Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 142331
En la ciudad de La Plata, a los 14 días del mes de Julio de 2026, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "SANCHEZ ADALBERTO OMAR C/ MAGLIONE VIVIANA AMERICA S/ DIVISION DE CONDOMINIO" (causa: 142331), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es ajustada a derecho la sentencia definitiva del 2/2/2026?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. La sentencia definitiva del 2/2/2026 hizo lugar a la demanda de división de condominio promovida por Adalberto Omar Sánchez contra Viviana América Maglione -en la parte dispositiva de la sentencia dice “Magliones” pero se trata de un error material de copia- respecto del inmueble identificado como Matrícula 10.896 (62) de Lobos, Nomenclatura Catastral Circ. I, Sec. A, Manz. 79, Parc. 1-a, disponiendo que las partes procedan en los términos del considerando V y del art. 674 del C.P.C.C., con costas por su orden. Asimismo, hizo lugar al reclamo de valor locativo, condenando a la demandada a pagar al actor la suma de $ 7.000.000 —resultante de computar el 50% del canon mensual fijado en $ 280.000 conforme la pericia de la martillera Sandra Edith Zingoni del 26/3/2025, esto es $ 140.000 mensuales, por 50 meses desde la mora fijada al 1/11/2021—, con más intereses a la tasa pasiva BIP del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde aquella fecha, haciendo extensiva la condena a los nuevos períodos que se sucedan a partir del pronunciamiento y hasta que el bien se liquide o se modifique la situación de ocupación, con costas. Difirió la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 51 de la ley 8904.
1.2. Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de apelación la parte demandada (9/2/2026), concedido el 13/2/2026, fundado con la expresión de agravios del 23/2/2026 y contestado por la parte actora el 24/3/2026.
1.3. La apelante se agravia por: 1) la falta de perspectiva de discapacidad y la omisión de valorar la pericia social de la Lic. María José Novillo; 2) el error de considerar habitable un inmueble que las pericias describirían como inhabitable, habitando la recurrente en el garaje (agravios 2, 2.1 y 2.2); 3) la atribución del deterioro del inmueble, que imputa exclusivamente al actor, con invocación de gastos de conservación a su exclusivo cargo y enriquecimiento sin causa; 4) la aplicación de normas del Código Civil derogado en violación del art. 7 del C.C.C.N.; 5) la violación del principio de realidad económica al proyectar retroactivamente al año 2021 un valor locativo determinado en 2025; 6) la errónea determinación de los intereses, aplicados sobre valores ya actualizados; y 7) el error en la fijación de la fecha de mora (1/11/2021), que postula trasladar al 19/4/2023 —fecha de notificación de la mediación—, con planteo subsidiario de fijación progresiva del canon. Subsidiariamente pide la nulidad del fallo y formula reserva del caso federal.
1.4. La parte actora contestó los agravios solicitando su rechazo y, en el apartado IV de su presentación, peticionó que el canon se compute desde el 19/3/2020 conforme el cálculo que allí desarrolla por $ 11.394.504,43. Esta última petición resulta improcedente: el actor no apeló la sentencia, y la contestación de agravios no es vía idónea para introducir agravios propios, por lo que la revisión de esta Alzada tiene como límite infranqueable lo decidido en la instancia de origen, que no puede ser modificado en perjuicio de la única apelante (prohibición de la “reformatio in peius”1; arts. 260, 266 y 272, C.P.C.C.).
1.5. La procedencia de la división de condominio y las costas de primera instancia impuestas por su orden respecto de dicho capítulo llegan firmes a esta instancia, pues no han sido materia de agravio. La materia revisora queda así circunscripta al canon locativo y sus accesorios (arts. 164, 260 y 266, C.P.C.C.).
1.6. Se dictó la providencia de “autos para sentencia”, la cual está firme y consentida. El plazo para dictar sentencia vence el 8/9/2026.
II. Tratamiento de los agravios.
2.1. Derecho aplicable (agravio 4). Asiste razón a la apelante en cuanto a la fundamentación normativa del fallo. El uso exclusivo que da sustento al reclamo se desarrolla desde el año 2017 y la demanda fue interpuesta el 1/11/2021, esto es, íntegramente bajo la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, por lo que la relación jurídica y sus consecuencias se rigen por dicho cuerpo legal (art. 7, C.C.C.N.), sin que corresponda acudir a los arts. 2676, 2680, 2682, 2684, 2691, 2699, 2700, 2726, 3464 y 509 del Código Civil derogado que nutren la sentencia apelada.
Sin embargo, la razón formal del agravio no conduce a la revocación que pretende. En virtud del principio iura novit curia (el juez conoce el derecho),2 corresponde a esta Alzada recalificar el encuadre normativo sin alterar la sustancia de lo decidido, y lo cierto es que la solución de fondo es idéntica bajo el régimen vigente: el condominio faculta a cada condómino a usar y gozar de la cosa común (art. 1986, C.C.C.N.) y, cuando uno de ellos la usa en forma exclusiva excluyendo al otro, el excluido tiene derecho a una indemnización equivalente al valor locativo proporcional a su parte indivisa, desde la oposición fehaciente (art. 1988, C.C.C.N.), norma que recoge expresamente la solución que la jurisprudencia había elaborado bajo el código anterior y que la sentencia aplicó. El agravio prospera, entonces, únicamente en cuanto a la corrección de la cadena normativa, que queda sustituida por los arts. 1983, 1986, 1988, 1990, 1991, 1995, 1996, 1997 y 2000 del C.C.C.N., sin incidencia sobre la procedencia sustancial del canon (arts. 163 inc. 5°, 164, 266 y 272, C.P.C.C.).
2.2. Perspectiva de discapacidad (agravio 1). Es exacto que la sentencia no menciona la pericia social producida por la Lic. María José Novillo, perito de la Asesoría Pericial de La Plata, y ese déficit de valoración debe ser subsanado en esta instancia (arts. 164, 253, 266, 272 y 384, C.P.C.C.). De dicha experticia surge que la demandada posee certificado de discapacidad, presenta dificultades de desplazamiento derivadas de una intervención quirúrgica por pie plano, cuenta con cobertura de PAMI y habita en el sector de garaje del inmueble, con mobiliario mínimo y gas envasado, debido al deterioro de la vivienda principal.
Ahora bien, la condición de vulnerabilidad acreditada, que impone juzgar el caso bajo el prisma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 26.378, con jerarquía constitucional conforme ley 27.044; arts. 1, 2, 3, 12 y 19), de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad y del art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional, no tiene la aptitud que la recurrente le atribuye para eximirla del pago de la compensación. El canon del art. 1988 del C.C.C.N. no es una sanción sino la contrapartida del uso exclusivo de la cosa común frente al derecho igual del otro condómino, que también integra la garantía de propiedad (art. 17, Const. Nac.); la discapacidad de la ocupante no priva al condómino excluido de su derecho, sin perjuicio de que aquella condición deba ser especialmente considerada en la ponderación del quantum —lo que se hará al tratar los agravios 5 y 6—, en las costas y en la etapa de ejecución, conforme se dispone en el apartado 2.8 (arts. 163 inc. 5° y 6°, 260, 261, 375 y 384, C.P.C.C.).
2.3. Habitabilidad del inmueble (agravios 2, 2.1 y 2.2). La queja parte de una premisa inexacta. La perito martillera no tasó el bien "como si estuviera en estado normal": expresamente fijó el valor locativo de $ 280.000 mensuales "tomando como referencia que corresponde al garage que oficia de vivienda con todos los deterioros y faltantes, con el parque respectivo", y aclaró que dicho valor podría ascender si se acondicionara y mejorara la propiedad. Es decir, el estado deficitario del inmueble —humedad, cañerías faltantes, servicios no conectados— ya está descontado en la base económica de la condena, de modo que el agravio pretende computar dos veces la misma circunstancia (arts. 384 y 474, C.P.C.C.).
La crítica de la apelante sobre el valor locativo remite al período probatorio que quedó superado a partir del “autos para sentencia” (art. 482, C.P.C.C.), y trae cuestionamientos sobre el canon locativo que no pasan de ser una mera discrepancia con la juzgadora de origen (arts. 260 y 261, C.P.C.C.).
A ello se suma que el presupuesto del art. 1988 del C.C.C.N. es el uso exclusivo y excluyente, no el confort de ese uso. La propia recurrente reconoce que habita el inmueble desde el año 2017 —en el sector que se encuentra en condiciones de ser habitado— y que el actor tiene vedado el ingreso, extremo que la contestación de agravios corrobora. La ocupación abarca la disponibilidad de la totalidad del predio de 5.934 m2 con su parque, cuyo mantenimiento la propia apelante invoca, y excluye al cotitular de toda posibilidad de uso o goce. La precariedad del sector habitado, reflejada en el valor pericial, no elimina la exclusividad del uso, por lo que el agravio no puede prosperar en cuanto persigue la supresión del canon (arts. 1986 y 1988, C.C.C.N.; 260, 261, 375, 384 y 474, C.P.C.C.).
2.4. Deterioro del inmueble, gastos de conservación y enriquecimiento sin causa (agravio 3). La queja tropieza con una doble valla. En primer lugar, la de la congruencia: el resarcimiento del daño que se atribuye al actor por el alegado desmantelamiento del inmueble y el reembolso de los gastos de conservación que la demandada dice haber afrontado no integraron la litis, pues no fueron objeto de reconvención, y es doctrina reiterada que, ante la falta de reconvención, el pleito queda limitado a las pretensiones efectivamente deducidas, sin que pueda la Alzada pronunciarse sobre créditos ajenos al objeto del proceso (arts. 34 inc. 4°, 163 inc. 6°, 164, 272 y 354, C.P.C.C.). En segundo lugar, la probatoria: las pericias describen el estado actual del bien —deterioro, humedad, faltantes de artefactos y cañerías— pero no acreditan la autoría ni la época de esos faltantes, y la demandada desistió de su prueba oral (certificación del 8/7/2025), de modo que la imputación del desmantelamiento al actor quedó huérfana de respaldo, siendo de su cargo acreditarla (art. 375, C.P.C.C.).
Lo expuesto no importa desconocer que los gastos de conservación, reparación, tasas e impuestos soportados por uno solo de los condóminos constituyen cargas comunes que pesan sobre ambos en proporción a sus partes indivisas (arts. 1990 y 1991, C.C.C.N.), crédito que la interesada podrá hacer valer, con la debida acreditación, en la etapa de liquidación propia de la ejecución de la división, o por la vía que corresponda, al igual que cualquier reclamo resarcitorio entre condóminos, que quedan expresamente a salvo. Con ese alcance, el agravio se rechaza (arts. 163, 164, 260, 261, 272, 375 y 384, C.P.C.C.).
2.5. Fecha de mora (agravio 7). La recurrente sostiene que no tuvo noticia del reclamo sino con la notificación de la mediación (19/4/2023) y que, por ende, no pudo ser constituida en mora el 1/11/2021, fecha de interposición de la demanda. El planteo, correcto en su premisa normativa —el art. 1988 del C.C.C.N. exige oposición fehaciente al uso gratuito, y la mera presentación de una demanda no notificada no la configura por sí sola (arts. 886 y 887, C.C.C.N.)—, se desentiende sin embargo de las constancias que vinculan a las partes.
En efecto, en el proceso de compensación económica que la aquí demandada promovió contra el actor ("Maglione, Viviana América c/ Sánchez, Adalberto Omar s/ acción compensación económica", expte. 20100/2016, Juzgado de Familia N° 3, que esta Sala tuvo a la vista por prevención en la causa 121.627), esta misma Sala resolvió con fecha 6/6/2017 disponer el retiro del Sr. Sánchez del inmueble de calle Olavarría 151 de Lobos, atribuyendo su uso exclusivo por el término de un año a la Sra. Maglione, "quedando sujeto el canon locativo pretendido a lo que en definitiva se resuelva sobre el mismo" (RSI. 95/2017). La pretensión de cobro del canon fue, pues, exteriorizada y conocida por la demandada desde el año 2017: ella misma la transcribe en su contestación de demanda. La oposición fehaciente al uso gratuito, exigida por el art. 1988 del C.C.C.N., precede largamente a la fecha fijada en la sentencia, de modo que el punto de partida establecido —la interposición de la demanda, 1/11/2021— no sólo no agravia a la recurrente sino que la beneficia, al dejar fuera de la condena los períodos anteriores; y como el actor no apeló, aquella fecha constituye además un piso inamovible por imperio de la prohibición de “reformatio in peius” (arts. 260, 266 y 272, C.P.C.C.).
Tampoco conmueve lo anterior la invocada inactividad del actor entre la demanda y la mediación, pues descartada la premisa del desconocimiento del reclamo, la demora procesal no configura el abuso del derecho que se denuncia (arts. 9 y 10, C.C.C.N.), ni le ha generado ventaja alguna ya que se sigue demorando la división pretendida, se le ha otorgado una tasa inferior a la inflación y la accionada no ha indicado en que hubiera variado su situación si se hubiera notificado la demanda antes, sin perjuicio de su eventual incidencia en otros ámbitos. El agravio se rechaza (arts. 886, 887, 1988, C.C.C.N.; 260, 261, 375 y 384, C.P.C.C.).
2.6. Cuantificación del canon e intereses (agravios 5 y 6). Estas quejas, que conviene tratar en conjunto por su íntima conexión, son parcialmente fundadas, aunque con un alcance distinto del pretendido.
2.6.1. El diagnóstico de la apelante es correcto en lo estructural: la sentencia tomó el valor locativo determinado por la perito al 26/3/2025 ($ 280.000 mensuales, de los que corresponde el 50%, esto es $ 140.000), lo proyectó en forma plana y retroactiva sobre los 50 meses transcurridos desde el 1/11/2021, y sobre el total así obtenido dispuso intereses a la tasa pasiva BIP desde aquella fecha inicial. Ese esquema computa dos veces la depreciación monetaria: una, al liquidar períodos pretéritos a valores actuales; otra, al aplicarles desde el origen una tasa bancaria que contiene un componente destinado a compensar la inflación. La distorsión no se corrige, empero, con la solución que la recurrente propone —liquidar cada período a valores históricos nominales—, sino ordenando correctamente la relación entre capital e intereses.
Tal como ya se expresó la ocupación no se limita a una cochera, sino que abarca la disponibilidad de la totalidad del predio de 5.934 m2 con su parque, cuyo mantenimiento la propia apelante invoca, y excluye al cotitular de toda posibilidad de uso o goce. En sus agravios la apelante omite ponderar que ocupa todo el predio, excluyendo al condómino.
2.6.2. La obligación de compensar el uso exclusivo de la cosa común es una típica deuda de valor (art. 772, C.C.C.N.): su objeto es el valor locativo del bien, que se cuantifica en dinero al momento de la evaluación. Es entonces legítimo —y no arbitrario— cuantificar todos los períodos al valor determinado en la pericia (26/3/2025), que además refleja el estado deteriorado del inmueble conforme se explicó en el apartado 2.3; pero, tratándose de valores actuales a esa fecha, los intereses anteriores a la cuantificación sólo pueden liquidarse a una tasa pura, del 6% anual, que retribuye la privación del capital sin computar la depreciación ya contenida en la actualización del valor. Desde la cuantificación, y por tratarse ya de una deuda dineraria, correspondería la tasa del art. 768 inc. "c" del C.C.C.N., reglamentada por la Resolución 1/26 del BCRA (7/1/2026), que estableció la Tasa de Intereses Moratorios (TIM), conforme la doctrina de la SCBA sentada en la causa "Barrios" (C. 124.096, sent. del 17/4/2024). Empero, siendo la demandada la única apelante y resultando la TIM más gravosa que la tasa dispuesta en la sentencia —por promediar la tasa pasiva y la activa y tener como referencia al C.E.R.—, su aplicación importaría una reforma en perjuicio de la recurrente, vedada a esta Alzada (arts. 260, 266 y 272, C.P.C.C.), por lo que corresponde mantener la tasa pasiva digital BIP del Banco de la Provincia de Buenos Aires dispuesta en la sentencia con cita de la causa "Cabrera" (C. 119.176), sin que ello importe sentar criterio general sobre la tasa aplicable.
2.6.3. Conforme a ello, corresponde practicar la liquidación del siguiente modo. El capital de condena se mantiene en $ 7.000.000, que es el techo fijado en la instancia de origen (50 períodos mensuales de $ 140.000, desde noviembre de 2021 hasta diciembre de 2025 inclusive) y no puede ser excedido en perjuicio de la única apelante. Los 40 períodos devengados con anterioridad a la cuantificación pericial (noviembre de 2021 a febrero de 2025) devengan el interés puro del 6% anual desde el último día de cada mes y hasta el 26/3/2025; los 10 períodos devengados a partir de dicha fecha (marzo a diciembre de 2025) devengan directamente la tasa pasiva digital desde el último día de cada mes. Desde el 26/3/2025 y hasta el efectivo pago, el capital correspondiente a los períodos anteriores a la cuantificación ($ 5.600.000) devenga la tasa pasiva digital.
El detalle de la liquidación del interés puro es el siguiente:
Período
Devengamiento
Días al 26/3/2025
Capital ($)
Interés 6% anual ($)
noviembre/2021
30/11/2021
1212
140.000,00
27.892,60
diciembre/2021
31/12/2021
1181
140.000,00
27.179,18
enero/2022
31/1/2022
1150
140.000,00
26.465,75
febrero/2022
28/2/2022
1122
140.000,00
25.821,37
marzo/2022
31/3/2022
1091
140.000,00
25.107,95
abril/2022
30/4/2022
1061
140.000,00
24.417,53
mayo/2022
31/5/2022
1030
140.000,00
23.704,11
junio/2022
30/6/2022
1000
140.000,00
23.013,70
julio/2022
31/7/2022
969
140.000,00
22.300,27
agosto/2022
31/8/2022
938
140.000,00
21.586,85
septiembre/2022
30/9/2022
908
140.000,00
20.896,44
octubre/2022
31/10/2022
877
140.000,00
20.183,01
noviembre/2022
30/11/2022
847
140.000,00
19.492,60
diciembre/2022
31/12/2022
816
140.000,00
18.779,18
enero/2023
31/1/2023
785
140.000,00
18.065,75
febrero/2023
28/2/2023
757
140.000,00
17.421,37
marzo/2023
31/3/2023
726
140.000,00
16.707,95
abril/2023
30/4/2023
696
140.000,00
16.017,53
mayo/2023
31/5/2023
665
140.000,00
15.304,11
junio/2023
30/6/2023
635
140.000,00
14.613,70
julio/2023
31/7/2023
604
140.000,00
13.900,27
agosto/2023
31/8/2023
573
140.000,00
13.186,85
septiembre/2023
30/9/2023
543
140.000,00
12.496,44
octubre/2023
31/10/2023
512
140.000,00
11.783,01
noviembre/2023
30/11/2023
482
140.000,00
11.092,60
diciembre/2023
31/12/2023
451
140.000,00
10.379,18
enero/2024
31/1/2024
420
140.000,00
9.665,75
febrero/2024
29/2/2024
391
140.000,00
8.998,36
marzo/2024
31/3/2024
360
140.000,00
8.284,93
abril/2024
30/4/2024
330
140.000,00
7.594,52
mayo/2024
31/5/2024
299
140.000,00
6.881,10
junio/2024
30/6/2024
269
140.000,00
6.190,68
julio/2024
31/7/2024
238
140.000,00
5.477,26
agosto/2024
31/8/2024
207
140.000,00
4.763,84
septiembre/2024
30/9/2024
177
140.000,00
4.073,42
octubre/2024
31/10/2024
146
140.000,00
3.360,00
noviembre/2024
30/11/2024
116
140.000,00
2.669,59
diciembre/2024
31/12/2024
85
140.000,00
1.956,16
enero/2025
31/1/2025
54
140.000,00
1.242,74
febrero/2025
28/2/2025
26
140.000,00
598,36
Subtotal
5.600.000,00
569.566,03
Los períodos posteriores a la cuantificaci
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.