Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 128006
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se revoca parcialmente la sentencia atacada de fs. 181 del 31 de julio de 2020 y en su consecuencia se deja sin efecto lo resuelto en relación al pago del canon locativo y las costas impuestas a su respecto. Las costas de Alzada se imponen a la parte actora en su calidad de vencida (art. 68 del C.P.C.C.).
LM/FS
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVI
Causa N ° 128006; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N º13 - LA PLATA
ASTUDILLO MARIANELA C/ GONZALEZ PABLO HERNAN S/ DIVISION DE CONDOMINIO
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los cuatro días del mes de noviembre de dos mil veinte, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 128006, caratulada: "ASTUDILLO MARIANELA C/ GONZALEZ PABLO HERNAN S/ DIVISION DE CONDOMINIO" , se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS .
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 181?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
I–La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda entablada por Marianela Astudillo contra Pablo Hernán González, disponiendo la división del condominio existente en el bien inmueble inscripto en el Registro de la Propiedad en la Matrícula 235505/U.F. 6, Polígono 00-06 del Partido de La Plata (55) cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción III, Sección C, Chacra 107, Manzana 107c, Parcela 1, Subparcela 6, la cual se ejecutará en la forma prevista en el art. 674 del CPCC (art. 163 inc. 6°, CPCC); acogió asimismo el reclamo promovido por Marianela Astudillo contra Pablo Hernán González por fijación de canon locativo por el uso exclusivo del inmueble común condenando a esta último a abonar a aquélla, en el plazo de diez días a partir de que la sentencia quede consentida o ejecutoriada, sin adición de intereses, los alquileres mensuales correspondientes al bien ubicado en la calle 138 n° 1761 entre las de 68 y 69 de La Plata en la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES ($ 2.333) por la parte proporcional del mes de noviembre de 2017 y la de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500) mensuales desde el 1º de diciembre de 2017 y hasta la fecha del cese en el uso y goce exclusivo del bien (art. 163 incs. 6° y 7°, CPCC); impuso las costas por la división del condominio por su orden, en tanto que las vinculadas al reclamo por fijación de canon locativo por el uso exclusivo del inmueble común, a Pablo Hernán González por revestir la condición de vencido (art. 68 CPCC); difirió la regulación de honorarios de los profesionales actuantes hasta la oportunidad en que se arrimen las pautas prescriptas por los arts. 27 inc. a) y 38 de la ley 14.967 en cuanto a la acción de división de condominio y las del art. 51 del mismo cuerpo legal para la del cobro del canon locativo por el uso exclusivo del inmueble común (fs. 181).
II. Contra esa forma de decidir interpuso recurso de apelación el demandado (fs. 184), el que fue concedido libremente (fs. 186) y fundado en tiempo y forma en esta instancia (presentación electrónica de fecha 1 de septiembre de 2020). Corrido el pertinente traslado (proveído del 2 de septiembre de 2020) mereció réplica de la actora (presentación electrónica del 4 de septiembre de 2020). Luego, se llamó Autos para Sentencia (proveído del 4 de septiembre de 2020).
III– El apelante se disgusta con el argumento central que el decisorio de grado vulneró el principio de preclusión en lo tocante con el reclamo de pago de alquileres efectuado por la legitimada activa.
Detalla que ésta parcela fue desestimada por el sentenciante en el primer proveído, sin que esa decisión haya sido atacada por lo que es una cuestión que ha quedado firme y consentida. Aun así, señala el demandado, fue tratado posteriormente en la sentencia.
Se duele no solo por la procedencia de ese pedido, sino también por la imposición a su cargo de las costas en condición de vencido por un reclamo que el mismo justiciable desestimo antes.
Funda sus disconformidades en doctrina y jurisprudencia sobre el principio de preclusión y doctrina de los actos propios, solicitando se revoque el punto 2 y 3 del decisorio de grado.
IV– Liminarmente, corresponde abordar el planteo relativo a la insuficiencia del recurso opuesto por Marianela Astudillo en el traslado del memorial del accionado (presentación electrónica del 4 de septiembre de 2020).
Al respecto, ha de decirse que el escrito de Pablo Hernán González (presentación electrónica del 1 de septiembre de 2020) ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
V– Abordando las quejas del apelante, se desprende de éstas actuaciones que la señora Marianela Astudillo promueve demanda por división de condominio contra Pablo Hernán González (fs. 55/59 vta.). En los puntos II y IX “4” de su presentación reclama el pago de un canon locativo por el uso exclusivo de la propiedad por parte del accionado, sustentando en transcripciones jurisprudenciales (punto VIII fs. referidas).
Proveyendo la petición, el a quo en el primer auto de fecha 15 de marzo de 2017 tuvo por presentada a la actora, por parte y por constituido el domicilio legal. Luego, antes de ordenar el traslado de la acción por división de condominio, dispuso: “Resultando improcedente el reclamo del alquileres formulado en el escrito en proveimiento (ver fs. 56 vta./57, punto II y 59, punto IX ap. 4) y la prueba anticipada pretendida en consecuencia toda vez que ambos exceden el objeto perseguido en los presentes, desestímaselos” (fs. 61).
Sobre esta resolución no hubo ningún tipo de presentación ni recurso alguno por parte de la legitimada activa.
En efecto, la misma reclamante efectúa luego presentaciones tendientes a hacer efectivo el traslado de la acción incoada, sin efectuar manifestación alguna respecto de esta circunstancia (v. fs. 63, 68 y 82). Posteriormente, a fs. 93 –con la contestación de la demanda agregada en autos – quedo trabada la litis .
Transitado el período probatorio, se dictó sentencia en la que –contrariamente a lo ordenado en el primer auto– se acoge el reclamo por fijación de canon locativo por el uso exclusivo del inmueble común condenando a González a abonar a Astudillo el pago de los alquileres desde el 1º de diciembre de 2017 y hasta la fecha del cese en el uso y goce exclusivo del bien.
De las constancias expuestas surge evidente que el sentenciante de grado se apartó del marco que había prefijado él mismo, cambiando sobre la marcha las reglas del juego. En otras palabras, se puso en contradicción con los propios actos anteriores, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces.
La doctrina que impide volver contra los propios actos constituye un principio basado en la buena fe y su fundamento radica en que la conducta anterior ha generado, según el sentido objetivo que de ella se desprende, confianza en que quien la ha emitido, permanecerá en ella (conf. SCBA causa 119253 sent. del 29/XI/2017 Juez DE LÁZZARI. MA).
La aplicación de esta doctrina ha sido desarrollada por Dr. De Lázzari en el citado antecedente. ”Ya en el año 1987 Isidoro Eisner se ocupó del venire contra factum proprium y sostuvo que su aplicación no se limita a las partes sino que también es exigible al órgano jurisdiccional. Nos decía que el sustento de esta doctrina reside en la buena fe objetiva, la confianza suscitada, la coherencia del comportamiento y el repudio de la sorpresa y la emboscada. En particular, del reguardo de la seguridad jurídica, que es una de las bases principales de nuestro ordenamiento jurídico. Agregaba, además, que descansaba en el principio lógico y ontológico de no contradicción, en virtud del cual una cosa no puede ser ella y a la vez su contraria ni es posible afirmar su realidad y su inexistencia en forma simultánea. Y llega a la conclusión de que esta construcción jurídica es también invocable en los supuestos en que es el propio juez o tribunal quien incurre en la contradicción o incongruencia. En este sentido, señala que los sujetos del proceso no son sólo dos -las partes- sino que también y en grado superlativo, lo es el magistrado. Si el proceso es relación jurídica, en cuanto varios sujetos, investidos de poderes determinados por la ley, actúan en vista de la obtención de un fin, los sujetos son el actor, el demandado y el juez. Sus poderes son las facultades que la ley confiere para la realización del proceso. Su esfera de actuación es la jurisdicción. El fin es la solución del conflicto de intereses. En esa relación siempre el juez está en el vértice principal y hacia él y desde él se moviliza la energía jurisdiccional. A igual resultado se arriba desde la visión del proceso como situación jurídica, en cuanto esta teoría destaca la cambiante suerte del derecho sustancial sometido a pleito, según se desenvuelvan los comportamientos de las partes y del propio juez, de los que se van perfilando las cargas, expectativas, riesgos, chances y posibilidades” ("Doctrina de los propios actos", ponencia presentada por Isidoro Eisner en las 1as. Jornadas Chaqueñas de Derecho Procesal Civil, Resistencia, 1987, JA, t. 1987-II-p.694 y sigs.; SCBA causa citada).
Con lo expuesto, alcanza para tener por verificada la existencia de una contradicción en el actuar del Juez de grado entre lo que dispuso en el primer auto (fs. 61) y la sentencia (fs. 181) en violación de la doctrina de los propios actos que resulta – como se dijo – de plena aplicación a jueces y magistrados. Ello torna procedente el recurso y los agravios del demandado, por lo que la revocación de la sentencia en esta parcela se impone (art. 384 CPCC).
Sin perjuicio de lo expuesto y a todo evento, para la fijación de un canon locativo como el peticionado en la demanda, la señora Astudillo deberá recurrir a las vías procesales correspondientes.
En virtud a lo resuelto corresponde se dejen sin efecto las costas por fijación de canon locativo dispuestas en la instancia y que las generadas en esta Alzada sean por la actora en su calidad de vencida (art. 68 CPCC).
Voto por la NEGATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS , por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde revocar parcialmente la sentencia atacada y en su consecuencia dejar sin efecto lo resuelto en relación al pago del canon locativo y las costas impuestas a su respecto. Las costas de Alzada deben imponerse a la parte actora en su calidad de vencida (art. 68 del C.P.C.C.)..
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS , por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se revoca parcialmente la sentencia atacada de fs. 181 del 31 de julio de 2020 y en su consecuencia se deja sin efecto lo resuelto en relación al pago del canon locativo y las costas impuestas a su respecto. Las costas de Alzada se imponen a la parte actora en su calidad de vencida (art. 68 del C.P.C.C.). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE .
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Firmas
Funcionario Firmante: 04/11/2020 08:58:42 - BANEGAS Leandro Adrian - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/11/2020 09:33:27 - HANKOVITS Francisco Agustin - JUEZ
Fin de la sentencia