Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXLI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8990 FOLIO Nº 144/146 PROT. ELECT. JR101668I.242
Río Gallegos, 30 de septiembre de 2024.
La presente causa caratulada: “DIVISIÓN COMISARÍA PRIMERA S/ INVESTIGA HURTO”, Expte. Nº 15.259/23, Apelación Nº 9144/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 05/09vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno de Puerto San Julián, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de O.A.C., en orden al delito de “hurto simple", (art. 162 del CP) y en el punto 2) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000).
Que a fs. 10/12, la defensa técnica oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 16 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, Y
I. Que a los efectos de una mejor claridad expositiva a continuación se analizarán cada uno de los agravios en el orden propuesto por la recurrente. 1.- Agravio relativo a la orfandad probatoria: En primer lugar la defensa advierte que el Magistrado ha sido extremadamente claro en su auto de procesamiento al aseverar que: "...sin perjuicio de no existir testigos que haya observado el preciso momento en que el incuso se apodera del elemento notebook y cargador respectivo en cuestión...". Con lo cual se agravia del auto de mérito recaído cuando no existe prueba alguna que de cuenta del nexo de causalidad necesario para relacionar a su defendido con el hecho que se le endilga, siendo la única prueba con la que cuenta el hecho de haberse secuestrado el elemento (notebook y cargador) en su domicilio y su posterior reconocimiento por la Sra. D.R.. Asimismo destaca que tampoco se ha acreditado que el elemento secuestrado se hubiera encontrado bajo la órbita de posesión de la Sra. D.R., pues no presentó factura de compra. Es por todo lo señalado que entiende que el procesamiento fue dictado prematuramente, toda vez que no existen pruebas fehacientes que puedan relacionar a su defendido con el supuesto hurto y tampoco se encuentra acreditada la efectiva posesión de los efectos secuestrados en cabeza de la Sra. D.R.. Y siendo que en materia de bienes muebles no registrables, la posesión hace título, solicita se revoque el auto de procesamiento apelado. Pues bien, habiendo efectuado la lectura de los agravios expresados por la defensa, adelanto que confirmaré el decisorio impugnado, en función de los fundamentos que seguidamente expongo.
Así, contrariamente a lo indicado por la defensa, observo que la prueba recabada por la instrucción consistente en los informes policiales, la declaración de la damnificada G.L.D.R., la declaración testimonial de V.E.H., el acta de secuestro del elemento denunciado como sustraído, el acta de inspección ocular y su croquis ilustrativo, sumado al reconocimiento de la denunciante de la computadora como de su propiedad, resultan suficientes a fin atravesar la barrera del art. 289 del CPP, a pesar de no contarse con testigos presenciales de la sustracción de la notebook del domicilio de la damnificada en ocasión de encontrarse de viaje.
Cabe recordar a la defensa lo que dice la doctrina: “...El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio...”. (Clariá Olmedo, J. A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612). El mismo autor al respecto señaló: “...Es una declaración del instructor acerca de la probable culpabilidad del imputado en un concreto hecho delictuoso, por lo cual puede ser llevado a juicio...”.
(Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, T. II, páginas. 502 y sgtes.; Ed. Rubinzal y Culzoni, 1998). En otras palabras, para el dictado de este auto: “...basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción...”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I; 08/06/2010; “Antonini Rosetti, Miguel A. y otro”; Cita: TR LALEY 70061334). Es por ello que, del estudio de los elementos de cargo obrantes en la causa, concordamos con el a quo que resultan suficientes para tener acreditada en grado de probabilidad afirmativa, la materialidad del hecho reprochado con su provisoria calificación legal y la autoría responsable en cabeza del encartado, toda vez que el hurto se habría consumado cuando el imputado contó con la posibilidad de disponer materialmente del objeto sustraído de la vivienda de G.L.D.R., lo que habría implicado la pérdida de ese poder por parte de su tenedora y su adquisición por el autor del hecho.
En ese sentido, entendemos que la tenencia de la res furtiva constituye un indicio unívoco en contra de quien ejerce dicha tenencia, a los fines de la prueba del delito de hurto. Además, para que la tenencia de la res furtiva sea demostrativa de la autoría imputada se torna necesario que la misma haya sido significativa; y en el caso de marras el encartado habría intentado vender la notebook a la Sra. G.L.D.R., quien tomando conocimiento de la publicación de venta de una computadora de similares características a la que le fuera sustraída, hubo de hacerse pasar por una compradora, acordando un punto de encuentro y la entrega con el oferente -el aquí imputado-, logrando de esa manera corroborar mediante el ingreso de su clave personal al sistema operativo, reconociéndola como de su propiedad.
Por todo lo analizado, este primer agravio no prosperará. 2.- Agravio relativo al exceso en la prisión preventiva: En segundo lugar, la defensa se agravia del encarcelamiento cautelar de su asistido, estimándolo arbitrario y fuera de los límites de la sana crítica racional, por cuanto O.A.C. cumple con los requisitos del art. 300 del CPP para que se le conceda la excarcelación. Recuerda a esta Alzada que el encarcelamiento "cautelar" es la excepción y no la regla, siendo que la presunción de inocencia que goza cualquier ciudadano sometido a la investigación es un principio de raigambre constitucional (art. 18 de la CN, concordante con los Pactos y Tratados de DDHH receptados por el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna).
Sostiene que no hay dudas que, en el caso concreto, existen medidas cautelares menos gravosas a los fines de neutralizar cualquier tipo de riesgo para la investigación, encontrándose prohibida la coerción innecesaria y desproporcionada que se ha aplicado en los presentes. Por lo tanto, entiende que el auto de procesamiento con prisión preventiva resulta excesivo y debe ser revocado. En efecto, con respecto a este segundo agravio del encarcelamiento preventivo de O.A.C., adelanto que no obtendrá favorable acogida en esta instancia, pues no se advierte que la decisión carezca de fundamentos que la tornen arbitraria. Por el contrario, observamos que el Magistrado aportó los argumentos por los que entiende que, en función de sus antecedentes glosados en la causa con procesamientos firmes y causas en trámite, sus detenciones en anteriores ocasiones por delitos en contra de la propiedad, resultan altamente indicativos que el encartado ha demostrado incumplimiento y falta de apego a las normas, verificándose en la especie serias posibilidades que el incuso en caso de recuperar la libertad evite el accionar de la Justicia y la aplicación de la ley sustantiva, constituyendo motivo suficiente para presumir que ante una eventual condena, el encartado intentará evadir el accionar de la Justicia.
Y que, por lo tanto no resultan viables en el caso concreto otras medidas alternativas al encierro cautelar. Es por ello que el antecedente de esta Alzada que cita la defensa en apoyo de su tesitura, no resulta aplicable al presente caso.
Se advierte, por ende, que a pesar de su loable intento por mejorar la situación de su asistido con relación a su libertad personal, la defensa no ha logrado desvirtuar los argumentos que sustentan la decisión recurrida, ni se vislumbra la vulneración de los derechos y garantías de que goza el imputado, toda vez que la resolución que se intenta poner en crisis se encuentra debidamente motivada.
Se comparte con la Instrucción el criterio que sostiene que el riesgo procesal de evadir el accionar de la Justicia se ve incrementado en el caso concreto, a lo que se adiciona la solidez de las piezas probatorias incorporadas al legajo que le permitieron arribar a la conclusión incriminante en grado de probabilidad afirmativa, sin que se encuentren conculcados sus derechos y garantías como persona sometida a un proceso penal.
Por otro lado, esta Alzada advierte que el imputado no ha sobrepasado en detención cautelar el límite de tres años establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como plazo razonable de la prisión preventiva, por lo que corresponde confirmar la prisión preventiva de O.A.C., por resultar ajustada a derecho.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas. III) Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web. Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos, RESUELVO: 1º)- CONFIRMAR el auto glosado a fs. 05/09vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden. 2º)- REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE. 3º)- Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]. 4º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia