Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124682
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 1 de diciembre de 2021;
2Tener por no presentado el escrito de fecha 2 de diciembre de 2021, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 15 de noviembre de 2021 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 3) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 124.682 "IBARBIA, JAVIER C./ IBARBIA, FRANCISCO IGNACIO Y OTROS S./ DIVISION DE CONDOMINIO"
I. Con la presentación electrónica de fecha 2 de diciembre de 2021, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 1 de diciembre de 2021.
II. La apoderada del actor deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, con sustento en la falta de definitividad de la decisión atacada y en la inexistencia de un agravio federal que suscite la apertura de la instancia, desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley (arts. 278 y 292, CPCC y Acordada 1.790; v. resol. de 24-VIII-2021, trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 17-IX-2021, a las 15:40:40hs. y su archivo adjunto identificado como "INTERPONE RECURSO FEDERAL.pdf").
En el caso, en el marco del proceso de división de condominio, la Cámara interviniente confirmó el fallo del juez de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar a la demanda incoada y decretado la venta en pública subasta del bien objeto de estos autos (v. resols. de 13-VII-2018 y 15-XII-2020, en archivo adjunto titulado "COPIAS DE LEY.pdf" del trámite "RECURSO DE QUEJA - DEDUCE" de fecha 23-II-2021).
III.1. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, defensa en juicio, cosa juzgada, debido proceso, razonabilidad, tutela judicial y a ser oído (arts. 17, 18, 75 inc. 22 y 114, Const. nac.; 8 y 25, CADH; 14.1, PIDCP; v. págs. 3, 13/18, 20/22, 26/27 y 32/33, adjunto "INTERPONE RECURSO FEDERAL.pdf" cit.).
III.2. Sostiene que la sentencia objetada resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto, en tanto -según su modo de ver- se sustenta en meras afirmaciones dogmáticas. Ello, por cuanto esta Corte, sin analizar las circunstancias objetivas de la causa, apartándose de la normativa que rige al caso y basándose en sus propios antecedentes jurisprudenciales que -asevera- difieren del caso de marras, calificó -sin fundamentación y con exceso ritual- de no definitiva la decisión de la Cámara y, en consecuencia, desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley.
Afirma que en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 340:251; 300:1158; 3102:517; 97:564; 339:1722; 330:1383; 297:387; entre muchos; v. págs. 13/14 y 18/29, adjunto "INTERPONE RECURSO FEDERAL.pdf" cit.).
En tal sentido, aduce que la decisión en crisis omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de hecho local y en el recurso de inaplicabilidad de ley -que ahora reproduce- referidos, por un lado, a que la denegatoria del Tribunal de Alzada debió haber sido declarada nula por carecer de motivación propia y, por el otro, que el presente es un supuesto de excepción al principio de restricción recursiva en el procedimiento de ejecución de sentencia, en tanto lo decidido -respecto de la división de condominio- resulta ajeno al pronunciamiento que se ejecuta -por ser posterior a él- y vulnera los principios de preclusión y cosa juzgada.
Y asegura que, contrariamente a lo expuesto, los agravios traídos resultaron suficientes para demostrar que lo decidido le ocasiona a su representado un perjuicio no susceptible de reparación posterior. Ello evidencia -según su punto de vista- la definitividad de la decisión recurrida, refuta las razones dadas por el Tribunal de Alzada y acredita el absurdo de su fallo (v. págs. 18/29, adjunto "INTERPONE RECURSO FEDERAL.pdf" cit.).
III.3. Alega, por fin, que el fallo atacado descartó -sin dar fundamentos suficientes- los agravios federales que asegura haber planteado, vulnerando -de esa manera- las garantías constitucionales de debido proceso, propiedad y defensa en juicio (v. págs. 29/33, adjunto "INTERPONE RECURSO FEDERAL.pdf" cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 23-IX-2021 y trámites titulados "OFICIO A" de fechas 28-IX-2021 y 8-XI-2021 y "OFICIO RECIBIDO" de fecha 15-XI-2021), el mismo fue contestado por el apoderado de Santiago, Fernando, Lucas, Josefina, Juan, Iñaki, Felipe, Magdalena y Emilio Joaquín IBARBIA y de ARTEKARI CAMPOS S.A. (v. escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAPRDINARIO FEDERAL - CONTESTA TRASLADO" de fecha 2-XII-2021).
Respecto a dicha pieza, cabe destacar que en ella no se ha dado cumplimiento con el requisito relacionado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones en las págs. 4, 6/8, 10/12, 14, 16, 20, 22, 24 y 26; v. archivo adjunto identificado como "CONTESTAN+TRASLADO+DE+RECURSO+EXTRAORDIN" del trámite cit.; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX).
En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 15 de noviembre de 2021 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN).
V.1. En lo que refiere al remedio federal intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones referidas a la admisibilidad de los remedios interpuestos, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local, no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 248:408; 249:530; 295:54; 300:83; 301:836; 302:539; 307:2429; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente caso, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan tales extremos, desde que las razones de la impugnante se limitan a discrepar con el criterio sustentado por este Tribunal para rechazar la queja por denegatoria del carril de inaplicabilidad de ley, insuficientes -como tales- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad denunciada con base en las causales de dogmatismo, exceso ritual, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan motivos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional.
Cabe tener en cuenta que, según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, Fallos: 323:4028; 329:2206 y 330:133, entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 329:3761 y 330:133 cit.).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que la interesada se limita -en rigor- a denunciar la existencia de dicho vicio en el fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura establecida por este Tribunal para descartar el recurso de hecho intentado. En efecto, reitera no sólo agravios allí expuestos, sino también los invocados en el remedio local de inaplicabilidad de ley, que quedaron fuera de la competencia de esta Corte por la denegatoria de la Cámara y el posterior rechazo de la queja en esta sede (v. págs. 18/33, adjunto cit. y resol. en crisis cit.).
V.3. Asimismo, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de propiedad, defensa en juicio, preclusión, cosa juzgada, debido proceso, razonabilidad, tutela judicial y a ser oído ; arts. 17, 18, 75 inc. 22 y 114, Const. nac.; 8 y 25, CADH; 14.1, PIDCP; v. págs. 3, 13/18, 20/22, 26/27 y 32/33, adjunto "INTERPONE RECURSO FEDERAL.pdf" cit.), así como la simple mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.728, "D'eramo", resol. de 18-II-2021; C. 124.350, "Cabrera", resol. de 23-IX-2021; C. 124.040, "Larruina", resol. de 29-XII-2021; entre otros).
V.4. Resta agregar que tampoco se observan motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida sobre la base de la doctrina de la gravedad institucional. Independientemente de tratarse de un resorte hábil solamente para sortear aspectos formales, mas no para suplir la ausencia de cuestión federal, lo cierto es que ella constituye un supuesto excepcional que no se encuentra configurado en el caso, pues sólo se discuten derechos patrimoniales que no exceden el ámbito de las partes, sin que se advierta la afectación -de modo directo- de intereses comunitarios (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799, v. págs. 33, adjunto cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 1 de diciembre de 2021; 2) tener por no presentado el escrito de fecha 2 de diciembre de 2021, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 15 de noviembre de 2021 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 3) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/06/2022 13:48:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/06/2022 14:24:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2022 09:20:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2022 18:34:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2022 12:46:02 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2022 13:16:09 hs. bajo el número RR-572-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia