Abriendo la norma
TOMO: CXXV REGISTRO: 006 FOLIO: 132/137
Caleta Olivia, 22 de septiembre de 2026.
Estos autos caratulados: “DIV. CRIA. TERCERA S/ Inv. ROBO” Expte. Nº 41418/26, N° de Juzgado de Recursos 8485/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 108/114 vta., la Sra. Jueza de Instrucción Subrogante, decidió: “…ordenar el PROCESAMIENTO sin prisión preventiva de O. D. G. . en relación al delito de ROBO SIMPLE EN CALIDAD DE AUTOR (arts. 164 y 45 del C.P.), ordenando trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la SUMA DE PESOS UN MILLÓN ($1.000.000)”
Contra dicha resolución la Sra. Defensora Pública Oficial Nro. 2 de Caleta Olivia, doctora Ximena Paola Villares, interpone recurso de apelación a fs.124/126, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs.127. En esta instancia es mantenido a fs. 181 por el Sr. Letrado Adjunto de la Defensoría Pública Oficial ante las Excmas. Cámaras, doctor A. D. S.. Posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., la defensa no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver. II.-Al motivar el recurso, la Defensa se agravia por: a) la incorrecta valoración de la prueba producto de la defectuosa aplicación del artículo 116 del Código de forma, en violación al principio de razón suficiente -al respecto, los elementos de convicción incorporados al expediente carecen de virtualidad para arribar al procesamiento de mi asistido; y b) la errónea interpretación y aplicación de los artículos 45 y 164, CP, en violación a la garantía del debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio.
Alega que la conducta desplegada por O. D. G. resulta atípica en virtud de los principios de oportunidad e insignificancia, dado que la nimiedad de los objetos que se habría intentado sustraer no alcanza a vulnerar la propiedad, como bien jurídico tutelado en el caso. Con relación al primer punto, entiende que los elementos de prueba invocados no resultan contundentes para fundar un auto de procesamiento toda vez que el hecho que se le adjudica a mi defendido resulta atípica. Que el argumento de la decisión impugnada, en cuanto pretende que en el caso se estaría protegiendo la propiedad privada, se desvanece al advertir que el objetoun (1) tacómetro y una (1) pistola de temperatura digital no alcanzan para conmover el bien jurídico protegido. En tanto, respecto de la campera marca montagne fue hallada en inmediaciones del lugar y ya restituida a su propietario. Agrega a ello que luego que la praxis judicial resultó en términos pecuniarios más cara al ciudadano que el elemento que se habría intentado sustraer propiamente dicho, que la lesión del bien jurídico afectado es insignificante y no resulta digna de tutela penal. Que los elementos objeto del delito resultan de un miserable valor económico teniendo presente la inflación imperante, no superando el valor del tacómetro y la pistola de calor los $70.000 pesos en conjunto conforme aplicaciones de compra online, además de que su eventual tenencia por parte del imputado se vio fugazmente afectada respecto de la campera ya que fue recuperado en forma inmediata, con lo que tanto la conducta como el resultado resultaron de escasa gravedad.
Sostiene que la protección penal a los bienes jurídicos mediante la pena debe ser el extremo último al que debe apelar el Estado frente a conductas que pongan en peligro o lesionen los presupuestos básicos de la vida social, de modo tal que no cualquier intento de afectación de bienes jurídicos es suficiente para legitimar la injerencia del Estado en el ámbito Penal, sino que debe revestir cierta relevancia.
Concluye que la continuación del proceso ante una afectación tan nimia de la propiedad vulneraría el principio de racionalidad que debe verificarse en cualquier actividad estatal, máxime cuando se trata del ejercicio de la coerción penal. Cita doctrina, específicamente al Dr. Zaffaroni.
Destaca que la conducta endilgada a O. D. G. resulta ser atípica por insignificancia del injusto.
Que se deberá dictar el sobreseimiento de su asistido en orden al delito achacado de robo simple pues nada permite inclinarse por una preferencia a la hipótesis acusatoria.
Subsidiariamente, entiende que deberá ordenarse la falta de mérito de mi asistido (art. 292 C.P.P.). Por último, también se agravia por el embargo dispuesto por resultar arbitrario.
Sostiene que el embargo ordenado resulta ser nulo pues la cifra seleccionada UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000), más allá de las escasas referencias al caso, sin siquiera referir forma fundada al art. 499 C.P.P. aplicado al caso, sino solo una simple mención del número del artículo del código de forma, lo que no guarda relación alguna con los hechos investigados ni poseen fundamentos ciertos.
Que en cualquier escenario, frente al perjuicio patrimonial sufrido, la suma seleccionada aparecerá como excesiva.
Que sin embargo, la ausencia de fundamentos sobre las razones por las que esa suma y no otra ha sido seleccionada por el Juez de Instrucción, impiden también que este punto sea considerado acto jurisdiccional válido. Que la ley procesal establece que el embargo de bienes, en caso de ser necesario, debe ordenarse en cantidades suficientes para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y constas- art. 499 C.P.P.- Las razones y los argumentos de imputación a alguno de estos conceptos en la resolución que aquí se encuentra cuestionada, no se encuentran presentes.
Que amén de que resulta improcedente y arbitrario, pues la cifra seleccionada, no guarda relación con los hechos ni fundamentos ciertos, se comprueba de manera palmaria la manifiesta desconexión entre el sr. Juez de Grado y las constancias del expediente, en el que se le achaca a mi pupilo procesal un robo simple que prevé una de las penas más leves en el Código Penal.
Cita jurisprudencia.
Refiere que haber hecho referencia de forma genérica el magistrado que:“...en orden a la previsión respecto a los gastos de justicia y los costos necesario para reparar el daño causado, habida cuenta la tasa de interés del Banco Central de la República Argentina, estimo procedente establecer la suma de pesos un millón...", no es una debida fundamentación con referencias específicas a los hechos investigados. Que son simples afirmaciones genéricas, con repetición de enunciación del art. 499 del C.P.P. pero sin un análisis del caso en cuestión.
Que por ello, se rechaza el embargo preventivo por el excesivo valor sin fundamentación en las constancias del proceso, sosteniendo que debe revocarse por causar gravamen irreparable a sudefendido.
Para el hipotético e improbable caso que no se haga lugar a los planteos formulados por esa parte, hace la reserva correspondiente al ejercicio de las vías recursivas que otorga el ordenamiento procesal y, de caso federal, atento la índole constitucional de los derechos afectados. III.-Establecido ello, corresponde ingresar al análisis de la resolución apelada, en función de los agravios de la recurrente.
Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal. La defensa no cuestiona la materialidad de los hechos ni la autoría. Los agravios se centran en la invocación de la atipicidad de los hechos en razón de los principios de oportunidad e de insignificancia; y en el embargo. Sobre el tema, en los autos “P. J. D. S/Tentativa de hurto” Expte. Nº P-36.390/23, N° de Recursos 6960/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve: "Partiendo de esta base, estimo que el principio de insignificancia en la afectación de un bien jurídico, alegado por la Defensa, no puede ser aplicado al caso de marras, pues estamos frente a una tentativa acabada del delito de hurto.
En este sentido, debemos partir de la base que nos encontramos ante un delito de lesión al patrimonio ajeno y que el mismo no se configuró, pues intervino tanto los empleados del Supermercado como el agente policial que realiza servicios adicionales en el lugar. Pero queda claro que, allende los objetos que el mismo pudo ocultar entre sus ropas, la afectación del bien jurídico se verificó por el peligro que el mismo corrió. Ahora bien, el valor de los objetos exhibidos, tomados individualmente, y comparados con el patrimonio del Supermercado "La Anónima", siempre va a ser "insignificante". Pero cuando nos referimos al bien jurídico y su afectación por lesión o peligro, no estamos evaluando estrictamente el valor de los objetos y el patrimonio de la víctima.
Lo que se evalúa para sostener la insignificancia, es la lesión o el peligro que corrió el bien jurídico. De lo contrario, cada hecho de hurto o robo en un supermercado debería ser bagatelario, lo que sería ilógico, irracional y contrario a derecho. Sostenerlo, como pretende la defensa, de manera tajante, implicaría que queden impunes todas las tentativas de delitos donde el bien jurídico sea el patrimonio de las personas, en especial las inacabadas, lo que implica trastocar todo el orden jurídico penal. Se ha sentenciado, sobre el particular, que: "Corresponde rechazar el recurso de casación articulado por la defensa de los imputados contra la resolución que los condenó como coautores del delito de robo agravado por su comisión en despoblado en grado de tentativa a la pena de dos años y seis meses de prisión y a dos años de prisión de efectivo cumplimiento, respectivamente, toda vez que la alegada atipicidad de la conducta enrostrada a sus defendidos por la falta de afectación relevante del bien jurídico, no tiene acogida favorable, pues si bien existen los denominados "delitos de bagatela", caracterizados por la insignificante lesión al bien jurídico que afectan y el inc. 1, art. 56 bis, CPP de la Provincia de Buenos Aires, establece como criterio especial de archivo en tales supuestos, el análisis de la problemática de los mismos no puede reducirse a la sencilla operación de la comprobación aritmética de su valor para, desde allí, considerar que la reacción penal es desproporcionada en la relación de valor comparativo con el bien lesionado; cuando la conducta se proyecta a una afectación mayor o más relevante del mismo pero, por azar, se produce una lesión ínfima, no puede fragmentarse el razonamiento y considerar atípica la acción, invocando la sola afectación concreta e irrelevante de los bienes, en tanto se perdería de vista la desvaloración de la acción que, en tal caso, se encamina a una lesión de mayor entidad y gravedad.
Desde el punto de vista objetivo, parece claro que el grado de afectación al bien jurídico propiedad ha sido mínimo, teniendo en consideración el escaso valor de la res furtiva, sin embargo resulta adecuado evaluar la insignificancia no solo desde el puro plano objetivo de la conducta, sino también debe incorporarse las características de la acción, en buen romance: disvalor del resultado y disvalor de la acción que lo causa. En dicha hermenéutica, cuando de las evidencias de la causa surge, sin lugar a dudas, que el plan delictivo se encaminaba a una afectación más intensa del bien jurídico, que el mismo solo haya sido afectado en un grado ínfimo por puro azar no equivale a encuadrar el hecho en la tesis de los delitos de bagatela.
Tal es lo que acontece en autos, donde los imputados fueron sorprendidos en plena ejecución del hecho por la víctima, lo cual motivó la fuga de los mismos, evidenciándose que la tentativa inacabada encuentra sus razones en las "circunstancias ajenas a su voluntad" que enuncia el art. 42, Código Penal, al verse sorprendidos in fraganti. En cuanto a la argumentación realizada en el recurso, al especificarse que la insignificancia no solo se debe considerar por la lacónica gravedad del hecho sino también por el conato, la tentativa no implica atipicidad de la conducta sino, conforme lo establece el art. 44, Código Penal, una menor pena por la menor magnitud del injusto, lo cual se efectúa de acuerdo con los guarismos efectuados en dicha norma.
Por último, en cuanto a las consideraciones realizadas por la defensa en torno a la mensuración del monto de la pena, no se han expresado argumentos que permitan torcer la valoración del injusto culpable por parte del a quo. Primeramente, en lo que refiere a las disculpas ofrecidas al damnificado y la devolución de la res furtiva, la primera fue considerada como atenuante, de modo que ya fue ponderada al determinarse la pena y la segunda, en realidad conforma, en lo fáctico, una circunstancia asociada con la interrupción del iter criminis, operando la reducción legal prevista en el art. 44 del digesto de fondo. Por otra parte, la escasa producción del daño ingresa en el ámbito valorativo y de relativa discrecionalidad que, salvo casos de notoria desproporción, los jueces tienen en oportunidad de mensurar la magnitud del injusto.
Si se tiene en cuenta que la pena es cercana al mínimo legal, los magistrados han tenido en consideración la ínfima lesión al bien jurídico." (In re AUTOS TELLO, DANIEL DAVID Ó TELLO, MIGUEL ÁNGEL Ó TELLO GONZÁLEZ, DANIEL DAVID Y OTRO S. RECURSO DE CASACIÓN /// TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL SALA V, LA PLATA, BUENOS AIRES; 16/05/2017;
RUBINZAL ONLINE; 78444; RC J 4328/17) Con todo ello puede concluirse que la materialidad del hecho se encuentra acreditada, adunando que fue sorprendido en flagrancia al esconder entre sus prendas los elementos sustraídos y demorado en el ingreso al local comercial."
Sobre estas pautas de interpretación, es claro que en el caso de autos ha existido una afectación al bien jurídico tutelado que resulta relevante.
Surge de las actuaciones que los autores produjeron para ingresar a la vivienda provocaron la rotura del sistema de cerramiento de una ventana, rotura de un cristal, daños en el sistema de alarmas y en una cámara de vigilancia. Además de ello, sustrajeron elementos de valor económico que la defensa califica "miserable", estimándolo en pesos setenta mil ($70.000), razonamiento que carece de toda lógica y razonabilidad, pues a simple vista no se aprecia una afectación insignificante a la propiedad de la víctima.
Por último, en relación al embargo, corresponde señalar que en los autos caratulados “INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS: V. A. A. S/ ROBO CALIFICADO” Expte. I-55811/22, N° de Recursos 6803/22, procedentes del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nro. 1 de Pico Truncado, sostuve que: "...En lo referente al embargo impuesto por el a quo, juzgo que la suma fijada se encuentra acorde a los parámetros establecidos por el art. 499 del C.P.P. Débese tener en cuenta que: “...Las llamadas medidas coercitivas dentro del proceso penal pueden subdividirse por su naturaleza en medidas coercitivas de carácter patrimonial y real. Básicamente, estas últimas se refieren a mandatos que se dirigen contra los bienes muebles o inmuebles a fin de asegurar, obtener o limitar el patrimonio del encausado con el objeto de garantizar la reparación civil, la pena pecuniaria y el pago de las costas...
La medida cautelar no debe corresponder con la situación personal del imputado sino con las pautas previstas en el art. 518 del Código de forma… pues el embargo de bienes debe ordenarse en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas...” (Conf. CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION, Comentado y Anotado, MIGUEL ANGEL ALMEYRA, TOMO II, Ed. La Ley, año 2077, páginas 428/430) Analizados los hechos investigados, puede afirmarse que el monto del embargo establecido por el A quo para nada resulta elevado, teniendo en consideración las pautas que deben seguirse para su determinación, mencionadas supra. La defensa argumenta que las víctimas no sufrieron daño alguno, y que los celulares fueron recuperados.
Sin embargo, esta circunstancia no resulta óbice para que puedan ejercer la acción civil derivada del delito (art. 80 y ss. del C.P.P.), pues el daño resarcible económicamente producto del hecho delictivo si bien suele ser material, no es exclusivo y excluyente. A ello debe adunarse el valor de las costas causídicas, lo que me lleva a concluir que el monto fijado por el Juez de Instrucción no es elevado como lo plantea el defensor, y debe ser confirmado...".- Y en los autos autos caratulados: “V. L. A. S/ Tentativa de Hurto” Expte. Nº 83870/24, N° de Juzgado de Recursos 7653/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: "En cuanto a la nulidad del embargo, considero que el mismo resulta ajustado a derecho y que sin perjuicio de que no se especificaron las razones o fundamentos de su imposición, en los considerandos, fueron enunciados de manera pormenorizada en la parte resolutiva, no observando de los agravios del recurrente vicios que causen un gravemente irreparable o que solo pudieran ser saneados con una declaración de nulidad, que por su naturaleza es de carácter restrictivo.
En este sentido, el establecimiento de un monto dinerario como embargo, debe realizarse teniendo en cuenta las características de los hechos y el grado de intervención “lato sensu” en los mismos, como así las consecuencias del delito, lo que surge claro de la motivación del auto que establece la decisión jurisdiccional de existencia de mérito. Es decir que el monto y su valoración no surgen de manera arbitraria, sino y por el contrario, son una consecuencia directa de la motivación del auto en la cual se establece el procesamiento de una persona. Es a la luz de las características del delito por el cual se la procesa es que surge el monto de embargo, no requiriendo otra motivación que la del propio auto de mérito, el establecimiento de la suma dineraria y es a la luz de ello, que las partes pueden agraviarse y la resolución puede ser revisada y valorada, no requiriéndose un acápite especial, pues la única manera de motivar la suma sería nuevamente repetir la motivación del auto de procesamiento.
Para ser claro, el monto del embargo debe ser una suma de dinero razonable a la luz del hecho por el cual se procesa a una persona. Este razonamiento es el que surge, claramente, del art. 499 del CPP.". Finalmente,en los autos caratulados:
“INCIDENTE DE APELACION: DIVISIÓN COMISARIA
TERCERA S/ ABUSO DE ARMA” Expte. Nº 89650/26, N° de Juzgado de Recursos 8569/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: “Por otra parte, el la obra "Código Procesal Penal de la Nación, Comentado y Anotado" Tomo III, Director Miguel Angel Almeyra, Coordinador Baez, Ed. La Ley, año 2007, página 430, puede leerse: "La medida cautelar no debe corresponder con la situación personal del imputado sino con las pautas previstas en el art. 518 del Código de forma. Asimismo, cabe agregar que el "quantum" del embargo discernido debe tender a asegurar la ejecución de la eventual pena pecuniaria, derivada del delito y las costas del proceso...; pues el embargo de bienes debe ordenarse en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas." Bajo estos lineamientos, corresponde señalar entonces que la capacidad económica del imputado no debe incidir, como regla, en la determinación del monto del embargo dispuesto con el auto de procesamiento. El monto debe establecerse en función de la eventual pena pecuniaria, la eventual indemnización civil estimada y las costas, de conformidad con lo establecido en el art. 499 del C.P.P. La falta de patrimonio o los bajos ingresos del imputado pueden influir en la forma de ejecución de la medida -por ejemplo, en la constatación de que el embargo resulta insuficiente y en la eventual aplicación de una inhibición-, pero no justifican por sí solos reducir el monto necesario para garantizar las consecuencias económicas del proceso. La reducción será procedente cuando se acredite que la suma es ajena a los rubros legales, o resulta manifiestamente irrazonable y desproporcionada. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, que el a quo ha fundado la medida en el acápite IX de los considerandos de la resolución apelada, y que el daño resarcible no implica únicamente el daño material causado por el hecho, sino que debe considerarse el impacto general que el suceso ocasiona a las víctimas, atento las características del atribuido al imputado G., encuentro la suma establecida por el a quo ajustadas a las pautas de la normativa legal, y por ende razonable.”
Bajo estos lineamientos, corresponde señalar entonces que la capacidad económica del imputado no debe incidir, como regla, en la determinación del monto del embargo dispuesto con el auto de procesamiento. El monto debe establecerse en función de la eventual pena pecuniaria, la eventual indemnización civil estimada y las costas, de conformidad con lo establecido en el art. 499 del C.P.P.
La falta de patrimonio o los bajos ingresos del imputado pueden influir en la forma de ejecución de la medida -por ejemplo, en la constatación de que el embargo resulta insuficiente y en la eventual aplicación de una inhibición-, pero no justifican por sí solos reducir el monto necesario para garantizar las consecuencias económicas del proceso. La reducción será procedente cuando se acredite que la suma es ajena a los rubros legales, o resulta manifiestamente irrazonable y desproporcionada. Así, en el caso de autos, entiendo que la suma establecida por el A quo resulta razonable en función de la afectación al bien jurídico tutelado que la conducta del imputado ha ocasionado, conforme me he referido en párrafos anteriores, por lo que su nulidad debe ser rechazada.
Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena.
Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-RECHAZAR el planteo de nulidad del embargo, y CONFIRMAR el auto de fs. 108/114 vta., en todo cuanto fuera materia de apelación.
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia. Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia