Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79738
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que resulta competente el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen. Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para que continúe interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, mediante oficio electrónico.
B.79.738 "PEREZ CLAUDIA MYRIAM C/ TRECCO NESTOR FABIAN S/ DIVISION DE CONDOMINIO -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-"
I. En autos, la señora Claudia Myriam Pérez deduce la presente acción contra el señor Néstor Fabián Trecco, con la finalidad de hacer cesar el estado de indivisión del inmueble del que alega ser condómina mayoritaria, ubicado en la calle Monte Santiago N°180 de la localidad de General Villegas, designado catastralmente como Circunscripción II, Sección B, Chacra 151, Manzana 151aw, Parcela 3.
Del relato de los hechos efectuado en la demanda surge que la señora Pérez y el señor Trecco adquirieron el inmueble en el año 2010 a raíz de la firma de un boleto de compraventa con el señor Almeyra y la señora Aguirre, y que, tras la operación, presentaron dicho instrumento ante el Municipio de General Villegas a fin de solicitar la desadjudicación a favor de los vendedores y la consecuente adjudicación a su nombre, lo que finalmente se concretó mediante la ordenanza 5.626/15
Pone de manifiesto que, luego de unos años de convivencia en dicho inmueble -constituido como vivienda familiar y local comercial-, el señor Trecco habría comenzado a ejercer distintos tipos de violencia (física, psicológica y económica) contra su persona, lo que la llevó a formular las correspondientes denuncias, en virtud de las cuales se dispusieron diversas medidas, entre ellas la exclusión del hogar y restricción de acercamiento.
Refiere, sin embargo, que tales medidas nunca llegaron a hacerse efectivas y que, más aún, se vio forzada a suscribir un convenio -bajo las reiteradas amenazas que este último le habría proferido- por el cual no solo quedó privada del acceso a la vivienda, sino también de la posibilidad de continuar con su actividad comercial. Añade que, en ese mismo acuerdo, también se habría pactado la escrituración y posterior venta del inmueble, pero que lo allí establecido nunca fue cumplido, en tanto el demandado se habría negado a firmar y avanzar con la operación, beneficiándose así de una situación de hecho consolidada, que le permitió mantener el uso exclusivo del inmueble a su favor.
Frente a ese contexto, pide entonces, además del resarcimiento por el perjuicio patrimonial que tal situación le estaría generando, que se disponga cautelarmente la división temporal del inmueble, asignando para ella y sus hijos el sector destinado a vivienda familiar, y al demandado el espacio que actualmente ocupa con fines comerciales (v. escrito electrónico de fecha 10-VII-2023).
II. La causa fue iniciada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, el cual confirió traslado de la demanda.
Más tarde, una vez contestada por el demandado y atento a lo manifestado en esa oportunidad (v. escrito de fecha 21-X-2023), el juez subrogante del organismo decidió -en consonancia con el art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial- citar en calidad de tercero a la comuna de General Villegas, "por ser aún la propietaria del predio litigioso" (v. proveído electrónico de fecha 1-XII-2023).
Por su parte, al tiempo de comparecer al juicio, el apoderado comunal articuló, juntamente con la de falta de legitimación pasiva, una excepción de incompetencia, pues entendió que, si bien el de autos trataba sobre un "conflicto privado" entre las partes -aclarando que estas eran coadjudicatarias, mas no condóminas del inmueble-, en caso de haberse deducido la demanda a raíz del silencio administrativo de su representada (art. 12 inc. 6, CCA) y dado el carácter público de esta última, las actuaciones debían ser del conocimiento del fuero especializado (v. presentaciones electrónicas de fecha 5-II-2024 y 5-VIII-2024).
Interesa señalar que, en su resolutorio de fecha 31-X-2024, el magistrado actuante, más allá de la presentación efectuada por la reclamante (v. escrito de fecha 12-IX-2024), resolvió hacer lugar a la defensa incoada por la comuna en vista de "...la relación entre la actora y demandada como condóminos del inmueble cuya división se pretende, y la Municipalidad de General Villegas -como propietaria de dicho bien-, que se rige por la Ordenanza de Adjudicación N°5.668, por la cual se delinearon los términos y condiciones, justamente, de la adjudicación del inmueble" ( sic ).
Sin embargo, siendo sorteado el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental, su titular también se rehusó a entender en el asunto.
De un lado, al señalar que la contienda se encuentra regida netamente por el derecho privado y alcanzada por la regla de exclusión establecida en los incisos 1 y 2 del art. 4 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, en tanto la única finalidad de la actora es lograr la división del condominio y la posterior restitución del inmueble, junto con la obtención de un resarcimiento por parte de quien fuera su pareja, debido a los hechos denunciados en la demanda. De otro, al considerar que, en la medida en que el municipio resultaría ser el único titular registral del inmueble, cualquier acción en su contra deberá encauzarse por alguno de los carriles previstos en el código adjetivo. Además, tuvo dicho que, en todo caso, la eventual reconducción de oficio del proceso -no efectuada por su par remitente, según puntualizó- constituía una excepción aplicada con carácter estricto, a fin de no vulnerar los derechos de disposición de la acción que le competen a las partes.
Fue así que, en este estado, planteó formalmente la contienda negativa y ordenó la elevación de los actuados a esta Suprema Corte de Justicia, la que en virtud de lo dispuesto por el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto ley 13.101- se encuentra facultada para dirimirla, causando ejecutoria su decisión (v. resol. electrónica de fecha 14-XI-2024).
III. Efectivamente, asiste razón al juez en lo contencioso administrativo.
Al respecto, es preciso recordar que el art. 4 del Código Procesal Contencioso Administrativo sustrae de la jurisdicción allí regulada a las controversias regidas por el derecho privado (inc. 1) y a aquellas que involucren pretensiones posesorias (inc. 2).
Bajo ese enunciado normativo, esta Corte ha sostenido en términos generales que los juicios que versen sobre los modos y formas de adquisición, modificación o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles son casos gobernados, de forma primaria, por el derecho privado y, por ende, extraños al ámbito de competencia asignado al fuero especializado (doctr. causas B. 72.778, "Fantaguzzi", resol. de 12-III-2014; B. 73.390, "Rodríguez", resol. de 5-XI-2014; B. 74.484, "Esteves", resol. de 22-VIII-2018; B. 75.402, "Casco", resol. de 21-XI-2018; B. 76.674, "Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 19-III-2021; B. 77.252, "Brochon", resol. de 6-IX-2021; B. 77.512, "Valeika", resol. de 20-XII-2021 y B. 79.048, "Albani", resol. de 15-III-2024, e.o.).
Mismo temperamento ha adoptado cuando las acciones se promueven con el fin de tutelar derechos o relaciones reales sobre bienes inmuebles (conf. arts. 2.238 y concs., Cód. Civ. y Com.; doctr. causas B. 77.150, "Asociación Civil Entidad Mármol Norte", resol. 17-VI-2021; B. 77.008, "Zaballa", resol. de 12-VII-2021; B. 77.326, "Billiani", resol. de 15-X-2021; B. 77.308, "Custiriano", resol. de 11-XI-2021; B. 78.397, "Municipalidad de La Matanza", resol. de 7-XII-2022; B. 78.986, "Benítez", resol. de 24-X-2023; B. 79.139, "Cloreal SRL", resol. de 24-V-2024, entre muchas).
También se dijo que tal situación no varía aun cuando el caso se haya podido originar en la acción u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, por parte de una de las personas enumeradas en el art. 166 in fine de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (doctr. causas B. 71.924, "Fran Constructora SA", resol. de 12-III-2014; B. 73.120, "Noriega", resol. de 8-VII-2014; B. 74.322, "Sociedad de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría", resol. de 10-V-2017 y B. 76.725, Municipalidad de Almirante Brown", resol. de 23-II-2021).
IV. Del escrito inaugural, así como de las demás constancias de la causa, surge que la acción deducida tiene por objeto tutelar los derechos posesorios que la actora refiere ejercer sobre el inmueble litigioso en su carácter de coadjudicataria y que aduce turbados como consecuencia de hechos de violencia que atribuye al demandado en el marco de la convivencia que ambos mantenían, hechos -estos últimos- respecto de los cuales -según se desprende de autos- se iniciaran actuaciones que tramitaron ante los organismos jurisdiccionales pertinentes. En función de ello, la reclamante indica perseguir la escrituración del inmueble, que fuera autorizada por la comuna mediante el decreto 2.088/22 y que -según alega- se habría visto frustrada por la negativa del accionado; la división de condominio del bien; y, adicionalmente, una reparación económica comprensiva del pago de los cánones locativos correspondientes.
Siendo así, es dable concluir que la presente trata de una contienda regida primariamente por normas de derecho privado y que, por ende, se encuentra específicamente raleada del conocimiento de los órganos del fuero contencioso administrativo.
V. Por lo expuesto y en vista de la naturaleza del objeto tanto principal como accesorio del litigio, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen el órgano que continúe conociendo en la presente controversia (doctr. causa B. 73.921, "Casella", resol. de 22-XII-2015).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que resulta competente el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen. Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para que continúe interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, mediante oficio electrónico.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/06/2025 12:43:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/06/2025 13:35:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/06/2025 14:13:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2025 11:34:05 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2025 12:14:38 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/06/2025 12:23:30 hs. bajo el número RR-383-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia