerse presente que la ciudad en que sucedieron los hechos es una comunidad relativamente pequeña, por lo que estando los imputados en libertad, es probable que aún cuando cumplan con medidas cautelares de protección a la víctima, de todos modos se produzcan cruces casuales, con las consecuencias que ello acarrea en el caso concreto dado lo que un gesto o una mirada de cualquiera de los imputados puede implicar para D.T.. Es así que entiendo que la prisión preventiva amerita ser confirmada. Sin perjuicio, comparto con lo expresado por el A quo, que si el avance de la investigación permite variar lo sostenido en autos, podrá reevaluarse la medida cautelar.
En este sentido, entiendo pertinente realizar la atención y abordaje de la víctima por el Centro de Asistencia a la Víctima, y requerir conclusiones respecto al estado de la misma, y la posibilidad, a todo evento, de analizar, conforme al mismo, una valoración de medidas cautelares menos grave que la dispuesta, sin que implique, como se dijo, situación de entorpecimiento de la investigación, fuga, ni de revictimización. Por último, y en relación a la no aplicación del Plenario “Diaz Bessone” invocado, me remito a lo expresado por nuestro cimero tribunal provincial. En los autos caratulados "P. E. A. S/ EXCARCELACIÓN", Expte. P- 5135/11-III (P-719/12/TSJ), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, sostuvo que: "VII.-) Concretamente la defensa se agravia sosteniendo que en autos debió aplicarse el plenario "Díaz B.
R. G. s/ Recurso de inaplicabilidad de ley" CNCP, fallo plenario nº 13.- Resulta conveniente antes de ingresar al tratamiento del tema de fondo, aclarar la validez que tienen los fallos plenarios.- Que, así Zaffaroni sostiene "...Tampoco la jurisprudencia es "fuente" del derecho penal en sentido estricto, aunque se trate de jurisprudencia plenaria. No admitimos la opinión que asimila la jurisprudencia plenaria a una ley interpretativa, por compartir los argumentos que desde antaño se han esgrimido en nuestra doctrina: la jurisprudencia plenaria no puede ser fuente del derecho, porque se dirigiría a particulares, sin que nadie le exija llenar los requisitos de la ley, es decir, sin la publicidad del art. 2º del código civil...".
Agrega "...Por otra parte, darle a la jurisprudencia plenaria el carácter de una ley interpretativa implica una lesión al principio de división de los poderes del Estado, puesto que el Poder Legislativo no puede delegar sus funciones en el Poder Judicial..." (Zaffaroni, Eugenio R, Tratado de Derecho Penal, Parte General, t.I, p.126/127). En tanto Soler sostiene "...desde el juez de más modesta competencia hasta el tribunal de mayor jerarquía, la función jurisdiccional consiste siempre en el deber de aplicar la ley, sin que pueda imponerse al juez ninguna forma determinada de entenderla..." (Soler, Sebastián, Derecho penal argentino, T.I, p.159). De idéntica manera se expide Ricardo Núñez "...No se salvan las objeciones diciendo que no se trata de una ley, sino de un acto del régimen interno de las Cámaras, porque, como ya hemos expresado, a este acto se le reconocen los efectos propios de las leyes: obliga, se dice, a los jueces superiores e inferiores y se extiende su autoridad sobre todas las personas y hechos jurídicos.
Si no pueden equipararse a la ley, es obvio que el pronunciamiento plenario no puede ser fuente penal. Lo que quiere decir, a pesar de los textos legales contrarios, que los jueces en los casos posteriores al que ocasionó el acuerdo, deben buscar el tipo penal y la pena en la ley misma y no en la resolución del tribunal en pleno..." (Núñez, Opúsculos de derecho penal y criminología, 1992, p.75). Por otra parte, el artículo 10 de la ley 24.050 establece que "...la Cámara Federal de Casación Penal se reunirá en Tribunal pleno: a) para reglamentar su labor o la distribución de la labor de sus salas, b) para unificar la jurisprudencia de sus salas o evitar sentencias contradictorias, c) para fijar la interpretación de la ley aplicable al caso cuando la Cámara, a iniciativa de cualquiera de sus Salas entendiera que es conveniente.
La interpretación de la ley aceptada en una sentencia plenaria es de aplicación obligatoria para la Cámara, los Tribunales Orales, Cámara de apelaciones y para todo otro órgano jurisdiccional que dependa de ella, sin perjuicio de que los jueces que no compartan su criterio dejen a salvo su opinión personal...".- (La negrita es de mi autoría)".-
Teniendo en cuenta estas pautas de hermenéutica, comparto la decisión del a quo de mantener la detención cautelar.
Así, la posibilidad de que una eventual condena pudiera ser de ejecución condicional no determina por sí misma la improcedencia de la prisión preventiva. La medida cautelar responde a finalidades procesales definidas y debe analizarse en función de los riesgos concretos existentes en la causa. En consecuencia, una eventual modalidad de cumplimiento de una pena futura, todavía hipotética, no es suficiente para descartarla de plano.
Si bien la prisión preventiva es excepcional, puede mantenerse cuando existan circunstancias concretas que permitan advertir riesgos para los fines del proceso. En el caso, la existencia de medidas probatorias pendientes y las circunstancias particulares ponderadas respecto de O. H. F. permiten considerar subsistente, aún en esta etapa, el riesgo de entorpecimiento. El hecho de que ya se haya incorporado una cantidad relevante de prueba no impide valorar la necesidad de preservar las diligencias que aún restan producir. Sabiendo además que el Juzgador ha mencionado en su resolutorio medidas probatorias pendientes de realización, que dichas medidas, son fundamentales para el avance del proceso y cuya posible afectación por parte del imputado, es un dato objetivo y concreto de la existencia de riesgo de entorpecimiento. A ello cabe agregar que el imputado no posee arraigo en la provincia, pues no reside en ella, lo que constituye un riesgo concreto que pueda eludir el accionar judicial. Por otra parte no se condice con lo alegado por la defensora el hecho de que su pupilo el Sr. O. H. F. no posea antecedentes, ya que el informe de fs. 53 vta. y 54 conforme datos recabados del sistema S.I.F.C.O.P, los involucrados se encontrarían vinculados a otras causas penales, como así lo expresado por el propio imputado al ser indagado.
Entiendo que la situación cautelar de cada imputado debe evaluarse individualmente y es así como lo realizó el juzgador. De igual modo, la circunstancia de que B. N. V. permanezca en libertad no impone necesariamente una idéntica solución respecto de O. H. F., pues las medidas de coerción deben determinarse conforme a las condiciones personales y procesales de cada encausado.
Evidentemente no se puede igualar la situación procesal de la Sra. B. N. V. a la del imputado O. H. F., ., ello centrado, desde nuestra perspectiva, en la participación que le cupo a cada uno en el hecho punible y en las condiciones personales de la primera.
En relación a la existencia de medidas de coerción menos gravosas, estas no son posibles de aplicar de forma automática y para sustituir la prisión preventiva, debe verificarse primero que aquellas resulten idóneas y suficientes para neutralizar los riesgos concretamente advertidos.
Por ello y tal como se verifica en autos, si tales riesgos subsisten y las alternativas propuestas no aparecen como igualmente eficaces para asegurar los fines del proceso, corresponde mantener la medida dispuesta, sin perjuicio de su posterior revisión si dichas circunstancias cambian.
Sin embargo, lo expresado es un juicio dinámico, que tiene vínculo directo con el avance la de investigación, lo que no excluye ni mucho menos, la posibilidad de que finalmente el Juez de Instrucción teniendo presente la prueba mencionada como pendiente, y una vez que proceda a su valoración integral, pueda verificar la pertinencia de la continuidad de la medida cautelar dispuesta, si es que entiende se mitigan los riesgos de entorpecimiento.
Asimismo, y del avance de la investigación, conforme lo expresado en el párrafo anterior, nada obsta a que se consulte a las autoridades de la Provincia del Chubut, la posibilidad, en caso de acceder a su excarcelación, que la libertad del mismo sea monitoreada a través de un dispositivo electrónico.
Se tiene presente las reservas formuladas por la defensora.
Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena.
Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-CONFIRMAR el auto interlocutorio de fs. 174/189, en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación. II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia.- Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia