Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 167052
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 1127, confirmando la sentencia dictada a fs. 1115/1124 por los argumentos brindados.
II. Imponer las costas de Alzada a la apelante vencida (art. 68 1º párr. del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad.
REGISTRADA BAJO EL N º 115-S Fo. 595/8
Expte. N ° 167.052 Juzgado Civil y Comercial Nº 6.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 16 días del mes de mayo de dos mil diecinueve, reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “MOREIRA GLADYS A. C/ BENITO TOMAS D. S/ DIVISION DE COSAS COMUNES” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1a.) Es justa la sentencia de fs. 1115/1124?
2a.) Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RICARDO MONTERISI DIJO:
I. La sentencia de fs. 1115/1124 viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 1127.
La jueza a quo rechazó la demanda por división de condominio del inmueble matrícula (45) 185.279 promovida por GLADYS ANDREA MOREIRA contra TOMAS DANIEL BENITO, con costas. Paralelamente, declaró caída en abstracto la excepción de falta de legitimación para obrar opuesta por el accionado, y difirió la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
Expresó la jueza de primera instancia que según se encontraba debidamente acreditado en autos, entre Gladys Andrea Moreira y Tomás Daniel Benito existió una unión convivencial que se inició en el año 1998 y perduró hasta abril de 2009, producto de la cual nacieron dos hijos.
Destacó que ni el derogado Código Civil (aplicable al sub judice ) ni el Código Civil y Comercial vigente preveían un régimen patrimonial para el supuesto del cese de la unión convivencial (salvo existencia de pactos previos en este último), ni resultaban aplicables por analogía las normas relativas a la liquidación de la comunidad de ganancias del régimen matrimonial, de manera que –como regla general- los bienes se mantenían en el patrimonio del conviviente que los hubiera adquirido.
Señaló que si bien como principio rector, el concubinato no desplazaba de plano las cuestiones económico-patrimoniales –que podían hallarse presentes- ello no constituía una consecuencia necesaria de la unión convivencial ni autorizaba a presumir la existencia de bienes en común. No obstante, el miembro de la pareja que hubiera realizado aportes personales para la adquisición de un bien inscripto a nombre del otro se hallaba habilitado para reclamar el reconocimiento de su contribución sin necesidad de invocar la conformación de una sociedad de hecho, acudiendo a la figura de la comunidad de bienes o intereses.
Citó diversos antecedentes jurisprudenciales y opiniones doctrinarias, puntualizando que la actora no logró demostrar los aportes que alegó haber efectuado para la compra del inmueble individualizado en autos. En ese sentido, observó que con anterioridad al inicio de la unión convivencial, el demandado era propietario de un departamento sito en Avda. Juan B. Justo y Roque Sáenz Peña de esta ciudad adquirido el 11-11-1992, que enajenó el 19-4-2007 por la suma de $ 120.000. El accionado acreditó también haber trabajado en el Frigorífico Mellino entre 1977 y 1998, y haberse dedicado -luego de su desvinculación- a la compraventa de automóviles y a la intermediación en la venta de pescado, obteniendo ingresos ostensiblemente superiores a los de la parte actora, según lo denunciado por la propia reclamante en el juicio por alimentos que tramitara ante el Tribunal de Familia N° 2 departamental.
Consideró que si bien la accionante laboró en el Hospital Privado de la Comunidad-Fundación Médica Mar del Plata entre el 27-9-1993 y el 28-2-2007 y como secretaria del Dr. Juan Antonio Moreno a partir del 1-2-2008, adjuntando diversos recibos de sueldo, su capacidad económica –comparada con los consumos efectuados con tarjeta de crédito y los costos que conllevaba una familia con dos hijos- no le permitía contar con un excedente suficiente como para aportar a la compra del lote y posterior construcción de la vivienda motivo del pleito.
En cuanto a la indemnización de $ 5.500 por cese de la Fundación Médica Mar del Plata percibida el 2-3-2007, no se demostró en autos que la reclamante hubiera solventado ninguno de los gastos efectuados con posterioridad a esa fecha, resultando dicha suma notoriamente escasa para afrontar las erogaciones por compra de materiales aquí documentadas; el demandado, por su parte, acreditó contar con ingresos suficientes en el mismo período. Por dichos fundamentos, desestimó la pretensión por división de condominio incoada.
Paralelamente y atento el rechazo de la acción, declaró caída en abstracto la excepción de falta de legitimación para obrar oportunamente interpuesta por el accionado.
II. La apelante expresó sus agravios a fs. 1140/1146, que fueron respondidos por la demandada mediante escrito electrónico de fecha 3-4-2019 proveído a fs. 1148.
Alegó que la valoración de la prueba efectuada por la jueza de primera instancia es arbitraria, pues se basó en cuentas matemáticas y comparaciones de ingresos, compras y ventas descontextualizada y ajena a la relación de convivencia que unió a las partes durante más de diez años.
Sostuvo que la magistrada no estimó el valor económico de cocinar, limpiar, planchar, lavar, administrar la casa y ocuparse de las necesidades de los hijos durante once años, valor significativo contemplado en el art. 524 del actual Código Civil y Comercial, norma que plasmó un criterio jurisprudencial elaborado durante décadas.
Agregó que el fallo carece de perspectiva de género, omitiendo además el testimonio de la arquitecta Verónica Silvia López, quien sostuvo que trabó relación laboral con ambos miembros de la pareja, y que gran parte de las facturas acompañadas están imputadas a “consumidor final” y fueron abonadas por su parte. Remarcó que los litigantes compartían cuentas bancarias y tarjetas de crédito, lo que demuestra que los ingresos de la demandante se destinaron al proyecto común.
III. CONSIDERACIÓN DE LOS AGRAVIOS.
Reiteradamente se ha señalado que la expresión de agravios debe ser una crítica objetiva o razonada de la sentencia, que traduzca una articulación seria, fundada y concreta de argumentos orientados a demostrar la injusticia del fallo atacado, recaudo que no se satisface con la mera exposición de la subjetiva disconformidad del apelante, la reseña de lo acontecido hasta entonces o la reiteración de lo que ya se ha dicho en escritos anteriores (esta Sala, causas nº 88.356. RSD 182/97 del 26/6/97; 104.007, RSI 1194/97 del 14/10/97; 105.961, RSI 1119/99 del 25/11/99; 112.476, RSI 356/00 del 18/4/00, entre otras).
Desde esta óptica, he de advertir que la presentación de la recurrente escasamente satisface tales requisitos: sus manifestaciones traducen su subjetivo desacuerdo con la decisión apoyándose en consideraciones sobre perspectiva de género recogidas en el actualmente vigente Código Civil y Comercial de la Nación, cuerpo legal inaplicable al caso atentas las fechas de interposición de la demanda y de disolución del vínculo convivencial (v. Kemelmajer de Carlucci, Aída, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes” , Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, pág. 16 y ss.; esta Sala, expte. 157.862 S. 20-10-2015 Reg. 271-S, entre otras).
A este respecto ya hemos subrayado que ni el legislador ni el Juez podrían, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, pues en este caso el principio de la no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la Ley Suprema (CSJN Fallos: 137:47; 152:268; 163:155; 178:431; 238:496; esta Sala expte. 135.604 S. 31-8-2006 Reg. 234-S).
Sentado ello y examinada la expresión de agravios, es notoria la falencia de argumentación que demuestre la injusticia del fallo, lo que ubica al escrito rayano en la deserción (art. 260 del C.P.C.). No obstante y en aras de despejar cualquier duda que cupiere al respecto, entiendo que el pronunciamiento es acertado y debe ser confirmado.
En efecto, como advierte la propia apelante, al decidir el rechazo de la pretensión “la juzgadora se vale de cuentas matemáticas de las mas variadas, de ingresos, de sueldos, de compras y ventas…” , cálculos cuya exactitud no se ha cuestionado ni intentado desvirtuar, que ponen en evidencia la capacidad económica del demandado y la paralela ausencia de recursos propios de la accionante suficientes para afrontar la compra del 50% del lote y los materiales empleados en la construcción de la vivienda cuya propiedad –en su mitad indivisa- reclama.
En cuanto al testimonio de la arquitecta López, si bien la citada profesional declaró que entabló relación laboral con ambos miembros de la pareja y que la actora tomaba decisiones sobre la marcha de la obra, no surge de sus dichos que hubiera recibido pagos de parte de ésta última (v. fs. 529 y vta.). Tampoco se ha demostrado con elemento alguno que las facturas de compra de materiales acompañadas por el demandado hubieran sido abonadas con fondos propios de la actora, como sostuvo en el escrito inicial, ni cabría presumir dicha circunstancia por la existencia de una cuenta bancaria común pues –como observó la magistrada de primera instancia- los movimientos de dicha cuenta demuestran los ingresos con que contaba cada una de las partes durante la convivencia (arts. 375 y 384 del C.P.C.).
En suma, ante la ausencia de material probatorio que demuestre –con un mínimo grado de certeza- los aportes dinerarios que la accionante alegó haber efectuado, no cabe otra solución que la propuesta por la jueza, de acuerdo con el consolidado criterio jurisprudencial que establece que “Tanto antes como después del Código Civil y Comercial de la Nación, resultan inaplicables las normas del régimen patrimonial derivado del matrimonio… El nuevo ordenamiento… -más allá de no ser aplicable al sub lite por la fecha de cese de la convivencia art. 7, Cód. Civ. y Com.- sólo recepta lo que la doctrina y jurisprudencia venía estableciendo: si no existía o no se puede demostrar una realidad operativa-funcional subyacente distinta, los bienes adquiridos se mantienen en el patrimonio al que ingresaron” (cfr. Cam.Civ. y Com. Junín, S. 11-4-2017 cit. por Pellegrini, María Victoria, “La distribución de las adquisiciones patrimoniales frente al cese de las uniones convivenciales en vida o ante la muerte”, L.L. online AR/DOC/2994/2018).
En idéntica dirección, cabe citar que “No basta con acreditar la convivencia durante largo tiempo, ni que ambos trabajaban o poseían bienes, pues de ello solo puede inferirse que los dos contribuían para subvenir a las necesidades comunes, sino que es indispensable probar que el patrimonio que está en cabeza del Sr. G. se logró con la colaboración de la Sra. N., generando así la existencia de bienes pertenecientes a ambos… Cada concubino es dueño exclusivo de lo que gana con su trabajo y de los frutos que producen los bienes que adquiere a su nombre, salvo que se pruebe que la adquisición se hizo con dinero aportado por ambos…” (TS Santa Cruz, S. 19-11-2010, L.L. online AR/JUR/73794/2010).
Por los fundamentos precedentemente expuestos, el recurso no merece acogida.
ASÍ LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DOCTOR ROBERTO J. LOUSTAUNAU VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RICARDO MONTERISI DIJO:
Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 1127, confirmando la sentencia dictada a fs. 1115/1124 por los argumentos brindados.
II. Propongo que las costas de Alzada sean soportadas por la apelante vencida (art. 68 1º párr. del C.P.C.).
ASÍ LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DOCTOR ROBERTO J. LOUSTAUNAU VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 1127, confirmando la sentencia dictada a fs. 1115/1124 por los argumentos brindados. II) Imponer las costas de Alzada a la apelante vencida (art. 68 1º párr. del C.P.C.). III) Diferir la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad. NOTIFÍQUESE personalmente o por cédula (art. 135 del C.P.C.). DEVU ÉLVASE.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
ALEXIS A. FERRAIRONE
SECRETARIO
Fin de la sentencia