Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125392
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 3, inc. "d" cit.).
C. 125.392 "LEO OSVALDO GERARDO C/ LEO OSCAR ROBERTO S/ DIVISIÓN DE CONDOMINIO RESERVADO"
I. La apoderada de la parte demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley, en virtud de su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; 279 y 289, CPCC; v. resol. de 10-VIII-2022, trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 30-VIII-2022 y su archivo adjunto identificado como "INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL").
En el caso, en lo que resulta pertinente destacar, la Cámara interviniente revocó la sentencia de primera instancia e hizo lugar a la demanda de división de condominio interpuesta por Osvaldo Gerardo Leo contra Oscar Roberto Leo (v. sentencias de fecha 11-III-2020 y 14-IX-2021).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, legalidad, proporcionalidad y debido proceso (arts. 17, 18, 28, 31 y 33 Const. nac.; 17 DUDH y 23 DADDH; págs. 3/5, 10/11 y 14, del adj. cit.)
II.2. Sostiene que la resolución en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa y de las pruebas aportadas, rechazó el remedio local al ponderar -mediante argumentos ritualistas- que había sido insuficientemente fundado.
En tal sentido, aduce que el pronunciamiento atacado omitió tratar debidamente los planteos esgrimidos en la vía local -que ahora reproduce-, referidos a la inexistencia del condominio, la falta de legitimación del actor y la valoración del convenio firmado entre las partes. Y agrega que, contrariamente a lo expuesto, de la observancia de los agravios traídos surge -claramente- que el fallo del Tribunal de Alzada vulneró las mencionadas garantías constitucionales configurando -a su entender- una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía (v. págs. 10/17, adjunto cit.).
II.3. Cuestiona, también, la falta de acuerdo y voto individual de los Jueces de esta Corte para rechazar el remedio intentado. Aduce que esta omisión es contraria a los arts. 5 y 122 de la Constitución nacional (v. págs. 2/3 y 17/18, adjunto cit.).
II.4. Finalmente, y en sustento en lo antedicho, alega que la decisión objetada descartó -equivocadamente, según su entender- los agravios federales que asegura haber planteado. Y en razón de ello, reitera, con base en los antecedentes "Strada" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490 y 311:2478; entre otros) -que menciona como aplicables al presente- que debe concederse el recurso aquí deducido (v. págs. 1/2 y 16/17, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 16-IX-2022), el mismo fue contestado por el apoderado de la actora (v. trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - CONTESTA TRASLADO" de fecha 21-IX-2022).
Respecto a dicha pieza, cabe destacar que en la misma no se ha dado cumplimiento con el requisito relacionado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones en las págs. 2 y 3; v. archivo adjunto identificado como "LEO+-+CONTESTA..." del trámite cit.; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX).
En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándose inoficiosa esa actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN).
IV.1. Respecto del remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba y las referidas a la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, las formalidades de la sentencia y el modo en que emiten su voto los tribunales colegiados, así como la procedencia de la demanda por división de condominio y la suficiencia del remedio de inaplicabilidad de ley para atacar la sentencia de Cámara) son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 2672, entre otros).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de excesivo rigor formal, falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa e irrazonable interpretación de las pruebas y de la normativa aplicable, tampoco se observan motivos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la acreditación de un supuesto excepcional (doctr. art. 15, cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el interesado se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura asumida por este Tribunal para descartar el recurso intentado, reiterando agravios expuestos en el remedio local, que ya han sido ponderados para dar oportuna respuesta (v. págs. 10/17, adjunto cit. y resol. en crisis).
Y en dicha tarea, soslaya rebatir -debidamente y conforme con el deber impuesto por el inc. "d" del art. 3 de la Acordada 4/2007- las puntuales razones brindadas en la decisión impugnada, que destacan, la insuficiencia técnica del remedio de inaplicabilidad por limitarse a disentir con lo resuelto por la instancia anterior en grado (v. resol. cit.).
IV.3. Finalmente, corresponde agregar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 17, 18, 28, 31 y 33 Const. nac.; 17 DUDH y 23 DADDH; págs. 3/5, 10/11 y 14, adj. citado), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, en particular la doctrina derivada de las causas "Strada" y "Di Mascio", no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 121.865, "La Araucana Oeste S.A", resol. de 18-II-2021; C. 123.976, "J.O.P. S.R.L.", resol. de 10-III-2021; C. 124.350, "Cabrera", resol. de 23-IX-2021; C. 122.810, "Zubiri", resol. de 24-V-2022; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 3, inc. "d" cit.).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/02/2023 16:38:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 14:13:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 15:33:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2023 09:03:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2023 11:57:44 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/02/2023 12:53:41 hs. bajo el número RR-17-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia