Abriendo la norma
TOMO: CXXII REGISTRO: 007 FOLIO: 060/061
Caleta Olivia, 03 de junio de 2026.
Estos autos caratulados: ".DIV. CRIA. PTO DESEADO S/ INVESTIGA", Expte. N° 21904/25, N° de Juzgado de Recursos 8469/26, venidos a despacho para resolver.
I.-Que a fs. 188/231 el Sr. Franco Daniel Moreyra, con el patrocinio letrado de los doctores Lucas Osvaldo Chacón y Fabricio Carbone Miele, interpone recurso de casación, con alcance de nulidad y planteo de inconstitucionalidad en subsidio, contra la resolución dictada por este Juez de Recursos el día 19 de mayo de 2026, obrante a fs. 150/175 vta., que resuelve CONFIRMAR el decreto de fs. 118/119, que rechaza “in limine” el pedido de constitución como querellante, por carecer manifiestamente de legitimación procesal activa, conforme lo establecido en los arts. 75 y concordantes del C.P.P., en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación.
Funda su impugnación en los arts. 439, 440 del C.P.P. en tanto se denuncian supuestos de inobservancia de normas procesales esenciales, errónea interpretación y aplicación del derecho vigente, arbitrariedad en la fundamentación del pronunciamiento recurrido y afectación directa de garantías constitucionales vinculadas al acceso a la jurisdicción, tutela judicial efectiva y participación procesal que quien invoca la condición de particularmente ofendido por el hecho investigado.
Señala que la resolución recurrida produce un gravamen irreparable actual, concreto y de imposible reparación ulterior, pues consolida de manera definitiva la exclusión procesal de esa parte respecto a una investigación que el propio tribunal reconoce expresamente como todavía abierta, dinámica, y sujeta a evolución contextual y probatoria. Destaca que allí radica el carácter equiparable a sentencia definitiva que reviste el pronunciamiento, porque cuando la investigación continúe formalmente en trámite, la exclusión procesal consolidada la resolución recurrida ya ha clausurado de manera actual e irreversible toda posibilidad de incidencia efectiva de esa parte sobre un tramo contextual relevante del conflicto general.
Enumera y desarrolla los siguientes agravios:
1).-Errónea interpretación del art. 75 del C.P.P. Restricción indebida del concepto de "particularmente ofendido"
2).-Confusión entre la naturaleza del bien jurídico protegido y la legitimación procesal del particularmente ofendido. Desarticulación contextual del conflicto investigado.
3).-Fundamentación contradictoria. valoración fragmentaria del contexto y apartamiento de las propias premisas fácticas reconocidas por el fallo.
4. Fragmentación artificial del conflicto. Desarticulación funcional del episodio del arma respecto a la causa principal.
5. Desconocimiento de la proyección concreta del riesgo derivado del episodio investigado. Valoración abstracta y descontextualizada del hallazgo del arma de fuego.
6. Exigencia del un estándar probatorio ajena a la etapa procesal y desnaturalización del juicio de admisibilidad de la querella.
7).-Confusión entre legitimación procesal y acreditación definitiva del hecho. Aplicación de un estándar probatorio ajeno a la etapa preliminar de admisibilidad.
8).- Restricción indebida del derecho de acceso a la jurisdicción y de participación efectiva de la víctima en el proceso penal.
9).- Restricción prematura e irreversible de mecanismos de control, impulso y producción probatoria en una investigación materialmente vinculada con las actuaciones principales.
10).- Desarticulación funcional de la conexidad material entre el episodio del arma y las actuaciones principales. Reconocimiento formal del contexto y vaciamiento posterior de sus efectos jurídicos.
11. Valoración aislada y descontextualizada de la ausencia física del recurrente al momento del episodio. Reducción ilegítima de la afectación contextual a una presencia corporal inmediata.
12).- Contradicción entre la doctrina amplia sobre participación de la víctima reconocida por el propio fallo y la solución restrictiva finalmente adoptada.
13).- Arbitrariedad por apartamiento de las constancias relevantes de la causa y construcción de una fundamentación aparente.
14).- Gravamen actual, irreparable y proyección institucional de la resolución recurrida. Necesidad de control casatorio inmediato. 15).- Valoración fragmentaria y selectiva del testimonio de Franco Daniel Muceda. Descontextualización del contenido real de la declaración testimonial.
16).- Sustitución del análisis concreto del conflicto por una construcción dogmática abstracta del tipo penal. Desnaturalización del objeto real sometido a decisión.
17).- Afectación del derecho de tutela judicial efectiva y del debido proceso convencional. Interpretación restrictiva incompatible con los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
18).- Necesidad de interpretación amplia y funcional de la legitimación procesal en etapas iniciales de investigación. Clausura prematura e irreversible de la participación jurisdiccional.
19).- Como colofón expone las normas vulneradas y doctrina constitucional y convencional aplicable: Señala los arts. 18, 75 inc.22 C.N., art. 8 y 25 CADH; garantías de tutela judicial efectiva, debido proceso y acceso real a la jurisdicción; art. 75 C.P.P.
Invoca jurisprudencia de la CSJN y CADH, Por último formula reserva de caso federal y de recurrir ante organismos internacionales.
II.-Corresponde por lo tanto que este Juez de Recursos de cumplimiento a lo reglado en el párrafo primero del art. 447 del C.P.P., a fin de constatar, si el recurrente ha dado cumplimiento a cada uno de los requisitos taxativamente enumerados por la ley formal para la procedencia del recurso, sin ingresar en la valoración de la cuestión sustancial, que ha motivado la interposición del recurso.-
En tal sentido la Jurisprudencia refiriéndose al art. 464 del C.P.P.N. idéntico a nuestro art. 447 ha dicho: “Es facultad del Tribunal de mérito efectuar una primera revisión del recurso a fin de examinar si en su interposición se han observado las condiciones formales de tiempo y forma que la ley prevé, pero su decisión no se ciñe sólo al recuento de éstas exigencias, pues puede avanzar sobre las condiciones de admisibilidad impidiendo el progreso del trámite cuando de su estudio surja la improcedencia de la vía recursiva. Ello no implica que el Tribunal del Juicio se convierta en juez de su propio fallo, sino que participa en la habilitación de la instancia superior en la medida que el propio código establece” (CNCP, Sala II, causa número 28, 23/9/93, reg. Número 34, Boletín de Jurisprudencia número 4, p.p. 76/78).-
III.-Que conforme lo expuesto precedentemente deviene necesario considerar en forma concreta el cumplimiento de los requisitos formales, establecidos por nuestro Código Procesal Penal.-
En cuanto a los recaudos exigidos por los incisos c) y d) del art. 4° de la ley 1687, se comprueba que el recurrente constituyó domicilio en jurisdicción del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en la calle Comodoro Rivadavia 148 de la Ciudad de Río Gallegos, e integró el depósito establecido por el art. 4 inc. d de la ley 1687, conforme comprobante de fs. 1877vta.
El recurso fue interpuesto dentro del plazo perentorio que establece el art. 446 del C.P.P., esto es en los diez días hábiles de notificada la resolución al recurrente. El Dr. Lucas Osvaldo Chacón (letrado patrocinante) fue notificado de la resolución dictada por este Juez de Recursos el día 19 de mayo de 2026, conforme constancia de sistema SNE de fs. 178, e interpuso el recurso de casación el día 26 de mayo de 2026, es decir dentro del plazo legal consignado. Y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 446 del Código Procesal de la Provincia, la impugnación se interpuso con firma del letrado, indicando las disposiciones legales que se consideran violadas, explicando la aplicación pretendida.
Sin embargo, en mérito a la facultad arriba mencionada e inspirado en principios de economía procesal, este Juez de Recursos, entiende que el recurso de casación no puede prosperar por la simple circunstancia de que el auto interlocutorio que se ataca, no reúne las condiciones objetivas de impugnabilidad exigidas por la norma del art. 440 del C.P.P: No es sentencia definitiva, ni resulta equiparable a aquellas porque no ocasiona gravamen irreparable o de tardía reparación, y no pone fin al proceso. En efecto, la resolución recurrida no pone fin al proceso, ni impide la prosecución de la causa, por lo contrario hace posible su continuación. Así la C.N. Casación Penal, Sala IV, 25/6/98, Causa, 1031, “S.J.A. S/RECURSO DE QUEJA”, Rev. “E.D.” del 10/9/98, p. 17 ha dicho "Las resoluciones cuya consecuencia es que el imputado continúe sometido al proceso no revisten el carácter de definitiva o auto equiparable a que alude el art. 457 del Cód. Procesal Penal. (Nuestro 440 del C.P.P.).- Así surge expresamente de los considerandos de la resolución de fs. 150/175 vta. que se pretende impugnar, en la que claramente sostuve: "Ingresando al análisis de la resolución impugnada, en función de los agravios de la parte recurrente, conforme la información reunida en autos con fundamento en las pruebas colectadas, en base a un análisis críticoracional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado en autos. Ello así, pues en autos, las afirmaciones realizas por los recurrentes, en base a un supuesto ataque al recurrente, no puede sostenerse, en este estadio primitivo de la investigación, con información alguna que lo respalde. Ello, claro está, podría variar con el devenir de la investigación o permanecer en la misma circunstancia en que hoy se encuentra la causa. En el caso que hubiera la información que permitiera establecer sospechas fundadas y no especulativas o conjeturales, de la existencia de una conducta dirigida a ofender particularmente al apelante, debería permitirse su ingreso al proceso, conforme los parámetros claros establecidos en el art. 75 del CPP. Pero reitero, no es este el caso..."
Por lo expuesto, como Juez de Recursos
I.-RECHAZAR el recurso de casación de Franco Daniel Moreyra, con el patrocinio letrado de los doctores Chacón y Carbone Miele, en contra del resolutorio de este Juez de Recursos obrante a fs. 150/175 vta., por inadmisible en virtud del incumplimiento de los requisitos formales de procedencia (art. 440 del C.P.P.).
II.-Regístrese, Notifíquese. Cumplido remítanse los presentes al Juzgado de origen.-
Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante Mi:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia