Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8428 FOLIO Nº 083/090 PROT. ELECT. JR101044I.242
Río Gallegos, 09 de Febrero de 2024.-
La presente causa caratulada: "DIVISION COMISARIA PUERTO SANTA CRUZ S/ Investiga Inf. Art. 119 del C.P.A. –INCIDENTE DE APELACION-”, Expte. Nº 3914/19 - Apelación/Causa JR Nº 8498/23, venidos a despacho para resolver y de las que;
Que a fs. 146/154 obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Puerto Santa Cruz, quien en el punto 2º) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de T.L.E. en orden al delito de “Abuso Sexual con Acceso Carnal” (art. 119, tercer párrafo del Código Penal); y en el punto 4º) trabó embargo sobre sus bienes como medida precautoria prevista por el art. 499 del CPP por la suma de Pesos un millón ($ 1.000.000).- Que a fs. 161/162vta. la Defensoría Pública Oficial de Puerto Santa Cruz, apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 168 sostuvo el recurso (código de validación: d5ddde90c) y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del C.P.P., quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que la defensa se agravió del resolutorio argumentando carencia de material probatorio para realizar el procesamiento de su asistido.-
En este sentido refiere que el único elemento de prueba considerado a efectos de realizar tan grave imputación radica en el testimonio del Sr. V. J., quien no vio a E. subir las escaleras, ni tampoco subió a constatar la versión que supuestamente le da B.. Manifiesta que se escuchaba el ruido de la cama y supone que estaban teniendo sexo arriba.-
Es más, agrega, parte de lo manifestado por V. tampoco es coincidente con lo sostenido por la presunta víctima, ya que A. expresa a fs. 53 que cuando sale del baño S. (V.) le preguntó si se sentía bien y ella dice: yo me sentía mal, y subí por la escalera, abrí mi cama como pude y me acosté vestida.-
Que en ningún momento hace alusión a lo que declara V. acerca de que la habría ayudado a subir las escaleras hasta su habitación (fs. 57vta.).
Que es extraño que V. no haya sospechado de la información que le transmitiría B. a la salida del baño, ya que según él se escuchaba todo, y si E. efectivamente fue llamado por A., él debería haberla oído. Si escuchó desde el baño que alguien subió la escalera es impensable que no haya escuchado el llamado de I. No se comprende la razón por la cual V. adopta una actitud pasiva y de aceptación ante lo que estaban vivenciando, máxime cuando minutos antes. A. le había pedido que se quedara hasta que B. y E. se fueran de la casa.- Que E. sostiene que V. ya no estaba cuando I. estaba en el baño y que él sale a buscar sus cigarrillos, volviendo cuando escucha gritos dentro de la vivienda de A..-
La defensa expresa que en estos aspectos no existe concordancia entre la versión de V. y la de E., así como tampoco entre lo relatado por A. y V..-
Que I. dice que S. (V.) le dijo que …no sabe cómo llegó a su casa, estaba mal no recordaba nada más de esa noche…(fs. 53vta.). Esta situación da cuenta que tanto V. como la Sra. A. se sentían descompuestos y seguramente confundidos como consecuencia de la ingesta de bebidas alcohólicas. Es probable que los sucesos de esa noche fueran apreciados de manera distorsionada.-
La apelante refiere además no poder soslayar que la Sra. A. no consintió someterse a la pericia psicológica dispuesta por el Juzgado, lo cual resultaría relevante a fin de otorgarle verosimilitud a su relato.-
Que su asistido se ha sometido a todos los requerimientos relacionados con medidas de pruebas sobre su cuerpo, con la salvedad de la pericia psicológica sobre su persona. Esta negativa no tiene relación con su eventual culpabilidad sino con el hecho de las conclusiones a las que arriban los profesionales nunca son concluyentes a los fines de eximir de responsabilidad a los encartados.-
Con relación al agravante de acceso carnal la defensa se agravia por entender no estar configurado.-
Asevera en este sentido que S.S. considera configurada esa modalidad de abuso sin que exista elemento probatorio alguno que respalde dicha conclusión.-
Así sostiene que a fs. 6 obra un certificado médico policial en el cual se constatan hematomas leves en ambas rodillas.. no se realiza examen ginecológico. Agrega que a fs. 60/vta. obra dicho examen celebrado del día 09/10/2019, o sea al día siguiente de la presunta ocurrencia del hecho, del cual surgen que no existen lesiones paragenitales y agrega que: …La región genito anal no presenta lesiones agudas, por lo cual no se objetivan signos genitales de violencia sexual, (ejemplo desgarros, esquimosis, laceraciones)… No se han analizado rastros de semen.- Se dispuso el secuestro de las prendas que usaba la Sra. A. y de los imputados (fs. 09 y 27vta.), las que conjuntamente con los hisopados bucales, vaginales, anales y sublinguales fueron remitidas al Laboratorio Regional de Investigación Forense (fs. 83), sin que hasta la fecha se cuenten con los resultados de dichas experticias.-
Que en igual sentido se ordenó la extracción de muestras de células epiteliales bucales de la Sra. A. y de los imputados (fs. 79/vta.). A fs. 93 obra informe del bioquímico L.J., que da cuenta que los imputados comparecieron a la convocatoria, no así la Sra. A. Estas muestras fueron recepcionadas por el Laboratorio Forense el 24 de Julio del año 2022. No existe material probatorio alguno que indique el abuso imputado y menos aun que el acceso carnal deducido por la A quo se haya configurado.- Quedan así planteadas las cuestiones para resolver.-
I. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
II. En tratamiento del primer agravio, es decir la falta de pruebas que respalde el procesamiento de su asistido por cuanto no existen elementos para ubicarlo en la escena del hecho, adelantamos que el mismo no podrá prosperar.-
Ello en mérito a que el testigo V. escucha cuando estaba en el baño que alguien estaba subiendo por la escalera a la habitación donde se encontraba I.A.A., a quien había acompañado instantes antes hasta su cama por estar descompuesta por ingesta de alcohol, siendo que al egresar y no ver al imputado E. le consulta a B. dónde se encontraba, a lo cual le responde que había subido porque la nombrada la habría llamado. Agrega V. que entonces se queda hablando con B. pero que empieza a escuchar el ruido de la cama como que estaban manteniendo relaciones sexuales, y es por ese motivo que es que finalmente se retira de la vivienda.- Entonces, si bien asiste razón a la defensa que quien le dijo que había subido a la habitación su defendido es el otro imputado, ello no mengua su valor en atención a que el testigo V. refiere haber escuchado a alguien subir por las escaleras y luego de unos instantes, tras estar conversando con B., y al escuchar los ruidos que provenían del dormitorio de arriba como que se estaba manteniendo relaciones sexuales decide irse.- A lo que se añade que no alcanza para restar crédito a esas afirmaciones lo manifestado por la apelante en defensa de su pupilo, de que ¿cómo puede ser que si escuchó el ruido de alguien subir por la escalera no pudo escuchar cuando I.A.A. lo llamó?, pues tal vez ello nunca aconteció.-
Es decir que dichas circunstancias hubo de percibirlas por sus propios sentidos. Esto es: constata que estaba prácticamente en estado de inconsciencia por ingesta alcohólica, escucha que alguien sube por la escalera, al salir del baño ve que E. no se encontraba, le pregunta a B. por su paradero y éste le dice que subió porque I.A.A. lo había llamado, para posteriormente escuchar que la cama estaba haciendo ruidos arriba como que estaban manteniendo relaciones sexuales, razón por la cual abandona el lugar.- Que justamente refiere V. que se retiró del lugar pese a que I.A.A. le había dicho que se encargue de la casa hasta que se retiren B. y E. y que la cierre porque entendió que al estar manteniendo relaciones sexuales no tenía sentido su presencia.-
Es por ello que surge con meridiana claridad que el imputado L.E.T. se habría aprovechado de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba I.A.A. producto de la ingesta alcohólica.-
Recordemos tanto la pretensa víctima, como el testigo V. y el propio imputado coinciden en ello, e incluso relatan que la aquí pretensa víctima hubo de vomitar.-
A todo esto no podemos prescindir la circunstancia referida por la pretensa víctima que, tras despertarse y advertir que B. le estaba practicando sexo oral, al echarlo del domicilio y tras cerrar las puertas, pudo divisar que se alejó del lugar tras abordar el rodado del aquí procesado, sin poder especificar si lo hizo del lado del conductor o del acompañante.-
Yendo al agravio del agravante acceso carnal que la apelante refiere no estar acreditado, se adelanta que el mismo tampoco podrá prosperar.-
Si bien contamos con el resultado de las muestras remitidas al Laboratorio Regional Forense que no refiere vestigios del aquí procesado, no menos cierto es que se hubo de encontrar el envoltorio de un preservativo debajo de la cama de la pretensa víctima sin hallar el preservativo, y que el certificado médico del examen que le fuera practicado a I.A.A. consigna en sus conclusiones: “… Se trata de una mujer joven que relata abuso sexual. Los hallazgos del presente examen médico revelan lesiones extragenitales en las rodillas de data reciente. Las mismas son producidas por golpe o choque con elemento romo contundente. La lesión en la cara interna de la rodilla derecha podría ser compatible con maniobra de apertura de los miembros inferiores. La región genito anal no presenta lesiones agudas, por lo cual no se objetivan signos genitales de violencia sexual (ejemplo desgarros, esquimosis, laceraciones). Sin embargo su ausencia no descarta posibles maniobras de abuso sexual de diferente índole, desde manoseos, sexo oral, incluso maniobras de penetración vaginal, anal, dado que en la mujer adulta con vida sexual activa, pueden no quedar evidencias en ese sector corporal, siendo esto frecuente, más aún si por algún motivo la víctima no tuvo posibilidad de reacción o defensa…” (fs. 60vta., el subrayado me pertenece). Convenientemente la defensa al transcribir el informe médico omitió transcribir esta parte sustancial.- Pues bien, habiendo mantenido el relato la pretensa víctima en forma conteste y coincidente con el testigo V., lo referido por éste y las consideraciones médico legales, es que nos convencemos de confirmar el auto atacado, no pudiendo enervar lo declarado por el imputado en su acto procesal de defensa el resto del material probatorio adunado a la causa.-
Los argumentos esbozados por la defensa del imputado en atención a la falta de colaboración de la denunciante para con la realización de algunas diligencias procesales no va en detrimento de la denuncia incoada, mucho menos a la luz de las probanzas recopiladas. No obstante es dable señalar que hubo de brindar las pertinentes explicaciones de envergadura del por qué de su negativa (proceso judicial de custodia de sus cuatro hijos iniciado en su contra, haber tenido que ausentarse durante un día de su domicilio para el exámen médico que se realizó en esta ciudad, estado de cosas en la morada tras la diligencias procesales allí llevadas a cabo, pedido de la dueña de la casa que alquilaba para que se retire, etc.). A la luz del carácter de los hechos denunciados y los procesos de revictimización a los que se somete muchas veces a las personas víctimas de estos delitos, la observación de la defensa luce poco feliz, correspondiéndose a visiones ya superadas en los tiempos que corren.- La Sra. Jueza ha resuelto en función de las constancias obrantes en la causa, analizando las mismas bajo las reglas de la sana crítica racional, dando las razones de por qué asigna poder convictivo a la denuncia incoada y declaración testimonial de V., y por qué, contrariamente, entiende que no resultan convincentes las declaraciones del imputado.-
La decisión adoptada por la Sra. Magistrada respecto a este delito investigado se enrola en los estándares de Perspectiva de Género -que recientemente ha acuñado la CSJN- y a la valoración que los jueces debemos efectuar cuando estamos en presencia de estos delitos .-
Ello fundamentalmente en atención a que ha sido materia de tratamiento la circunstancia de vulnerabilidad en la que se habría encontrado la pretensa víctima al momento del hecho que se denunciara.-
Se evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento a las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la Convención Belem do Para, 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional.- La Sra. Magistrada ha expuesto fundadamente, con indicación de pruebas en el legajo, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el episodio de abuso sexual aquí investigado se habría cometido.-
Incluso la Sra. Jueza señala los elementos que desvirtúan la versión exculpatoria del aquí procesado, tal como ser que V. se hubiese ido del domicilio antes que la víctima vaya al baño, los que consisten en la declaración de la denunciante y del propio V., quienes son contestes en que es V. quien asiste a I.A.A. cuando se dirigió al baño alcanzándole un balde para que vomite y subiéndola luego de 10 minutos a la habitación, siendo que en dicha ocasión la denunciante le hubo de pedir que se quedara hasta que se retiren de su domicilio E. y B..- En ese orden de ideas, también deviene pertinente mencionar que no se advierte por parte de la Sra. Magistrada en el resolutorio un comportamiento que denote que las pruebas fueron valoradas en forma aislada, sin contraponerlo con el resto de la actividad probatoria.-
Es por todas estas razones que se vislumbra con meridiana claridad que el agravio vertido por la defensa en el sentido que la fundamentación del resolutorio descansa en elementos aislados que no tienen entidad para corroborar el delito con el grado de probabilidad que se requiere en este estadio procesal resulta inconsistente.-
Que dicho sea de paso no es la certeza la requerida, es la mera probabilidad, la preponderancia de elementos de cargo por sobre los de descargo, extremos estos que están debidamente acreditados en esta investigación.-
Es por lo expuesto que no se avizora carencia de sustento probatorio como argumenta la recurrente, ni mucho menos que haya resuelto la situación procesal de la persona imputada de manera irracional.-
Tampoco se advierte falta de motivación en el auto recurrido. Por el contrario, se observa que la Sra. Jueza ha valorado en forma integral las pruebas que se han ido incorporando, lo que le permitió arribar a una decisión fundada, de acuerdo a los lineamientos de la sana crítica racional.
Así, hubo de evaluar las declaraciones de la denunciante y los testigos, las cuales son contestes, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se habrían desarrollado los hechos.-
Por otro lado, el auto atacado se encuentra apontocado en las diversas pruebas incorporadas, las cuales guardan coherencia entre sí, no pudiéndose pretender tampoco un grado tal de exactitud en la narrativa por parte de la víctima del hechos como el que nos ocupa, ya que sabido es que muchas veces se forman lagunas en el recuerdo de algún tipo de circunstancia, siendo que dicha imprecisión no puede erigirse en un obstáculo que prive de efectos a la investigación en curso, y que por lo tanto obstaculice la prosecución de la acusación.- Sólo una mirada sesgada, sin perspectiva de género ni de vulnerabilidades propia de otros tiempos y desconocedora de Tratados Internacionales de DDHH convalidaría tal suposición, debiendo siempre respetarse los tiempos de las víctimas de delitos sexuales. Máxime cuando se advierte que, en lo esencial, la víctima nunca se contradijo: el acometimiento habría sido en contra de su voluntad.-
No debemos perder de vista la doctrina asentada por la CIDH en el caso “Angulo Losada vs. Bolivia”, de la que se desprende que para que se perpetre un abuso sexual basta que se demuestre mediante cualquier medio probatorio idóneo, que la víctima no consintió libremente el acto sexual, lo cual se desprendería de la valoración armónica de los elementos de cargo producidos en la causa. -
No nos debemos olvidar que de ninguna manera se han afectado las garantías constitucionales de defensa en juicio y el debido proceso. La persona imputada fue enrostrada del hecho en las circunstancias referidas en la denuncia formulada, las cuales guardan coherencia con las pruebas recabadas, ello sin perjuicio que siempre las actuaciones estuvieron en condiciones de ser sujetas a su contralor.-
Se advierte, por ende, que la parte no ha logrado desvirtuar los elementos de cargo que obran en su contra, respecto de las circunstancias del hecho expuesta por la denunciante/pretensa víctima en mérito a lo anteriormente analizado.-
Debemos tener presente que corresponde la aplicación del principio de amplitud probatoria, por las especiales características del hecho endilgado a la persona imputada: delito contra la integridad sexual habiéndose aprovechado de la circunstancia de vulnerabilidad de la Sra. I.A.A. para poder llevar a cabo su cometido.-
Por otra parte, tanto la doctrina como la jurisprudencia imperante, son contestes en sostener que la valoración de la prueba en delitos como el que nos ocupa, no puede realizarse como si se tratara de cualquier otro de los delitos tipificados por la legislación de fondo, debiendo conferir especial relevancia a la denuncia/relato de la víctima.-
En tal sentido, acerca de esta particular característica, y en oportunidad de resolver la situación procesal de los imputados, otros Tribunales han dicho: “…el estándar de prueba normalmente exigido para alcanzar el grado de certeza necesario a efectos de pronunciarse sobre la materialidad de los hechos y la responsabilidad del inculpado, se satisface de un modo distinto que aquél que puede exigirse para otros supuestos, y ello bajo un doble aspecto. Principalmente, porque los hechos de esta naturaleza son, por regla general, llevados a cabo en ámbitos íntimos excluidos de terceras personas que pudieran dar fe de lo ocurrido. De suerte tal que lo determinante en esta clase de asuntos, a los efectos de la reconstrucción histórica del suceso, suele ser pura y exclusivamente el relato que la víctima pueda brindar al respecto.
Además, cuando se trata de víctimas menores de edad, la ponderación de su relato no puede ser llevada a cabo de la misma forma y bajo los mismos parámetros con los que analizan los dichos de los mayores, pues la exigencia de una narrativa histórica coherente, concatenada, descriptiva y lo más detallada posible en relación a un hecho pasado difiere en uno y otro caso, de acuerdo a las distintas capacidades cognoscitivas de los sujetos involucrados...” (Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional - Sala 1 CCC 73954/2013/TO1/CNC1, causa nº 73.954/2013, caratulada “D. de M., R. F. s/ abuso sexual”).- En la provincia de Santa Cruz, respecto a la forma de valorar las pruebas en esta clase de delitos, el Tribunal Superior de Justicia, sostuvo: “…En los hechos de abuso sexual este Alto Cuerpo expresó que el carácter de testigo único que reviste la víctima no descalifica su procedencia como prueba pertinente y útil; por ello, pretender revocar una sentencia condenatoria por el delito de abuso sexual con acceso carnal, alegando que lo único que sustenta la acreditación del mismo es la versión del hecho aportada por la víctima, atenta contra una regla de la experiencia común como es, que los delitos contra la integridad sexual no suelen cometerse frente a testigos presenciales.
Los dichos de la menor no deben descalificarse apriorísticamente si el tribunal de juicio los considera dignos de credibilidad –en el caso, se confirmó el abuso sexual denunciado– y más aún cuando el modus operandi implica de suyo la ausencia de testigos...”. (Tribunal Superior de Justicia, Secretaría Penal, Interlocutorio Nº: 018 - Recurso de casación, 19/08/2008 - autos: “A.G.A. s/ abuso sexual simple agravado”, Expte. Nº 2665 (A-566/07/T.S.J.).- En efecto, de las constancias de autos surge que la Sra. Jueza de instrucción valoró de manera adecuada la prueba rendida en autos, atendiendo a las particularidades del presente caso, en que el hecho habría acontecido.- De esa manera dictó una resolución que se desprende del relato lógico efectuado luego de la investigación llevada adelante y a la luz de la sana crítica racional, no apareciendo a mi criterio atisbo alguno de arbitrariedad o fragmentación en la valoración de la prueba aunada a la causa, motivo por el cual su agravio no podrá prosperar.- No corresponde, como pretende la defensa valorar cada medio probatorio por separado, ni atomizar el análisis y evaluación de las pruebas colectadas.
En relación a la valoración de la prueba en las resoluciones, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, sostiene: "...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...' depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...".
(Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros).- Recordemos que la probabilidad es la requerida para iniciar la investigación, y para fundar eventualmente el procesamiento de la persona imputada, como es el caso que nos ocupa.-
Sin perjuicio de lo ya analizado, es menester resaltar que con relación a la calificación legal del hecho imputado, esta Alzada advierte que la Magistrada brindó en el auto aquí cuestionado razones suficientes con sustento en los elementos probatorios valorados de manera armónica e integral, encuadrando el hecho de manera provisoria como configurativo del delito de “Abuso Sexual con acceso carnal” (art. 119, tercer párrafo del Código Penal).- Que es por todo lo expuesto, no vislumbrándose, se insiste, que la resolución atacada sea violatoria de los derechos de defensa y del debido proceso como lo sostiene la recurrente, es que deberá confirmarse en esta instancia el procesamiento de la persona imputada T.L.E. dictado por la instrucción y en orden al delito allí calificado.-
Por tales motivos, no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan –al menos en esta etapa procesal-, para acreditar el hecho, y la responsabilidad que “prima facie” le cabe a la persona imputada en el mismo.-
En este sentido, se ha dicho: “…El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio...”. (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).- Con relación al monto del embargo trabado, atento no ser un punto de agravio nos vemos impedidos en su tratamiento.-
III. En otro orden de ideas, atento las facultades de superintendencia atribuidas a este Juzgado de Recursos , tras el análisis de la presente causa venida a estudio, nos vemos compelidos a exhortar a la Sra. Jueza actuante en el sentido de extremar los recaudos para evitar dilaciones en las tramitaciones de las causas.-
Así, y sólo por citar las más significativas, surge que la investigación estuvo literalmente estancada desde el día 22 de Noviembre de 2019 (ver fs. 65) hasta el día 31 de Mayo de 2022 (ver fs. 79).-
Sólo en éste lapso la causa estuvo paralizada por dos (2) años y medio. Brecha temporal que resulta aún más alarmante si referenciamos que desde que se radicó la denuncia (08/10/2019) hasta que se recepcionó efectivamente el expediente en esta alzada tras la apelación de la defensa (12/09/2023) transcurrieron tres (3) años y once (11) meses, lo que implica que en el 65% del tiempo que insumió esta investigación no se hizo nada.- Que esto no es novedoso e incluso se ha extinguido la acción penal por prescripción para investigar delitos en otras causas que allí tramitaron, en donde también se hicieron estos señalamientos (vgr.: a) "B., M.M. S/ DENUNCIA LESIONES LEVES", Expte. Nº 3905/19 - Apelación/Causa JR Nº 8383/23, resolución inscripta al TOMO CXXVI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.; REGISTRO Nº 8233; FOLIO Nº 121/128; PROT. ELECT. JR101 109I.231; de fecha 08 de Noviembre de 2023; b) "T.M.A. S/ Denuncia Inf. Art. 119 del C.P.A.”, Expte. Nº 5310/21 - Apelación/Causa JR Nº 8493/23, resolución inscripta al TOMO CXXVII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-REGISTRO Nº 8255; FOLIO Nº 013/023; PROT. ELECT. JR101131I.231; de fecha 14 de noviembre de 2023; entre otros).- Más allá de ser perfectamente advertible que durante el desarrollo de la presente instrucción se suscitaron situaciones que conspiraron contra la celeridad de la tramitación, no se logra comprender, y tampoco se encuentra justificado, el período de tiempo señalado a modo de ejemplo durante el cual la causa permaneció paralizada dos (2) años y medio.-
Asimismo lo descripto en los párrafos que anteceden, no hace otra cosa que dejar en evidencia el total avasallamiento que se ha plasmado a las mandas del art. 197 1er. párrafo del C.P.P., por parte de la sede judicial de instrucción. Por dicha razón, la Sra. Magistrada se encuentra compelida a obrar conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo de rito en cuestión.-
Sin hesitación alguna podemos aseverar que nos encontramos frente a una instrucción deficitaria tras años de iniciada, que se agrava por el estado de vulnerabilidad de la pretensa víctima y el tenor del hecho denunciado.-
Incluso se evidencia la ausencia de requerimiento fiscal alguno tendiente a la prosecución de las presentes actuaciones pese a las circunstancias expuestas.-
A este respecto, no podemos dejar de mencionar, que es deber del Estado Argentino, y en lo que nos toca, de la Justicia Penal, la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito configurativos de la victimización primaria, debiendo procurar de igual manera que, el daño sufrido por las víctimas del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia, lo que configuraría la victimización secundaria. Todo ello bajo pena de incurrir en responsabilidad Internacional frente a las obligaciones asumidas también en materia de perspectiva de género.- Ante un acto de violencia contra una mujer, resulta especialmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, ello teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección.
En virtud de lo normado por la CADH, se deben adoptar medidas particularizadas y especiales ante la ocurrencia de un acto de violencia física y/o sexual, surgiendo una obligación estatal reforzada de debida diligencia.- Conforme lo establecido en la Convención de Belém do Pará, en los casos en los que una mujer sea víctima de violencia, en particular violencia o violación sexual, las autoridades estatales deberán tener particular cuidado en el desarrollo de las investigaciones y procesos a nivel interno, así como al momento de adoptar medidas de protección y de acompañamiento durante el proceso, y después del mismo, con el fin de lograr la rehabilitación y reinserción de la víctima.- La Argentina asumió compromisos internacionales en materia de violencias de género al suscribir la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), la primera de ellas con jerarquía constitucional.- A través del recorrido por dichas Convenciones, como también por los principios, reglas y fallos del Sistema Interamericano, encontraremos la relevancia que se le imprime a las medidas de protección en el marco de investigaciones y procesos judiciales dirigidas, tanto a las personas que padecen violencias de género como también a quienes podrían aportar testimonios fundamentales.- Consecuente con lo referido, nuestra CSJN ha dicho que: "...Cuando la Nación ratifica un tratado que firmo con otro Estado se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que hagan posible su aplicación inmediata...".
(LALEY, 1992-C, 543).- En el ámbito local, la ley 26.485 de Protección Integral, establece el deber estatal de promover y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, fijando los derechos y garantías mínimos de los procedimientos judiciales, estipulando concretamente, el derecho a obtener de parte de la justicia una respuesta oportuna y efectiva (art. 16 inc b), recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de sus derechos (art. 16 inc e) y a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos (art. 16 inc i).
(Cf. criterio sostenido en Apelación Nº 7227/21 y Nº 7997/22).- Pues bien, a las claras está que esto no ha ocurrido.-
Una lectura mínimamente responsable del expediente al momento de ordenarse las medidas y un diligente control de sala hubiesen reducido drásticamente los exagerados tiempos insumidos en esta investigación.-
Es claro que situaciones como esta, pese a los constantes y diversos señalamientos formulados desde esta sede judicial, atentan contra el acceso a la justicia y el eficiente servicio que se debe prestar a la comunidad.-
Incluso impacta negativamente también en la organización del trabajo de esta Alzada, al tener que dar trámite prioritario a expedientes procedentes de ese Juzgado que ingresan con posterioridad a los de otras dependencias de la Circunscripción Judicial pero que al detentar varios años de instrucción y con delitos próximos a prescribir, nos vemos compelidos al alterar el orden correspondiente a su análisis al momento de resolver.- La falta de apego a los plazos procesales del juzgado interviniente no puede conculcar las garantías constitucionales, siendo que se atenta contra la prestación del debido servicio de justicia, por cuanto diluye las posibilidades de éxito en la investigación atento el tiempo transcurrido, razón por la cual se exhorta a la Sra. Jueza que imprima celeridad en la presente investigación y se abstenga de incurrir en procederes de similar naturaleza.- Tampoco luce prolijo que no se haya informado a esta dependencia la recepción de los informes del Laboratorio Regional Forense en fecha 13/12/2023, pese a encontrarse para resolver la causa en esta Alzada, anoticiándonos del mismo tras requerimiento formulado al juzgado actuante desde esta dependencia.-
Sin perjuicio de los señalamientos formulados, y atento los antecedentes obrantes de similar tenor en esa dependencia , corresponde comunicar lo aquí resuelto a la Secretaría de Superintendencia, Jurisprudencia y S. Notariales del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz.-
IV. Asimismo, en función de lo expuesto en los acápites II) y III), y teniendo en cuenta las constancias obrantes en autos y lo normado por los arts. 59, 62 y ccss. del C.P.P.; y arts. 78 incs. d), e), f) y j) y 75 inc. d) y e) de la Ley Nº Uno Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz, deviene inexorable remitir copia de la presente resolución al Sr. Fiscal ante el Excmo. T.S.J. a los fines que estime corresponder (conf. art. 71 inc. e) y f) de la Ley Nº 1 Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz). -
VI. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. NO HACER LUGAR AL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO por la defensa técnica de T.L.E. a fs. 161/162vta. de estos actuados, confirmándose íntegramente el resolutorio atacado por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. HACER SABER a la Sra. Jueza lo referido en el punto III) de los Considerandos a los fines allí indicados.-
3. HACER SABER al Sr. Fiscal ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz el contenido del punto IV) de los considerandos que preceden.-
4. LIBRAR OFICIO a la Secretaría de Superintendencia, Jurisprudencia y S. Notariales del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz a los efectos de comunicar lo aquí resuelto en el punto III).-
6. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
(NAS)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia