Abriendo la norma
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C=AR, CN= SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.06.24 11:34:23-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C=AR, CN=GEYER Adriana Inés Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este TOMO CLXI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.- documento Fecha: 2026.06.24 11:34:33-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 REGISTRO Nº 10.091 FOLIO Nº 079/083 PROT. ELECT. JR101 238I.261 Río Gallegos, 24 de junio de 2026.
La presente causa caratulada: “DIV. OPERACIONES RURALES PIEDRA BUENA S/ INVESTIGA” - Expte. N° 12.239/19 - Apelación N° 10187/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 249/260, obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Pto. San Julián, quien en el punto 1) del decisorio, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de C.M.F., en orden al delito de “robo agravado” (art. 167 inc. 1º del Código Penal), en el punto 2) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de L.A.A., en orden al delito de “robo agravado” (art. 167 inc. 1º del Código Penal); en el pto. 3) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de J.L.A., en orden al delito de “robo agravado” (art. 167 inc. 1º del Código Penal); y en el pto. 5) ordenó trabar embargo sobre dinero o bienes de los encartados hasta cubrir la suma de pesos cien mil ($ 100.000) por cada uno.
Que a fs. 273/279, la defensa técnica de los imputados J.A. y C.F. apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión- siendo luego mantenido ante esta Alzada, no habiendo presentado el memorial previsto por el art. 437 del CPP.
Por su parte, la defensa técnica de L.A. apeló dicho auto - motivándolo en esa misma ocasión- siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 306/307, y habiendo presentado el memorial previsto por el art. 437 del CPP. la Dra. T. a fs. 311/315, quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que respecto a la primera apelación, la defensa técnica de los incisos A. y F. propende que el resolutorio en cuestión exhibe severas falencias de motivación e insuficiencia probatoria.
Expone que se dispuso el procesamiento de sus defendidos por un hecho grave sin una sola prueba directa que los vincule materialmente, sin testigos presenciales, sin registros fílmicos, sin rastros objetivos, sin secuestro de efectos en su poder, sin evidencia técnica y sobre la base de una hipótesis conjetural.
A su entender lo resuelto resulta inadmisible bajo el estándar de probabilidad propio del procesamiento.
En su acápite “Falta de prueba directa de autoría”, expresa que el procesamiento aparece sustentado en una mera sospecha de autoría, lo que no satisface en modo alguno el estándar mínimo requerido para procesar. Que el estándar necesario para dictar auto de procesamiento no se satisface con intuiciones, impresiones ni hipótesis policiales no corroboradas, como ha ocurrido en los presentes.
En el apartado “Ausencia de indicios serios, graves y concordantes”, señala que ante la inexistencia de prueba directa, el resolutorio intenta suplir tal carencia mediante una construcción indiciaria, la cual para resultar idónea, exige que los indicios sean plurales, serios, graves, precisos, concordantes y unívocamente orientados a una misma conclusión incriminante. El procesamiento prescinde de toda explicación sobre cómo los elementos colectados permiten concluir, con base racional y no meramente intuitiva, que sus asistidos fueron autores del hecho.
En el apartado 3 “Indeterminación temporal del hecho”, hace alusión a una indeterminación temporal del hecho imputado, considerando amplísimo el marco temporal entre el 07/09/2019 y 22/09/2019, la que considera no sólo imprecisa sino abiertamente contradictoria con las tres declaraciones testimoniales relevantes que coinciden en un punto sustancial que es que el hecho habría ocurrido el fin de semana anterior.
Manifiesta que no resulta una cuestión menor, ya que la determinación circunstanciada del tiempo del hecho integra el núcleo esencial de toda imputación válida.
En el pto. 4 “Arbitrariedad manifiesta”, expresa que la autoridad jurisdiccional se limita a enunciar piezas aisladas y a derivar de ellas una conclusión incriminante dogmática y sin explicitación. Que no basta con enumerar prueba, con sospechar, hay que fundar.
En el pto. 5 “Inobservancia del principio in dubio pro reo”
remarca que la duda no autoriza el procesamiento, sino dictar la falta de mérito y profundizar la investigación.
En el pto. 6 “Falta de análisis de hipótesis exculpatoria”, expresa que ambos defendidos negaron toda intervención en la sustracción de las armas y explicaron, en lo sustancial, que las habrían adquirido con posterioridad, de buena fe y sin conocimiento de su origen ilícito.
Que no sólo no fue eficazmente refutada por el instructor, sino que además resulta objetivamente compatible con lo declarado por el propio damnificado.
A su entender, tener o haber tenido eventualmente contacto posterior con el objeto del delito no convierte automáticamente en autor del delito precedente a quien lo posee. Confundir posesión posterior con autoría anterior no es valoración probatoria es una inferencia arbitraria.
En su pto. 7 “Mantenimiento arbitrario de la amplitud temporal”, destaca que existe un extremo de singular relevancia exculpatorio, ya que esa defensa incorporó prueba objetiva, documentada que acredita que uno de los imputados (A.) se encontraba, entre los días 12/09/2016 y 25/09/2016, prestando servicios en un yacimiento minero, cumpliendo jornadas laborales. Siendo que el instructor opta por una solución tan elocuente como inválida: mantener artificialmente una amplitud cronológica difusa e injustificada del hecho imputado. Remarca que el juzgado, en lugar de ajustar la plataforma fáctica a la prueba producida, ajustó la amplitud temporal de la imputación para neutralizar el valor de la prueba de descargo.
En su último apartado, “Tutela jurisdiccional efectiva”, resalta que el recurso de apelación consiste en ejercer un control jurisdiccional efectivo y sustancial sobre la legalidad, razonabilidad y suficiencia del pronunciamiento impugnado. Si las severas falencias señaladas fueran soslayadas mediante una confirmación meramente formal, el efecto no sería inocuo ni neutro; importaría consolidar una plataforma fáctica defectuosa, una imputación estructuralmente débil. El juicio oral no está llamado a suplir carencias instructorias elementales ni a reparar, ex post, la falta de motivación de un procedimiento deficiente. En cuanto a la apelación de la defensa técnica de L.A.A., en un primer apartado “Errónea calificación legal y reencuadre típico”, la recurrente expresa que la resolución reconoce que no hay testigos de que los imputados ingresaran a la estancia ni de que hubieran cortado cables o violentado una ventana, pero concluye que la posterior tenencia de los elementos sustraídos acredita su participación. A su entender esta inferencia viola el principio in dubio pro reo: la mera posesión de la res furtiva no demuestra la autoría del robo. Agrega que la jurisprudencia argentina sostiene que cuando el secuestro se realiza varios días después del hecho y lejos del lugar del desapoderamiento, la tenencia de la res furtiva admite múltiples hipótesis y no alcanza para proclamar la probable participación del poseedor en el robo. Por ello, entiende que la posesión es un indicio que sólo adquiere relevancia cuando existe proximidad temporal y geográfica ente el desapoderamiento y el hallazgo, lo que aquí no ocurre.
Continúa manifestando que la doctrina penal moderna coincide en que el delito de robo requiere un dominio funcional del hecho y una acción típica antijurídica y culpable; sin actas de fuerza ni constancia de haber ingresado al inmueble, no se configura el núcleo típico del robo; considerando que la conducta atribuida a A. encuadra en el delito de encubrimiento por receptación. Aquella es una figura posterior, accesoria, cuya pena máxima es de tres años de prisión.
En su segundo agravio “Prescripción de la acción penal”, expresa que la correcta calificación jurídica tiene consecuencias en el cómputo del plazo de prescripción.
Analiza que los hechos investigados ocurrieron entre el 7 y el 22 de septiembre de 2019 y la resolución de procesamiento se dictó en abril de 2026, transcurridos casi siete años; no habiendo actos interruptivos de la prescripción, en consecuencia la acción penal por encubrimiento está extinguida y debe declararse el sobreseimiento definitivo.
En su tercer agravio “Orfandad probatoria y violación del principio de inocencia”, la recurrente expresa que aunque se mantenga la hipótesis del robo, el procesamiento carece de elementos suficientes para sostener la coautoría de A., siendo la única evidencia la posesión posterior de algunos objetos.
Sostiene que el auto recurrido invierte la carga de la prueba al exigir a la defensa que justifique la tenencia cuando es la acusación quien debe demostrar la culpabilidad, vulnerando el principio de inocencia y la regla in dubio pro reo, debiéndose revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito porque los elementos reunidos no permiten sostener con la seriedad necesaria la participación de A.
En su cuarto agravio “Violación al derecho de defensa y calificación confusa, señala que el auto apelado imputa a los tres coimputados exactamente la misma conducta sin individualizar la intervención de cada uno ni describir concretamente los actos atribuidos a A.
Resalta que esa descripción genérica vulnera el principio de legalidad y el derecho de defensa al impedir conocer los hechos concretos que se le imputan.
Formula reservas constitucionales de los arts. 18, 19 y 75 inc.
22 CN.
Quedan de esta forma plasmados los agravios de ambos recurrentes, los que serán analizados en forma global a fin de evitar reiteraciones. Dando comienzo al análisis de los agravios planteados, y en virtud de ellos, en primer lugar, debemos señalar la postura que venimos sosteniendo, en forma concordante con doctrina y jurisprudencia, que para el dictado del auto de procesamiento no se requiere una certeza incuestionable, sino que basta la confirmación inicial de la sospecha, ello en función de la etapa procesal que se encuentra transitando el presente legajo.
En estos términos, la jurisprudencia ha manifestado:
“Asimismo debe tenerse en consideración el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal, toda vez que "...el dictado del procesamiento implica que existe una probabilidad relativamente fuerte de que una hipótesis coincide con lo sucedido, pese a lo cual ésta no ha alcanzado aun el grado de confirmación que requiere una sentencia condenatoria (...) Por ello, la probabilidad positiva no será suficiente para la condena, pero ocupa un lugar central en la valoración probatoria a efectuar en la etapa de instrucción. En sí, este estándar sirve para afirmar el mérito probatorio necesario que justifique la realización del juicio oral, en el que finalmente se resolverá la contienda por ser la etapa central del proceso penal donde se enaltecen las garantías constitucionales que asisten al imputado. En resumen, de la etapa de instrucción solo puede esperarse una verdad meramente probable de la hipótesis acusatoria. Y será en la siguiente etapa – juicio oraldonde se evaluará si dicha probabilidad positiva alcanza el grado de certeza positivo que resulta indispensable para dictar una condena y aplicar una pena a la persona sometida a proceso." (CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL, SALA IV S., C. C. y otro c. C., E. F. s/ legajo de casación • 10/06/2022 Cita: TR LALEY AR/JUR/73631/2022).
Teniendo como base dichas consideraciones, el magistrado, a través del análisis integral de todo el plexo probatorio recabado durante la instrucción y teniendo en consideración los indicios emergentes de la misma, arriba al decisorio de atribución de responsabilidad a los incusos por el delito endilgado.
En función de los elementos de prueba recabados y los fuertes indicios que fueron emergiendo durante la investigación, vale traer a colación algunas consideraciones al respecto.
Recordemos que el indicio es una circunstancia cierta de la que se extrae, por inducción lógica una conclusión acerca de la existencia o inexistencia de un hecho a probar. (TR LALEY 2/25646).
En el transcurso de la presente investigación, se fueron presentando indicios relevantes que autorizaron al magistrado a tener por válidamente corroborada la materialidad del hecho y la autoría atribuida a los imputados.
Asimismo debemos manifestar que en el marco del principio de libertad probatoria que rige nuestro ordenamiento procesal, nada obsta a la posibilidad de acreditar un eventual ilícito con otros elementos de convicción, los cuales deben ser analizados en forma conjunta, dado que un análisis fragmentario de éstos, desnaturalizaría las características definitorias de este tipo de prueba. Al respecto nuestro Máximo Tribunal, sostuvo: “...cuando se trata de una prueba de presunciones es presupuesto de ella, que cada uno de los indicios, considerados aisladamente, no constituya por sí la plena prueba del hecho al que se vinculan -en cuyo caso no cabría hablar con propiedad de este medio de prueba- y en consecuencia es probable que individualmente considerados sean ambivalentes...”. (C.S.J.N., “Martínez, Saturnino”, 7/6/88, Fallos 311:948; cfr. T.S.J., Sala Penal, Sent. nº 45, 28/7/98, “Simoncelli”; A. 32, 24/2/99, “Vissani”, A. n° 520, 26/12/01, “Luna”; A. n° 176, 7/6/02, “López”; A. n° 1, 2/2/04, “Torres”, entre muchos otros).
En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, sostiene: “...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...”. (Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros).
Es por ello, que en función de la denuncia formulada por el damnificado, seguida de la investigación que realizara la preventora que fue dando pie a los sendos allanamientos que se dispusieron en autos, algunos de los cuales tuvieron como resultado el secuestro de parte de los elementos sustraídos y en propiedad de los aquí justiciables, llevaron al magistrado a la convicción que dichas piezas probatorias resultan con la probabilidad suficiente para una atribución de responsabilidad por el hecho investigado.
De igual manera el magistrado valoró las testimoniales recabadas en autos, la inspección ocular realizada en el lugar del hecho, los informes policiales que dan cuenta del desarrollo de la investigación, el reconocimiento por parte del damnificado de la mayoría de los sustraídos, el informe del ANMaC, entre otros.
Reiteramos, que en la presente etapa resulta suficiente el alcance de la probable ocurrencia del hecho delictivo y la posible participación de los presuntos imputados en él.
Ello dado que la valoración del plexo probatorio, “...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...' depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...”. (Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros).
Bastará entonces, la comprobación de un mínimo de coincidencias que, como razones de hecho y de derecho, funden suficiente y objetivamente las conclusiones a las que arriban los jueces respecto de los aportes testimoniales para que la exigencia constitucional se encuentre satisfecha (conf. arts. 18 Ver Texto CN., 171 Ver Texto de la Const. prov. Buenos Aires y 106 Ver Texto del CPP. Buenos Aires), sin que resulte necesario a tal fin, que el acuerdo deba ser total y que incluya a todos los motivos en que se sostiene la decisión..." (TR LALEY 70013963).
De esta forma, habiendo valorado el magistrado las piezas probatorias y la prueba indiciaria en forma conjunta, referidas al hecho y a la autoría de los incusos, dando los fundamentos que lo llevaron a la decisión de mérito dictada, dando las razones para la calificación legal atribuida, conforme las reglas de la sana crítica racional, es que consideramos el auto analizado suficientemente motivado, en cumplimiento con las disposiciones legales respectivas.
Sobre el agravio referido a la indeterminación temporal de la imputación aludida por la defensa oficial, discrepamos con la defensa entendiendo que se encuentran suficientemente determinadas las circunstancias que hacen al hecho en función del relato efectuado por el denunciante.
Al respecto el magistrado, se refirió exponiendo “...no es menos cierto -como lo señala el Sr. Agente Fiscal- que aun en las fechas del 22 al 25 de septiembre, fue posible la realización del evento investigado…”. Sobre la base de los dichos del damnificado se formuló la imputación del hecho, detallando las circunstancias de tiempo, lugar y modo. De esta forma encontramos debidamente conformada la imputación de los hechos atribuidos al incuso, considerando dichas circunstancias suficientes a los fines de los derechos que le asisten, no observándose afectación alguna a los derechos de defensa que le asisten al imputado.
Asimismo resaltamos la circunstancia, que los incusos fueron puestos en conocimiento del hecho que se les atribuye en todas sus circunstancias conforme lo recabado por la instrucción al momento de recepcionarles declaración indagatoria, momento en el que contaron con la asistencia de sus defensores técnicos, no realizando alegación alguna respecto al punto aquí agraviante.
En atención al agravio de la defensa de L.A.A. relativo a una violación al derecho de defensa y una imputación confusa, consideramos que la imputación del hecho efectuada a los incusos reúne los requisitos formales para ser considerada válida, permitiéndoles conocer el hecho en su totalidad y ejercer en forma plena su defensa material.
Más allá de dicha situación, debe tenerse en consideración que la concreta delimitación de los hechos atribuidos a los incusos se llevará a cabo en la siguiente etapa procesal, para el caso que los presentes arriben a la etapa de debate.
Como lo expresan los tribunales, “La apreciación de la prueba que se rinda durante el debate y la calificación legal definitiva, forman parte de la potestad del tribunal de juicio -donde deberá llevarse a cabo el amplio debate sobre los hechos y eventualmente determinarse cuál es la calificación que en definitiva corresponde asignarles-, no advirtiéndose que el rechazo a la nulidad articulada por los letrados de oficio coarte a los imputados la posibilidad de ejercer su defensa, al no tratarse en el caso de hechos distintos a aquéllos oportunamente impuestos. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala II. Acosta, Jorge E. • 22/05/2008. TR LALEY 70045768)
Entrando de lleno a la crítica referida a la calificación legal esgrimida por la defensa técnica de L.A.A., del estudio de la resolución recurrida se observa que la instrucción en el pto. 4 brindó los fundamentos en que lo sustenta, y que lo llevó a encuadrar provisoriamente los hechos en orden al delito de "robo agravado” (art. 167 inc. 1º del CP).
Por consiguiente, y siendo criterio de esta Alzada -en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal, este agravio no prosperará.
Ello así, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23 y 8488/23, entre otras tantas).
Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...". (TR LALEY AR/JUR/56181/2014).
Se ha dicho que la calificación legal del hecho efectuada en el auto de procesamiento es provisoria, mutable y, por tanto, no causa estado (véase Cám. Apel. Sala CCT, Río Grande, Tierra del Fuego; 28/02/2018; A. R., V. D. C. s. Robo en grado de tentativa; Rubinzal Online; 661/2017 RC J 2642/18). A lo cual podemos agregar un reciente antecedente de nuestro máximo Tribunal, en causa judicial registrada en Tomo VIII, Registro 010, Folio 172/198, donde haciendo lugar a los recursos interpuestos por la querella y Fiscalía, modificó la calificación legal contra el ex inspector de tránsito, resolviendo que, en aquella instancia: “…contamos con los elementos necesarios y suficientes para asumir la competencia positiva y casar parcialmente la sentencia, readecuando la calificación legal y con ello el monto de la pena que debe imponerse a J.A.V. Esta decisión se fundamenta en que las partes han tenido la oportunidad de alegar tanto ante la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial como ante este Tribunal Superior de Justicia. Además, se cuenta con acusaciones válidas presentadas por el Ministerio Público Fiscal y las partes querellantes…”.
En virtud de lo expresado referido a la provisoria calificación legal de los hechos reprochados a su asistido, tampoco corresponde dar tratamiento al agravio 2. referido a la prescripción de la acción penal. Al encontrar al auto recurrido debidamente motivado, habiendo detallado la secuencia en que se fueron suscitando los hechos, valorado todos los elementos de prueba e indicios emergentes de la investigación en forma global, analizado la calificación legal atribuida y dando las razones por las que considera se encuentra acreditada la materialidad y autoría del suceso investigado, y descartados que fueran los agravios planteados, corresponde confirmar íntegramente el auto recurrido.
II. Observación: De la lectura del presente legajo, surge que la investigación llevada a cabo en los presentes estuvo detenida desde 09/2020 -vr. fs. 125- hasta 04/2021 -vr. fs. 152-, y desde 05/2022 -vr. fs. 193- hasta 08/2025 - vr. fs. 201-.
Es por lo cual, ante una instrucción prolongada en el tiempo, atento las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos, hacemos saber al Juzgado actuante que deberá extremar los recaudos para evitar dilaciones en las tramitaciones de las causas, y en los presentes imprimir celeridad asegurando un adecuada prestación del servicio de justicia para el cumplimiento de las próximas etapas procesales a fin de brindar un efectivo y oportuno servicio de justicia.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
En razón de lo expuesto, de conformidad con las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 249/260, en cuanto ha sido motivo expreso y fundado de agravio, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. HACER SABER a la instrucción lo dispuesto en el pto. II)
de los presentes.
3. TÉNGASE PRESENTE la reserva de caso federal formulada por la defensa técnica de A.A.L.
4. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
5. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada al correo electrónico [email protected].
6. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia