Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 6909 FOLIO Nº 069/074 PROT. ELECT. JRS1008I.211
Río Gallegos, 06 de noviembre de 2.021.
La presente causa caratulada: “DIV. CRIA. YAC. RIO TURBIO S/ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, AMENAZAS Y LESIONES LEVES” - Expte. N° 15.022/21- (Apelación N° 7.068), venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 123/138, obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Rio Turbio, quien en el punto 1º del decisorio puesto en crisis, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado Luis Arian Bargas, en orden a los delitos de “Lesiones leves agravadas por mediar violencia de género” (Art. 89º en función del Art. 92º, 80º inc. 11º del Código Penal Argentino y Amenazas, Art. 149º bis del C.P.A. en concurso real entre si, en función del Art. 55º del C.P.A.), respecto del primer hecho imputado y calificarlo provisoriamente como delito de “Resistencia a la autoridad” Art. 239º del C.P.A. y delito de lesiones leves (dos víctimas), Art. 89º del C.P.A., en concurso ideal entre sí en función del Art. 54º del C.P.A. y delito de amenazas Art. 149º bis del C.P.A., en concurso real en función del Art. 55º del C.P.A. respecto del segundo hecho imputado; en tanto en el punto 4º ordenó el embargo sobre el dinero o bienes del procesado hasta cubrir la suma de pesos sesenta y cinco mil ($65.000). Que a fs. 167/169 vta., el Defensor Técnico del imputado, apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 174, y no habiendo presentado la defensa, el memorial previsto por el Art. 437º del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que la defensa se agravió que los elementos probatorios aunados por la instrucción, analizados bajo el criterio rector que debe imperar en esta etapa del proceso no poseen entidad bastante como para convalidar el juicio de probabilidad emitido, el cual se encuentra enervado además, por su estructura e inferencias, plagadas de aspectos y cuestiones meramente conjeturales, que naufragan a poco que se compulsen con las probanzas obrantes en la causa.
Consideró arbitrario el decisorio alcanzado, violatorio del principio de legalidad, en miras del debido proceso, la defensa en juicio, y la igualdad establecida en la Constitución Nacional.
Manifestó que la Magistrada de Instrucción podría haber profundizado la investigación antes de decidir la suerte procesal de su defendido, puesto que tanto las constancias médicas como las testimoniales aportadas dejan al descubierto una total ausencia de elementos probatorios, quedando en manos del juzgador solamente la denuncia.
Sostuvo que el hecho denunciado plantea serios interrogantes respecto de su veracidad.
Indicó, respecto del agravante por “mediar violencia de género”, que ello no surge en el expte. y que la presunta violencia sindicada a su pupilo procesal contra la Sra. Chocobar no calificaría como violencia de género. Citó jurisprudencia apoyando su postura.
Se agravió respecto de las presuntas lesiones leves a Casas García y Romero, situación que no puede tipificarse, debiendo subsumirse en el tipo Resistencia a la autoridad (que en expediente de marras tampoco se verifica).
Consideró que quedan elementos probatorios que valorar, antes de considerar, prima facie, a su defendido como autor del delito de lesiones leves.
Sostuvo que en el delito de amenazas, se debe analizar de manera íntegra, la expresión "matar" (hecho no probado) debe ser analizado en el contexto de los actos anteriores, actores coetáneos que se profieren en el forcejeo iniciada, según dichos de su pupilo procesal, por parte de los denunciantes. Este hecho (en caso de probarse) no debe estimarse como delito de amenazas, pues sería una infracción eminentemente circunstancial y las "amenazas” deben excluirse cuando las expresiones se pronuncian en contextos como el de autos. Se trataría de una frase proferida en una situación de enojo, ofuscación, resentimiento o reclamación, ante las presiones de la Sra. Chocobar. Manifestó que Rodrigo Alejandro García Casas, Alexia Anahí Zubelza, Edgardo Ariel Zubelza y de Douglas Nahuel Romero, eran cuatro miembros de las fuerzas de seguridad deteniendo a una persona, que se encontraba (presumiblemente) nervioso, según el relato de Guichalequen, que fue el único testigo no perteneciente a las fuerzas de seguridad que nombra la intervención de la policía no de una presunta resistencia.
Indicó que no busca opinar directamente respecto de la veracidad o no de la denuncia, sino que, tal como están las constancias de autos, no hay ningún elemento, que le de base fáctica ni jurídica al instructor para aventurarse a un procesamiento, y mucho menos con prisión preventiva; más bien se considera que podría continuarse con la investigación, a los fines de lograr colectar los elementos de prueba que arrojen cierto manto de certeza sobre los hechos. Sostuvo que la calificación legal, agrava la situación procesal de su defendido.
Se agravió del embargo trabajo, le pareció excesivo y sin fundamento, el cual sólo provocará una inhibición de bienes de su defendido sin justificación fáctica ni jurídica alguna.
Manifestó que no existe fundamento para prohibición de contacto y acercamiento, no existiendo elementos probatorios respecto de la presunta peligrosidad de su defendido, que determine tan gravosa medida.
Hace expresa reserva del caso federal para el hipotético caso de que esta petición no tenga curso favorable.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
Que tomando atenta lectura de la resolución atacada como de los agravios planteados por el recurrente -y contrariamente a lo que éste último argumenta-, debo desde ya adelantar que considero que con los elementos probatorios reunidos hasta el momento estaría suficientemente acreditada la materialidad de los hechos enrostrados a Bargas y también su autoría material, correspondiendo así traspasar la valla del Art. 289º del C.P.P., razón por la que confirmaré íntegramente el auto apelado por ser adecuado a derecho y sin perjuicio de lo que pueda surgir en el devenir de la investigación. En principio, cabe destacar que la resolución se encuentra debidamente fundada, de conformidad con lo regulado en los Arts. 115º, 116º y 291º del C.P.P.; además allí se analizó la totalidad de la prueba recabada a la luz de la sana crítica racional, con lo cual lo resuelto por la Magistrada fue ajustado a derecho.
Ingresando en el tratamiento de los agravios articulados por la defensa, y en lo que se refiere a la escasez (a su criterio) de prueba incriminante que responsabilice a su defendido, debo coincidir con las argumentaciones dadas por la Magistrada en el auto dictado. Por ello, lo planteado por la defensa al respecto, no prosperará.
Se da inicio a estos autos, teniendo en cuenta el informe de novedad de fs. 1.
Primer Hecho: el día 23 de abril del año 2021, siendo aproximadamente las 14:25 horas, en circunstancias de encontrarse la denunciante Johana Valeria Chocobar circulando junto a su hermano Michael Cristofer Chocobar en el vehículo marca Peugeot modelo 206, Dominio MWB 516 por la calle Gobernador Paradelo de la localidad de Río Turbio, antes de llegar a la calle Gobernador Mayer, habría observado al imputado Bargas levantar piedras para presuntamente dañar la unidad, por lo que detienen el vehículo bajándose la Srta. Chocobar para dialogar con el encartado, y éste ante el reclamo de la denunciante, mediando una actitud de poder, la habría tomado de las muñecas para arrojarla contra el suelo arrastrándola por el asfalto, provocándole las lesiones descriptas en el certificado médico de fs. 31 del cual resulta: "... dejo constancia que la paciente presentada en el servicio de guardia, refiere dolor en zona de rodilla izquierda y glúteo derecho, no se observa en el momento del examen clínico lesiones actuales en dichos lugares, pero la paciente refiere dolor en mano izquierda, presenta escoriaciones en dedo anular mano izquierda.
El resto del examen sin particularidad. Dejo constancia que la paciente se encuentra en estado de nerviosismo, emocionalmente inestable producto de la situación vivida..." logrando la víctima posteriormente zafarse de éste, para retirarse del lugar al tiempo de llamar a la policía su hermano. Asimismo el encartado habría proferido términos intimidatorios de muerte a los hermanos Chocobar, manifestándoles textualmente "te voy hacer mierda", "te voy a matar donde te encuentre", sintiendo ambos temor por los dichos vertidos. Segundo Hecho: el día 23 de abril del año 2021, siendo aproximadamente las 14:35 horas, en circunstancias que el imputado se encontraba en cercanías del pub denominado "A lo tuyo Pub" sobre calle Gobernador Paradelo de la localidad de Río Turbio -lugar donde habría mantenido el altercado descripto en el primer hecho- ante la llegada del personal dependiente de la División Comisaría Yacimientos Río Turbio, éste se habría tornado agresivo, ofuscado , alterado, y ante el pedido de los efectivos que cesara con su accionar y se retirara del lugar, les habría proferido términos amenazantes, manifestándoles que los mataría a todos.
Posteriormente, y tras simular retirarse, repentinamente se habría vuelto sobre los efectivos policiales, agrediendo físicamente al oficial de servicios Douglas Romero mediante golpes de puño en el rostro, provocándole las lesiones descriptas en el certificado médico de fs. 03 siendo las mismas "... Dejo constancia que el paciente presenta escoriaciones con edema en labio inferior constatándose piezas dentarias indemnes, resto del examen clínicas en buen estado general con suficiencia cardiovascular, lúcido y orientado..."; interviniendo el resto de los agentes solicitándoles nuevamente que deponga su actitud, donde el imputado se habría resistido a las órdenes impartidas, evitando su reducción por la fuerza mediante puntapiés y manotazos agrediendo físicamente al agente de policía Rodrigo Alejandro Casas, provocándole las lesiones descriptas en los certificado médico de fs. 08 siendo estas: "...
Dejo constancia que el examinado presenta escoriaciones pequeñas en el dorso de mano derecha e izquierda, de carácter leve, sin dejar secuelas, tiempo estimado de curación 3 días..." siendo finalmente reducido y aprehendido por el referido personal policial. Igualmente se encuentra la denuncia realizada por la Sra. Johana Chocobar, a fs. 29/30 que a raíz de las lesiones sufridas y las amenazas vertidas por el Sr. Bargas, por las cuales se sintió intimidada e insto la acción penal.
También contamos con las declaraciones testimoniales de Danilo Orlando Guichaquelen (fs. 74/75), de Yenny Carolina Alvarenga (fs. 78/79) y de Eugenio Manuel González (fs. 80 y vta.), que refuerzan lo relatado por la denunciante.
Dentro de esta misma línea argumental y en lo que se refiere a los testimonios prestados, debo recordar aquí que con relación al valor que se le otorga a las declaraciones prestadas por la víctima (e incluso por parte de sus familiares, amigos y/o allegados) esta Alzada tuvo ocasión de expresarse en anteriores pronunciamientos. En dicha oportunidad se indicó que la sola mención de que se trate de la persona damnificada (e incluso de sus familiares y/o amigos y/o allegados) no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada. Del mismo modo, sin perjuicio de lo narrado por los policías: Rodrigo Alejandro Casas (fs. 07 y vta. y 83/84), Alexia Anahi Zubelza (fs. 09 y vta. y 81/82), Ariel Edgardo Zubelza (fs. 10 y vta. y 76/77), Douglas Nahuel Romero (fs. 24 y vta. y 85/86) y Cristopher Michael Chocobar (fs. 43 y vta. y 89/90), quienes participaron del procedimiento de aprehensión del encartado (fs. 5) corresponde expedirse sobre la validez probatoria de los relatos de los efectivos policiales. Que las mencionadas diligencias procesales fueron ratificadas por Néstor Ricardo Cocha (fs.110 y vta.) y Lionel Eduardo Molina (fs. 111 y vta.), testigos de actuación requeridos al efecto. Es así que, la jurisprudencia nacional indica que “...los dichos policiales poseen plena fuerza probatoria cuando refieren a hechos conocidos por razones funcionales y no se basan en interés, afecto u odio, ya que al sentido moral genérico que inspira la verdad de todo testigo se agrega el sentimiento de un deber especial y particular que proviene de su propia condición y que tiene su origen en el cargo que desempeña...” (CNFed. CCorr., Sala I, 18-10/95). De las constancias de autos, no se vislumbra la existencia de animosidad -por parte de los funcionarios del orden- tendiente a perjudicar al procesado y no resultan contradictorios entre sí.
Lo cierto es que los testimonios agregados a la causa en principio resultan creíbles, no existiendo elementos de juicio que puedan ponerlos en crisis, fortaleciéndose uno a otro en tanto resultan coincidentes y además contestes con el relato de la denunciante. Con respecto a la persona que participó de la acción violenta, por el momento se encuentra “prima facie” acreditada la participación directa del indagado precisamente por los dichos incriminantes de las personas que se encontraban presentes en el lugar. Reforzando el plexo probatorio, se encuentra a fs. 66/70 el Informe Psicológico de Luis Arian Bargas, realizado por la Lic. María Ángeles Costilla, de que se desprende: "...se advierten elementos que permiten hipotetizar que existiría un deterioro cognitivo en el evaluado que podría asociarse al consumo excesivo, de larga data de sustancias. Existiría escaso contacto y efectividad en el dominio de la realidad. Presentaría dificultades para obtener una visión objetiva y para analizar adecuadamente aspectos de la vida diaria…”. De este modo, en razón de lo informado por la Lic. Costilla, su S.S. la Dra. Romina Frias, Jueza de Familia, en los autos caratulados "DEL CARRIL CARPIO MICAELA AYELEN C/BARGAS LUIS ARIAN S/PROCESOS URGENTE Y AUTONOMOS" Expte. Nº 9863/2021, dispuso ordenar junta médica psiquiátrica para el imputado Luis Arian Bargas, lo que se desprende de las constancias agregadas a fs. 72/72 vta. También, a fs. 106/106 vta. luce Informe remitido por el Área de Salud Mental y Adicciones del Hospital Dr. José Alberto Sánchez de la localidad de Río Turbio, de fecha 27 de abril del corriente año, del que se desprende: "...en la evaluación interdisciplinaria realizada en el día de la fecha, se detecta paciente lúcido, orientado en tiempo y espacio con memoria y juicio conservado. Sin alteraciones sensoperceptivas, pensamiento de curso y contenido normal, lenguaje organizado, coherente y que se encuentra realizando tratamiento psiquiátrico (en forma virtual) con Dra. Pedernera y psicológico con Lic. Cardozo...". Asimismo, toda vez que estos elementos probatorios colectados no contienen contradicción alguna entre sí, sino que, por el contrario, son plenamente coherentes y coincidentes, no hay razón valedera para afirmar que no existiría sustento probatorio suficiente que involucre directamente al imputado con el hecho delictivo.
Con respecto al delito de amenazas, la defensa se agravió que los dichos de la pretensa víctima carecen de relevancia, agregando que la jurisprudencia ha dicho que “...es necesario que las amenazas puedan ser tomadas en serio tanto por la víctima como por un observador objetivo, no solamente en el sentido literal del alcance de la agresión, sino en el sentido genérico de la agresión física y el de ocasionar algún mal grave...” (Trib. Oral Crim. Nº 9, 12/5/1997, `Tomaso, Juan´ citado en Horacio J. Romero Villanueva, en su “Código Penal de la Nación y Legislación complementaria”, Tercera edición ampliada y actualizada, Abeledo Perrot, pág. 565). Es decir que, todo indicaría que los dichos vertidos por el imputado si tuvieron capacidad para alarmar o amedrentar con la finalidad deliberada de atemorizar a la presunta víctima. Es así que “...se puede amenazar directa o indirectamente, en forma velada, manifiesta o tácita; por gestos o ademanes simbólicos, palabras o signos, en forma verbal, o por vía escrita, postal, telefónica o personal, por interpósita persona; o con elementos atemorizantes...” (Breglia Arias Omar- Gauna Omar, “Código Penal y Leyes Complementarias. Comentado, Anotado y Concordado”, Editorial Astrea, pág. 1074). En efecto “...el contenido de su idoneidad (se refiere a la amenaza) debe ser definido con estricta referencia al contexto dentro del cual fueron expresadas, es decir, tomando en cuenta específicamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se profirieron las mismas, las que determinarán la concreta lesividad de dichas expresiones con relación al bien jurídico protegido por la norma que las incrimina. Y ello no implica que su carácter lesivo, y por ello típicamente relevante de las amenazas, dependa exclusivamente del efecto que generen en la víctima, pues bien puede ocurrir que ésta no se vea afectada por dichas expresiones, en razón de ser una persona absolutamente desaprensiva...” (Trib. Casación Penal Bs. As., Sala 2º, 17/8/2006, “Cazzaniga, Juan C.”, AP 14/112012). De esta manera, lo expuesto en párrafos anteriores y aplicados al caso de autos, implicarían que los dichos habrían sido expresados por Bargas, comprobados en debida forma y que el contexto propio de dicha situación violenta, que en ningún momento habría sido provocada o `buscada´ por la víctima, le habría generado a la misma temor, tal como ella lo puso de manifiesto al prestar su denuncia.
Con respecto al delito de Resistencia a la Autoridad, en el caso de autos surge de las declaraciones testimoniales del personal policial interviniente, que el imputado Bargas nunca acató las órdenes impartidas. Que personal policial le pidió repetidamente que se calmara, que si tenía un problema radicara la denuncia correspondiente y que se retirara del lugar, haciendo caso omiso a las órdenes, reaccionando violentamente contra los efectivos policiales. Que además se desprende de tales testimonios que el imputado, aún al momento de reducirlo y esposarlo mostró resistencia, provocando al Oficial Romero lesiones leves. Resaltando que al momento de ser trasladado al nosocomio local, el personal médico decidió esperar a que se calmara para poder atenderlo.
La resistencia a la autoridad es la oposición o el rechazo que supone reacción a la acción ejecutiva de la orden legítima de la autoridad, lo que en autos ha quedado demostrado mediante los testimonios analizados anteriormente.
Es por ello que entiendo que la instrucción logró –no sólo obtener elementos suficientes para el dictado del pronunciamiento-, sino que la prueba colectada fue valorada –a mi criterio- acertadamente por la Magistrada, dictando una resolución acorde al momento procesal que atraviesa la causa, luego de realizar un razonamiento lógico de los hechos y valoración coherente de la prueba.
Es así que, la jurisprudencia tiene dicho que “...el nuevo Código Procesal Penal, para receptar, finalmente, el principio de la libre valoración de la prueba, ha abandonado las reglas de prueba legal, es decir aquellas pautas que ordenaban al juez, bajo determinadas condiciones, considerar probado un hecho. Si bien este principio prohíbe imponer al magistrado una determinada convicción, debe remarcarse que la mera certeza subjetiva no es suficiente allí donde el resultado objetivo de la prueba receptada no admite una conclusión racional, es decir que la libertad del juez, a la hora de valorarla, debe estar sujeta, necesariamente, a las leyes del pensamiento y la experiencia. En este sentido, cabe recordar que el principio de la sana crítica racional... requiere de dos acciones para la valoración de la prueba: la descripción del elemento probatorio colectado y su valoración crítica, que debe estar dirigida a actualizar su idoneidad para fundar la conclusión en que se apoya el decisorio.
Es decir que el magistrado debe expresar cuáles son las razones que, surgidas de las pruebas colectadas, determinan la decisión adoptada indicando cuál fue el camino deductivo seguido para llegar a esta conclusión y no sólo la operación mental. La sana crítica no consiste... en un convencimiento íntimo o inmotivado, sino en un convencimiento lógico y motivado que se basa, en este caso, en los testimonios de las víctimas reflejados en la conciencia del juzgador para dar origen al estado de certeza necesario para emitir su juicio. Así, descritos, valorados y relacionados con otras constancias, los testimonios de las víctimas son pruebas concretas y suficientes que crean la convicción necesaria para corroborar con el grado de certeza propio del sumario, el hecho objeto de imputación...” (CFed.CCorr., Sala II, 9-3-2004, “Capdevilla, Carlos O. s/ procesamiento”, c.20.984.
Luraschi, Irurzun, citado en “Revista de Derecho Procesal Penal 2009-1. La prueba en el proceso penal-I”, Director Edgardo A. Donna, Rubinzal Culzoni Editores, págs. 393/394). Ahora bien, debo destacar además, que no se advierte que tales medios probatorios hayan sido valorados de manera fragmentada por la Jueza, sino que más bien fue realizada conforme las pautas señaladas por el Máximo Tribunal de Santa Cruz, en relación a la valoración de la prueba en las resoluciones, sostiene: “...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...' depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...”.
(Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros). Pues de esta manera lo realizó la Jueza de grado, quien fue reconstruyendo -en base al análisis integral de la prueba-, una coherente versión de los hechos, arribando a una fundada decisión, habiendo efectuado el estudio y valoración de la prueba -según puede leerse-, de acuerdo a las normas de la sana critica racional, conforme establece el Art. 199º –tercer párrafo- del Código de rito.
Cabe destacar que en el auto recurrido la Magistrada analizó la totalidad de la prueba recabada, a la luz de la sana crítica racional, con lo cual lo resuelto por la Magistrada fue ajustado a derecho. Por consiguiente, el planteo formulado por el recurrente en este punto queda descartado.
Igualmente, no podemos eludir que del contenido de estos autos y el tenor de los hechos atribuidos a Bargas, emerge claramente un contexto de violencia, cuya naturaleza impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio.
Sobre este tema la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo: “La investigación penal en casos de supuestos actos de violencia contra la mujer debe incluir la perspectiva de género…” (del dictamen del Procurador General de la Nación que la Corte, por mayoría, hace suyo) CSJN, 29/10/2019; R., C. E. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 63.006 del Tribunal de Casación Penal, sala IV; SJA 04/12/2019, 04/12/2019, 37 – La Ley 21/01/2020, con nota de Hernán G. Bouvier; La ley 10/02/2020, 11. Para poder entender por qué la justicia debe incluir la perspectiva de género al valorar casos en los que presuntamente se encuentran violentados intereses de las mujeres, juzgo oportuno transcribir un pasaje de un artículo de la Dra.
Graciela Medina, que expresa: “La justicia debe juzgar con perspectiva de género por las siguientes consideraciones: A) Porque los jueces tienen el imperativo constitucional y supranacional de hacer efectiva la igualdad. B) Porque los magistrados no pueden ignorar la existencia de patrones socio culturales y en consecuencia no pueden decidir este tipo de cuestiones como si fuera un caso en el cual se definen los derechos de dos hombres o de dos empresas, sino que debe juzgar con perspectiva de género. C) Porque si no se incorpora la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales, seguiremos fracasando en la lucha por la igualdad real de las mujeres, ya que no basta contar con legislaciones supranacionales, nacionales y provinciales de última generación si a la hora de aplicarla se ignora la perspectiva de género y se sustancia el proceso con idénticos mecanismo procesales que cualquier proceso y se lo juzga olvidando la cuestión del género y su problemática que es en definitiva lo que da origen al conflicto.
D). Quienes imparten justicia tienen la posibilidad de traducir los tratados en realidades para las personas, de evidenciar el compromiso del estado con la justicia y de evitar la revictimización. E). Porque si no se juzga a nivel nacional con perspectiva de género se obliga a las víctimas a recurrir a instancias internacionales para efectivizar sus derechos, lo que posterga las aspiraciones de las víctimas y compromete la responsabilidad del Estado”. Así también dice: “…Lo que determina la pertinencia de aplicar la perspectiva de género no es el hecho de que está involucrada la mujer, sino que la cuestión está originada en relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad basados en el sexo, el género o las preferencias u orientaciones sexuales de las personas…”.
Concluye diciendo: “...juzgar con perspectiva de género es la única forma de lograr que las previsiones legislativas se concreten en respuestas judiciales justas, para las personas del género femenino que recurren a los tribunales a solucionar los problemas que la discriminación por el hecho de ser mujer les ha causado.”. (Juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué juzgar con perspectiva de género? y ¿cómo juzgar con perspectiva de género?; Medina, Graciela; SJA 09/03/2016, 09/03/2016, 1 - Cita Online: AR/DOC/4155/2016). Asimismo, ya esta Alzada se ha pronunciado en el sentido que "....Dicho “contexto de violencia”, en tanto fenómeno integrado por las aludidas ofensas plurales y de gravedad progresiva, “… debe ser ponderado en su capacidad de suministrar indicios.
Ello es así, porque si bien los tipos penales están configurados como sucesos que aíslan ciertos comportamientos ofensivos contra un determinado bien jurídico en general, esta segmentación no puede hacer perder valor probatorio al integral fenómeno pluriofensivo de la violencia en el particular contexto, en el que se entremezclan diferentes modalidades que incluyen malos tratos físicos, psíquicos, amenazas y…pueden incluir diferentes modos graves de privación de la libertad”… “De allí que cobra especial relevancia, como sucede en la violencia sexual, el relato de la víctima (el que) adquiere un valor convictivo de preferente ponderación en la medida que resulte fiable y se encuentre corroborado por indicios, siempre que éstos tengan una confluencia de conjunto que conduzcan de dotar de razón suficiente a la conclusión”.
(Arocena, Gustavo en “Femicidio y otros delitos de género”, 1º ed., Bs. As., Ed. Hammurabi, 2017; con cita de TS Córdoba, Sala Penal, 4/5/12, “Sánchez”, sent. Nº 84; págs. 108-110). Resaltando nuevamente la relevancia fundamental del testimonio de la víctima en los procesos penales iniciados con motivo de estos ilícitos, se dijo que “…Como específico medio probatorio, entonces, la prueba testimonial adquiere, en este terreno, una trascendencia singular; y la declaración del sujeto pasivo del delito se erige en una fuente probatoria destacada…” (Arocena, obra citada, pág. 111). Es así que, no tengo duda que la labor de la instrucción en este sentido se efectuó correctamente.
Por último, corresponde abordar el agravio referido al embargo trabado, cuyo monto es considerado excesivo por la apelante, y teniendo en cuenta que la ley de procedimientos, de manera imperativa, establece en el art. 499º que el Juez –al dictar el auto de procesamiento- ordenará el embargo de bienes del imputado, en función de la naturaleza misma del delito que da origen al embargo, en cuanto a la fijación del monto del mismo entiendo que deberá establecerse por la Magistrada de acuerdo a su leal saber y entender. En orden a lo expresado precedentemente, y en razón de las circunstancias de los hechos, debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por la Magistrada de Instrucción para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del daño penal ocasionado como consecuencia del delito investigado en autos.
Finalmente, atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos. En razón de todo lo expuesto, de conformidad con las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado 123/138, en cuanto ha sido motivo expreso y fundado de agravio, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la reserva del caso federal articulada por la defensa de Luis Arian Bargas en su escrito recursivo.
3. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes.
4. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz.
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
FIRMADO: Dr. NELSON A. SÁNCHEZ- JUEZ DE RECURSOS, DRA. ADRIANA I. GEYER - SECRETARIA TOMO CII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 6909 FOLIO Nº 069/074 PROT. ELECT. JRS1008I.211
Fin de la sentencia