Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello y siendo el razonamiento acorde a lo normado es que se debe confirmar el temperamento adoptado en relación a la negativa a concede este beneficio debiendo continuar los autos según su estado. En cuanto al agravio mediante el cual la defensa sostiene que la duración del proceso habría vulnerado la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable, corresponde adelantar que el planteo no puede prosperar. En los autos caratulados: “C. C. A. S/ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR SER COMETIDO CONTRA UNA MENOR DE 18 AÑOS APROVECHANDO LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA” Expte. Nº 63587/16, N° de Juzgado de Recursos 6904/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: "IV.B.-Sobre el análisis del transcurso de la garantía de plazo razonable corresponde iniciar el análisis sobre el siguiente tópico. Lo primero a señalar es que la actividad que durante la etapa de Instrucción, de Juicio y de Recursos frente a la sentencia, que realiza la Defensa, nunca puede ser cuestionado por el poder jurisdiccional.
Descartando el estado de indefensión de una persona, que obliga a cualquier Juez, de la etapa y/o grado que fuere, a proveer de una defensa técnica eficaz al imputado, nunca puede establecerse, allende las incidencias en general y las acciones, escritos y pedidos en particular, presentados por la Defensa, a éstos como motivadores del transcurso de plazo razonable o de la demora en la resolución de los mismos. …
TOMO: XXI REGISTRO: 013 FOLIO: 139/160
Caleta Olivia, 14 de agosto de 2026.
Estos autos caratulados: “DIVISIÓN ALCAIDÍA PENITENCIARIA S/INVESTIGA FUGA” Expte. Nº 79.199/22, N° de Juzgado de Recursos 8468/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 282/284, el Sr. Juez de Instrucción decidió: “…1°).-NO HACER LUGAR a la solicitud de prescripción de la acción penal de fs. 246, por los motivos expuestos en los considerandos. 2°) RECHAZAR la solicitud de sobreseimiento y subsidiariamente de ofrecimiento de reparación integral de fs. 249/252, formulada por el Dr. Marco Sjostrom en favor del imputado J. G. M., por los motivos expuestos en los considerandos; en consecuencia, CONTINÚEN los autos según su estado.”
Contra dicha resolución el Sr. J. G. M. con el patrocinio letrado del doctor Marco Sjostrom, Defensor Público Oficial Nro. 3 de Caleta Olivia, interpone recurso de apelación a fs. 285/287, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 288.
En esta instancia es mantenido a fs. 295 por la Sra. Defensora Pública Oficial ante las Excmas. Cámaras, doctora María Carolina Costes, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso, el imputado se agravia sosteniendo que,el rechazo del sobreseimiento le causa un agravio concreto y actual, destacando que el propio juez reconoce que, en el estado de la investigación, no puede asegurarse la responsabilidad penal de J. G. M. ni determinarse con precisión quienes fueron los sujetos activos del hecho o si existieron conductas típicas atribuibles a terceros.
Cuestiona que, pese a reconocer la insuficiencia probatoria, el juez disponga la continuación del proceso. Resulta irrazonable para la defensa mantener una investigación que lleva más de tres años sin que se haya reunido prueba suficiente para atribuir responsabilidad penal al recurrente.
Afirma el apelante que el origen de los hechos se encuentra en una orden impartida por superiores jerárquicos, consistente en realizar la custodia de un detenido en el Hospital Zonal sin condiciones adecuadas de seguridad y bajo una situación de excesiva sobrecarga laboral.
J. G. M. sostiene que antes del hecho había cumplido una guardia de 24 horas continuas, desde las 08:00 del 5 de septiembre de 2022 hasta las 08:00 del día siguiente. Que luego de finalizar aquella guardia, realizó un servicio adicional en el Supermercado Eterno desde las 17:00 hasta las 21:30 horas, sin haber dormido previamente. Destaca que, pese al conocimiento de sus superiores acerca del agotamiento acumulado, se le ordenó cumplir inmediatamente una nueva guardia nocturna.
Argumenta que el agotamiento extremo, la permanencia prolongada de pie durante el servicio y la ausencia absoluta de descanso generaban condiciones físicas incompatibles con una custodia adecuada. Señala que la guardia nocturna normalmente tenía una duración de cuatro horas, pero en aquella oportunidad se habría extendido a aproximadamente siete horas. Agrega que durante esa misma jornada J. G. M. había prestado además otro servicio adicional, inmediatamente después de finalizar su guardia penitenciaria. Enfatiza que durante todo ese período el recurrente permaneció sin dormir, acumulando una significativa carga horaria y física.
Sostiene que los superiores jerárquicos conocían perfectamente el agotamiento físico y, pese a ello, ordenaron una nueva guardia nocturna inmediata y sin descanso.
Cuestiona la defensa que la nueva guardia haya sido comunicada telefónicamente apenas un par de horas antes de su inicio, sin una planificación adecuada. Afirma que la custodia del detenido en el Hospital Zonal de Caleta Olivia no estaba prevista cuando J. G. M. organizó sus actividades laborales y períodos de descanso. Atribuye a los superiores una deficiente planificación de la custodia, al disponer abruptamente una tarea que alteraba completamente la planificación laboral y el descanso del recurrente.
Invoca el apelante condiciones personales y de salud relevantes. Las que incidían desfavorablemente en su capacidad para afrontar adecuadamente la custodia. Afirma que el detenido Q. se encontraba sin esposas, por disposición de los superiores jerárquicos, pese a que esa circunstancia incrementaba sustancialmente el riesgo de fuga.
Señala que todos los intervinientes conocían previamente el carácter conflictivo del interno Q., circunstancia que hacía especialmente inconveniente mantenerlo sin esposas.
J. G. M. reconoce que pudo haber cometido un error al no cuestionar o negarse a cumplir la orden recibida, teniendo en consideración las condiciones en que debía desarrollar la custodia.
Se agravia por afectación al plazo razonable del proceso. La defensa denuncia que J. G. M. lleva sometido a un proceso judicial que debió haber finalizado hace tiempo y cuya prolongación resulta injustificada.
Sostiene que la investigación prácticamente no ha avanzado y que el tiempo transcurrido resulta desproporcionado frente a la escasa actividad desarrollada.
Afirma que fueron rechazados sucesivamente sus planteos de prescripción, atipicidad y reparación integral, sin que simultáneamente se produzcan avances relevantes en la investigación.
Cuestiona que el imputado permanezca durante un período excesivo sin conocer si finalmente será sancionado, situación que prolonga injustificadamente el estado de incertidumbre.
Manifiesta la existencia del proceso penal tendría consecuencias laborales concretas, dado que mientras no finalice el expediente el recurrente no puede avanzar en su carrera y permanece en una categoría jerárquica baja. J. G. M. señala que, por el mismo hecho, recibió una sanción administrativa consistente en 20 días de suspensión sin goce de haberes.
Destaca que luego de aproximadamente tres años J. G. M. ni siquiera habría sido convocado a prestar declaración indagatoria.
Afirma que la última actividad anterior a las presentaciones de la defensa databa del 18 de agosto de 2023, y que durante todo 2024 no existiría actividad procesal relevante.
La prolongación injustificada de la causa es considerada violatoria del derecho convencional y constitucional a obtener una decisión dentro de un plazo razonable. La defensa invoca los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vinculándolos con el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
Destaca que la figura considerada aplicable sería la evasión producida por negligencia de un funcionario público, prevista en el art. 281, segundo párrafo, del Código Penal, cuya respuesta punitiva es exclusivamente de multa. La defensa utiliza la baja entidad de la sanción y el carácter culposo del hecho para reforzar la desproporción que supondría mantener durante años abierta la investigación.
Sostiene que, teniendo en cuenta la pena prevista, el plazo de prescripción sería de dos años; sin embargo, el juez habría considerado suspendido ese plazo por la condición de empleado o funcionario público del recurrente.
La defensa considera abusivo mantener indefinidamente suspendido el plazo mientras J. G. M. continúe trabajando para el Estado, particularmente cuando durante largos períodos no existe actividad investigativa.
Afirma que la interpretación adoptada perjudica al imputado y sería incompatible con la interpretación restrictiva que corresponde aplicar a las normas penales desfavorables y con la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable.
Cuestiona que el razonamiento judicial termine generando, en los hechos, una suerte de imprescriptibilidad simplemente por mantener J. G. M. su condición de empleado estatal.
La defensa sostiene que, como mínimo, corresponde dictar la falta de mérito, pues no existirían elementos suficientes para acreditar responsabilidad penal ni delimitar concretamente la conducta típica atribuible. Mantener la persecución penal en esas condiciones, según la defensa, resulta incompatible con el principio de inocencia.
Peticiona para el supuesto de no disponerse el sobreseimiento, que se revoque la resolución y se dicte subsidiariamente la falta de mérito.
La defensa cuestiona que se haya rechazado el ofrecimiento subsidiario de reparación integral sin analizar concretamente las circunstancias particulares del caso.
Crítica que el juez descarte el instituto exclusivamente por la condición funcional de J. G. M., sin ponderar su verdadera situación jerárquica ni las características del hecho.
Destaca que el propio Ministerio Público Fiscal habría reconocido que el hecho no produjo un perjuicio económico relevante ni una afectación sustancial al interés público.
Agrega que el detenido fue rápidamente localizado y nuevamente privado de su libertad, disminuyendo así las consecuencias concretas del episodio.
Cuestiona que ni siquiera se haya celebrado una audiencia destinada a determinar la procedencia y alcance de la reparación ofrecida.
Insiste en que la eventual condena correspondiente al delito investigado consistiría únicamente en una multa, lo que justificaría especialmente evaluar una salida alternativa.
Invoca los principios de mínima intervención penal, proporcionalidad y economía procesal para sostener que, ante un hecho de escasa gravedad y naturaleza culposa, debe privilegiarse una solución alternativa. Sostiene que el sistema penal constituye el último recurso estatal y que carece de razonabilidad continuar con una persecución formal cuando el conflicto puede solucionarse mediante mecanismos menos gravosos. Solicita valorar nuevamente que se investiga un delito culposo cuya sanción es únicamente de multa y que el detenido fugado fue posteriormente habido y continúa cumpliendo condena.
Realiza reserva del caso federal. Formula reserva para el supuesto de rechazo de los planteos, por considerar comprometidos derechos de naturaleza constitucional.
Solicita: el sobreseimiento total y definitivo; subsidiariamente, la falta de mérito; y para el supuesto de rechazarse ambas alternativas, la admisión del ofrecimiento de reparación integral como mecanismo alternativo de solución del conflicto.
III.-Se procederá al análisis del presente legajo en función de los alegados agravios interpuestos por el imputado.
Como primera cuestión, respecto de la solicitud invocada por la defensa en relación de la prescripción de la acción penal, cabe señalar que es una cuestión de previo y especial pronunciamiento, y la misma es de orden público. La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, "in re""Arancibia Clavel, Enrique L." Fallos: 327- 3312 del 24/08/2004, estableció que: "...corresponde que sea tratado por la Corte toda vez que la prescripción de la acción penal constituye una cuestión de orden público...". En los autos caratulados “M., L. A. S/ Denuncia Amenazas” Expte. Nº M-27740/19, N° de Recursos 6421/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: "Sobre el particular Adrian J.
Garcia Lois, en su libro "La selectividad del sistema penal" editorial CATHEDRA JURIDICA, ED. DE 2011, en el capítulo X, "Prescripción de la acción penal" págs. 220 ss. y cc. señala que: "El instituto de la prescripción de la acción penal se encuentra intimamente vinculado con la garantía constitucional de "plazo razonable" de duración de un proceso, incluido la garantía constitucional de "defensa en juicio", como lo afirmara la CSJN, 29/11/68, Mattei, Angel s/ contrabando de importación en Abasto"..."En otro orden de ideas, el instituto de la prescripción esta vinculado al derecho de toda persona a ser juzgada en un plazo razonable, como garantía del debido proceso e integrante del derecho de defensa en juicio...".- Por su parte, en el Código Penal de la Nación Comentado y Anotado de LA LEY dirigido por el Dr.
D´Alessio y coordinado por el Dr. Divito, en su tomo I, pág. 956, se expresa que: "...se señala que este instituto no es más que un instrumento limitador del poder punitivo propio de un estado de derecho, en el que el efecto perjuidicial del ejercicio del poder penal sobre la dignidad de las personas debe ser reducido mediante la aplicación de un límite temporal. Esta misma fundamentación se deduce de razones estrictamente utilitarias. Se afirma que el límite de la persecución penal resulta impuesto por un criterio de oportunidad derivado de la capacidad limitada del sistema penal para reaccionar ante todos los hechos delictivos, por lo cual se desentiende de los asuntos alejados temporalmente.
La manifestación más importante de este fundamento es que se atribuye a la prescripción la función de garantizar el "derecho a ser juzgado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, consagrado en los pactos internacionales sobre derechos humanos incoprporados a la Constitución Nacional, y que había sido considerado un aspecto comprendido en el derecho de defensa en juicio e inherente al respeto a la dignidad humana por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con anterioridad a la reforma Constitucional de 1994....Al respecto, se ha advertido que, una vez que se ha superado el término aludido, existe un impedimento de perseguibilidad que exige cancelar el ejercicio de la acción penal mediante el sobreseimiento del imputado...".- Asimismo, y al detallar los distintos supuestos interruptivos de los plazos prescriptivos, en la obra citada, págs. 1009, se señala que: "...El único acto que interrumpe el curso de la prescripción durante la instrucción preliminar consiste en la primera citación del imputado para que presente declaración indagatoria.
No se limita a una citación dispuesta por el juez de la causa, pues esa facultad en los ordenamientos procesales provinciales más modernos está en manos del fiscal instructor. Debe tenerse en cuenta que sólo el primer llamado a indagatoria interrumpe la prescripción. Quedan excluías las reiteraciones por el mismo delito aunque fueren dispuestas para indagar sobre nuevas pruebas recogidas. Si en un mismo proceso se cita nuevamente al imputado para indagarlo sobre otro hecho delictivo esta nueva citación solo tiene efecto interruptor respecto de ese delito, no en cambio sobre el que ya había sido motivo de indagatoria anterior, pues los plazos de prescripción de cada delito corren de manera paralela.
La jurisprudencia ha entendido, además, que si el Juez ordena la recepción de una declaración indagatoria pero no determina concretamente el día y la hora en que el imputado debe comparecer para ser oído, ni dispone que se lo cite, no puede sostenerse, conforme a la buena fe en el uso del lenguaje, que lo "ha llamado" a tal efecto y, en consecuencia, dicho acto no interrumpe la prescripción en curso. La Corte Suprema, en el caso "Cuatrin", analizó la posible prescripción de la acción penal en el tramo transcurrido desde el primer llamado a indagatoria del imputado hasta la requisitoria de elevación a juicio, ambos actos con entidad interruptiva de la prescripción, conforme al art. 67, cuarto párrafo del Código Penal.
El máximo Tribunal ponderó que el primer llamado a prestar declaración indagatoria estaba dado por el decreto que la había ordenado, a pesar de que la audiencia se hubiera materializado luego de dictarse una nueva providencia dos años más tarde....El llamado a prestar declaración indagatoria deberá haber previsto una fecha cierta para que se materialice dicha audiencia o, cuanto menos -y según los lineamientos de "cuatrin"- haber tenido efectos concretos para el justiciable....".- En la causa citada, es decir L. XLII - "Cuatrin, Gladis María y otros s/ contrabando -causa nº 146/91-" - CSJN - 08/04/2008, la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo sobre el particular, que: "Que en diversas oportunidades el Tribunal ha señalado que el instituto de la prescripción de la acción penal tiene una estrecha vinculación con el derecho del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas (Fallos: 322:360, esp.
disidencia de los jueces Fayt, Bossert, Petracchi, Boggiano y 323:982), y que dicha excepción constituye el instrumento jurídico adecuado para salvaguardar el derecho en cuestión.- 8º) Que el presente caso constituye una prueba cabal de esa vinculación porque debido al tiempo que había transcurrido se había logrado poner fin al proceso con la prescripción declarada por el juez federal. Sin embargo, para revertir esa situación la cámara de apelaciones se apartó de las constancias de la causa que demostraban con claridad que el primer llamado a prestar declaración indagatoria -que bajo el anterior código implicaba el procesamientohabía tenido efectos concretos para el justiciable a punto tal que como consecuencia de ese acto procesal había designado a sus abogados defensores y el juez había dispuesto su inhibición general de bienes.- 9º) Que por lo demás, la grave irregularidad en la sustanciación del proceso puesta de manifiesto en la tardanza para recibirle declaración indagatoria recién en el año 1997 no puede ser ponderada en perjuicio del imputado -como se ha hecho- sin desatender la efectiva vigencia de las garantías constitucionales invocadas también por el recurrente, como son, las del debido proceso y defensa en juicio;; cabe aclarar que la demora injustificada no fue provocada por ningún comportamiento alusivo que pueda atribuirse al procesado.- 10) Que en esas condiciones, ha quedado demostrado el agravio invocado, en orden al derecho de Relats a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas, que le ocasionaría la continuación del proceso dispuesta por el tribunal a quo cuando -como se vio- ya se había operado la prescripción de la acción penal, según el cómputo practicado a partir del primer llamado a prestar declaración indagatoria, de conformidad con lo establecido en el art. 67 del Código Penal.- Fdo.: RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I.
HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY (según su voto).- La prescripción de la acción penal es una cuestión de previo y especial pronunciamiento, y la misma es de orden público. La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, "in re""Arancibia Clavel, Enrique L." Fallos: 327-3312 del 24/08/2004, estableció que: "...corresponde que sea tratado por la Corte toda vez que la prescripción de la acción penal constituye una cuestión de orden público...".- Por todo lo expuesto, corresponde confirmar el auto apelado." En el mismo sentido, en los autos caratulados: "LABANDIBAR, RICARDO SEBASTIÁN S/ LESIONES GRAVES EN CALIDAD DE AUTOR" Expte.
Nº 3617/14 (L-1023/17/TSJ), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, sostuvo que: "Que, previo a ingresar en el tratamiento de los planteos incoados, se advirtió –de oficio- una cuestión de orden público que merece ser analizada en primer término: la prescripción de la acción penal con relación al delito de `desobediencia´ por el que fuera condenado Martínez.- Lo expuesto trae aparejada la consecuencia de que aquella -sin perjuicio de que el imputado pueda solicitarla (aunque en este caso no ocurrió)- opera de pleno derecho y debe ser declarada de oficio.- Debemos recordar que la prescripción de la acción penal es una causa de extinción de la pretensión punitiva estatal que opera por el mero transcurso del tiempo tras la comisión del delito.
Es un límite temporal al ejercicio del poder penal del Estado.- Así, Alberto Binder es categórico al afirmar que ningún acto de procedimiento puede justificar una extensión del plazo establecido como límite al poder penal del Estado. Y agrega en forma irrefutable que en un Estado de Derecho el limitado no puede ampliar el límite que se le ha impuesto. En efecto, deviene irrazonable que la ley fije el límite de la persecución penal y al mismo tiempo autorice la potestad del limitado (o sea, del Estado) para ampliar esos límites con actos propios, como lo son los actos del propio procedimiento penal que está llevando a cabo (Alberto Binder, "Prescripción de la Acción Penal: el indescifrable enigma de la secuela de juicio" -Doctrina Penal.
Año 13 Nº 1 49/52-).- Corresponde precisar entonces que el Art. 67 inc. eº del C.P., preceptúa como causal de interrupción del tiempo computable para que se opere la prescripción de la acción penal, “el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme”.- Que, en el sub examine, la misma obra glosada a fs. 230/242 y vta. y se dictó el 29 de noviembre de 2016. Por su parte, uno de los hechos por los que fuera condenado el causante es el delito de `desobediencia´ -Art. 239 del C.P.-, hecho cometido el 13 de mayo de 2012, y que tiene un máximo de pena de 1 año de prisión.- Que, teniendo en cuenta los parámetros de los actos interruptivos de la prescripción, aquel fue el último acto procesal válido, observándose que desde el dictado de la sentencia condenatoria (que no está firme por la interposición del recurso de casación) ha transcurrido el plazo previsto como máximo de pena de prisión, en función de lo regulado en el Art. 62 inc. 2º del C.P..- La norma citada precedentemente señala que la acción se prescribirá: "...2º- Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de prescripción exceder los doce años ni bajar de dos años...”.- Por otro lado, la última parte del Art. 67 del mismo cuerpo legal indica que “...la prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de sus partícipes...”, por lo que, en función de que Martínez fue condenado por dos hechos que concursan realmente entre sí, los mismos, a los fines de la prescripción, deben ser analizados autónomamente.- En efecto, la pena que se analiza para el cómputo del término de la prescripción es la que, de manera abstracta, se conmina en la ley para cada delito en particular.- Además, la dogmática moderna ha señalado que la prescripción de la acción funciona como un instrumento para el cumplimiento de la garantía prevista expresamente en los pactos internacionales sobre derechos humanos, que exige un plazo razonable para la duración del proceso: Art. 8.1. de la C.A.D.H. y Art. 14.3 del P.I.D.C.P.
(DONNA, Edgardo Alberto, “Reformas Penales Actualizadas”, Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires, 2006, pág. 172). Agrega el autor citado que es importante recordar que el instituto de la prescripción constituye un límite al poder punitivo del Estado estableciendo condiciones para llevar adelante la acción. Estamos ante un verdadero presupuesto de la aplicación de la ley penal que integra el principio constitucional de legalidad -art. 18 de la C.N., XXV, DADDH; 11, DUDH; 9, CADH; 9 y 15, PIDCyP, y 13.3. CCBA. (DONNA, E.A., ob. cit., pág. 180)-.- Tomando como base estos fundamentos, la CSJN ha puntualizado que "...Desde el caso 'Mattei' (Fallos: 272:188) se señaló que ese derecho daba lugar al dictado de un pronunciamiento que 'ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal', existe suficiente jurisprudencia que indica la necesidad de que sea esta misma Corte Suprema de Justicia la que ponga fin, en esta oportunidad, a la presente causa declarando la extinción de la acción penal por prescripción..." (CSJN, 07/03/2006, "Podestá Arturo Jorge y López de Belva, Carlos A. y otros s/ Defraudación en grado de tentativa y prevaricato").- La prescripción es irrenunciable.
Sus efectos son determinados imperativamente por la ley y no se dicta más que en interés público. El interés de los particulares no puede obligar a los jueces a pronunciarse sobre cuestiones que hacen al fondo del asunto, estando prescripta la acción, ya que el estado ha perdido irremisiblemente su poder de persecución y los magistrados que actúan por delegación, carecen de poder de juzgar el caso (confr. Vera Barros, "La prescripción en el Código Penal, Leyes especiales, Tratados internacionales”, 2da. Edición, 2007, págs. 214/215).- En síntesis, la prescripción se dicta en orden al interés público y se produce de pleno derecho por el solo transcurso del tiempo, resultando su pronunciamiento al respecto un imperativo legal que no puede ser dejado de lado por pedido de alguna de las partes.".-
Teniendo en cuenta que el delito investigado habría sido cometido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, comparto aquí lo resuelto por el Juez a quo en relación a este punto, dado que la conducta investigada en este legajo se da en medio de un altercado donde los protagonistas son un detenido y su custodio, justamente es el Sr. J. G. M., quien reviste la calidad de funcionario público, el es, Ayudante de Tercera del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Cruz, por lo que de esta manera, conforme lo establece el art. 77 4to. párrafo del C.P, el mencionado cumplía con la condición de ser un “funcionario público” y en el caso investigado este se hallaba en plena función.
Es por ello que con buen tino el Juzgador de primera instancia señala el Art. 67 del C.P. el que en su párrafo segundo, prescribe la suspensión de la prescripción para todos los que hubieren participado, en aquellos casos delictuales, donde justamente se avizore la participación de un funcionario público en ejercicio funcional. Es así que por imperio de la norma mencionada, la prescripción se encuentra suspendida y por lo tanto no podemos hablar de que se haya extinguido la acción penal. En segundo lugar, en cuanto a la solicitud de sobreseimiento efectuada por el Dr. Sjostrom, entiendo que no corresponde hacer lugar al mismo.
En los autos caratulados: “SR. AGENTE FISCAL S/ REQUIERE INSTRUCCIÓN” Expte. Nº 35.790/24, N° de Juzgado de Recursos 8335/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, sostuve que: "En virtud de la solicitud de sobreseimiento, se corre vista al Fiscal (fs.365), el que emite su dictamen a fs. 272 vta; realizando a su vez lo propio la Dra. López Vanesa en su rol de querellante fs. 274, ambos rechazando la solicitud incoada por la defensa. Finalmente el Juez de grado dicta su resolutorio a fs. 275/276, rechazando a su vez lo solicitado por la defensa. Por lo que vienen los autos en grado de apelación a la alzada. En este orden, cabe señalar que el pedido de sobreseimiento puede articularse en cualquier momento de la instrucción.
En este sentido, no solo opera tal y como se articulo en esta causa, sino que es una de las posibles decisiones que puede adoptar el Juez de Instrucción cuando recibe declaración indagatoria de una persona acusada de un delito. En autos, el Juez no solo rechazó el pedido de sobreseimiento, sino que, además convocó a prestar declaración indagatoria al acusado, por entender que la información existente permite sostener la sospecha que requiere el artículo 278 del CPP., lo que se comparte, ello sin que implique, tanto por esta sede, como por el a quo, adelantar la decisión que se deberá adoptar oportunamente. Es claro, por la reseña informativa y por la individualización de la prueba realizadas, que existen sospechas para citar a prestar declaración indagatoria al imputado, a los fines de resguardar su garantía de Defensa en juicio.
Es decir que el estado de la presente causa lejos se encuentra del pedido articulado por la Defensa, al menos en este estadio procesal. En este sentido, respecto de los efectos del sobreseimiento, el Excelentísimo Tribunal Superior se ha expedido, en los autos caratulados "SEGURA WALTER FABIÁN S/HOMICIDIO AGRAVADO EN C/R CON TENTATIVA DE HOMICIDIO, AMBOS AGRAVADOS POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO Y MANSILLA OSVALDO DAMIÁN S/HOMICIDIO AGRAVADO EN CALIDAD DE INSTIGADOR" Expte. Nº S-940/15/TSJ, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia sostuvo que: "2.-) De la descripción de lo acontecido en el sub examine, emerge indubitable que el sobreseimiento decretado a favor del imputado, al tiempo de interponer el recurso de apelación contra el mismo la parte querellante, se encontraba firme.-Siendo así, la parte querellante y el Estado huérfanos se encontraban de acción penal y poder punitivo respectivamente, para pretender la continuidad o renovación de un juicio por un hecho que ya había sido resuelto en forma definitiva.
Con lo cual se puede analizar -adelantando posición- que constitucional y legalmente todo lo actuado a partir de la firmeza adquirida por el sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado es manifiestamente nulo.- Efectivamente, resultando que el sobreseimiento definitivo, como claramente lo expresa el art. 318 CPPSC: "... cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado a cuyo favor se dicta..." y como lo recuerda el art. 1° de dicho cuerpo normativo "... nadie puede ser... perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho...", la solución recién expuesta se impone.- Al respecto, corresponde ilustrarnos, entre otros, con las palabras de Jorge A. Clariá Olmedo quien lo define: "...
El sobreseimiento... se trata de una resolución judicial, que pone término definitivamente a un proceso penal, es decir, que hace cosa juzgada respecto de quien se dicta..." (Tratado de Derecho Procesal Penal, Ed. Rubinzal Culzoni, T° VIII, pág. 424).- Carlos Creus sostiene: "... En las antípodas del procedimiento, que resuelve la situación del imputado impulsando el proceso, el sobreseimiento la resuelve poniéndole fin... descargando de toda responsabilidad penal a aquel en favor de quien se dicta sobre el o los hechos que han sido objeto de investigación, con carácter de cosa juzgada una vez firme la respectiva resolución..." (Derecho Procesal Penal, Ed. Astrea, pág. 348/349).- Oderigo "...
El sobreseimiento es la resolución judicial por la cual interrumpe libre o definitivamente... el normal desarrollo del Proceso Penal en su marcha hacia la sentencia definitiva..." (Derecho Procesal Penal, T° II, pág. 89).- Raúl Washington Abalos "... El sobreseimiento cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado a cuyo favor se dicte, una vez firme es irrevocable y adquiere la calidad de cosa juzgada. No puede iniciarse, o iniciado, anularse otro proceso contra el mismo imputado. La resolución que ha quedado firme no puede modificarse o dejarse sin efecto. Es definitivo, concluye en el proceso y durante el mismo no puede ser afectado por ningún argumento. Con relación al futuro, ampara al imputado en cuyo favor se dicta el principio de non bis in idem, -literalmente significa no dos veces sobre lo mismo- desde el punto de vista jurídico nadie puede ser perseguido más de una vez por un hecho penalmente relevante, es decir, se evita la doble persecución penal a raíz de un mismo hecho considerado delito..." (Derecho Procesal Penal, T° III, Ed.
Ediciones Jurídicas Cuyo, pág. 280).- Julio C. Báez y Julián Subías "... el sobreseimiento es definitivo y por lo tanto dicha sentencia adquiere calidad de cosa juzgada... redefine la garantía del ne bis in ídem contemplada en el artículo 1° del Código, en cuanto a que nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho..." (Código Procesal Penal de la Nación, T° II, pág. 764, 765).- Francisco J. D ´Albora: "... La instrucción impuesta por el principio de oficialidad, si bien exige regulación por ley, no impone, obligatoriamente, el tránsito a la etapa del juicio cuando se dan ciertas circunstancias que autorizan esta resolución conclusivo. Desde el punto de vista semántico significa cesar, desistir de algo... hace cosa juzgada exclusivamente respecto de quien se dicta... impide una nueva persecución penal (art. 1° última oración)...
No puede modificarse, una vez firme, aun cuando nuevos elementos de juicio advirtiesen que se incurrió en error o precipitación al decidir el caso. Debe tenerse en cuenta que nuestro ordenamiento no admite la revisión en contra del imputado..." (Código Procesal Penal de la Nación, Ed. Abeledo-Perrot, pág. 418/419, 424).- 3.-) En resumen de lo expuesto anteriormente, se puede concluir que el sobreseimiento dictado en el sub examine adquirió firmeza o bien calidad de cosa juzgada. Necesaria consecuencia de ello, es la inviabilidad en nuestro estado de derecho de originar una continuidad o nueva persecución penal, invocando irregularidades procedimentales detectada en un proceso judicial definitivamente terminado.- Debemos recordar que la cosa juzgada, conforme Jorge A.
Clariá Olmedo "... Significa la firmeza y consiguiente irrevocabilidad del pronunciamiento penal sobre el fondo, impidiendo toda revisión del trámite por el cual se llegó a esa sentencia, aun en lo que atañe a las nulidades absolutas..." (obra citada, T° IV, pág. 308).- Adrián Marcelo Tenca, define: "... una resolución judicial ha pasado a tener autoridad de cosa juzgada cuando ha quedado firme y ejecutoriada. La firmeza implica irrevocabilidad del pronunciamiento penal sobre el fondo, impidiendo toda revisión del procedimiento cumplido para dictarla, aunque se fundare en nulidad absoluta. Ella no puede ser revisada mediante el procedimiento de los recursos..." (Excepciones en el proceso penal, Ed.
Astrea, pág. 87).- Claus Roxin: "... Con los conceptos de cosa juzgada formal y material son descriptos los diferentes efectos de la sentencia. La cosa juzgada formal se refiere a la inimpugnabilidad de una decisión en el marco del mismo proceso (efecto conclusivo); junto a ello acarrea la ejecutabilidad de la sentencia (efecto ejecutivo). La cosa juzgada material provoca que la causa juzgada en firme no puede ser nuevamente objeto de otro procedimiento; el derecho de perseguir penalmente está agotado (efecto impeditivo)..." (Derecho Procesal Penal, Ed. Editores del Puerto, pág. 434).- En la colación de citas doctrinarias que nos ilustran al respecto, es dable también recordar las enseñanzas de Vicenzo Manzini quien dice que: "...
La "cosa juzgada" es la esencia de la decisión conclusiva del juicio, que se contiene en una providencia jurisdiccional con carácter de sentencia de absolución (sobreseimiento) o de condena, o bien de decreto de condena, hechos irrevocables. "la autoridad de cosa juzgada" es la fuerza reconocida por ley a la decisión del juez para regular jurídicamente en forma relativamente inmutable (esto es, fuera de las hipótesis de mutabilidad expresamente previstas por ley) el caso concreto decidido, de manera que se imponga positivamente con eficacia coercitiva, o sea ejecutiva (llamada actio iudicata), y negativamente con eficacia prohibitiva, o sea como preclusión que prohíbe la repetición total o parcial del juicio sobre el mismo objeto (exceptio rei iudicatae)...".- Enseña: "...
Cuando una sentencia penal ha adquirido autoridad de cosa juzgada, sus disposiciones deben quedar firmes aunque la sentencia aparezca afectada de errores o irregularidades de forma por violación de normas procesales prescriptas bajo pena de nulidad, o de errores de juicio. La autoridad de cosa juzgada se presenta, por tanto, bajo este aspecto, como la suprema sanatoria de toda nulidad en que se haya incurrido en el procedimiento..." (Tratado de Derecho Procesal Penal, Ediciones Jurídicas Europa-América, T° IV, pág. 511, 512, 522).- En este mismo sentido, entre otros, Carlos Creus, nos ilustra: "... Cuando se habla de "subsanación" de la nulidad, en realidad se están haciendo menciones de situaciones en las cuales aquéllas –pese a la existencia del vicio- no puede ser declarada... con respecto a las nulidades declarables de oficio, ello ocurre recién cuando la sentencia que pone fin al proceso, alcanzó carácter de cosa juzgada..." (obra citada, pág. 491).- Asimismo: "... la cosa juzgada subsana cualquier nulidad, incluso las declarables de oficio y de carácter absoluto, aun cuando el defecto esté contenido en la misma sentencia que deviene firme, es regla común en la legislación procesal que la expresa, ya sea indirectamente, haciendo referencia a su insanabilidad durante el proceso, con lo que afirma su sanabilidad luego de la extinción del mismo (art. 178, Cód.
Proc. de Italia, 1988) o directamente, disponiendo la caducidad de la facultad de declararlas una vez consagrada la cosa juzgada (art. 164, Cód. Proc. de Santa Fe) o simplemente a su declarabilidad de oficio mientras dure el proceso (art. 172, Cód. Proc. de Córdoba; art. 117, Cód. Proc. de Santiago del Estero; art. 171, Cód. Proc. de Entre Ríos, etc.), pero no cuando éste ha cesado..." (Invalidez de los actos procesales penales, Ed. Astrea, págs. 81/82).- Eduardo Jauchen: "... Por ello, en un marco más amplio, es que se dice que la cosa juzgada es entendida como un supuesto de subsanación, en tanto la parte afectada no ejerció su derecho en tiempo procesal útil..." (Tratado de Derecho Procesal Penal, T° II, ed.
Rubinzal-Culzoni, pág. 83).- Mariano La Rosa: "... Por el interés público que subyace a un caso de nulidad absoluta, resulta indisponible y no es subsanable ni puede ser consentida ni expresa ni tácitamente, sólo la cosa juzgada tiene ese efecto. Es que en el proceso penal la cosa juzgada tiende un manto extendido que constituye una forma de sanatoria general y contundente para todas las sanciones que hubieran podido declararse mientras el proceso estaba abierto; esta sanatoria alcanzará aún a las nulidades absolutas..." (Código Procesal Penal de la Nación, Miguel Ángel Almeyra, T° I, ed. La Ley, pág. 758).- 4.-)Lo expuesto, en cuanto al poder sanatorio de la cosa juzgada de las irregularidades procesales, el mismo opera incluso con las llamadas nulidades absolutas o declarables de oficio como también lo recuerdan Luis María de Simoni y Ricardo Santiago Tarantini: "...
No son subsanables, sólo se opera la sanabilidad mediante la cosa juzgada..." (La Nulidad en el Proceso Criminal, Ed. Depalma, pág. 30).- De este modo, sin esfuerzo, surge manifiestamente que resulta infructíferos los argumentos y citas jurisprudenciales invocados por la parte querellante, pues, como se anticipó, el caso sub lite exhibe la hipótesis de un reclamo por una irregularidad en un proceso penal fenecido, donde ya no se encuentra vigente la acción penal del recurrente para viabilizar su pretensión.- La Corte Interamericana De Derechos Humanos en el Caso "Mohamed vs. Argentina" ha dejado en claro que: "... El derecho de impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona.
La Corte ha sostenido que el artículo 8.2.h de la Convención se refiere a un recurso ordinario accesible y eficaz. Ello supone que debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada..." (Párr. 98, 99).-(El.sub. es nuestro).- Nos recuerda la Corte Suprema de Justicia que "... La cosa juzgada tiene jerarquía constitucional... La garantía de la cosa juzgada no veda únicamente la aplicación de nueva sanción por un hecho anteriormente penado, sino también la exposición al riesgo de que ello ocurra mediante un nuevo sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho... La autoridad de cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica y debe respetarse salvo los supuestos en que no haya existido un auténtico y verdadero proceso judicial, puesto que aquella supone la existencia de un juicio regular donde se ha garantizado el contradictorio y fallado libremente por los jueces...
Si el procesado fue desvinculado de la causa mediante una sentencia absolutoria, viola la cosa juzgada la sentencia de cámara que, sin que existiese recurso que la habilitase para ello, declaró la nulidad de aquella sentencia..." (fallos: 315:2680).- Así: "... Corresponde declarar la nulidad del pronunciamiento del superior tribunal provincial que no sólo importó un exceso en su jurisdicción de acuerdo a lo establecido en la constitución provincial y en las normas procesales locales sino que, además, significó dejar sin efecto el dictado de una decisión que, además de desvincularlo del proceso, había quedado firme, en clara afectación de la garantía constitucional que ampara la cosa juzgada..." (fallo: 328:374).
"... la cosa juzgada judicial tiene jerarquía constitucional y no es susceptible de alteración ni aún por vía de la invocación de leyes de orden público..." (fallo: 308:084).- Vicenzo Manzini: "... La sentencia está generalmente sujeta a impugnaciones ordinarias y, por tanto, durante el plazo concedido para la declaración de impugnación, y eventualmente durante el procedimiento iniciado con esa declaración, la sentencia impugnable o impugnada no es irrevocable, de manera que le falta una de las condiciones formales para la adquisición de la autoridad de cosa juzgada. La efectiva adquisición de esa autoridad, siempre que se trate de sentencia impugnable, sólo se verifica, por tanto, cuando haya vencido inútilmente el plazo para proponer impugnación o haya sido ésta declarada definitivamente inadmisible por cualquier causa o se la haya rechazado.
Hasta ese momento, la autoridad de cosa juzgada permanece en estado potencial, de energía potencialmente virtual, hallándose sometida la adquisición de esa autoridad a condición suspensiva..." (Ob. Cit., pág. 519).-5.-) Resulta conveniente insistir, que en el caso concreto de autos, la presentación tardía de la querella, determinó la calidad de cosa juzgada del sobreseimiento definitivo por resolución de fecha 15 de abril de 2011 (notificada con fecha 10 de mayo de 2011), ya que, la interposición de un recurso extemporáneo (fecha 03 de junio de 2011), demuestra inequívocamente la firmeza de aquella.- La Corte Suprema de Justicia nos ilustra: "... al haber quedado firme el sobreseimiento definitivo anterior por no haber sido recurrido por ninguna de las partes en juicio, el querellante en autos mal pudo ejercitar nuevamente su pretensión punitiva con argumentos que, por atendibles que resulten, aparecen extemporáneamente invocados.
En este orden de ideas, tiene dicho V.E. que la cosa juzgada configura uno de los pilares sobre los que se asienta la seguridad jurídica y un valor de primer orden que no puede ser desconocido con invocación de argumentos insustanciales y con la pretensión de suplir omisiones o corregir yerros en cualquier momento, pues ataca las bases mismas del sistema procesal y afecta la garantía del debido proceso, cuyo respeto es uno de los pilares del estado de derecho..." (Fallo: 314:377).- Jorge A. Clariá Olmedo: "... El no reclamo oportuno produce convalidación por causa del silencio; el consentimiento de la irregularidad significa aceptación positiva de los efectos del acto. Se trata en este segundo caso de una verdadera renuncia, expresa o tácita, a la facultad de denunciar la irregularidad.
La aceptación expresa consiste en la positividad y concreta manifestación de voluntad de conformarse con los efectos del acto no obstante la irregularidad..." (Tratado de Derecho Procesal Penal, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 248).- Las nulidades absolutas, presentadas por la querella, con posterioridad al trámite mencionado, devienen en abstracto, cuestión que podría haber prosperado si hubieran sido presentadas, con la interposición correspondiente del recurso, dentro del plazo legal establecido, a los efectos que continuara la acción legal y no operara la calidad de cosa juzgada.- Agreguemos que ante el rechazo, por extemporáneo, del recurso de apelación impugnando la resolución que decretó el sobreseimiento definitivo, la querella no interpuso el correspondiente recurso de queja, demostrando, una vez más, su conformidad con lo decidido.- Tampoco desplegó trámite alguno la patrocinante legal del querellante, una vez que la nueva Juez interviniente, Dra.
Valeria López Lestón, le corriera nueva vista, reincidió en su silencio no contestando la misma en tiempo oportuno, circunstancia que motivó que, con fecha 02/02/2012, se le diera por decaído el derecho que optó por no ejercer.- Insólitamente, luego que, en la audiencia celebrada con fecha 03/02/2012, la parte querellante, el Sr. Rojas y su asistente letrada Dra. Peralta, fueron ilustrados por la Juez interviniente, sobre la firmeza que había adquirido el sobreseimiento dictado a favor de Segura, se forma un incidente que concluye, con fecha 03/07/2012, declarando la nulidad de la resolución de fs. 882 y vta., del principal, que decretó el sobreseimiento definitivo de Segura.- Posteriormente, en una parcial visión del debido proceso y del derecho de defensa, donde no se contemplaron los principios de progresividad como el de preclusión, y de "... reconocimiento del derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito..." (Mattei, CS 272:188), la declaración de nulidad del sobreseimiento termina siendo confirmado por el Juzgado de Recurso.- Esta visión sesgada surge, además de lo ya destacado que las partes intervinientes conocían la firmeza del resolutorio, y no obstante el endeble planteo fuera de plazo del querellante que no justificaba su tratamiento, terminando con el dictado de la nulidad; con la inclusión de una nueva hipótesis en las circunstancias del ilícito investigado, a partir de la cual se lo vuelve a vincular al proceso a Segura.- Por ello, mas allá de precisar, conforme se desplegara en los acápites anteriores sobre el amparo de la preclusión y cosa juzgada del sobreseimiento oportunamente dictado (Corte Suprema en Mierez, Alfredo Rubén y otros s/Asociación Ilícita, causa N 78/03 del 14 de febrero de 2012), la introducción del pago por un tercero para llevar a cabo el ilícito que se le había imputado, es lo que habilita el nuevo procesamiento, argumentando la defensa –en este estadio- la nulidad de lo actuado, planteo que se apoya en lo concluido del debate y volcado en la sentencia, que no se aportó prueba alguna que confirmara tal hipótesis.- Así en la etapa de juicio, la cuestión esencial que nos viene ocupando, firmeza o revisión del sobreseimiento definitivo a favor de Walter Segura, fue inadvertida en la etapa intermedia del debate por el Ministerio Público Fiscal y por la Presidencia del Tribunal del Juicio.
De este modo, concluido el juicio, quién había conquistado a su favor un sobreseimiento definitivo con autoridad de cosa juzgada, por el mismo hecho, fue condenado.- Entre paréntesis, pese a ser obvio, debemos recordar que los vicios procedimentales que afectan el orden público aún consentidos por las partes e incluso con los órganos jurisdiccionales que han intervenido, deben ser tratados de oficio, ya que al trascender el interés particular no quedan sanados por el consentimiento ni las decisiones judiciales precedentes.-" De lo expuesto surge que en cualquier estadio procesal puede el defensor peticionar nuevamente el sobreseimiento de su pupilo. De la misma forma que el Juez lo puede disponer con posterioridad si la situación procesal de la persona imputada así lo impone.
Es así que, como se dijera, en base a la información detallada supra e incorporada a la causa se comparte la postura del Ministerio Público como la del Sr. Juez de Instrucción, en la comprobación y existencia de motivos bastantes, para sospechar que el imputado sea autor del delito de conformidad con el Art. 278 del C.P.P.- Mas allá de lo expresado por la defensa, en relación a que al momento del inicio de la investigación el Agente Fiscal pudo pedir el archivo, de la causa, ello no implica que ese acto prematuro le impida, a la luz de la información agregada y nuevas pruebas recabadas en los presentes, cambiar de opinión y en su caso, requerir la continuidad de la causa, tal y como lo expresó el Sr.
Fiscal de Cámara. Por otro lado y tal como surge de la cita precedentemente mencionada, para arribar a un sobreseimiento deben agotarse las medidas probatorias y el resultado de las mismas deben ser desincriminatorio, lo que no ha ocurrido en el caso de análisis. Por todo lo expuesto considero que tampoco es propicio archivar la causa, la que cuenta hasta aquí con un lineamiento de investigación claro, con un posible autor y con pruebas pendientes de realización y análisis, con un llamado a declaración indagatoria pendiente, todo lo cual implica desestimar el archivo pretendido."
Bajo estas pautas mencionadas supra es que debo concluir, específicamente para el caso de análisis que, la individualización de los sujetos activos como la existencia de otras conductas que se hayan podido ejecutar y que se establezcan como constitutivas de un delito, solo podrán determinarse, al formalizarse la imputación en los términos del art. 278 del C.P.P, acto procesal que aún no se ha podido concretar.
Tal cuestión además fue tratada por el Sr. Agente Fiscal a Fs. 281, quien como titular de la acción expuso: "...Por todo lo expuesto es opinión de este Ministerio Fiscal que no se haga lugar al sobreseimiento solicitado por el Defensor Oficial N° 3 Marco Sjostrom en representación de su defendido; J. G. M.”
Teniendo presente lo antes expuesto es que concluyo que la solicitud incoada no puede prosperar en este estadio procesal, por prematura.
Finalmente en cuanto a la solicitud de que se le otorgue a su defendido la posibilidad de realizar un ofrecimiento de reparación integral como método alternativo de conflictos, se debe nuevamente realizar la salvedad, ya mencionada con antelación, en relación a que al tratarse la conducta investigada de una persona la que reviste una condición especial ser “funcionario público” y en ejercicio de las funciones, esta condición impide per se, acceder a la posibilidad de ofrecer esta reparación o solución alternativa.
El art. 320 ter. del C.P.P.S.C (conf. modificaciones de la Ley N° 3886), establece: "Reparación Integral del Perjuicio. El imputado, en cualquier estado de la instrucción, podrá proponer una oferta reparatoria integral del perjuicio, en los casos previstos en el Artículo 320 bis…” “…La reparación integral del perjuicio no operará en los casos excluidos por el artículo 320 bis." Por su parte el art. 320 bis del C.P.P.S.C menciona: "...La conciliación no operará en aquellos casos en que: a) el imputado fuera funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en el ejercicio o en razón de su cargo..."
Queda comprendido dicho supuesto en lo previsto por la norma en su art. 320 ter última parte del C.P.P.S.C., en función de lo establecido por el art. 320 bis inc. a) del mismo cuerpo legal.-
Por ello y siendo el razonamiento acorde a lo normado es que se debe confirmar el temperamento adoptado en relación a la negativa a concede este beneficio debiendo continuar los autos según su estado. En cuanto al agravio mediante el cual la defensa sostiene que la duración del proceso habría vulnerado la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable, corresponde adelantar que el planteo no puede prosperar. En los autos caratulados: “C. C. A. S/ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR SER COMETIDO CONTRA UNA MENOR DE 18 AÑOS APROVECHANDO LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA” Expte. Nº 63587/16, N° de Juzgado de Recursos 6904/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: "IV.B.-Sobre el análisis del transcurso de la garantía de plazo razonable corresponde iniciar el análisis sobre el siguiente tópico. Lo primero a señalar es que la actividad que durante la etapa de Instrucción, de Juicio y de Recursos frente a la sentencia, que realiza la Defensa, nunca puede ser cuestionado por el poder jurisdiccional.
Descartando el estado de indefensión de una persona, que obliga a cualquier Juez, de la etapa y/o grado que fuere, a proveer de una defensa técnica eficaz al imputado, nunca puede establecerse, allende las incidencias en general y las acciones, escritos y pedidos en particular, presentados por la Defensa, a éstos como motivadores del transcurso de plazo razonable o de la demora en la resolución de los mismos. Cada Defensor, sea Público Oficial o Particular, tiene libre decisión para elegir la estrategia que entienda asegura y garantiza la defensa efectiva técnica de su cliente, y si el ejercicio es persistente, el tiempo que demande su sustanciación y decisión jurisdiccional no puede transformarse en una carga para el imputado.
Dicho esto, y descartando las acciones que pueden entenderse como simplemente obstaculizadoras del proceso, conforme la doctrina judicial citada en el acápite anterior; para valorar el plazo razonable, si debe tenerse en cuenta no solo las presentaciones de las partes, sino y además el hecho que se investiga, las persona o personas investigadas, la conducta de las mismas respecto del proceso, la subsunción del hecho, la complejidad de la causa y en especial la materia probatoria indispensable para recolectar la información, lo que demandó la propia investigación, entre otros parámetros. A manera de guía, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la emblemática causa "Acosta" al señalar el plazo de prórroga de la Detención Cautelar (Prisión preventiva), estableció una serie de criterios que no solo proceden para el computo de la prisión preventiva y su prórroga, sino que, y teniendo en cuenta la naturaleza de la causa que se investigue, también pueden ser parámetros a seguir para la aplicación de la garantía del plazo razonable, siendo ésta, por supuesto, más amplia que la valoración de la restricción de la libertad ambulatoria.
Vale decir que el análisis de la detención cautelar siempre es mucho más riguroso, que el análisis de plazo razonable, sin perjuicio de lo cual, cuando se evalúa esta última garantía, la existencia o inexistencia de encierro cautelar de una persona, tiene una incidencia e impacto central. Todo proceso penal en contra de una persona implica una relación sujeción del investigado a la potestad punitiva del Estado que impacta en su libertad, pero va de suyo, que cuando existe encierro personal, la influencia sobre el plazo hasta la sentencia que defina la situación de fondo, adquiere una relevancia central. La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido "in extenso" sobre los requisitos necesarios para extender, como dije, la prisión preventiva en casos de delitos de "Lesa Humanidad", los que además pueden ser analizados para la procedencia de dicha medida de coerción y también de la garantía del plazo razonable, en el precedente "ACOSTA, JORGE EDUARDO Y OTROS S/ RECURSO DE CASACIÓN del 8/5/2012, Fallos 335:533 CSJN.
En dicho fallo, el cimero Tribunal Nacional si bien y como se dijera en el párrafo anterior, se expidió sobre la prórroga del plazo de la medida cautelar en casos de crímenes contra la humanidad, sienta en el considerando 24 supuestos de hecho y jurídicos que pueden aplicarse a "crímenes comunes", como lo es el presente caso, teniendo en cuenta las diferencias sustanciales y de gravedad existentes entre ambos. Señaló que: "24) Que en consecuencia convergen en estos supuestos de delitos con multiplicidad de resultados graves y en concursos reales plurales, cuestiones de hecho y de derecho que deben valorarse para decidir acerca del plazo de prisión preventiva en cada caso. Como cuestiones de hecho hallamos: a) La complejidad del caso, que en muchos de estos procesos excede la de los supuestos corrientes de delitos contra la vida y la integridad física. b) Los obstáculos que pueden oponerse a la investigación, entre los que cuenta la circunstancia de que han sido cometidos desde el Estado y conforme un aparato con participación de múltiples personas, que pueden contar aún hoy con encubridores y partícipes desconocidos. c) La edad, condiciones físicas y mentales de las personas, que condicionan la mayor o menor capacidad para intentar eludir la acción de la justicia. d) el menor rigor de algunas privaciones de libertad, en casos de beneficio de detención domiciliaria. e) el grado de avance de la causa, o sea, si esta próximo el juicio oral o si éste tiene fecha fijada y, por supuesto, si ha mediado sentencia condenatoria no firme. f) La enorme cantidad de obstáculos con que ha chocado en el juzgamiento de estos delitos, que permanecieron impunes durante décadas, lesionando en consecuencia la seguridad y la vivencia colectiva de garantía frente al poder estatal que han provocado estos delitos y la enorme gravedad de algunas imputaciones, que superan en mucho la de los delitos comunes contra las personas.
Como cuestiones de derecho consideramos las siguientes: a) la normativa internacional que impone que la prisión preventiva no exceda un plazo razonable. b) la de no permitir la impunidad de crímenes de lesa humanidad impuesta por la misma normativa. c) el general deber de afianzar la justicia emanado de la Constitución Nacional. d) El principio republicano que impone la racionalidad de los actos de gobierno, lo que impide que los jueces puedan caer en arbitrariedad para determinar la duración máxima de la prisión preventiva." Además de ello, en varias oportunidades me he expresado en relación al carácter ordenatorio de los plazos procesales, por lo cual comparto los argumentos esgrimidos por el A quo en el auto apelado, en especial en el racconto que realizó del derrotero de la causa.
En esa tesitura, en los autos caratulados:
“SR. JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE LAS HERAS S/ SOLICITA PRORROGA EN AUTOS CARATULADOS:
DIVISIÓN INVESTIGACIONES Y
NARCOCRIMINALIDAD P. M. S/ Investiga Presunta Infracción Art. 119 del C.P.A., Expte. Nº 34243/22-D; Nº de Recursos 7346/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: "II.-Atento lo informado por S.S., considero que resulta procedente conceder la prórroga solicitada por el término de dos meses, conforme lo dispuesto por el art. 197 del C.P.P., sin perjuicio de lo cual entiendo que los plazos, como lo he sostenido en otras oportunidades, son ordenatorios.- En los autos “ARJONA, LAURA EVA S/ DENUNCIA LESIONES LEVES” Expte. Nº A-51496/20, N° de Recursos 6548/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, sostuve: "En relación al alegado incumplimiento del plazo para resolver a situación procesal de su pupilo, más allá de que ello no se encuentra previsto por la normativa procesal como causal de nulidad (principio de especificidad), debe tenerse en cuenta que se trata de un plazo ordenatorio.
Se ha entendido sobre el particular que: "...Los plazos que, como se dijo, suelen ser definidos como el período de tiempo dentro del cual debe cumplirse un acto procesal o como: "...el lapso que emplaza el acto dentro de él o lo desplaza después de él, imperativa o no imperativamente. Se extiende al emplazamiento de un momento del proceso y también a un tiempo de no actividad para la obtención de determinados efectos, regulan el impulso procesal y facilitan su progresivo desarrollo, haciendo efectiva la preclusión de las sucesivas etapas del proceso. Es así como a la etapa de la instrucción sigue el plenario, con la acusación, la defensa, la prueba, el alegato y la sentencia. Para todas estas etapas la ley fija plazos y marca términos, y la causa va pasando de una a otra mediante el impulso procesal...Asimismo pueden ser perentorios o meramente ordenatorios, según que su vencimiento produzca la decadencia o no de un derecho o facultad; dado que los primeros ocasionan, además de la decadencia del poder que importa la preclusión, aniquilando la posibilidad de realizar el acto previsto ya que el que pretenda realizarse con posterioridad será inadmisible.
Con ello impide la indeterminación de la duración del proceso. Por el contrario, la inobservancia de un plazo ordenatorio no da lugar a sanción procesal y generalmente pueden ser pasibles de sanción disciplinaria los funcionarios que dirigen el proceso..." (Conforme CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN LA LEY COMENTADO Y ANOTADO DIRECTOR ALMEYRA, COORDINADOR BAEZ, T. I PÁGS. 692/693) Cierto es que el A quo se ha excedido en el plazo establecido por el art. 289 del C.P.P., pero la norma es clara en cuanto a que esa situación no invalidad el procesamiento. Clariá Olmedo, al clasificar los términos por los efectos del vencimiento, habla de términos perentorios y meramente impuestos u ordenatorios; y al tratar los primeros expone: “Son perentorios, por tanto, los términos que no toleran la realización del acto después de su vencimiento, sea que esto suceda de pleno derecho o que el efecto se produzca por instancia de parte interesada en la caducidad.
Si el acto se pretende cumplir inoportunamente, estará amenazado de inadmisibilidad. El momento procesal que ese término mantenía abierto precluye, permitiendo la continuación del procedimiento. En general, estos términos son los concedidos a favor de las partes para el ejercicio de sus facultades procesales, pero en materia procesal penal quedan excluidos aquellos que regulan una actividad indispensable en el proceso, como es la acusación y la contestación de ella.” (Tratado de Derecho Procesal Penal, Jorge A. Clariá Olmedo, Rubinzal Culzoni Editores, año 2008, Tomo IV, página 136/137) Luego el citado autor expone: “Los términos ordenatorios determinan la actuación antes de su vencimiento, pero si ocurrido éste los actos no pudieran cumplirse se produciría una ilógica muerte del proceso.
Por eso es que rigen para los actos que de ninguna manera pueden omitirse, como son la generalidad de los actos del tribunal, las requisitorias del ministerio fiscal, y algunos actos del imputado y su defensor, principalmente la contestación de la acusación” (Obra cit., pág. 138). El Dr. Julio B. J. Maier da otra razón sustancial para concluir en el sentido de la no perentoriedad del plazo del juez para pronunciarse sobre la decisión de mérito, al decir: “…La ley procesal penal, cuya cita textual consta antes, parece concebir –hasta allí- la regla general de que, si ella no determina una excepción, nadie puede prorrogar los plazos establecidos por la ley y la facultad concedida para la realización del acto caduca definitivamente una vez vencido el plazo previsto para su ejecución.
Sin embargo, ese no parece ser el caso en una gran cantidad de plazos establecidos por la ley y en los que la ley –o su texto- no brinda excepción alguna al carácter perentorio que rige según la regla general.
Nombramos solo como ejemplo el plazo para dictar el procesamiento o la falta de mérito, cuya facultad (mejor expresado: deber, desde el punto de vista de la función) no caduca por el hecho del incumplimiento del plazo, o bien, el plazo concedido al acusador, sobre todo al acusador público, para requerir el juicio o instar el sobreseimiento que, si bien prorrogable, parece ser fatal una vez concedida la prórroga por otro plazo idéntico, plazo que, si fueran entendidos como perentorios, en el sentido de imposibilidad de realización posterior del acto, implicarían la necesidad de sobreseer el procedimiento –ante la imposibilidad de continuar formalmente la prosecución penal- y crearían así nuevos motivos de extinción de la acción penal, distintos de los establecidos, taxativamente, por la ley penal (CP, 59)…” (Julio B.
J. Maier, Derecho Procesal Penal, III. Parte General, Actos Procesales, Editores del Puerto, 2011, páginas 23/24)". Va de suyo que no cualquier violación a los términos procesales establecidos por la ley constituye una violación a la garantía del plazo razonable, que hace al derecho de defensa en juicio y que es impuesta a favor del imputado. Debe tratarse de una clara vulneración a sus derechos, debiéndose tener en cuenta que al articularse en un caso, conforme la pacífica doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no impacta sobre el delito y su atribución a una persona, sino sobre la acción penal, estableciendo como sanción a la vulneración del plazo razonable la insubtancialidad de la acción penal.
Ello lo es, reitero, sin perjuicio de los reproches administrativos y disciplinarios que pueda ocasionar dicha mora para el magistrado o funcionario judicial que está obligado a cumplir con su función en tiempo oportuno, teniendo en claro que los plazos son ordenatorios y que su dilación injustificada y excesiva, podría afectar el derecho a ser juzgado en plazo razonable. Esta garantía, reconocida expresamente en el art. 9 inc. 3º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, art. 7 inc. 5º de la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 25 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y que deriva del debido proceso, hace alusión al derecho que tiene todo imputado a ser juzgado, a obtener un pronunciamiento que defina su posición frente a la ley y a la sociedad, y que ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción a la libertad que comporta el ordenamiento penal.
(Conf. CSJN “Matei” Fallos: 272:188). Así, a fin de establecer si ese derecho subjetivo al plazo razonable ha sido afectado, debe evaluarse la duración total del proceso. Gozaíni explica: “La duración total del procedimiento se visualiza para estimar si hubo o no demoras injustificadas que permitan sancionar al responsable. Para ello es preciso encontrar el momento preciso donde aparecen las dilaciones, y luego que se las determina, habrá que comprobar si ellas son indebidas o injustificadas. Picó i Junoy dice que los criterios para encontrar dilaciones indebidas dependen de las circunstancia siguientes: el exceso de trabajo del órgano jurisdiccional; la defectuosa organización, personal y material de los tribunales; el comportamiento de la autoridad judicial; la conducta procesal de la parte; la complejidad del asunto, y la duración media de procesos del mismo tipo” (Gozaíni, Osvaldo Alfredo; "DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, EL DEBIDO PROCESO", Rubinzal Culzoni Editores, año 2004, página 550) Ya nuestro máximo Tribunal Federal ha dicho: “Que ratificada una vez más la inserción constitucional del derecho a obtener un juicio sin dilaciones indebidas, corresponde señalar que la propia naturaleza de dicha garantía impide que esta Corte pueda determinar con precisión a partir de qué momento o bajo qué circunstancias comenzaría a lesionarse, pues el lapso que puede ser razonable para el trámite judicial por hurto puede no serlo para una asociación ilícita compleja.
En otras palabras, la duración razonable de un proceso depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, y en este punto, esa Corte comparte la conclusión del a quo en cuanto a que el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, no puede traducirse en un número de días, meses o años (fs. 82)”; y. “Que, sin perjuicio de los inconvenientes fácticos y jurídicos señalados, este tribunal puede identificar al menos algunos factores insoslayables para saber si se ha conculcado la garantía a obtener un juicio sin dilaciones indebida; la duración del retraso, las razones de la demora y el perjuicio concreto que al imputado le ha irrogado dicha prolongación. Tales factores si bien son de imprescindible consideración, no pueden ser valorados aisladamente como una condición suficiente, sino que deben ser ponderados y sopesados uno frente al otro, atendiendo a las circunstancias de la causa.” (CSJN, “Kipperband, Benjamin”, Fallos: 322:360, consid. 8º y 9º, L.L. 2000-B-831) Sobre el particular, se ha sostenido además, que: "...a partir del conocido caso "Mattei" la corte incorporó a la garantía de la defensa en juicio el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Entre otros conceptos expresó: "Que en suma, debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado a obtener luego de un juicio tramitado en legal forma un pronunciamiento que definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta un enjuiciamiento penal...la Corte en sentencias dictadas después de la vigencia en el país de la CADH ha dicho que la garantía del plazo razonable del proceso penal forma parte del derecho de defensa, así en "Egea"...En la causa "Mozzatti"...la Corte resolvió la insubsistencia de las actuaciones con posterioridad al auto de prisión preventiva (eufemismo de la nulidad) y la extinción de la acción penal por precripción..." (Conforme "LA NULIDAD EN EL PROCESO PENAL" ESTUDIO SOBRE LOS SILENCIOS NORMATIVOS APARENTES DE NELSON R.
PESSOA, 3 EDICIÓN AMPLIADA Y ACTUALIZADA, EDITORIAL RUBINZAL-CULZONI, pás. 93y 94) En un fallo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, haciendo un racconto de la jurisprudencia que mantiene en forma inveterada sobre la materia, sostuvo que: "Oliva Gerli, Carlos Atilio y otro s/ infracción Ley 22.415 y art. 174 inc. 5 CP causa nº 1227. Fallo de la Corte Suprema de Justicia. Buenos Aires, 19 de octubre de 2010. O. 114. XLIII. Buenos Aires, 19 de octubre de 2010 Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por Carlos A. Oliva Gerli y Carlos J. Barbará en la causa Oliva Gerli, Carlos Atilio y otro s/ infracción Ley 22.415 y art. 174 inc. 5 CP -causa nº 1227-", para decidir sobre su procedencia.
Considerando: 1°) Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de la provincia de Mendoza resolvió condenar a Carlos Atilio Oliva Gerli a la pena de dos años de prisión en suspenso, inhabilitación especial por seis meses para el ejercicio del comercio e inhabilitación absoluta por doble tiempo que el de la condena para desempeñarse como funcionario o empleado público, por considerarlo autor del delito de contrabando calificado previsto en los arts. 864, incisos b) y c), y 865, inciso f), de la ley 22.415 (tres hechos) y a Carlos Javier Barbará a la pena de dos años y tres meses de prisión en suspenso, inhabilitación especial por seis meses para el ejercicio del comercio e inhabilitación absoluta por doble tiempo que el de la condena para desempeñarse como funcionario o empleado público por los mismos hechos y en función de la misma tipificación. Contra esta decisión, la defensa de ambos condenados interpuso un recurso de casación que rechazado por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, dio lugar a la presentación del recurso extraordinario cuyo rechazo motivó esta queja. 2°) Que el hecho que se tuvo por probado consistió en que en el año 1985 la firma "Liger S.A." -de la cual los imputados son accionistas y miembros del directorio- importó dos máquinas retorcedoras de hilados y un sistema de computación, valiéndose de los beneficios previstos en el régimen de promoción industrial instituido por ley 22.021 (en los términos de su art. 9°), mediante Decreto n° 1468/85 del Gobierno de la Provincia de San Luis. El instrumento legal provincial establecía que dicha firma debía iniciar los trabajos de ingeniería de obra para la construcción de un edificio en un terreno previamente asignado dentro de los 90 días y que la puesta en marcha de la fábrica debía concretarse dentro de los 18 meses a contar -en ambos casos- desde la notificación personal del decreto. Sin embargo, también se tuvo por acreditado que los beneficios promocionales en cuestión se habían obtenido mediante la presentación de documentación falsa y que se dieron por decaídos el 22 de noviembre de 1990, luego de constatarse que en el terreno asignado no se habían llevado a cabo los trabajos comprometidos y que las maquinarias importadas se encontraban en un domicilio de Capital Federal, en poder de la firma "Cayetano Gerli S.A."
(principal accionista de "Liger S.A."), las que finalmente fueron rematadas en la quiebra de la firma. A partir de tales circunstancias, el tribunal de juicio concluyó que se había importado mercadería al amparo del régimen promocional referido sin cumplirse con la finalidad y el destino para el cual se había autorizado su ingreso al país, frustrándose así el adecuado ejercicio de control que compete al servicio aduanero. 3°) Que en su apelación extraordinaria, la parte recurrente alegó que el tribunal a quo había interpretado erróneamente el delito de contrabando y el régimen de promoción industrial, así como la circunstancia agravante prevista en el art. 865, inciso f, del Código Aduanero. También invocó la afectación a la garantía del plazo razonable de duración del proceso (art. 71, inciso 5°, y art. 8°, inciso 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) con base en el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso (enero de 1992); agregó que se trató de una investigación extremadamente sencilla y en la que se produjo una escasa cantidad de medidas de prueba.
Sostuvo asimismo que fue el propio Tribunal Oral el que admitió la dilación indebida de este proceso aunque, en consecuencia, simplemente atenuó la pena. Por último, consideró que fue arbitraria la atribución de participación delictiva efectuada respecto de Carlos Atilio Oliva Gerli. 4°) Que corresponde que este Tribunal se expida en primer lugar sobre la cuestión federal que involucra la afectación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable. Ello toda vez que dicho agravio comprende directamente la cuestión acerca de la subsistencia de la acción penal, cuyo examen resulta previo a cualquier otro (conf. lo resuelto a partir del leading case "Grenillón, Plácido", Fallos: 186:289). 5°) Que, en efecto, toda vez que la prosecución de un pleito inusualmente prolongado -máxime de naturaleza penal conculcaría el derecho de defensa de los acusados (conf. Causa "Mattei", Fallos: 272:188) en tanto "debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado a obtener -luego de un juicio tramitado en legal forma- un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre (Y) que comporta el enjuiciamiento penal", debería resolverse esta cuestión en forma previa a todas las demás. 6°) Que en diversas oportunidades el Tribunal ha señalado que para salvaguardar el derecho del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, el instituto de la prescripción de la acción penal constituye el instrumento jurídico adecuado (Fallos: 323:982, entre muchos otros). A su vez, en materia penal esta Corte ha elaborado la doctrina según la cual la prescripción es de orden público y debe ser declarada de oficio. Agregándose luego que se produce de pleno derecho (Fallos: 207:86; 275:241; 297:215;
301:339; 310:2246; 311:1029, 2205; 312:1351; 313:1224; 323:1785, entre otros) y que -también por examinarse la subsistencia misma de la acción penal- ésta debe ser resuelta en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo (Fallos: 322:300).
7. Que en este cometido no debe soslayarse que sobre los imputados ha pesado durante casi 18 años el estado de incertidumbre que importa seguir sometido a un enjuiciamiento penal. En efecto, un proceso que se desarrolló durante casi dos décadas constituye una tergiversación de todo lo instituido por la Constitución Nacional en punto a los derechos de la personalidad vinculados a las declaraciones y garantías concernientes a la administración de justicia (conf. "Mozzatti", Fallos: 300:1102). 8º) Que cabe recordar que este principio no sólo es un corolario del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional -derivado del "speedy trial" de la enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica-), sino que se encuentra también previsto expresamente en los Tratados Internacionales incorporados a la Constitución Nacional (art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en función del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).
Esta constelación normativa guió, entre otros, la fundamentación de los casos de esta Corte in re "Amadeo de Roth" (Fallos: 323:982), "Barra" (Fallos: 327:327) y "Egea" (Fallos: 327:4815) y más recientemente sus tributarios: las causas C.2625.XL "Cabaña Blanca S.A. s/ infracción a la ley 23.771 -causa 7621-" del 7 de agosto de 2007; "Acerbo" (Fallos: 330:3640) y "Cuatrín" (Fallos: 331:600), entre otros. Fue en la causa "Egea" donde se afirmó que cualquiera sea el criterio que se adopte respecto de la suspensión del curso de la prescripción "la duración del proceso penal por casi dos décadas, viola ostensiblemente las garantías de plazo razonable del proceso y del derecho de defensa" (énfasis agregado). 9°) Que, tal como se adelantó, a partir del caso "Mozzatti" (Fallos: 300:1102) esta Corte en su calidad de "poder supremo en resguardo de la Constitución" consideró que debía examinar la posible violación de esta garantía y comenzó a insinuar que el "medio conducente" para salvaguardarla debía ser la declaración de la "extinción de la acción penal por prescripción", conf. casos "Casiraghi" (Fallos 306:1705), "Bartra Rojas" (Fallos: 305:913), "YPF" (Fallos: 306:1688); temperamento luego reafirmado en el caso "Amadeo de Roth" (Fallos: 323:982 -esp. voto de los jueces Petracchi y Boggiano-) y mantenido en la actualidad en el caso I. 159.XLIV in re "Ibáñez" -del 11 de agosto de 2009-, en el que la propia Corte declaró la extinción de la acción penal como vía jurídica idónea para determinar la cesación de la potestad punitiva estatal.
Por ello y toda vez que la prolongada duración de esta causa resulta incompatible con el derecho de defensa y el debido proceso, corresponde adoptar el criterio sentado en los fallos citados en el párrafo anterior y declarar la extinción de la acción penal por prescripción. 10) Que, por último, el sentido de la decisión alcanzada torna inoficioso el tratamiento de los restantes agravios de los recurrentes. Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada, declarándose extinguida la acción penal en la causa y disponiéndose su sobreseimiento (art. 16, segunda parte, de la ley 48). Hágase saber, y oportunamente, devuélvase.
RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO (en disidencia)- CARLOS S. FAYT – ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (según su voto)- JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI (según su voto)- CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia).". En el caso “Suárez Rosero” se estableció que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable: “tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan un largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente”. (Corte IDH, caso “Suarez Rosero vs. Ecuador”, sentencia del 12/11/1997, párr. 70). Asimismo, en relación a la duración de la instrucción en el caso concreto, además de lo expresado por el A quo, en los considerandos del auto apelado, es dable señalar que durante el trámite de la causa, el mundo transitó, a partir de fines de 2019 y aquí en nuestro país a partir del mes de marzo de 2020, una pandemia que ocasionó la adopción por parte del Estado, tanto nacional, como provinciales y municipales, de medidas de protección de la población, entre las que se encontraban restricciones a la circulación y a la reunión o aglomeramiento de personas en lugares cerrados y aún en lugares abiertos, (aislamiento obligatorio), que modificaron durante largos meses la vida cotidiana de la población mundial, lo que llevó, a que por numerosas resoluciones el Excmo.
Tribunal de Justicia, resolviera la suspensión de los plazos procesales, motivado en la imposibilidad de cumplir con el trabajo, tanto los profesionales letrados, como los empleados judiciales, funcionarios y magistrados, de manera regular, largos meses en los que solo se tramitaron causas urgentes y con personas privadas de su libertad.
Por todo ello, entiendo que el sobreseimiento por vencimiento del plazo razonable solicitado por la defensa ha sido correctamente rechazado por el Sr. Juez de Instrucción.".-
Es dable mencionar entonces, que el mero transcurso del tiempo no determina, por sí solo, la vulneración de la garantía del plazo razonable, pues su configuración no puede establecerse mediante la aplicación automática de un término temporal rígido, sino que exige ponderar las circunstancias particulares del proceso y determinar si su duración ha resultado efectivamente irrazonable.
Desde esa perspectiva, la circunstancia señalada por la defensa relativa a la existencia de períodos de escasa actividad procesal no resulta suficiente, aisladamente considerada, para concluir que se ha violado dicha garantía.
Mas aún, teniendo presente que todavía subsisten cuestiones vinculadas con la determinación de los sujetos activos y la concreta atribución de responsabilidad penal respecto de J. G. M..
Tal circunstancia, lejos de conducir necesariamente a la clausura definitiva de la persecución penal por afectación del plazo razonable, evidencia que aún se encuentra pendiente la determinación de aspectos sustanciales del hecho investigado. En consecuencia, no corresponde equiparar automáticamente la falta de definición actual de la situación procesal con una lesión constitucional que imponga el sobreseimiento. Del mismo modo, las consecuencias laborales y administrativas alegadas por J. G. M. -entre ellas, el impedimento para ascender en su carrera- constituyen circunstancias que deberán, en su caso, ser atendidas por el Poder Ejecutivo a través de las autoridades Policiales, pero no resultan suficientes para demostrar que la duración de estas actuaciones haya alcanzado una entidad tal que justifique la solución excepcional pretendida, particularmente el cierre definitivo del proceso.
Por otra parte, la defensa vincula el plazo razonable con su cuestionamiento al régimen de prescripción, afirmando que la suspensión del plazo derivada de la condición de empleado o funcionario público del recurrente produciría, en los hechos, una suerte de imprescriptibilidad mientras continúe prestando funciones para el Estado. Sin embargo, ambos institutos poseen fundamentos y presupuestos propios, de manera que la crítica relativa a la aplicación de las reglas sobre suspensión de la prescripción no permite, sin más, concluir que se encuentre configurada una vulneración autónoma de la garantía del plazo razonable.
En definitiva, aun cuando se advierte que la causa registra una prolongación temporal significativa y que la defensa individualiza períodos de inactividad, tales circunstancias no permiten concluir, por sí solas y en el estado actual de las actuaciones, que se haya configurado una demora de entidad suficiente para tornar ilegítima la prosecución del proceso.
Por ello, corresponde rechazar el agravio relativo a la alegada vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y, en consecuencia, desestimar la petición defensista formulada sobre este aspecto, confirmando la resolución recurrida. Por lo expuesto, como Juez de Recursos;
I.-CONFIRMAR el auto interlocutorio de fs. 282/284, en todo cuanto fuera materia de apelación.
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia. Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia