Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 176407
Expte. Nº 179707 y 176407 - Juzgado Civil y Comercial N°10
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia única en los autos caratulados “KELLER, GABRIEL DARÍO C/ TAGGIASCO, STELLA MARIS S/ DIVISIÓN DE CONDOMINIO” (expte. n° 176407) y “KELLER, GABRIEL DARÍO C/ TAGGIASCO, STELLA MARIS S/ DETERMINACIÓN PRECIO/ALQUILERES” (expte. n°179707), habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau:
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia definitiva única dictada el 9 de febrero de 2024?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El 9 de febrero de 2024, el magistrado titular del Juzgado Civil y Comercial N°3 departamental, Dr. Luis Diego Benvenuto Vignola, dictó sentencia definitiva única en la que desestimó la demanda de división de condominio promovida por Gabriel Darío Keller contra Stella Maris Taggiasco con relación al inmueble de calle Pescadores N°1644 de esta ciudad e hizo lugar a la demanda de determinación de precio promovida por el Sr. Keller contra la Sra. Taggiasco y condenó a esta última a abonar $627.755,82 más intereses. Impuso las costas por la acción de división de condominio al actor y las correspondientes a la determinación de precio a la demandada.
Para así decidirlo, explicó que las partes son condóminos en iguales proporciones del inmueble de calle Pescadores N°1644 de esta ciudad, el cual se encuentra afectado al régimen de bien de familia de la ley 14.394 desde agosto de 2005. Los beneficiarios son los litigantes y su hijo en común: Martín Keller, nacido el 30 de marzo de 2001.
Consideró que la pretensión de división de condominio es improcedente, en razón de la subsistencia de la afectación del bien al régimen protectorio. Estimó que no puede reclamarse la división de la cosa común hasta tanto no se proceda a la desafectación, pretensión que es de naturaleza administrativa y solo subsidiariamente judicial.
Juzgó que no es posible considerar implícita en la solicitud de división la de desafectación del sistema de protección. Ello es así, dijo, porque no fue pedido al demandar, porque los cotitulares fueron pareja y tuvieron un hijo en común y porque la afectación estuvo orientada a resguardar la habitación familiar.
Agregó a ello que existe una tendencia jurisprudencial predominante que, en materia de desafectación, es muy cuidadosa del derecho de defensa del beneficiario que tiene un interés en esa decisión.
Concluyó que la voluntaria afectación al sistema de protección impide ahora al condómino a pedir la división del condominio (o a ejercer cualquier acto de disposición sobre el bien), considerando sus fines sociales y los límites a la facultad de enajenación. Estimó que la demanda, por esas razones, debe ser desestimada.
En el considerando «IV» de su sentencia, consideró procedente el reclamo por cánones locativos.
Señaló que, si la cosa común es utilizada en forma excluyente por uno de los condóminos en contra de la voluntad de los restantes, pueden obtener estos últimos -a partir de su oposición fehaciente- la indemnización pertinente, sin que resulta óbice para ello la vigencia de la afectación al régimen de protección de la vivienda.
Consideró el inicio del cómputo en la fecha de realización de la audiencia de mediación (12/03/2021) y su finalización en el mes en que la demandada se retiró del inmueble (28 de febrero de 2023). En cuanto al monto, utilizó la suma inicial fijado por el perito tasador ($42.000 a marzo de 2021) y lo sometió al reajuste precio de la legislación locativa vigente en los períodos siguientes, actualizándolo el 12 de marzo de 2021 según el índice publicado por el BCRA. Ello le dio un total de $1.255.511,64, cuya mitad corresponde sea abonada al actor en concepto de compensación por el uso exclusivo de la cosa común.
Finalmente, señaló que cada canon locativo devengará un interés moratorio individual a calcular a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente al inicio de cada uno de ellos.
II.a El recurso del Sr. Gabriel Darío Keller
El actor en ambos procesos apeló la sentencia única el 18 de febrero de 2024 y fundó con un mismo memorial, presentado en ambos expedientes el 27 de marzo de 2024. El 15 de abril de 2024 la demandada contestó los agravios.
Las quejas del actor son las siguientes:
i) Entiende equivocado el encuadre que el juez le dio a la acción por división de condominio. Explica las etapas de un proceso de división de condominio, siendo la primera la que está destinada a declarar su disolución, y la segunda que consuma ese efecto a través de la partición en especie o mediante subasta.
Dice que no puede rechazarse la demanda de división considerando que la familia que existía cuando se constituyó el bien de familia ya no existe, los titulares no viven más juntos y el hijo común ya cumplió la mayoría de edad. El juez, refiere, debió decretar la división de condominio y en todo caso dejar para la etapa de ejecución la discusión acerca de si procede o no procede el levantamiento de la inscripción del inmueble como bien de familia los fines de su subasta.
Enfatiza que quien se opone a la desafectación no habita la finca en cuestión. Juzga como carente de “toda lógica” que dos condóminos que hace ya más de 19 años que no viven juntos, que solo tienen un hijo, el cual ya es mayor de edad, estén obligados a mantener inscripta una propiedad como bien de familia y no puedan disponer de ella, siendo que cada una de las partes rehízo su vida y tiene derecho a enajenar el bien.
Refiere que no hay beneficiarios, dado que no hay convivencia y el hijo en común ya es mayor de edad. Dice que la ley exige que el bien sea habitado por los constituyentes, requisito que no se verifica en la actualidad.
ii) Afirma que el art. 36 de la ley 14.394 preveía la facultad del propietario y su cónyuge para pedir la afectación, pero en el caso los litigantes nunca estuvieron casados, por lo que la inscripción debe declararse nula por falta de parentesco dado que los copropietarios no reunían las condiciones prescriptas por la ley para afectarlo.
Refiere que la familia extramatrimonial no encontraba amparo legal en nuestro derecho positivo y la afectación no era posible existiendo concubinato. Cita jurisprudencia.
Pide, en definitiva, se revoque la sentencia, se declare la disolución del condominio y se levante el régimen de bien de familia en atención a no existir núcleo familiar que torne aplicable el régimen (o, en su caso, se declare la nulidad de la afectación por ausencia de parentesco).
iii) En lo tocante a los cánones locativos, cuestiona la cuantía de la compensación que el fallo le reconoce. Entiende que la determinación de la indemnización no debe presuponer la existencia de un contrato y, por ello, tampoco debe acudirse al ajuste que indica la legislación locativa. Considera que debe evaluarse “el valor locativo vigente cada mes, para reflejar de ese modo la compensación debida”.
iv) En un tercer punto de disconformidad, reclama la aplicación de una tasa activa para liquidar los intereses moratorios.
La demandada apeló la sentencia el 20 de febrero de 2024 y fundó su recurso el 9 de abril de 2024. La actora respondió el 19 de abril de 2024.
Sus agravios pueden sintetizarse del siguiente modo:
i) Entiende que el juez no interpretó correctamente las normas y los propósitos del régimen de la protección de la vivienda familiar. Dice que se hizo prevalecer lo dispuesto por los artículos 1986 y 1987 -y. en particular, el 1988 del CCyC- por sobre el resto del ordenamiento que integra.
Tres razones, refiere, justifican esa premisa. La primera, no se encuentra probado el uso exclusivo y excluyente del inmueble dado que en él vive también el hijo común de ambos: Martin Keller. Tampoco es excluyente dado que la Sra. Taggiasco nunca rechazó la posibilidad de que el actor pudiera habitarlo.
La segunda, que el derecho al cobro del valor locativo no resulta aplicable a casos en los que el bien fue voluntariamente afectado al régimen de bien de familia, cuyos beneficiarios fueron los concubinos y su hijo. Entiende que el derecho que la sentencia le reconoce al actor es incompatible con el fin superior que inspira la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia y la vivienda, que es la de asegurar el techo al núcleo familiar que convivía con el constituyente al momento de su afectación. Ello significa la «autolimitación del afectante tanto para exigir el cobro de valores locativos a los demás beneficiarios, como también para disponer del inmueble de cualquier forma».
En tercer lugar, alega que la pretensión del actor es abusiva, irregular, anti funcional y excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.
ii) En forma subsidiaria, solicita se reduzca el porcentaje con el cual calcular el valor locativo. En lugar del 50%, dice, no debiera superar el 25% del total del alquiler mensual para cada período de aplicación, considerando el uso compartido con el hijo de ambas partes.
Analizaré en primer lugar los agravios que versan sobre el rechazo de la pretensión de división de condominio y luego los que refieren a la fijación de canon locativo.
III.1. Sobre la división de condominio.
El recurso del actor no prospera.
Durante la vigencia del régimen del bien de familia la doctrina era virtualmente unánime al señalar que la indivisibilidad propia del régimen de protección requiere un acuerdo previo sobre su desafectación (art. 37 de la Ley 14.394, Molina de Juan, Mariel F, Desafectación del bien de familia, en Revista de Derecho Privado y Comunitario: bien de familia, [Alegría – Mosset Iturraspe, dir.], Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2011, v. 1, pág. 364) por lo que una pretensión de división de condominio, sin previa desafectación, no es procedente (Areán, B. Bien de familia, Buenos Aires: Hammurabi, 2001, pág. 154; CNCiv., Sala H, “Mattenet, María Cristina P. c/ Echeverría, Claudia Mónica y ot. s/ División de condominio” del 19/10/2007, DJ, 2008-I, 872, AR/JUR/8638/2007).
El motivo de esta restricción estaba dado por la inenajenabilidad regulada en el entonces vigente art. 37 de la Ley 14.394. Como decía Areán, «si el inmueble está sometido al régimen de bien de familia, su titular pierde la facultad de enajenarlo, sea a persona determinada, sea a cualquier persona» (ob.cit., pág. 147).
Este régimen se vio parcialmente modificado con el sistema de protección de la vivienda actual, dado que el art. 250 del CCyC replica solo en parte su norma predecesora y no prevé una prohibición concreta de enajenar, sino únicamente cuando el constituyente está casado o vive en unión convivencial inscripto, en cuyo caso se requiere la conformidad del cónyuge o conviviente (Rodríguez Remis, Mariano, "Sustitución o permuta del inmueble afectado al régimen de vivienda. La necesidad de reformar el art. 248 del Código Civil y Comercial de la Nación", SJA, 13/11/2019, 33; coincide en ello Carlucci de Sabatini, Fabiana, Martinelli, Fabiana, "La vivienda familiar: un microsistema dentro del régimen de las cosas", RDF 73, 169).
Acorde con ello, el nuevo código prevé una subrogación real en el art. 248 que traslada la afectación a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada y a los importes que la sustituyan en concepto de indemnización o precio. Ello ha llevado a la doctrina a afirmar que esta nueva regulación permite sustituir al inmueble afectado frente a contingencias como un incendio que diera lugar al pago de un seguro, o a la necesidad de venderla para reemplazarlo por uno que satisfaga mejor las necesidades de los beneficiarios (Flah, Aguilar, ob.cit., p. 831).
Pero aun con este cambio normativo, entiendo que la pretensión del Sr. Keller es igualmente improcedente si antes no se dirime -mediante el carril adecuado- la desafectación del régimen de protección al cual voluntariamente sometió su propiedad.
La procedencia de la pretensión de división de condominio que el actor copropietario (constituyente y beneficiario) promueve contra la otra copropietaria (también constituyente y beneficiaria) no tiene por propósito la adquisición de otra vivienda común al cual, subrogación mediante, se trasladará la afectación y tutela.
El actor pretende en este juicio exactamente lo contrario: dividir un condominio para finalizar todo vínculo con relación a su ex pareja, madre de su hijo y beneficiario. Lejos de querer mantener la protección de la vivienda familiar, pretende finalizar todo régimen protectivo e incluso pidió en instancia recursiva su declaración de nulidad.
Siendo ello así, creo que hay dos problemas que impiden admitir el reclamo del Sr. Keller y que, en buena medida, han sido advertidos correctamente por el juez en su sentencia.
El primero, vinculado al resguardo del principio de congruencia: el actor no puede pretender que un juicio de división de condominio se transforme en -o se considere que lleva implícito- uno de desafectación del bien al régimen de protección al cual el propio reclamante lo sometió en forma voluntaria (solución similar puede leerse en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, 02/06/2006, A., D. M. en: B., A. c. A., D.M., LLGran Cuyo 2006 (setiembre), 1042, AR/JUR/2553/2006).
El segundo, que la pretensión del actor tiene un amplio potencial lesivo con relación a los derechos de otros sujetos interesados en la decisión y a los que debe asegurárseles la posibilidad de ser oídos. Me refiero aquí a su propio hijo, que habita actualmente la propiedad (v. reverso del DNI de Martín Keller adjuntado con la contestación de demanda, no negado en su autenticidad en el traslado respondido por el actor el 29/09/2022).
Si la Ley 14.394 y el actual régimen de protección de la vivienda del Código Civil y Comercial no prevén la intervención del beneficiario en el trámite de desafectación, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ya ha resuelto -al interpretar el régimen hoy derogado, pero con argumentos que entiendo aplicables también al nuevo sistema- que los beneficiarios de la afectación al régimen del bien de familia, en tanto se encuentren en uso y goce de la propiedad, son directos interesados en toda decisión que suponga su desafectación y debe ser respetada la posibilidad de que sean oídos o de hacer valer sus derechos (Ac. 66663, en autos "Banco de la Provincia de Buenos Aires c/Dávila, Ceferino Elmar s/Ejecución", sent. del 23 de diciembre de 2002). La doctrina especializada también había propuesto idéntica solución (Ferrer, Francisco A. M., Desafectación del bien de familia, divorcio y citación de los beneficiarios, La Ley, TR LALEY 0029/000134).
El hecho de que el hijo común de ambos litigantes sea beneficiario del régimen de protección y resida actualmente en la propiedad constituye un motivo más que suficiente para que la pretendida mutación del objeto de debate en este proceso resulte improcedente y la demanda, por este motivo, haya sido correctamente desestimada (arts. 18 CN, 34.4 y 163 CPCCBA).
Por lo demás, resulta también inadmisible el planteo del actor introducido en su memorial para que se declare la nulidad de la inscripción por ausencia de parentesco.
Ha enfatizado este Tribunal -en consonancia con una amplia jurisprudencia bonaerense- que mediante el recurso de apelación no pueden someterse a conocimiento de la Alzada defensas o cuestiones que no fueron articuladas oportunamente, importando su tratamiento por parte de este cuerpo la violación de los arts. 34 inc. 4to., 163 inc. 6to., 266 y 272 del Código Procesal. Es decir, si en la expresión de agravios se introduce una cuestión que no fue planteada en la instancia de origen y obviamente sobre la cual no pudo pronunciarse el magistrado, ello encuentra el valladar que sienta el art. 272 del ordenamiento procesal, pues en el sistema de la doble instancia, informada por el principio dispositivo, no es dable introducir capítulos no propuestos a la decisión del juez de origen (Sala II, c. 165165 -"Massacesi..."- del 05/04/2018, c. 163997 -"Boca..."- del 08/03/2018, c. 165597 -"Goicochea..."- del 11/12/2018, entre muchos otros).
Por los motivos expuestos, propondré al acuerdo confirmar rechazar el recurso y confirmar el rechazo de la demanda de división de condominio (arts. 37 de la ley 13.394, 250 del CCyC, 34.4, 163 y cctes. del CPCCBA).
A mi modo de ver, la demandada tiene razón y la pretensión del Sr. Keller debe ser rechazada.
El actor, tanto como la Sra. Taggiasco, tienen derecho a usar y gozar de la cosa común sin alterar su destino ni obstaculizar el ejercicio de iguales facultades por parte del otro condómino (art. 1986 del CCyC).
Es cierto que el condómino tiene un derecho a ser indemnizado por el otro comunero cuando este último utiliza la cosa común de un modo tal que excluye del aprovechamiento al restante. Es decir, el derecho del condómino afectado nace cuando se demuestra que el ejercicio de uso y goce de la cosa común de uno "obstaculiza el ejercicio de iguales facultades" del otro (art. 1986 in fine del CCyC). Si ello ocurre, y solo en la medida en que se efectúe una oposición fehaciente, el oponente puede requerir una indemnización a quien usa y goza de "toda la cosa" de modo "excluyente" (art. 1988 del CCyC).
Históricamente se identificó a esa indemnización (hoy regulada en el art. 1988 del CCyC) como un lucro cesante derivado de una renta frustrada: el condómino excluido puede pedirle al que utiliza la cosa de forma exclusiva la parte proporcional de un valor locativo partiendo de la base de que el daño sufrido por el oponente consiste en la ganancia frustrada por un [también frustrado] alquiler de la cosa común.
Así lo entendió la Suprema Corte al interpretar el Código hoy derogado, afirmando que el condómino excluido tiene «la prerrogativa de hacerse indemnizar "el valor del daño" que le significa no haber percibido las "rentas o frutos" que el bien pudo producir si no lo hubiera ocupado su condómino, pues para el caso, lo mismo es el cobro indebido de "rentas o frutos" (art. 2691, C.C.) que disfrutar de la cosa en provecho propio y sin contraprestación alguna» (Ac. 57.020, "Gauna, Mario y ot. s/ Díaz, Enrique y ot. s/ Indemnización", del 17/09/1996, el subrayado me pertenece).
El punto que me interesa destacar es que una indemnización de esta naturaleza exige la prueba del hecho fundante que hace perceptible el daño patrimonial: el derecho del comunero a ser indemnizado por el uso exclusivo de la cosa común depende de que el oponente se vea materialmente excluido del uso de la cosa por el aprovechamiento unilateral del comunero restante. Ello exige, de mínima, demostrar un estado de cosas tal en el que ese aprovechamiento (representado por el alquiler de la cosa común) se vea efectivamente frustrado con motivo del uso exclusivo por parte del condómino (art. 1988 del CCyC).
No creo que esta circunstancia haya sido debidamente acreditada en el caso en estudio.
Ha sido probado que en la propiedad vive el hijo común de los condóminos: Martín Keller. Cuando la Sra. Taggiasco informó que se retiró de la vivienda (v. escrito del 01/06/2023) y luego expresó que dejó las llaves en poder de su hijo (v. escrito del 22/016/2023), el actor cuestionó el cambio de versiones en los hechos alegados por su contraparte y pidió que continúen devengándose los cánones locativos.
En rigor, no veo que haya habido un cambio de ver
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.