Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 6911 FOLIO Nº 080/085 PROT. ELECT. JRS1010I.211
Río Gallegos, 08 de noviembre de 2021.-
La presente causa caratulada “DIVISION CRIA. YAC. RIO TURBIO S/ INV. PRIV. ILEGITIMA DE LA LIBERTAD, LES, AMENAZAS Y PTA. INF. LEY NAC. 26485”, Expte. N° D-13.935/19 - Apelación N° 7228/21, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 160/172 y vta., obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil con asiento en Río Turbio, quien en el punto 1º) ordenó el PROCESAMIENTO CON PRISION PREVENTIVA de JONATHAN NICOLAS MOLINA en orden al delito de "LESIONES LEVES DOBLEMENTE AGRAVADAS -POR MANTENER UNA RELACION DE PAREJA Y POR MEDIAR VIOLENCIA DE GENERO" (art. 89, en función de los arts. 92, 80 inc. 1 y 11 del CPP), "AMENAZAS COACTIVAS" (arts. 149 bis, 2do párrafo del CP) y "PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR A QUIEN SE DEBA RESPETO PARTICULAR" (art. 141 en función del art. 42 inc. 2do del CP, en concurso real entre sí (art. 55 del CP) en aplicación de las leyes 26.485 y 26.432; y en el punto 2º) trabó EMBARGO sobre sus bienes como medida precautoria, por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000.-), conforme lo previsto por el art. 499 del Código Penal.- Que a fs. 182/184 y vta., el Dr. Carlos E. Danza, defensor técnico particular del imputado, apeló dicho auto -motivándolo-, que fue mantenido ante ésta Alzada y, al no presentar el memorial del art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
Y
Que la defensa interpone el recurso de apelación en contra del auto de procesamiento de Jonathan Nicolás Molina, por causarle un gravamen irreparable a su pupilo. 1) En primer lugar agravia al recurrente la atribución de los delitos de amenaza coactiva y privación ilegítima de la libertad, respecto de los cuales la Magistrada sólo transcribe en el auto recurrido como hechos y pruebas incriminantes lo que expresa la denunciante, arribando a un resuelvo coartando la libertad de su asistido, alejada del derecho.
Ingresando en el tratamiento de este primer agravio, cabe señalar que, a pesar de los esfuerzos de la defensa por intentar mejorar la situación procesal de su pupilo, desestimaré sus argumentaciones, por cuanto surge del resolutorio que a partir de las pruebas allegadas al sumario -analizadas en su conjunto y a la luz de la sana crítica racional, con perspectiva de género y derechos de infancia-, la Jueza tuvo por acreditada –con el grado de probabilidad requerido en esta instancia- la materialidad de los hechos endilgados y la responsabilidad penal del imputado en los mismos.
Si bien es cierto que el testimonio de la víctima constituye una prueba fundamental dadas las características de los hechos investigados, no asiste razón al recurrente cuando plantea que es el único basamento del auto de procesamiento, puesto que la Sra. Jueza hubo de tener corroborados y reforzados los dichos de la Sra. Cristina Alejandra Condori, con el informe policial de inicio de actuados, con las lesiones certificadas por el Dr. José Federico Ramos Ávalos, el informe social de la Lic. en Psicológica Cynthia Teresa Anahí Kamú, el acta de inspección ocular en el inmueble sito en el Barrio Islas Malvinas, calle Gendarmería Nacional, Manzana 159, lote 10, dpto. 01 -planta alta-, en presencia de los testigos hábiles requeridos al efecto, el informe psicológico de la Lic. Costilla, el informe socio ambiental de la Lic. Cynthia Flores y la declaración testimonial de Claudia Elizabeth Molina. Con relación a la amenaza coactiva, agravia al recurrente la orfandad probatoria, puesto que entiende que no resulta suficiente a los fines de su acreditación la declaración de la víctima a fs. 06/07 y 92/93vta., preguntándose dónde quedan los derechos del imputado, ya que no existe absolutamente nadie que ratifique lo manifestado por la denunciante o algún indicio de que ello sea cierto, por lo cual solicita se sobresea a su defendido por el delito que se le adjudica.
Tampoco asiste razón al recurrente puesto que la Jueza de Instrucción logró tener por acreditadas las amenazas coactivas, en resfuerzo del testimonio de la propia víctima, a través de una multiplicidad de indicios y pruebas indirectas, analizadas globalmente y conforme la sana critica racional. No debemos olvidar que en los delitos como los que nos ocupan, rige el principio de amplitud probatoria.
De esta forma la Magistrada logró reconstruir razonadamente los hechos denunciados, siendo que la víctima al presentarse espontáneamente en el sector de Guardia del nosocomio con lesiones visibles en el rostro aduciendo haber sido agredida por su pareja Jonathan Nicolás Molina, mediante golpes de puños en el rostro y estómago, y mediante la utilización de objetos tales como cadena, cables y una silla plástica, profiriéndole términos intimidatorios, habiéndola dejado en el inmueble sin llaves y sin celular, logrando retirarse por una ventana, motivó que la operadora del hospital se comunicara con la Comisaría de la jurisdicción solicitando presencia policial. Dicha situación se ve corroborada con el informe policial obrante en autos, en forma conjunta, concordante y coincidente con el certificado del médico de guardia Dr. José Federico Ramos Ávalos, quien a su vez ratifica el mismo en sede judicial y el acta de inspección ocular en el domicilio donde se habrían suscitado los hechos investigados.
A mayor abundamiento la Magistrada valoró lo declarado por la Lic. en Psicología Cynthia Teresa Anahí Kamú, con prestación de servicios en el hospital, en referencia a que atendió a la víctima que acudió en ayuda, la cual presentaba lesiones visibles, ya que tenía sangre y moretones y la bebé se encontraba angustiada y nerviosa, expresando que la paciente manifestó haber sufrido violencia de género por parte de su pareja.
Asimismo, la A quo logró recabar el testimonio de quien para esta Alzada cobra un valor fundamental, por haber efectuado un llamado telefónico a la víctima en el preciso momento en que se estaban desarrollando los acontecimientos investigados. Es así que la Magistrada ponderó el contexto de violencia, en virtud que la ciudadana Claudia Elizabeth Molina declaró haber llamado a su amiga, siendo atendida por el novio, Jonathan Molina, quien no dejó que se comunicara con la misma, habiendo escuchado que su amiga Cristina y la bebé lloraban, por lo que le habría dicho a Molina que iba a acercarse hasta la casa, sin embargo no habría podido concurrir personalmente por encontrarse sola con su hija menor y teniendo en cuenta que Molina resultaría ser violento, que maltrataba a su amiga, constándole que luego de lo sucedido su amiga se hizo presente en el hospital por estar golpeada, con moretones y la nariz quebrada. Cierran el cuadro probatorio: el informe socio ambiental efectuado por la Lic. Cynthia E. Flores, quien tras entrevistarse con la víctima visualiza antecedentes de violencia de género y familiar con características de riesgo alto, donde se presentaba violencia física, ambiental y psicológica, siendo expuesta a dichas situaciones la niña menor de edad, de 3 años y el informe psicológico de la víctima efectuado por la Lic. Costilla, del que se desprenden indicadores concordantes con experiencias emocionales traumáticas, vivencias de violencia sufridas pasivamente, presentando la entrevistada necesidad de apoyo y sostén afectivo con inmadurez y dependencia emocional, resultando víctima de reiterados episodios de violencia física y emocional por parte del imputado, con conductas de control e intimidación. Finaliza la profesional advirtiendo factores de riesgo frente a la posibilidad de hechos violentos, considerando el contexto familiar, con posibles encuentros del denunciado con su hija menor de edad. A través de todo lo expuesto, la Jueza tiene por corroborados los dichos de la víctima acerca del contexto de violencia de género y en la pareja que dota de verosimilitud la intimidación de los dichos proferidos por el encausado de manera simultánea a la agresión física que le habría provocado las lesiones certificadas, quien a su vez mantuvo una única versión de los hechos a través de cada una de las intervenciones de los diferentes operadores intervinientes en la presente investigación.
Cabe destacar que la adecuada valoración de los indicios exige una consideración conjunta de ellos, y no un examen aislado o fragmentario, puesto que la ponderación independiente de cada elemento de convicción de esta clase, desnaturaliza las características definitorias de este tipo de prueba.
Al respecto nuestro Máximo Tribunal, sostuvo: “...cuando se trata de una prueba de presunciones es presupuesto de ella, que cada uno de los indicios, considerados aisladamente, no constituya por sí la plena prueba del hecho al que se vinculan -en cuyo caso no cabría hablar con propiedad de este medio de prueba- y en consecuencia es probable que individualmente considerados sean ambivalentes.”. (C.S.J.N., “Martínez, Saturnino”, 7/6/88, Fallos 311:948; cfr. T.S.J., Sala Penal, Sent. nº 45, 28/7/98, “Simoncelli”; A. 32, 24/2/99, “Vissani”, A. n° 520, 26/12/01, “Luna”; A. n° 176, 7/6/02, “López”; A. n° 1, 2/2/04, “Torres”, entre muchos otros).
En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, sostiene que la valoración: “...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...”. (Fallos 300:928; T.S.J. Sta.
Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros). Es por lo analizado que homologaré íntegramente el auto de procesamiento, pues los obrados exhiben suficiente información para asumir, con alto grado de probabilidad, que el imputado agredió verbal y psicológicamente a su pareja, utilizando palabras amenazantes infundiéndole temor, tanto a ella como la beba producto de la relación, siendo estos comportamientos contrarios a las normas que protegen a la mujer de agresiones basadas en el género para restringir su libertad de determinarse en las diferentes facetas de su vida, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad. Respecto del delito de privación ilegítima de la libertad, agravia de igual forma al recurrente que se dicte el procesamiento solamente con los dichos de la denunciante ratificados en sede judicial.
Entiende que nada permite inferir que la denunciante no tenía llave del departamento, ni que haya tenido que salir por la puerta ventana que da a un balcón exterior. En sustento del agravio trae a colación lo resuelto por esta Alzada en la Causa Nro. 4303/2013, oportunidad en la que frente a similar imputación se revocó el auto de procesamiento dictado por la misma Jueza A quo, y se otorgó la libertad al detenido, habiéndose expresado en aquella oportunidad: "...que la víctima debió salir por la ventana al estar encerrada, que la inexistencia de rejas sumado a la persiana abierta (en este caso ni persiana hay) y que la nombrada poseía un celular con el cual comuicarse son elementos que deben valorarse y que no permiten tener por acreditada la despersonalización a la que se refiere la A quo en el auto apelado..." .
Reitera que no se encuentra probado que no existía otra llave, agraviándose que la Sra. Jueza tenga como verdad absoluta lo expresado por la víctima acerca que la misma tuvo que esperar que su representado se fuera, aproximadamente una hora para poder salir.
Plantea que, conforme surge de las secuencias fotográficas glosadas al legajo, frente del departamento se situa un importante hipermercado, donde a causa de las medidas preventivas por la pandemia del virus SARS COV 2.0, las personas hacen fila afuera, constituyendo a su entender, la esquina más concurrida de Río Turbio, con lo cual, en caso de haberse sentido amedrentada, la víctima pudo o debió haberse comunicado por teléfono o haber gritado desde el balcón, agraviándolo que nada de esto fuera valorado por la Jueza, arribando a una forzada conclusión por carecerse absolutamente de elementos de prueba incriminatorios, por lo que solicita se revoque el auto de procesamiento y se dicte su sobreseimiento. En respuesta del presente agravio que ataca la materialidad del hecho de privación ilegítima de la voluntad, adelanto que no prosperará puesto que la Jueza logró tener por acreditado con el grado de probabilidad que la instancia requiere la materialidad de los hechos endilgados, esto es, que el imputado habría actuado mediante el uso de violencia física y emocional, incluso exponiendo a dicha situación de alto estres a la bebé, habiéndole proferido amenazas coactivas, restringiendo los límites queridos por la voluntad de aquélla, quien por su condición de conviviente le debía respeto, provocándole las lesiones certificadas en el presente legajo, habiendo impedido que la víctima recepcionara la llamada telefónica a su celular, continuando con su accionar agresivo, retirándose de la vivienda familiar con su vehículo, cerrando con llave la puerta y en consecuencia dejando encerrada a la víctima junto con la bebé, debiendo egresar la misma a través de una ventana junto a su hija para dirigirse a recibir asistencia médica en el nosocomio. Acerca del contexto de violencia doméstica y de género, importante jurisprudencia tiene dicho que "...poseen particularidades que los diferencian de otros delitos pues aquí la víctima sufre reiterados comportamientos agresivos, una escalada de violencia cada día o semana más agravada y de mayor riesgo, caracterizada por su duración, multiplicidad y aumento de gravedad y precisamente, el contexto de violencia, comprendido como un fenómeno de múltiples ofensas de gravedad progresiva que se extienden a través del tiempo, debe ser ponderado en su capacidad de suministrar indicios..." (cita online: TR LALEY AR/JUR/62360/2016).
Que, con relación al antecedente resuelto por esta Alzada en la Causa Nro. 4303/2013 y a lo que se plantea acerca de cómo debió reaccionar Condori frente a los hechos vivenciados, cabe recomendar al recurrente tener a bien obviar cualquier referencia a conductas esperables en personas víctimas de violencia doméstica y de género, puesto que sus argumentaciones al respecto no logran conmover los argumentos de la A quo en el auto de mérito al que arriba, siendo que la presente práctica no hace más que revictimizarla, cuando -como en el caso de marras- su testimonio se encuentra corroborado a través del análisis conjunto de los elementos probatorios y libre de estereotipos que pudieran afectar negativamente el debido abordaje del caso.
2. Finalmente agravia al recurrente el dictado de la prisión preventiva de Jonathan Nicolás Molina, alarmando a la parte el desprecio de la libertad personal y de los principios rectores del derecho que tiene el Juzgado de Instrucción de Río Turbio, marcando la diferencia entre transcribir, copiar y pegar hermosos casos doctrinales y la valoración concreta del caso particular, expresando que a lo largo del ejercicio de su profesión, en dicha dependencia judicial únicamente con tan poco se priva de la libertad con prisión preventiva, sin dimensionar el daño que ello genera, el descrédito en una sociedad pequeña donde todos se conocen, el riesgo de pérdida del trabajo y la afectación moral que le genera. Argumenta que se investiga un hecho aparentemente ocurrido el 03/11/2019, que primeramente el imputado tuvo defensa oficial, y actualmente después de casi dos años, con una extemporalidad absoluta se dicta una prisión preventiva de quien, después del supuesto hecho y transcurridos los 30 días de la prohibición de contacto, volvió a convivir con la pretensa víctima, incluso hasta el día de la detención, efectivizada al concurrir voluntariamente a notificarse.
Rechaza de plano que exista peligro de fuga alguno, por el hecho que su cliente, preavisado de que iba a quedar preso, se presenta al Juzgado a notificarse. Agrega que no existe forma que intente quebrar la voluntad de la denunciante, puesto que aquello ya fue superado dado el estadío procesal de la causa. Que no existen testigos cuya declaración pueda intentar mediante presión, amenazas u otro medio, intentar cambiar. Destaca que su defendido después de la denuncia continuó conviviendo hasta el momento de su detención.
Por lo expuesto, entiende que se trata de una detención arbitraria, que debe ser revocada, respetándose los principios constitucionales, solicitando se ordene la inmediata libertad de su representado bajo caución juratoria.
Dando continuidad a los agravios, trataré el cuestionamiento traído por la defensa acerca de la imposición de la prisión preventiva a Jonathan Nicolás Molina, debiendo señalar que este punto fue debidamente abordado por la Jueza luego de disponer el procesamiento del encartado, a fs. 168vta./171vta., de los considerandos del auto recurrido coincidiendo en su fundamentación, motivo por el cual el agravio tampoco prosperará. No asiste razón al recurrente en que no existe en autos motivación de la medida cautelar dispuesta, no advierto el copie y pegue de meras citas jurisprudenciales, sino por el contrario, claramente la A quo elaboró sólidos fundamentos que justifican tal medida, siendo que si bien el recurrente no comparte los argumentos invocados por la Jueza de Instrucción, en el auto recurrido señaló detalladamente las razones por las que ordenaba la medida cautelar, cumpliendo el auto dictado acabadamente con las prescripciones establecidas en los arts. 116 y 295 del CPP. Cabe señalar que el imputado al momento de la declaración indagatoria y consultado que fuera por sus datos identificatorios declaró encontrarse desocupado, con lo cual el cuestionamiento acerca del riesgo de perdida de la fuente laboral con afectación moral que alega la parte, no se encontraría acreditado en el legajo.
Entiendo que los agravios desarrollados por el recurrente no logran conmover el decisorio arribado por la Magistrada interviniente, quien ha sustentado su resolución en la necesidad de dispensar debida protección a la víctima y a la hija en común, en función de obrar en contra del encartado una imputación seria y racionalmente acreditada, las características y el contexto de los hechos que se le atribuyen al encartado, el peso probatorio reunido en su contra, la violencia de género impresa al caso, el interés superior de la niña puesto en juego, la condición de vulnerabilidad de la víctima y la importancia del bien jurídico protegido dañado; como pautas justificadas para ponderar el peligro de fuga y de entorpecimiento del proceso por parte del incuso.
Se advierte que la Sra. Jueza de Instrucción valoró indicadores ciertos y objetivos en los que fundamentó el dictado de la prisión preventiva, teniendo en cuenta el contexto actual de la legislación provincial, nacional y supranacional vigente, concluyendo que la conducta imputada a Jonathan Nicolás Molina en perjuicio de la víctima, obliga a ajustar el rigor con el cual se mide el riesgo procesal, y que el riesgo de entorpecimiento procesal y de re victimización de la joven mujer, no es evitable más que con la privación de la libertad del incuso, ajustándose a lo dispuesto en la materia por la "Convención de los Derechos del Niño", las "100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), y la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer” (Convención de Belem Do Para), que impone el deber de adoptar medidas judiciales a fin de conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad, por lo que entiendo que el pronunciamiento dictado sobre la prisión preventiva resulta ajustado a derecho, no conculcando las garantías constitucionales y principios jurídicos que rigen la materia.
Cabe recordar que el marco legal actual faculta a adoptar las medidas necesarias tendientes a neutralizar el peligro en casos de delitos cometidos contra una mujer con violencia de género, siendo merecederoras de una vida libre de violencia, y en autos, la circunstancia de tratarse de una imputación seria y debidamente fundamentada en los elementos de cargo aunados a la causa, y la pericia psicológica efectuada a la víctima, nos permiten considerar, sin incurrir en influencias por ciertos estereotipos de género, que estamos frente a un caso de aquellos que merecen un mayor despliegue por parte de la defensa para acreditar que su asistido no se profugará ni entorpecerá la investigación. La medida cautelar dispuesta por la Sra.
Jueza no se exhibe desentendida de los principios de ofensividad y proporcionalidad, ya que tuvo en consideración el estado de vulnerabilidad de la víctima y el contexto de comisión de los hechos reprochados. En orden a lo expuesto, homologaré la prisión preventiva dispuesta respecto del imputado por los delitos de "LESIONES LEVES DOBLEMENTE AGRAVADAS -POR MANTENER UNA RELACION DE PAREJA Y POR MEDIAR VIOLENCIA DE GENERO" (art. 89, en función de los arts. 92, 80 inc. 1 y 11 del CPP), "AMENAZAS COACTIVAS" (arts. 149 bis, 2do párrafo del CP) y "PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR A QUIEN SE DEBA RESPETO PARTICULAR" (art. 141 en función del art. 42, inc. 2do del CP, en concurso real entre sí (art. 55 del CP) en aplicación de las leyes 26.485 y 26.432, toda vez que se encuentra debidamente fundada en datos objetivos de la causa por haberse cometido sobre su pareja conviviente y mediando un contexto de violencia de género; ello no solo por la necesidad de conciliar la libertad individual con el interés social de defenderse del delito y no facilitar la impunidad, sino también porque es la solución que se adecua a las obligaciones asumidas por el Estado argentino ante la comunidad internacional.
Teniendose acreditado que no se trata de un hecho aislado, sino que se desarrolló en el contexto de una situación de violencia familiar, desconocer la denuncia efectuada por la víctima no haría más que demostrar la incapacidad del Estado en abordar la complejidad de la problemática, transformando la violencia de género en violencia institucional, es por ello que esta Alzada concuerda con la Jueza A quo en que se torna necesario neutralizar el riesgo de que la víctima pueda ser intimidada.
Pues bien, siendo que el caudal probatorio reunido en los presentes autos brinda cabal sustento al auto de procesamiento, corresponde homologar íntegramente el pronunciamiento adoptado por la Jueza A quo en cuanto dispone el procesamiento con prisión preventiva de Jonathan Nicolás Molina en orden a los delitos de "LESIONES LEVES DOBLEMENTE AGRAVADAS -POR MANTENER UNA RELACION DE PAREJA Y POR MEDIAR VIOLENCIA DE GENERO" (art. 89, en funciónde los arts. 92, 80 inc. 1 y 11 del CPP), "AMENAZAS COACTIVAS" (arts. 149 bis, 2do párrafo del CP) y "PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR A QUIEN SE DEBA RESPETO PARTICULAR" (art. 141 en función del art. 42, inc. 2do del CP, en concurso real entre sí (art. 55 del CP) en aplicación de las leyes 26.485 y 26.432, por ser ajustado a derecho.- En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 160/172 y vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden. 2°)- REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante sne. 3º)- Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected] . 4º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen. – FIRMADO: Dr. NELSON A. SÁNCHEZ- JUEZ DE RECURSOS, DRA. ADRIANA I. GEYER - SECRETARIA TOMO CII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 6911 FOLIO Nº 080/085 PROT. ELECT. JRS1010I.211
Fin de la sentencia