Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 123984
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución atacada de fecha 18 de agosto de 2021. Las costas de ambas instancias deben ser impuestas por su orden atento el modo en que se resuelve (arts. 68, 274, del C.P.C.C.).REGISTRESE.
La Plata, 9 de Diciembre de 2021.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1.Vienen las presentes actuaciones a efecto de tratar el recurso de apelación incoado por la parte actora con fecha 25 de agosto de 2021, contra la resolución de fecha 18 de agosto de 2021. El día 6 de septiembre de 2021 se presentó el respectivo memorial de agravios, el que fue contestado por el perito martillero, el señor Cozza, con fecha 16 de septiembre de 2021.
2.A. El decisorio puesto en crisis decretó la caducidad de instancia en las presentes actuaciones e impuso las costas a la parte actora. A su vez, difirió la regulación de honorarios a las resultas de la adquisición de firmeza de lo decidido (v. res. del 18/8/21).
B. Esta forma de resolver causa agravios al accionante, quien expone que ninguno de los peticionantes de la caducidad de instancia son partes legitimadas para efectuar tal pedido; que la actuación llevada a cabo por Tribunal con fecha 19 de febrero de 2020, en cuanto rechaza un pedido de caducidad del señor Cozza, es por si sola interruptiva del curso de la misma, purgando la inactividad verificada hasta entonces. Entiende que debe imperar un criterio restrictivo para la caducidad de instancia y que en el caso se ha soslayado que el actor es persona fallecida, estando integrada la parte actora por una pluralidad de personas cuya voluntad corresponde consultar, permaneciendo la cónyuge supérstite en un geriátrico, residiendo las partes en Brandsen, por lo que, en virtud del aislamiento social obligatorio impuesto con motivo de la pandemia por “Covid 19” se imposibilitaron los desplazamientos (v. esc. eléc. del 6/9/21).
Alega que se instó el procedimiento simultáneamente con la interposición de la apelación, o sea antes que la caducidad adquiera firmeza, y que se desistió de la prueba pendiente, por lo que las actuaciones se encuentran en estado de declarar concluido el periodo probatorio y dictarse la sentencia correspondiente (v. esc. eléc. del 6/9/21).
3.En el caso, con fecha 5 de febrero de 2020, el perito martillero Cozza solicitó se intime a las partes a que manifiesten si continuarían brindando el impulso procesal correspondiente, bajo apercibimiento -en caso de silencio- de decretarse la caducidad de instancia (v. escrito eléc del 5/2/20).
En ese entender, el juez de primera instancia no hizo lugar a lo peticionado, en virtud de no poseer el profesional aludido legitimación. No obstante ello, atento el estado de las actuaciones, decidió intimar, por única vez, a las partes para que en el plazo de cinco días manifiesten su intención de continuar con la acción y produzcan actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento -en caso de incumplimiento- de decretar la caducidad de la instancia (v. proveído del 19/2/20).
Con posterioridad a ello, el día 10 y el 18 de junio de 2020, el mentado perito y el letrado patrocinante del señor Cienfuegos, respectivamente, solicitaron se decrete la caducidad de instancia, dado que no se produjo actividad útil, motivo por el cual, el juez de grado decidió decretarla (v. resolución del 24/6/20).
Recurrida que fuera dicha resolución, esta Alzada decidió dejarla sin efecto, ordenando que el juez de la instancia de origen, luego de sustanciar el acuse de caducidad, remita las actuaciones a un Juez hábil, toda vez que ya había emitido opinión sobre la cuestión de fondo (v. res. del 25/9/20).
Efectuado que fuera lo ordenado por esta Sala, se aprecia que la actora contestó el traslado (v. prov. del 8/2/21 y esc. eléc. del 17/2/21), solicitando, el perito anteriormente nombrado, que se resuelva la presente cuestión (v. esc. eléc. del 18/6/21).
Así, con fecha 18 de agosto de 2021 la juez de la instancia de origen decretó la caducidad de la instancia e impuso las costas a la parte actora, siendo esta forma de resolver la que causa agravios al recurrente (v. res. del 18/8/21 y esc. eléc. del 25/8/21).
4.Cabe señalar que la caducidad de la instancia es un instituto procesal de orden público cuyo fundamento objetivo es la inactividad de los contendientes por un tiempo determinado y su finalidad tiende a agilizar el servicio de justicia, evitando la duración indefinida de los juicios, cuando las partes abandonan presumiblemente el ejercicio de sus pretensiones (esta Sala, causa B-75788, RSD 166/93, sent. del 30/6/93).
La perención no es un acto, sino un hecho: se trata del transcurso del tiempo sin realizar gestiones procesales, dentro de un proceso pendiente (esta Sala, causa B-80.415, RSD 71/95, sent. del 4-4-95; causa B-82.453, RSD 22/96, e/o).
La interpretación y análisis de la caducidad de instancia debe ser estricta y orientada a mantener la vitalidad del juicio, por lo que ante el caso de duda, debe resolverse a favor de su prosecución, en atención a las consecuencias que de aquélla se derivan (esta Sala, causas 105011, RSI 172/05, sent. del 28/6/2005; 120200, RSI 132/16, sent. del 14/06/16).
Ahora bien, en las presentes actuaciones, oportunamente, se había intimado a las partes a continuar con la acción y producir actividad procesal útil, bajo apercibimiento de decretarse la perención, no apreciándose que la actora, luego de efectuada la mentada intimación, haya producido actividad procesal útil a efecto de impulsar el proceso (art. 315 del CPCC; v. prov. del 19/2/20, cédula de not. del 28/2/20).
Nótese, que la mentada intimación y su respectiva notificación se realizaron en febrero de 2020, sin observarse presentación alguna por parte del aquí recurrente sino hasta el recurso de apelación presentado el 15 de julio de 2020 -por el cual se atacaba la resolución del día 24 de junio de 2020 (la que fue dejada sin efecto por esta Alzada con fecha 25/9/20)- (v. prov. del 19/2/20, cédula de not. del 28/2/20, res. del 24/6/20 y esc. eléc. del 15/7/20).
A su vez, cabe desestimar los fundamentos por los cuales se sostiene que la actuación llevada a cabo por Tribunal con fecha 19 de febrero de 2020, es por sí sola interruptiva del curso de la misma, purgándose la inactividad verificada hasta entonces. Ello así, pues los plazos señalados en el artículo 310 del CPCC se computan desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del Tribunal que tuviese efecto impulsar el proceso, no apreciándose, en el caso, que se haya impulsado el mismo (conf. arts. 310, 311, CPCC).
Para que un acto procesal se considere impulsorio, debe instituir un cambio en la situación procesal que no sólo permita pasar a la etapa siguiente, sino que constituya también actividad útil para producir pasos efectivos dentro de la misma etapa (esta Sala, Causa 124707, RSD 340/2018 del 23/11/2018).
Por otro lado, tampoco devienen atendibles los argumentos referidos a que el actor es persona fallecida, estando integrada la parte actora por una pluralidad de personas cuya voluntad corresponde consultar y que en virtud del aislamiento social obligatorio impuesto con motivo de la pandemia por “Covid 19” se imposibilitaron los desplazamientos. Ello, puesto que la intimación y correspondiente notificación que prevé el artículo 315 del CPCC fueron efectuadas con anterioridad al mentado aislamiento que refiere el recurrente (conf. art. 315, CPCC, v. prov. del 19/2/20 y ced del 28/2/20).
No obstante lo hasta aquí expuesto, se aprecia que si bien en un primer momento el juez de la instancia de origen no hizo lugar al requerimiento del perito Vicente Cozza -se intime a las partes bajo apercibimiento de que, en caso de silencio, se decrete la caducidad del proceso- por no estar legitimado para solicitarlo, atento el estado de las actuaciones, decidió intimar a las partes a que manifiesten su intención de continuar con la acción y produzcan actividad procesal útil para la prosecución del trámite (v. esc. eléc. del 5/2/20 y prov. del 19/2/20).
Se observa, a su vez, que con posterioridad a ello, con fecha 10 y 18 de junio de 2020, el perito martillero y el letrado patrocinante del señor Cienfuegos solicitaron se decrete la caducidad de instancia, lo que así fue decretado, a tenor de dicho requerimiento, por la señora juez de grado (v. esc. eléc. del 10/6/20 y 18/6/20; res. del 18/8/21).
Ahora bien, cabe señalar que el pedido de caducidad de instancia es un tema que afecta a las partes titulares de la relación sustancial debatida en la causa y que, por lo tanto, es ajena al martillero y al abogado patrocinante de la contraria, quienes carecen de legitimación para solicitarla (conf. art. 315, CPCC).
Es que, si bien el perito martillero tiene derecho a que, culminadas que sean las presentes actuaciones, se regulen sus honorarios definitivos, mal puede arrogarse un derecho que es propio de la parte (conf. art. 315, CPCC).
Si bien en un marco disímil a las presentes actuaciones, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se expidió al respecto -en el marco de una queja, desestimándola-, señalando que “…en el caso, el ex letrado de la actora carece de legitimación para interponer por derecho propio el recurso extraordinario deducido contra la sentencia de fs. 147/148 del principal que declaró mal concedido el recurso de apelación, desde que los agravios están dirigidos a cuestionar la caducidad de instancia decretada, tema que afecta a las partes titulares de la relación sustancial debatida en la causa y que, por lo tanto, le es ajena” (conf. SCBA, Ac. 83634, res. del 29/5/2002).
En otro entendimiento, el presente juicio tiene más de ocho años desde su inicio (v. hojas 25/27), habiéndose cumplido la mayoría de las respectivas pruebas.
En ese sentido, por tratarse la caducidad de la instancia de un modo anormal de terminación del proceso que debe interpretarse restrictivamente, la aplicación que de ella se haga debe adecuarse a ese carácter sin llevar, con exceso ritual, el criterio que la preside más allá del ámbito que le es propio (CSJN Fallos: 311:665; 312:1702).
La caducidad de la instancia halla su justificación en la necesidad de conferir un instrumento para evitar la indefinida prolongación de los juicios, pero no configura un artificio tendiente a impedir un pronunciamiento, sobre el fondo del pleito, máxime cuando el trámite del juicio se encuentra en estado avanzado y los justiciables lo han instado durante años (dictamen de la Pocuración General, al que remitió la Corte Suprema de la Nación, 292. XLII; RHEEl Trébol S.A. Bodegas y Viñedos s/quiebra, 03/08/2010, T. 333, P. 1257).
Es notorio, por otra parte, que lo resuelto puede ocasionar un agravio de imposible o dificultosa reparación ulterior, atendiendo principalmente que en el caso se trata -como ya se dijo- de un trámite con más de ocho años de iniciado por lo que en la especie, el juicio se encuentra en estado avanzado y los justiciables lo han instado -conforme ya se dijo- por años (v. Fallos: 315:1243).
Esta interpretación concuerda con el criterio restrictivo que dimana de la aplicación del instituto, ya que, en caso de duda, debe optarse por la solución que mantenga vivo el proceso y no operada la perención.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, atento las particularidades de este proceso, su estado de avance y que la interpretación y análisis de la caducidad de la instancia debe ser estricta y orientada a mantener la vitalidad del juicio, ante el caso de duda, debe resolverse a favor de su prosecución, en atención a las consecuencias que de aquélla se derivan (esta Sala, causas 105.011, RSI 172/05, sent. del 28/6/2005; 123.235, RSI 64/18, sent. del 8-3-18). Por ende, se estima que la resolución atacada debe ser revocada. Sin perjuicio de lo expuesto, las costas de ambas instancias deben ser impuestas por su orden atento el modo en que se resuelve (arts. 68, 274, CPCC).
POR ELLO, se revoca la resolución atacada de fecha 18 de agosto de 2021. Las costas de ambas instancias deben ser impuestas por su orden atento el modo en que se resuelve (arts. 68, 274, del C.P.C.C.).REGISTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia