Abriendo la norma
TOMO: CXXV REGISTRO: 008 FOLIO: 148/157
Caleta Olivia, 23 de septiembre de 2026.
Estos autos caratulados: “DIVISIÓN COMISARÍA PRIMERA S/ABUSO DE ARMA” Expte. Nº 88426/26, N° de Juzgado de Recursos 8503/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de 59/68 vta., el Sr. Juez de Instrucción, decidió; “…1) ORDENAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA de G. N.
A. ,, en relación al delito de AMENAZAS CALIFICADAS EN CONCURSO IDEAL CON TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO DE USO CIVIL, TODO ELLO EN CALIDAD DE AUTOR (art. 149 ter, inc. 1, 189 bis , 6to. párrafo, 45, 54 y 55 del C.P.); 2) ORDENAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de G. N. A. GONZÁLEZ, por la suma de pesos quinientos mil (500.000) a los fines de garantizar una futura responsabilidad pecuniaria, costas del proceso y el aseguramiento de la responsabilidad civil emergentes. Haciendo saber que de carecer de dicha suma se decretará la inhibición general de bienes, librándose el respectivo oficio al Registro de la Propiedad del Inmueble, conforme lo normado por el art. 499 C.P.C.S.C.” Contra dicha resolución interpone recurso de apelación la Sra. Letrada Adjunta de la Defensoría Pública Oficial Nro. 1 de Caleta Olivia, doctora María Betanía Daporta, a fs. 70/73 vta., motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 83. En esta instancia es mantenido a fs. 102 por la Sra. Defensora Pública Oficial ante las Excmas. Cámaras, doctora María Carolina Costes, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso la defensa se agravia sosteniendo la resolución impugnada se sustenta en una valoración fragmentaria, conjetural y dogmática del material probatorio, que no alcanza el estándar de probabilidad positiva exigido por el art. 289 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Cruz.
Que el dictado de un auto de procesamiento no puede apoyarse en meras sospechas ni en inferencias hipotéticas. Que la norma procesal exige la existencia de elementos de convicción suficientes que permitan afirmar, con un razonable grado de probabilidad objetiva, tanto la materialidad del hecho como la participación responsable del imputado.
Que en el caso, no existe ninguna prueba directa que acredite que su asistido haya amenazado de cualquier forma a la denunciante Sra. Q. L. D. C..
Que toda la resolución recurrida se asienta casi exclusivamente en el relato de la denunciante, el cual carece de la corroboración periférica necesaria para quebrar la presunción de inocencia de su asistido. Que incluso se omite considerar la declaración indagatoria de su asistido, quien ofrece una versión exculpatoria coherente referida a la existencia de un conflicto previo por la falta de suministro eléctrico en su departamento. Que en ese sentido, a fs. 11 la denunciante dice que su representado la amenazo con un arma de fuego, pero al respecto debe considerarse que no existe ninguna prueba que demuestre las amenazas en ninguna de sus formas: 1. No hay testigos directos que manifiesten haber presenciado o escuchado la conversación entre el Sr. G. N. A. y la Sra. Q. L. D. C.; 2. No hay prueba directa que demuestre que el Sr. G. N. A. haya amenazado a la Sra. Q.
L. D. C.; 3. Tampoco hay prueba que indique que el Sr. G. N. A. portaba un arma de fuego al momento de mantener la conversación con la Sra. Q. L. D. C.; 4. Tampoco hay prueba que demuestre que el Sr. G. N. A. haya hecho un disparo al aire al momento de encontrarse junto a la Sra.
Q. L. D. C..-
Que a pesar de la inexistencia objetiva de pruebas de amenazas, a fs. 63 el Juez a quo sostiene que tiene por cierto que su defendido portaba un arma de fuego frente a la denunciante basándose exclusivamente en el testimonio de la Sra. Q. L. D. C. y su hermano Sr. Q. J. A..- Que asimismo, a fs. 64 el Juez a quo no explica fundadamente por qué las manifestaciones de la denunciante (Sra. Q. L. D. C.) y el hermano (Sr. Q. J. A.) tienen más credibilidad que la declaración del imputado, sólo se limita a justificar su opinión en que las declaraciones de ambos hermanos son coincidentes. Dicha conclusión es totalmente errónea dado que el hermano Sr. Q. J. A. no estuvo presente al momento de los hechos denunciados sino que la denunciante le contó su versión de los hechos al mismo y luego este, en su declaración testimonial a fs. 12, repite lo que le contó su hermana. Que respecto al supuesto disparo de su defendido, no se ha encontrado ningún tipo de indicio que se haya disparado un arma, que ello se puede verificar a fs. 1 vta., en donde se la policía dice lo siguiente: ...Se efectuaron las diligencias de rigor en el lugar del hecho con personal de DGCCO, realizando rastrillaje por inmediaciones en búsqueda de indicios de interés para la causa, arrojando resultados negativos.... Que esta constancia demuestra que los dichos de la denunciante no han sido verificados, dado que si se hubiera disparado tendría que estar el casquillo o restos de pólvora en las inmediaciones, indicios que la policía no encontró.
Que esta falta de prueba directa respecto de las amenazas y entre ellas el supuesto disparo, es concordante con la declaración del Sr. G. N. A. quien en su declaración manifestó no portar arma de fuego al momento de conversar con la Sra. Q. L. D. C. ni realizar un disparo ni tampoco amenazar de ninguna manera.
Que incluso, el hallazgo de las vainas servidas en el domicilio de su defendido no puede ser interpretado unívocamente como prueba del hecho denunciado ya que su defendido explicó que dichas vainas corresponden a una actividad de tiro realizada durante una jornada de pesca en horas de la mañana. Que no existe en el expediente una pericia técnica que determine de forma fehaciente la precencia del disparo ni que vincule dichas vainas con el arma secuestrada y el momento exacto del altercado vecinal con la denunciante.
Como segundo agravio refiere al testigo indirecto. Recalca la valoración respecto de la prueba testimonial producida en autos que la doctrina comúnmente denomina como testigo de oídas o de referencia es quien declara en juicio no sobre lo que percibió con sus propios sentidos, sino sobre lo que le contó otro. Que en este sentido la valoración debe efectuarse con el máximo rigor posible.
Que en el caso el A quo se vale del extenso material probatorio producido para fundar su declaración jurisdiccional respecto de la presunta culpabilidad de su defendido.
Transcribe parte de la declaración de fs. 12.
Die que de dicha declaración se puede inferir lo siguiente: 1. que el Sr. Q. J. A. no se encontraba en el lugar de los hechos denunciados; 2. que la Sra. Q. L. D. C. le contó sus versión de los hechos al Sr. Q. J. A. por vía telefónica; 3. el Sr. Q. J. A. no reconoce arma alguna porque no estaba en el lugar del hecho; 4. el Sr. Q. J. A. sólo relata lo que le contó su hermana.-
Que se puede apreciar que el Sr. Q. J. A. es un testigo de oídas. Cita doctrina al respecto.
Que atento lo expuesto, establecer el grado de probabilidad requerido por el art. 289 del C.P.P.S.C. en lo que respecta a la presunta autoría de su defendido como también a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la plataforma fáctica en basamento al material probatorio expuesto Ut supra deviene excesivo y desproporcionado. Como tercer agravio menciona las contradicciones de la denunciante.
Expresa que la denunciante no da precisiones sobre la supuesta arma que portaba su defendido incurriendo en contradicciones evidentes respecto de la misma. Al respecto sólo se limita a decir lo siguiente a fs. 11 vta: PREGUNTADO: Puede aportar más características del arma de fuego mencionada. CONTESTA: ...No recuerdo muy bien, solo recuerdo que era oscura....”
Que posteriormente a fs. 52 vta. la denunciante manifiesta: PREGUNTADO. Para que describa el arma. CONTESTO. Un arma chica, de color gris oscura.... Que conforme el acta de allanamiento que luce a fs. 15 a 17 vta., la policía deja asentado que el “…secuestro un arma de fuego color azul: PEP. N° 03 (01) sobre cerrado, en interior conteniendo (01) arma de fuego, tipo revolver, calibre 32 largo, con precinto en la cola de reten, color azul, con N° 0069828, con funda color marrón;....” Que de lo expuesto, luce la evidente contradicción de la denunciante respecto a la supuesta arma que dice haber visto, el arma no es negra, ni color gris oscura, es color azul. Dicha circunstancia resta credibilidad a su relato. Menciona como cuarto agravio a la calificación de portación de armas (art. 189 bis, 6to. párrafo C.P.): 1. Refiere a la atipicidad de la portación en el domicilio. Se agravia por la calificación de portación de arma de fuego de uso civil hacia su defendido. Sostiene que para que se configure el tipo penal del art. 189 bis inciso 6° del C.P., el arma debe encontrarse en un lugar público o de acceso público con disponibilidad inmediata. El ámbito de la custodia de la morada (Art. 18 CN) está excluido del concepto de portación y queda estrictamente bajo la figura de tenencia.
Señala que de las actas de procedimiento y del propio procesamiento surge que el arma fue hallada dentro del domicilio o en la esfera de custodia inmediata de la propiedad del Sr. G. N. A.. Que el uso de un arma dentro de los límites del domicilio encuadra en la tenencia pero nunca en la portación, la cual requiere el traslado del arma fuera del ámbito de privacidad, cuyo extremo no ha sido demostrado de manera objetiva en este expediente. Reitera que el Juez a quo tiene por acreditado que su defendido portó el arma en frente de la Sra. Q. L. D. C. y la amenazó basándose exclusivamente en su testimonio, y en la aparente concordancia con el testimonio de su hermano (Sr. Q. L. D. C.) quien en realidad es un testigo de oída porque aporta información según lo que le contó su hermana, pero en ningún momento se demostró con prueba objetiva y contundente que el Sr. G. N. A. haya portado el arma de fuego en frente de la denunciante, que la haya amenazado y haya realizado un disparo.
Que al no existir prueba objetiva respecto de la portación del arma por parte de su defendido, como consecuencia corresponde la exclusión de esta calificación por atipicidad.
-2.La defensa propia como causa de justificación (o error) Si bien el Alega que el Sr. G. N. A. manifiesta que tiene su arma para defensa personal, esto refuerza que el arma estaba destinada a la protección del hogar (animus de tenencia) y no a ser exhibida o usada en la vía pública (animus de portación).
Como quinto agravio alude a la calificación de tenencia de armas (art. 189, 4 to. párrafo C.P.): 1. Atipicidad por falta de dolo específico (aspecto subjetivo): Respecto al procesamiento por la tenencia de las armas, dice que el a quo ignora la ausencia de lesividad y la justificación del imputado. Que su asistido manifestó que dichas armas son reliquias familiares (herencia de su padre fallecido cuya voluntad era que mi defendido las tuviera) y que se encontraban en proceso de regularización. Que la tenencia de estas armas no estaba destinada a la comisión de ilícitos, sino que responden a un valor afectivo y patrimonial, habiendo Sr. G. N. A. iniciado gestiones ante la ANMaC para su registro. Que en los presentes autos no se ordeno librar oficio al ANMAT de Comodoro Rivadavia a los fines que informe sobre el registro de las mencionadas armas.-
Que el tipo penal requiere que el tenedor tenga la voluntad de poseer el arma sabiendo que no tiene autorización. En este caso, el Sr. G. N. A. recibió las armas por herencia de su padre A. quien fue un militar retirado del Ejercito Argentino, lo que justifica la tenencia original. El hecho de haber iniciado la regularización ante la ANMaC antes del allanamiento de la policía en su domicilio descarta cualquier intención criminal ni tampoco existe un ánimo de clandestinidad.
Refiere al principio de insignificancia.
Sostiene que el art. 189 bis del C.P. protege la Seguridad Pública. Que en el caso, las armas secuestradas estaban guardadas como recuerdos familiares. No estaban cargadas ni en condiciones de uso inmediato en la vía pública. Que por ello es que no se ha acreditado el peligro real para la seguridad pública que exige el tipo penal. Señala que asimismo, debe tener en consideración que la conducta del Sr. G. N. A. tampoco es punible conforme el art. 34 inc. 1 del C.P. ya que el mismo actuó bajo la convicción de que su conducta era legítima al haber sido heredada de su padre y por el hecho de estar gestionando la documentación ante el organismo correspondiente.
Como sexto agravio alega existencia de error de prohibición insuperable.
Subsidiariamente, la defensa sostiene que el Sr. G. N. A. actuó bajo un Error de Prohibición (Art. 34 inc. 1 C.P.), el cual excluye la culpabilidad en su accionar. Dice que su asistido no es un delincuente que busca el mercado negro de armas; es un ciudadano que recibió las piezas por herencia legítima de su padre, un militar retirado del Ejército Argentino.
Que el hecho de haber iniciado voluntariamente el trámite de regularización ante la ANMaC antes de cualquier intervención policial, demuestra que el Sr. G. N. A. estaba convencido de que su conducta se encontraba en una zona de licitud transitoria. Él creía que, al estar el arma en su domicilio (herencia) y habiendo notificado al Estado su intención de registrarla, su tenencia no configuraba un delito penal, sino una situación administrativa a subsanar.
Que no se le puede exigir a un ciudadano lego que comprenda la delgada línea entre la falta administrativa y el tipo penal cuando él mismo ha acudido al organismo de control para ponerse a derecho. Que el Sr. G. N. A. carecía de la comprensión de la antijuridicidad de su conducta; en su visión, estaba protegiendo su hogar con un recuerdo familiar mientras esperaba que la burocracia estatal finalizara su registro. Por lo tanto, ante la ausencia de conciencia de la ilicitud, corresponde dictar su sobreseimiento.
Séptimo agravio: traba de embargo excesivo y carente de fundamentación.
Sostiene que la resolución ordena trabar embargo sobre los bienes de mi asistido por la suma de pesos quinientos mil ($500.000). Que este monto, resulta excesivo y carece de la debida fundamentación que exige el Art. 499 del C.P.P.S.C. y la doctrina y jurisprudencia aplicable en la Provincia de Santa Cruz y a nivel nacional. Que el art. 499 del C.P.P.S.C. establece que el embargo tiene por objeto garantizar el pago de costas y eventual indemnización civil. Que sin embargo, la fijación del monto debe estar debidamente fundada en elementos objetivos del sumario.
Que en el caso, la resolución no detalla cálculo alguno que permita comprender cómo se arriba a dicha suma. Que no se realiza estimación concreta de costas ni proyección razonable de eventual responsabilidad civil. Que la fijación de un monto sin fundamentación específica vulnera el principio de proporcionalidad y el derecho de propiedad de mi asistido, configurando una medida cautelar carente de debida motivación.
Peticiona la falta de mérito, para el caso de que no se admita el agravio formulado por esa Defensa, atendiendo al derrotero probatorio en autos, cuyas falencias fueron precedentemente remarcadas.
III.-Establecido ello, corresponde ingresar al análisis de la resolución apelada en función de los agravios de la recurrente.
Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal. Conforme lo he sostenido reiteradamente, la apreciación de la prueba debe efectuarse de manera global e integral. El análisis de la información en solitario que emana de cada medida de prueba realizada, resulta una metodología inadecuada, pues es posible que cada elemento de prueba valorado en forma aislado no aporte demasiado, pero cotejado en conjunto con los restantes pueden ser suficientes para alcanzar el grado de convicción propio de esta etapa.
La defensa en su recurso utiliza la técnica aludida tratando de desvirtuar la eficacia probatoria que emana de la información obtenida de toda la prueba recabada apreciada en forma integral, intentando desvirtuar en forma individual cada uno de ellos.
Reitero, si analizamos el testimonio de la Sra. Q. L. D. C., tanto el volcado en sede policial como aquel efectuado en sede judicial, de los que surge un relato conteste, coherente y sin fisuras, junto a los dichos de su hermano, Sr. Q. J. A. -quien si bien no resultó testigo presencial, fue convocado por su hermana en forma inmediata al hecho relatándole lo sucedido- lo que dota de contexto a los dichos la víctima; sumado al resultado del allanamiento en el domicilio del imputado, diligencia en la se secuestró un arma de fuego tipo revolver, es posible afirmar, con la probabilidad positiva requerida por este estadio procesal que el hecho ocurrió tal como le fue atribuido al imputado, y que este fue su autor.
Las pretendidas contradicciones en el testimonio de la Sra. Q. L. D. C., aludidas por la defensa, no resultan tales.
Es lógico, en un momento de extrema tensión, al encontrarse sola en su domicilio, en horas de la noche, y con un sujeto amenazándola exhibiéndole un arma de fuego en la cintura, que la víctima no recuerde con claridad las características del arma que observó. Pero si pudo decir la Sra. Q. L. D. C., que se trataba de un arma color oscura. Luego en sede judicial agregó que se trataba de un arma chica de color gris oscuro. Si bien la secuestrada en el domicilio del imputado es de color azul, ello por sí solo no implica que no sea el arma que le exhibió a su vecina, quien bien pudo confundir el color al observarla entre las prendas del imputado en horas de la noche. En esas circunstancias no existe una distinción sustancial entre ambos tonos.
Continuando con los agravios de la defensa, se observa que se queja de la subsunción de la conducta de su defendido en el tipo penal portación de arma de fuego sin la debida autorización, alegando que no existe la portación en el domicilio, sino que sería tenencia. Sin embargo, de la lectura de la resolución impugnada se desprende que la portación de arma de fuego sin autorización, el a quo la concursa en forma ideal (art. 54 C.P.) con las amenazas calificadas por el uso de arma, tratándose entonces que una sola conducta que subsume en dos tipos penales, en el caso los art. 189 bis y 149 bis C.P., con lo cual la portación del arma está refiriendo al tramo del hecho ocurrido en el ingreso del domicilio de la Sra., Q. L. D. C., momento en el cual el imputado la exhibe en condiciones de ser usada a la víctima y le manifiestas términos amedrentadores. La portación no refiere al hallazgo del arma en el domicilio del imputado al efectuarse el allanamiento. Esa conducta, fue subsumida en el tipo penal de tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal, concursado en forma real con la conducta descripta en el párrafo anterior.
En los autos caratulados: “INCIDENTE DE COPIAS EN AUTOS CARATULADOS "DIV. CRIA. 1° S/INV. ABUSO DE ARMA DE FUEGO Y LES. GRAVES (Osorio)” Expte. Nº 39910/25, N° de Juzgado de Recursos 8122/25, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 Caleta Olivia, sostuve que: "Está claro que tanto la tenencia como la portación de armas de fuego sin la debida autorización es un delito de peligro. Se pena la conducta de tener consigo o bajo su custodia, sin la debida autorización legal, un arma de fuego, que por propia naturaleza es un objeto que introduce claramente un riesgo en la sociedad, por lo que queda descartado el análisis de los motivos que expresa en este primer agravio la defensa, como motivo de justificación de la conducta desplegada por el imputado F.O. Respecto al alcance de este delito, se ha entendido lo siguiente. Siguiendo a Edgardo Alberto Donna, en su obra DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL, TOMO II-C Ed.
Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 113 ss. y cc., señala que: "...El diccionario define la palabra (referido a Tenencia) de la siguiente forma:
"expresa que lo designado en el complemento directo pertenece al ser designado en el sujeto, o está en su poder, a su alcance o a su disposición". Siguiendo esta idea, se afirma que tiene el objeto el que dispone de él físicamente en cualquier momento, sea manteniéndolo corporalmente, en su poder o en lugar donde se encuentre a disposición del agente...., agregando más adelante (pág. 115) que "El diccionario define la portación como "llevar de una parte a otra" y "llevar sobre si". Por eso se ha dicho que portar es aquella facultad por la cual el interesado se encuentra autorizado a mantener en su poder al arma, de manera que la portación implica la posibilidad de trasladar el arma de un lugar a otro...".- Asimismo se ha señalado sobre ambos supuestos (tenencia y portación) que: “…Se castiga aquí la “simple tenencia” de armas, es decir toda tenencia que no tenga ninguna finalidad específica, principalmente que no se encuentre relacionada con la comisión o su contribución a delitos contra la seguridad común. No puede asegurarse que se pretende un castigo de una situación objetiva desprovista de contenido subjetivo, sino simplemente que no tenga una finalidad trascendente a la mera tenencia. Se trata pues, al decir de algún autor, que el sujeto activo debe saber que tiene y además, querer tener.
Desde tal perspectiva, tiene le arma en su poder quien la tiene bajo su esfera de custodia o en un lugar en el que posea la posibilidad de disponer de la misma, aunque no la lleve consigo, bastando que ejerza un señorío de hecho sobre la cosa prohibida. Ha dicho nuestra Corte Suprema que “aunque quepa admitir que el concepto de tenencia no requiere de la detentación corporal permanente de la cosa, para poder afirmar que una persona es detentadora, y autora del delito, es necesario que aquélla se encuentre dentro de su ámbito de custodia, que tenga respecto del objetivo prohibido un poder de hecho tal que le permita, por su sola voluntad y sin necesidad de intervención de terceros, disponer físicamente de él.
Queda claro pues, que tiene el arma quien la porta, como quien también la guarda en un sitio al que puede acceder por estar bajo su esfera de dominio o de custodia. Se trata de un delito de peligro abstracto que no contienen una exigencia subjetiva específica como la que integra el tipo acuñado por el primer apartado del inciso 1º, aunque mantiene, en lo demás, las mismas características que aquél y entre ellas, la exigencia objetiva de punibilidad de que dicha tenencia pueda surgir un riesgo para la seguridad común. Constituye, a la vez, un delito permanente y se consuma por el solo hecho de tener el arma sin autorización, atentando de tal modo contra el bien jurídico con independencia de las motivaciones del sujeto y aun cuando se la emplee.
La tenencia tiene que ser actual, ni pasada ni futura, y no admite la posibilidad de tentativa por tratarse de un delito de los llamados formales o de simple actividad…La portación de armas representa ahora un nuevo ilícito, que se tipifica cuando un sujeto activo lleva el arma consigo, vale decir, cuando anda armado en la vía pública. Dicha portación implica la posibilidad de trasladar el arma de un lugar a otro. Representa también el ejercicio de un poder de hecho sobre un objeto particularmente prohibido por la ley, excepto que se cuente con la autorización legal que confiere el Registro Nacional de Armas. La portación no sólo puede asumir la modalidad de su posesión corporal, sino que también configura portación de armas el hecho de llevarla dentro de otro objeto que implique la plena e inmediata disposición, fuera de un sitio fijo...
Por supuesto que quien porta el arma también la “tiene” en sentido típico penal. En ambos casos -tenencia y portación- para que el hecho sea considerado delictivo, las acciones deben realizarse “sin la debida autorización legal”, o sea, sin contar con la debida autorización de la autoridad administrativa encargada de otorgarla que en el caso sería el Registro Nacional de Armas o el Registro Provincial de Armas en el ámbito nacional y provincial con relación a las armas consideradas de “guerra” por la ley 20.429 y su decreto Reglamentario 395/75, o las armas de uso civil respectivamente. La ley Nacional de Armas y Explosivos y su reglamentación (ley 20.429 y Decreto 395/75) regulan separadamente la tenencia y la portación de armas sin confundir ambos conceptos, de manera tal que el otorgamiento del permiso para la tenencia no importa en ningún caso, la autorización para portar armas que el mismo comprenda, que queda de tal modo prohibida por aplicación del artículo 14 de la misma normativa.” (CONFORME CODIGO PENAL DE LA NACION ARGENTINA COMENTADO, PARTE ESPECIAL, ALEJANDRO TAZZA, TOMO II, RUBINZAL-CULZONI EDITORES, PÁGS. 380, SS.
Y CC.)."
Sobre este piso, comparto la subsunción jurídica de los hechos efectuada por el a quo, conforme me he referido en párrafos anteriores.
La justificación ensayada por el imputado en su indagatoria, no puede ser receptada en forma favorable a esta altura del proceso.
No es posible afirmar, al menos en esta etapa, la existencia de un error de prohibición como alega la defensa, pues para que prospere a esta altura del proceso una causal de exclusión de la responsabilidad penal, la misma debe estar acreditada con absoluta certeza, no siendo este el caso.
No es posible aceptar, al menos por el momento, que el imputado haya entendido que con un solo llamado a la autoridad competente, si es que lo efectuó lo que tampoco está acreditado, ya se encontraba inscripto como legítimo tenedor o usuario de las armas en cuestión.
Por otra parte, el motivo por el que las tenía en su poder, si era para defensa personal o por una cuestión sentimental porque eran de su padre, carece de relevancia. Lo que sí es relevante es que no exhibió y de su descargo se deduce que no la tiene, la documentación respaldatoria de la autorización correspondiente. En relación al invocado principio de insignificancia, en los autos “P. J. D. S/Tentativa de hurto” Expte. Nº P-36.390/23, N° de Recursos 6960/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve: "Partiendo de esta base, estimo que el principio de insignificancia en la afectación de un bien jurídico, alegado por la Defensa, no puede ser aplicado al caso de marras, pues estamos frente a una tentativa acabada del delito de hurto.
En este sentido, debemos partir de la base que nos encontramos ante un delito de lesión al patrimonio ajeno y que el mismo no se configuró, pues intervino tanto los empleados del Supermercado como el agente policial que realiza servicios adicionales en el lugar. Pero queda claro que, allende los objetos que el mismo pudo ocultar entre sus ropas, la afectación del bien jurídico se verificó por el peligro que el mismo corrió. Ahora bien, el valor de los objetos exhibidos, tomados individualmente, y comparados con el patrimonio del Supermercado "La Anónima", siempre va a ser "insignificante". Pero cuando nos referimos al bien jurídico y su afectación por lesión o peligro, no estamos evaluando estrictamente el valor de los objetos y el patrimonio de la víctima.
Lo que se evalúa para sostener la insignificancia, es la lesión o el peligro que corrió el bien jurídico. De lo contrario, cada hecho de hurto o robo en un supermercado debería ser bagatelario, lo que sería ilógico, irracional y contrario a derecho. Sostenerlo, como pretende la defensa, de manera tajante, implicaría que queden impunes todas las tentativas de delitos donde el bien jurídico sea el patrimonio de las personas, en especial las inacabadas, lo que implica trastocar todo el orden jurídico penal. Se ha sentenciado, sobre el particular, que: "Corresponde rechazar el recurso de casación articulado por la defensa de los imputados contra la resolución que los condenó como coautores del delito de robo agravado por su comisión en despoblado en grado de tentativa a la pena de dos años y seis meses de prisión y a dos años de prisión de efectivo cumplimiento, respectivamente, toda vez que la alegada atipicidad de la conducta enrostrada a sus defendidos por la falta de afectación relevante del bien jurídico, no tiene acogida favorable, pues si bien existen los denominados "delitos de bagatela", caracterizados por la insignificante lesión al bien jurídico que afectan y el inc. 1, art. 56 bis, CPP de la Provincia de Buenos Aires, establece como criterio especial de archivo en tales supuestos, el análisis de la problemática de los mismos no puede reducirse a la sencilla operación de la comprobación aritmética de su valor para, desde allí, considerar que la reacción penal es desproporcionada en la relación de valor comparativo con el bien lesionado; cuando la conducta se proyecta a una afectación mayor o más relevante del mismo pero, por azar, se produce una lesión ínfima, no puede fragmentarse el razonamiento y considerar atípica la acción, invocando la sola afectación concreta e irrelevante de los bienes, en tanto se perdería de vista la desvaloración de la acción que, en tal caso, se encamina a una lesión de mayor entidad y gravedad.
Desde el punto de vista objetivo, parece claro que el grado de afectación al bien jurídico propiedad ha sido mínimo, teniendo en consideración el escaso valor de la res furtiva, sin embargo resulta adecuado evaluar la insignificancia no solo desde el puro plano objetivo de la conducta, sino también debe incorporarse las características de la acción, en buen romance: disvalor del resultado y disvalor de la acción que lo causa. En dicha hermenéutica, cuando de las evidencias de la causa surge, sin lugar a dudas, que el plan delictivo se encaminaba a una afectación más intensa del bien jurídico, que el mismo solo haya sido afectado en un grado ínfimo por puro azar no equivale a encuadrar el hecho en la tesis de los delitos de bagatela.
Tal es lo que acontece en autos, donde los imputados fueron sorprendidos en plena ejecución del hecho por la víctima, lo cual motivó la fuga de los mismos, evidenciándose que la tentativa inacabada encuentra sus razones en las "circunstancias ajenas a su voluntad" que enuncia el art. 42, Código Penal, al verse sorprendidos in fraganti. En cuanto a la argumentación realizada en el recurso, al especificarse que la insignificancia no solo se debe considerar por la lacónica gravedad del hecho sino también por el conato, la tentativa no implica atipicidad de la conducta sino, conforme lo establece el art. 44, Código Penal, una menor pena por la menor magnitud del injusto, lo cual se efectúa de acuerdo con los guarismos efectuados en dicha norma.
Por último, en cuanto a las consideraciones realizadas por la defensa en torno a la mensuración del monto de la pena, no se han expresado argumentos que permitan torcer la valoración del injusto culpable por parte del a quo. Primeramente, en lo que refiere a las disculpas ofrecidas al damnificado y la devolución de la res furtiva, la primera fue considerada como atenuante, de modo que ya fue ponderada al determinarse la pena y la segunda, en realidad conforma, en lo fáctico, una circunstancia asociada con la interrupción del iter criminis, operando la reducción legal prevista en el art. 44 del digesto de fondo. Por otra parte, la escasa producción del daño ingresa en el ámbito valorativo y de relativa discrecionalidad que, salvo casos de notoria desproporción, los jueces tienen en oportunidad de mensurar la magnitud del injusto.
Si se tiene en cuenta que la pena es cercana al mínimo legal, los magistrados han tenido en consideración la ínfima lesión al bien jurídico." (In re AUTOS TELLO, DANIEL DAVID Ó TELLO, MIGUEL ÁNGEL Ó TELLO GONZÁLEZ, DANIEL DAVID Y OTRO S. RECURSO DE CASACIÓN /// TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL SALA V, LA PLATA, BUENOS AIRES; 16/05/2017;
RUBINZAL ONLINE; 78444; RC J 4328/17) Con todo ello puede concluirse que la materialidad del hecho se encuentra acreditada, adunando que fue sorprendido en flagrancia al esconder entre sus prendas los elementos sustraídos y demorado en el ingreso al local comercial."
Bajo estas pautas de hermenéutica, es claro que en el caso bajo examen ha existido una afectación y puesta en peligro del bien jurídico tutelado que resulta relevante, con lo cual cabe desechar la pretensión de atipicidad con fundamento en este principio de insignificancia. Finalmente, en lo relativo al embargo, corresponde señalar que en los autos caratulados “INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS: V. A. A. S/ ROBO CALIFICADO” Expte. I-55811/22, N° de Recursos 6803/22, procedentes del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nro. 1 de Pico Truncado, sostuve que: "...En lo referente al embargo impuesto por el a quo, juzgo que la suma fijada se encuentra acorde a los parámetros establecidos por el art. 499 del C.P.P.
Débese tener en cuenta que: “...Las llamadas medidas coercitivas dentro del proceso penal pueden subdividirse por su naturaleza en medidas coercitivas de carácter patrimonial y real. Básicamente, estas últimas se refieren a mandatos que se dirigen contra los bienes muebles o inmuebles a fin de asegurar, obtener o limitar el patrimonio del encausado con el objeto de garantizar la reparación civil, la pena pecuniaria y el pago de las costas... La medida cautelar no debe corresponder con la situación personal del imputado sino con las pautas previstas en el art. 518 del Código de forma… pues el embargo de bienes debe ordenarse en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas...” (Conf.
CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION, Comentado y Anotado, MIGUEL ANGEL ALMEYRA, TOMO II, Ed. La Ley, año 2077, páginas 428/430) Analizados los hechos investigados, puede afirmarse que el monto del embargo establecido por el A quo para nada resulta elevado, teniendo en consideración las pautas que deben seguirse para su determinación, mencionadas supra. La defensa argumenta que las víctimas no sufrieron daño alguno, y que los celulares fueron recuperados. Sin embargo, esta circunstancia no resulta óbice para que puedan ejercer la acción civil derivada del delito (art. 80 y ss. del C.P.P.), pues el daño resarcible económicamente producto del hecho delictivo si bien suele ser material, no es exclusivo y excluyente.
A ello debe adunarse el valor de las costas causídicas, lo que me lleva a concluir que el monto fijado por el Juez de Instrucción no es elevado como lo plantea el defensor, y debe ser confirmado...".- Y en los autos autos caratulados: “V. L. A. S/ Tentativa de Hurto” Expte. Nº 83870/24, N° de Juzgado de Recursos 7653/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: "En cuanto a la nulidad del embargo, considero que el mismo resulta ajustado a derecho y que sin perjuicio de que no se especificaron las razones o fundamentos de su imposición, en los considerandos, fueron enunciados de manera pormenorizada en la parte resolutiva, no observando de los agravios del recurrente vicios que causen un gravemente irreparable o que solo pudieran ser saneados con una declaración de nulidad, que por su naturaleza es de carácter restrictivo.
En este sentido, el establecimiento de un monto dinerario como embargo, debe realizarse teniendo en cuenta las características de los hechos y el grado de intervención “lato sensu” en los mismos, como así las consecuencias del delito, lo que surge claro de la motivación del auto que establece la decisión jurisdiccional de existencia de mérito. Es decir que el monto y su valoración no surgen de manera arbitraria, sino y por el contrario, son una consecuencia directa de la motivación del auto en la cual se establece el procesamiento de una persona. Es a la luz de las características del delito por el cual se la procesa es que surge el monto de embargo, no requiriendo otra motivación que la del propio auto de mérito, el establecimiento de la suma dineraria y es a la luz de ello, que las partes pueden agraviarse y la resolución puede ser revisada y valorada, no requiriéndose un acápite especial, pues la única manera de motivar la suma sería nuevamente repetir la motivación del auto de procesamiento.
Para ser claro, el monto del embargo debe ser una suma de dinero razonable a la luz del hecho por el cual se procesa a una persona. Este razonamiento es el que surge, claramente, del art. 499 del CPP.". Finalmente,en los autos caratulados:
“INCIDENTE DE APELACION: DIVISIÓN COMISARIA
TERCERA S/ ABUSO DE ARMA” Expte. Nº 89650/26, N° de Juzgado de Recursos 8569/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: “Por otra parte, el la obra "Código Procesal Penal de la Nación, Comentado y Anotado" Tomo III, Director Miguel Angel Almeyra, Coordinador Baez, Ed. La Ley, año 2007, página 430, puede leerse: "La medida cautelar no debe corresponder con la situación personal del imputado sino con las pautas previstas en el art. 518 del Código de forma. Asimismo, cabe agregar que el "quantum" del embargo discernido debe tender a asegurar la ejecución de la eventual pena pecuniaria, derivada del delito y las costas del proceso...; pues el embargo de bienes debe ordenarse en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas." Bajo estos lineamientos, corresponde señalar entonces que la capacidad económica del imputado no debe incidir, como regla, en la determinación del monto del embargo dispuesto con el auto de procesamiento. El monto debe establecerse en función de la eventual pena pecuniaria, la eventual indemnización civil estimada y las costas, de conformidad con lo establecido en el art. 499 del C.P.P. La falta de patrimonio o los bajos ingresos del imputado pueden influir en la forma de ejecución de la medida -por ejemplo, en la constatación de que el embargo resulta insuficiente y en la eventual aplicación de una inhibición-, pero no justifican por sí solos reducir el monto necesario para garantizar las consecuencias económicas del proceso. La reducción será procedente cuando se acredite que la suma es ajena a los rubros legales, o resulta manifiestamente irrazonable y desproporcionada. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, que el a quo ha fundado la medida en el acápite IX de los considerandos de la resolución apelada, y que el daño resarcible no implica únicamente el daño material causado por el hecho, sino que debe considerarse el impacto general que el suceso ocasiona a las víctimas, atento las características del atribuido al imputado G., encuentro la suma establecida por el a quo ajustadas a las pautas de la normativa legal, y por ende razonable.”
Bajo estos parámetros no encuentro a la suma establecida por el a quo desproporcionada o irrazonable, debiendo entonces ser confirmada.
Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena.
Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. Por lo expuesto, como Juez de Recursos;
I.-CONFIRMAR el auto de fs. 59/68 vta., en todo cuanto fuera materia de apelación.
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia. Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia