Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 134615
Sentencia Definitiva
Causa N°134615; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N. º6 - LA PLATA
SEARA JUAN IGNACIO C/ SEARA MARIA VICTORIA S/ DIVISION DE CONDOMINIO
En la ciudad de La Plata, en la fecha de la firma digital, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36, ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 134615, caratulada: "SEARA JUAN IGNACIO C/ SEARA MARIA VICTORIA S/ DIVISION DE CONDOMINIO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Se encuentra ajustada a derecho la sentencia apelada de fecha 14 de marzo de 2023?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de grado ordenó la división del condominio existente entre Juan Ignacio Seara y Maria Victoria Seara respecto de los siguientes inmuebles: a) Casa: calle 9 n° 693, entre 45 y 46, La Plata; N.C: Circ. I, Secc. H, Mazna. 601, Parc. 11; Partida 055-003786-6; Matricula 71.610 (55); b) Casa: calle 56 n° 617, entre 7 y 8, La Plata; N.C: Circ. I, Secc. II, Mazna. 577, Parc. 9; Partida 055-003095-0; Matricula 184.330 (55); c) Quinta: Barrio La Quinta n° 37, Club de Campo Abril, Hudson, Partido de Berazategui; N.C: Circ. VI, Secc. M, Fr. 22, Parc. 14; Partida 120-103.901-7; Matricula 67.279 (120); d) Terreno: Diagonal 75 n° 51, entre 63 y 64, La Plata; N.C: Circ. I, Secc. M, Mazna. 940, Parc. 15; Partida 055-007980-1; Matricula 122.418 (55); disponiendo que, firme o consentida la sentencia, se fije audiencia a los efectos de convenir la forma de la división y, para el caso de falta de acuerdo, establecerla el juzgador conforme lo normado por el art. 674 del C.P.C.C y su doctrina. Impuso las costas en el orden causado y difirió la regulación de honorarios para el momento en que se adjunten las constancias para determinar la base regulatoria.
2. Esta forma de decidir fue apelada por ambas partes litigantes.
El recurso de la actora fue interpuesto mediante escrito de fecha 22 de marzo de 2023, concedido por proveído del 23 del mismo mes y año, fundado con la correspondiente expresión de agravios y contestado en presentaciones de fechas 13 de mayo y 1ro. de junio de 2023, respectivamente.
Por su parte, la demandada lo hizo en escrito del 21 de marzo de 2023 -remedio concedido en providencia del día 22 siguiente-, presentados los agravios en fecha 22 de mayo de 2023 y contestados el 2 de junio del mismo año.
2.1. Se agravia la demandante de: a- la imposición de las costas por su orden respecto de la división de condominio que prospera y, b- la falta de imposición de costas a la demandada por el rechazo del quinto inmueble que aquella pretendió introducir como objeto del pleito.
a- Critica la sentencia por omisión al valorar prueba esencial y la oposición de la demandada a la pretensión judicial, como así también por errónea aplicación del art. 68 del C.P.C.C., todo lo que derivó en una incorrecta imposición de las costas en el orden causado.
Alega la recurrente que, la imposición de las costas en los temas de división de condominio, es un principio que requiere del análisis y valoración -en cada caso particular- de la conducta prejudicial y judicial de las partes. Así, advierte que, conforme numerosa doctrina y jurisprudencia, las mismas se imponen en el orden causado, siempre y cuando el acuerdo privado prejudicial no se haya frustrado por culpa del demandado y, que al momento de contestar la demanda, este último se allane en forma oportuna e incondicional. Por el contrario, las costas se imponen al demandado, cuando éste con su conducta impide un acuerdo extrajudicial, obligando a su condómino a demandarlo judicialmente y, ante tal escenario, el accionado se opone a la demanda.
Este ultimo supuesto es el que -a criterio de la actora apelante- se ha configurado en este caso y no ha sido correctamente valorado por el juzgador.
Señala que, con la prueba documental acompañada en el escrito de demanda -mails, cartas documentos, actas notariales- se halla acreditado, por un lado, su posición proactiva a los fines de promover la división del condominio, ofreciendo en forma concreta opciones para llevarlo a cabo; y, por otro, la falta de respuesta o evasivas a dichas propuestas por parte de la demandada.
Indica que, en dichas misivas su propuesta consistía en la división de los inmuebles en especie, mediante la conformación de dos lotes de bienes y una compensación en dinero -en caso de ser necesario- los cuales se adjudicarían entre ambas partes -por elección o por sorteo en caso de desacuerdo-. Manifiesta que, nunca obtuvo una respuesta positiva al respecto.
Tales pruebas resultan suficientes -según su criterio- para fundar la imposición de costas a la demandada, ya que considera fehacientemente demostrado que fue ésta quien, por su conducta sistemáticamente maliciosa, frustró la partición extrajudicial y luego se opuso al progreso de la demanda judicial, circunstancia que el sentenciante pasó por alto debido a la falta de valoración de la prueba documental aportada.
En referencia a la incorrecta aplicación del art. 68 del C.P.C.C., observa que, el segundo párrafo del artículo autoriza al juez eximir de costas al vencido, siempre y cuando encuentre mérito para ello y lo exprese en el fallo, bajo pena de nulidad. Siguiendo tales pautas afirma que, los motivos expresados por el juzgador en la decisión fueron los siguientes: que la demandada no se allanó a la pretensión del actor; que prefirió la venta privada de los inmuebles; que se “opuso” a la pretensión de dividirlos en especie; que hubo intención de dividir el condominio de ambas partes; que las gestiones extrajudiciales fueron iniciados por el actor con sus cartas documento; que la demandada inició la mediación como requirente; y que el actor, también actuó después, como requirente.
Y destaca que, sobre la base de dichos argumentos se concluyó que, quedaba claro que ambas partes intentaron a su modo efectuar la división, manteniendo cada cual su propuesta de partición, pero como no lo lograron debió dirimirse judicialmente. Por lo cual, se decidió imponer las costas del juicio en el orden causado, conforme el párrafo segundo del art. 68 del C.P.C.C.
A consideración de la recurrente dicha valoración resulta errada, toda vez que las posiciones de las partes respecto de la partición de los inmuebles han quedado debidamente probadas con la carta documento de fecha 3 de noviembre de 2021, emitida por la demandada: mientras que esta última bogaba por la división en dinero, la actora la impulsaba en especie; circunstancia que, alega, debió ser valorada como obstructiva por parte de aquélla, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico establece como regla general la división en especie, relegando la división dineraria sólo para los casos en que aquélla no puede ser realizada conforme la naturaleza de los bienes. En consecuencia, allí radica el error de la sentencia, en considerar la oferta de la demandada como una propuesta de división viable, cuando en rigor de verdad se trató de una oposición ilegítima, por ende, inválida.
Afirma que, también yerra el juzgador cuando valoró favorablemente el hecho de que la demandada también fue requirente en la mediación, ya que -advierte la recurrente- sólo se trató de una maniobra maliciosa, tendiente a forzar la venta de la parte indivisa de la quinta del Country Abril.
Señala la dicente que, previo a la mediación, nunca se opuso a la partición; no fue constituida en mora; tampoco hubo requerimiento extrajudicial; y la demandada ni siquiera llevó tasaciones de los inmuebles a la primera audiencia; todo lo que, contrariamente a lo que se hizo en la sentencia de grado, debería ser interpretado como una conducta inapropiada.
Como corolario de su conclusión -que fue la conducta de la demandada la que frustró toda posibilidad de acuerdo extrajudicial- el recurrente añade que, la única opción que habilitaba la imposición de las costas por su orden en el marco del presente proceso, era el allanamiento de la demandada a la pretensión del actor, circunstancia que no se dio en el caso, donde -agrega- no sólo no hubo tal allanamiento, sino incluso oposición a la demanda.
b- Observa la omisión en la sentencia respecto de la condena en costas a la demandada con respecto al quinto inmueble que pretendió incorporar irregularmente a esta causa.
Aduce que la pretensión de la demandada en dicho sentido no es otra cosa que una reconvención o contra demanda en los términos del art. 485 del C.P.C.C y, como tal, su rechazo en la sentencia amerita la condena en costas al perdedor.
En razón de los motivos expuestos, solicita la revocación de la decisión apelada.
2.2. Se disgusta la demandada con la sentencia dictada, en la medida en que excluye del tema de decisión al inmueble de la calle 58 N° 507 de esta ciudad, introducido en la contestación de demanda a los efectos de su incorporación al objeto de la contienda. Alega que, tal forma de decidir resulta violatoria del principio de congruencia, según el cual, la sentencia debe versar sobre los hechos aportados por las partes, respecto de los cuales los jueces deben hacer mérito, pero no eliminarlos.
Advierte que, la integración a la masa partible del mencionado quinto inmueble no debió necesariamente realizarse mediante una reconvención por cuanto su parte no se opuso a la división de los bienes en común, incluso fue quien inició la etapa de mediación prejudicial, lo que hubo al respecto en la etapa judicial al contestar la demanda fue un allanamiento liso y llano a la pretensión de dividir las cosas comunes, más con el aditamento de un inmueble y una propuesta diferente de llevar a cabo la partición.
Manifiesta que, la decisión del juez resulta absurda, ya que en la oportunidad de declarar la cuestión de puro derecho ordenó una medida para mejor proveer tendiente a conocer el contenido de la mediación prejudicial y valorar la posibilidad de incluir el inmueble en la contienda para -luego- concluir con falta de toda economía y celeridad procesal su exclusión.
Solicita se haga lugar a su recurso y se revoque la sentencia en la medida de lo apelado.
3. Abordando la tarea revisora, corresponde destacar primeramente que, llega indiscutido a esta Alzada -en cuanto no ha sido materia de agravios- la decisión de fondo que ordena la división del condominio de los bienes inmuebles anteriormente identificados -con excepción del quinto que no ha sido incluido tal como lo refieren los apelantes en sus agravios-, difiriendo el modo de hacerlo para la oportunidad de la ejecución de la sentencia.
Sentado ello, cuadra señalar que en materia de división de condominio -en principio- las costas deben ser soportadas por todos los comuneros -por su orden-; a menos que se demuestre fehacientemente que una de las partes se opuso maliciosa, sistemática e injustificadamente a que la partición se realizara, sea durante las tratativas privadas con anterioridad al juicio, sea obstaculizando o resistiendo el trámite judicial. Es decir que, sólo corresponde apartarse del principio de costas por su orden cuando quien plantea la demanda de división de condominio se ha visto obligado a recurrir a la vía judicial ante las intimaciones sin éxito realizadas al demandado para una división extrajudicial (conf. Kozak de Valdés Verónica, “Tratado Teórico-Práctico del Condominio, 1ra Ed. Cathedra Jurídica, Bs. As. 2010, págs. 405/406; Morello; Sosa; Berizonce; “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Ed. Abeledo-Perrot, T° VII, comentarios art. 673 y stes.). Y tal extremo, debe ser acreditado en forma acabada por el comunero que se adjudica la realización de las gestiones previas al juicio tendientes a lograr una partición privada (art. 375 del C.P.C.C.).
En igual sentido tiene dicho nuestro Máximo Tribunal Provincial que, en las actuaciones sobre división de condominio, donde la intervención judicial no es indispensable y en las que, cuando ella se reclama, no existe por lo común tema contencioso ni tela de juicio, la regla general es que, en principio, las costas han de soportarse en el orden causado y las comunes por mitades, porque se trata de gastos derivados del ejercicio de un derecho indiscutible. Y, serán los antecedentes de la causa los que, en definitiva, definirán la norma aplicable para regular la distribución de las costas, ya que la imposición de estas por su orden, en los casos de demandarse judicialmente la división de cosas comunes, constituye un principio y no un axioma (SCBA, Ac. 57.990, 17/10/1995).
4. Del análisis de las pruebas obrantes en la presente causa, se advierte que la actora funda su recurso partiendo de una falsa premisa: que la demandada ha frustrado la posibilidad de un acuerdo extrajudicial y, luego, se ha opuesto al progreso de la demanda.
Cita como antecedentes, una serie de misivas -cartas documentos, emails y mensajes telefónicos- dirigidas a la demandada con el contenido de una propuesta concreta de partición en especie que habría recibido como respuesta una única contestación, oponiéndose a ella, al invocar una división dineraria, circunstancia esta última que -aduce- debió haber sido valorada por el juez como una conducta obstructiva, por resultar la partición en especie la forma de dividir que -como regla- establece nuestro ordenamiento jurídico.
Las tratativas extrajudiciales giraron en torno a dos propuestas, por un lado, la de la actora: división en especie mediante la conformación de dos grupos de inmuebles y, en caso de ser necesaria, una compensación en dinero -partición por saldo-; por otro, la de la demandada: partición dineraria, en razón de las particularidades de los inmuebles, que impiden -a su criterio- la conformación de lotes equivalentes.
La accionante plasmó su propuesta a través de reiterados canales de comunicación -carta documento, email, mensajes de whatsapp- documental que fue adjuntada al escrito de demanda de fecha 3 de diciembre de 2021. Especialmente, se destaca por su claridad la carta documento N° 3957933/34/35 de fecha 25 de octubre de 2021 -v. anexo 8- y su reiteratoria N° 40300745 de fecha 9 de noviembre de 2021 -v. anexo 9-.
La demandada contestó las misivas de la actora mediante la carta documento de fecha 3 de noviembre de 2021 -v. anexo 10- dejando clara su posición categórica en cuanto a la intención de realizar la división mediante la venta de los inmuebles, imputando responsabilidad a la actora en la frustración de las ofertas concretas que, a tales fines, se fueron presentando.
Luego, siguen, a modo de contestación, una serie de cartas documentos de la actora donde sostiene su posición asumida -v. anexo 11-.
En cuanto a la mediación prejudicial, ésta fue iniciada por ambas partes, tanto actora como demandada fueron requirentes y requeridas; se realizaron 3 audiencias en total, en todos los casos sin éxito -v. anexos 6 y 15-.
Iniciada la etapa judicial mediante la interposición de la presente demanda, la demandada negó haber frustrado un acuerdo prejudicial e insistió en su postura de división dineraria de los bienes (v. escrito del 22 de marzo de 2022).
5. De la prueba documental valorada no logra vislumbrarse que -como asevera la actora recurrente- la demandada haya asumido una actitud obstructiva de un acuerdo de partición privado (arts. 384 y 385 del C.P.C.C.). Toda vez que se advierte que, cada una en su postura en cuanto al “cómo”, ambas partes estuvieron siempre contestes en llevar a cabo la división del condominio que comparten, radicando la desavenencia en la forma de realizarla. Ambas plasmaron por escrito sus propuestas en la etapa extrajudicial y tanto actora como demandada dieron inicio, mutuamente, a la mediación prejudicial, resultando ser a la vez, requirente y requerida. Finalmente, a partir de la interposición de la presente demanda judicial, si bien la accionada no se allanó, sostuvo la postura sentada anteriormente, esto es, se manifestó a favor de la partición, más se opuso a realizarla en especie.
La reiteración de misivas por parte de la accionante, cuando siempre contienen la misma propuesta -ya rechazada de modo claro y contundente por su destinataria-, no le suma razones a favor, ya que sólo insiste en una posición unilateral en la forma de realizar la división de los bienes que no ha sido aceptada por la contraria. Y, en este punto, es necesario aclarar que, si bien la partición en dinero es excepcional -conforme nuestro ordenamiento jurídico, art. 2374 del CCyC-, la misma no es ilegal -tal como afirma la accionante- y debe ser meritada cuando las particularidades del caso no resulten claras en cuanto a la división en especie. Es una regla que admite excepciones.
Incluso más, se ha sostenido que -a diferencia de los coherederos- los condóminos, son, en principio, libres de determinar la forma en que se llevará a cabo la partición y, en tal sentido, si ellos consideran más conveniente a sus intereses la obtención rápida del dinero para hacerlo rendir, pueden requerir la partición por venta privada de los inmuebles y luego repartir el dinero de acuerdo a su proporción en el condominio (conf. Kozak de Valdés Verónica, “Tratado Teórico-Práctico del Condominio, 1ra Ed. Cathedra Jurídica, Bs. As. 2010, págs. 362 y stes.).
Es que la partición de un condominio no se decide sólo desde lo jurídico, sino también desde lo económico y, en tal sentido, en el contenido de la decisión expresa a que se refiere el artículo 673 del C.P.C.C., el juez debe, prudentemente, reparar no sólo en criterios jurídicos sino, además, en pautas económicas -condiciones del mercado- atendiendo a la referencia de la norma: "la naturaleza de la cosa". Debe procurarse un proceso de realizaciones que lleve a resultados económicos beneficiosos para todos los comuneros (art. 673 C.P.C.C.).
En razón de lo sentado, la postura de la demandada de oponerse a la división en especie no se advierte caprichosa, ni maliciosa, ni injustificada, si se toma en cuenta que ambas partes manifestaron su voluntad de adjudicarse uno de los inmuebles: el que se halla situado en el Country Abril, el que -además- por su naturaleza, ubicación y posición en el mercado detenta un atractivo distintivo y particular respecto de los bienes restantes, que impide la conformación de lotes equivalentes y proporcionales que arrojen entre los condóminos una igualdad material, tangible, exenta de riesgos, imprecisiones y errores de valoración. Y, la adjudicación de los lotes por sorteo, obligaría al demandado -que se opone a esta división- a abonar en efectivo la diferencia de valor si le tocara en suerte la de más precio.
Sin ahondar mayormente en este punto, ya que la forma de división fue diferida para la oportunidad de ejecución de sentencia y no ha sido materia da agravios, lo esbozado alcanza para sostener -a criterio de este Magistrado- que la oposición de la demandada a la forma de partición resulta razonable (arts. 384 y 385 del C.P.C.C.).
Ello, me lleva a concluir que, la decisión del juzgador de grado de ordenar la división y diferir su modo para otra etapa, no proclama vencedor ni vencido ya que no acoge ninguna de las posturas contrapuestas, por el contrario, refleja un vencimiento parcial y mutuo con beneficio para ambas partes litigantes, supuesto para el cual deviene aplicable el art. 71 del C.P.C.C. -y no el 68 como fue citado- con imposición de costas por su orden para esta etapa del proceso divisorio.
En este sentido se ha dicho que la discrepancia de los demandados sobre la forma de realizar la división del condominio no implica la op
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