Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 6910 FOLIO Nº 075/079 PROT. ELECT. JRS1009I.211
Río Gallegos, 06 de noviembre de 2.021.
La presente causa caratulada: “DIVISIÓN UNIDAD OPERATIVA JULIA DUFOUR S/INV. PTA. LEY NACIONAL 26.485, LES. LEVES Y AMENAZAS” - Expte. N° 12.952/18- (Apelación N° 7.051/21), venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 118/127, obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Rio Turbio, quien en el punto 1º del decisorio puesto en crisis, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado José Gilberto Romero, en orden a los delitos de “Amenazas y lesiones leves doblemente agravadas por haber mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género” (Arts. 149º bis y Art. 89º en función de los Arts. 92º, 80º Inc. 1º, 11º del Código Penal Argentino), en aplicación de la Ley Nº 26.485, en concurso real entre sí en función del Art. 55º del C.P.A.). Que a fs. 132/135 vta., el Defensor Técnico del imputado, apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 141, y no habiendo presentado la defensa, el memorial previsto por el Art. 437º del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que la defensa se agravió que el resolutorio en crisis le causa un gravamen irreparable a su asistido y que no se ajusta a derecho.
Manifestó que la prueba colectada en esta investigación, en ningún momento atribuye la comisión de los hechos a su defendido, no se ha tenido en cuenta el principio indubio pro reo, el beneficiario de la duda a favor del imputado.
Sostuvo que en estas actuaciones, no surge una prueba directa que implique como autor a su defendido, no se ha determinado la materialización de la conducta penal reprochable en cabeza del Sr. Romero.
Indicó que el reproche penal debe constituir una derivación efectiva de las pruebas incorporadas y las reglas de la sana critica racional; en los autos, no es producto de un análisis lógico jurídico que permita racionalmente unir causalmente el hecho, las pruebas con la imputación no guardan relación causal, deviniendo una suposición que la pareja habría de discutir dentro de un automóvil. Citó jurisprudencia apoyando su postura.
Manifestó que desde el punto de la garantía de la seguridad jurídica y del debido proceso esa evaluación armónica no alcanza, si no hay pruebas directas que indiquen que su defendido desarrolló una conducta penal típicamente reprochable.
Sostuvo que no existen indicios ni presunciones categóricas, ni mucho menos pruebas directas, que conformen un plexo probatorio cargoso contra Romero.
Postuló que en el presente sumario tal conducta no se ha comprobado con el grado de exigibilidad de la presente etapa procesal exige.
Indicó que no existe ninguna prueba directa o indicios que permitan elaborar una prueba indirecta compuesta, simplemente hay una sindicación por parte de la presunta víctima.
Se agravió del principio de responsabilidad subjetiva, el cual permite legitimar la aplicación de la pena siempre que el resultado o suceso exterior se corresponda con la intención o el propósito perseguido por el agente o en el caso de los delitos imprudentes, según la infracción del deber objetivo de cuidado. Sostuvo que dicha intención o propósito nunca se demostró por parte del órgano jurisdiccional que llevo adelante la presente investigación.
Por todo lo expuesto, sostuvo la falta de responsabilidad penal de su defendido por el hecho investigado.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
Ingresando en el tratamiento de los agravios articulados por la defensa, ésta considera que la prueba glosada a la causa, es insuficiente y ha sido ligeramente valorada por la Magistrada de Instrucción. Sin embargo, no asiste razón al apelante en sus argumentaciones. En efecto, cabe destacar que la resolución se encuentra debidamente fundada, de conformidad con las prescripciones reguladas en los Arts. 115º, 116º y 291º del C.P.P., habiéndose allí analizado la totalidad del plexo probatorio reunido, a la luz de la sana crítica racional y explicada tanto la materialidad del hecho imputado, como la autoría y la calificación jurídica atribuida a los sucesos investigados. Por ello, lo planteado por la defensa al respecto, no prosperará. Siguiendo el análisis de los agravios planteados por el recurrente, comenzando éste por argumentar que no existían suficientes elementos probatorios para tener por acreditada la intervención de su defendido en los hechos denunciados.
Sin embargo, contamos con el informe de novedad de fs. 1 que da inicio a los presentes actuados, realizado por la División Unidad Operativa Julia Dufour, que notificó que el día 01 de agosto del año 2018 siendo aproximadamente las 12:30 horas en circunstancias de trasladarse el imputado con la Sra. Mariel Elizabeth Sosa, con quien mantenía una relación de pareja, ejerciendo poder sobre ella, en su vehículo particular hacia el domicilio del encartado, ubicado en el Bº Alto del paraje Julia Dufour por Ruta Complementaria Nº 20 -luego de realizar unos trámites- éste se habría desviado del trayecto para dirigirse al sector denominado "Valle Primavera” por Ruta Nacional Nº 40, donde de manera violenta habría increpado a la nombrada Sosa por una presunta relación con otra persona, profiriéndole términos amenazantes de muerte, expresándole “Te voy a matar Puta" entre otros insultos, momento en el que habría comenzado a agredirla mediante golpes de puño en distintas partes del cuerpo logrando la Sra.
Sosa cubrirse el rostro, mientras el imputado continuaba agrediéndola mediante golpes en la cabeza y en el rostro mediante la utilización de un elemento punzo cortante, por lo que intenta escaparse la victima del vehículo, no dejándola salir el encartado, logrando ésta soltarse y salir corriendo, siendo nuevamente interceptada por el encartado quien de los pelos la habría metido al vehículo, pasando por el lugar una camioneta Ranger color roja, quien observa la situación ? le brinda auxilio a la Sra. Sosa, solicitando posteriormente ayuda en el puesto de Gendarmería Nacional que se encuentra sobre dicha Ruta Nacional, siendo convocado personal policial y sanitario para brindar asistencia a la víctima, sufriendo la nombrada las lesiones descriptas en el certificado médico de fs. 03, siendo las mismas: "...Hospital José Alberto Sánchez 01/08/18 14:30 horas.
Mariela Sosa, 36 años, DNI 29.419.197, domicilio pabellón 13 B' Los Mineros. Se aprecia excoriación de 0.5 cm en región frontal de cráneo, sangrante, excoriación en pierna derecha, a unos 5 cm por debajo de la rodilla. Refiere dolor leve en hombro sin apreciación visible de lesión. Resto del examen sin particularidad. Herida en mano izquierda de 1 cm (palma)". Asimismo el encartado le habría proferido términos intimidatorios, expresándole: "...me dijo que me iba a matar, me repetía una y otra vez eso y que era una puta de mierda..." sintiéndose la denunciante amedrentada por tales dichos, sintiendo mucho temor por las amenazas constantes recibidas. Reforzando el plexo probatorio, se cuenta a fs. 03 el certificado médico rubricado por el Dr.
Mario Escalante, quien ratifica el mismo en Sede Judicial (fs. 86/86 vta.) y manifiesta: "...Hospital José Alberto Sánchez 01/08/18 14:30 horas. Mariela Sosa, 36 años, DNI 29.419.197, domicilio pabellón 13 Bº Los Mineros. Se aprecia excoriación de 0.5 cm en región frontal de cráneo sangrante, excoriación en pierna derecha, a unos 5 cm por debajo de la rodilla. Refiere dolor leve en hombro sin apreciación visible de lesión. Resto del examen sin particularidad. Herida en mano izquierda de 1 cm (palma) ...". Expresa el profesional interviniente que la paciente presentaba lesiones de carácter leves, de reciente data, las que no pusieron en peligro su vida, estimando un tiempo de curación de tres días, lográndose acreditar los daños en el cuerpo de la denunciante.
Igualmente, a fs. 04 se encuentra el certificado médico rubricado por la Lic. Ayelen Antonio, quien ratifica el mismo en Sede Judicial (fs. 46/46 vta.), quien manifiesta: "...Sra. Sosa Mariela DN.I 29.419.197 es evaluada por guardia refiere episodios reiterados de agresiones físicas y psicológicas, con persistente amenaza de muerte por parte del Sr. Romero José. Se observa comunicativa con criterio de realidad conservado (orientada en tiempo y espacio) con alto monto de angustia, de miedo y ansiedad. Se continuará con seguimiento psicológico. Fecha: 01/08/18...". Refiere la profesional interviniente que la paciente le habría manifestado haber sido agredida por el Sr. José Romero, y que al momento de asistirla se encontraba con alto monto de angustia y ansiedad, de todo lo cual daría mayor entidad a la versión de los hechos aportados por la denunciante También contamos con las declaraciones testimoniales de: Dulio Daniel Ponce a fs.
(42/43), de Luis Rafael Guzmán Zorzón a fs. (44/45), Ana Clara Coronel (70/71), que refuerzan lo relatado por la denunciante.
Dentro de esta misma línea argumental y en lo que se refiere a los testimonios prestados, debo recordar aquí que con relación al valor que se le otorga a las declaraciones prestadas por la víctima (e incluso por parte de sus familiares, amigos y/o allegados) esta Alzada tuvo ocasión de expresarse en anteriores pronunciamientos. En dicha oportunidad se indicó que la sola mención de que se trate de la persona damnificada (e incluso de sus familiares y/o amigos y/o allegados) no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada. De igual modo, teniendo en cuenta que los sucesos investigados se enmarcan dentro de la denominada `violencia intrafamiliar´ no es común la obtención de testigos directos. Sin embargo, ello no debe conspirar para la búsqueda de la verdad.
Asimismo, toda vez que estos elementos probatorios colectados no contienen contradicción alguna entre sí, sino que, por el contrario, son plenamente coherentes y coincidentes, permiten concluir en que, no hay razón valedera para afirmar que no existiría sustento probatorio suficiente que involucre directamente al imputado con el hecho delictivo.
Es por ello que entiendo que resulta dificultoso reunir prueba a fin de acreditar el acaecimiento del ilícito, la instrucción logró –no sólo obtener elementos suficientes para el dictado del pronunciamiento-, sino que la prueba colectada fue valorada –a mi criterio- acertadamente por la Magistrada, dictando una resolución acorde al momento procesal que atraviesa la causa, luego de realizar un razonamiento lógico de los hechos y valoración coherente de la prueba. Es así que, la jurisprudencia tiene dicho que “...el nuevo Código Procesal Penal, para receptar, finalmente, el principio de la libre valoración de la prueba, ha abandonado las reglas de prueba legal, es decir aquellas pautas que ordenaban al juez, bajo determinadas condiciones, considerar probado un hecho.
Si bien este principio prohíbe imponer al magistrado una determinada convicción, debe remarcarse que la mera certeza subjetiva no es suficiente allí donde el resultado objetivo de la prueba receptada no admite una conclusión racional, es decir que la libertad del juez, a la hora de valorarla, debe estar sujeta, necesariamente, a las leyes del pensamiento y la experiencia. En este sentido, cabe recordar que el principio de la sana crítica racional... requiere de dos acciones para la valoración de la prueba: la descripción del elemento probatorio colectado y su valoración crítica, que debe estar dirigida a actualizar su idoneidad para fundar la conclusión en que se apoya el decisorio. Es decir que el magistrado debe expresar cuáles son las razones que, surgidas de las pruebas colectadas, determinan la decisión adoptada indicando cuál fue el camino deductivo seguido para llegar a esta conclusión y no sólo la operación mental.
La sana crítica no consiste... en un convencimiento íntimo o inmotivado, sino en un convencimiento lógico y motivado que se basa, en este caso, en los testimonios de las víctimas reflejados en la conciencia del juzgador para dar origen al estado de certeza necesario para emitir su juicio. Así, descritos, valorados y relacionados con otras constancias, los testimonios de las víctimas son pruebas concretas y suficientes que crean la convicción necesaria para corroborar con el grado de certeza propio del sumario, el hecho objeto de imputación...” (CFed.CCorr., Sala II, 9-3-2004, “Capdevilla, Carlos O. s/ procesamiento”, c.20.984. Luraschi, Irurzun, citado en “Revista de Derecho Procesal Penal 2009-1.
La prueba en el proceso penal-I”, Director Edgardo A. Donna, Rubinzal Culzoni Editores, págs. 393/394). Ahora bien, debo destacar además, que no se advierte que tales medios probatorios hayan sido valorados de manera fragmentada por la Jueza, sino que más bien fue realizada conforme las pautas señaladas por el Máximo Tribunal de Santa Cruz.
En relación a la valoración de la prueba en las resoluciones, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, sostiene: “...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...' depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...”. (Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros). Pues de esta manera lo realizó la Jueza de grado, quien fue reconstruyendo -en base al análisis integral de la prueba-, una coherente versión de los hechos, arribando a una fundada decisión, habiendo efectuado el estudio y valoración de la prueba -según puede leerse-, de acuerdo a las normas de la sana critica racional, conforme establece el Art. 199º –tercer párrafo- del Código de rito.
Cabe destacar que en el auto recurrido la Magistrada analizó la totalidad de la prueba, a la luz de la sana crítica racional, con lo cual lo resuelto por la Magistrada fue ajustado a derecho. Por consiguiente, el planteo formulado por el recurrente en este punto queda descartado.
Con respecto al delito de amenazas, la jurisprudencia ha dicho que “...es necesario que las amenazas puedan ser tomadas en serio tanto por la víctima como por un observador objetivo, no solamente en el sentido literal del alcance de la agresión, sino en el sentido genérico de la agresión física y el de ocasionar algún mal grave...” (Trib. Oral Crim. Nº 9, 12/5/1997, `Tomaso, Juan´ citado en Horacio J. Romero Villanueva, en su “Código Penal de la Nación y Legislación complementaria”, Tercera edición ampliada y actualizada, Abeledo Perrot, pág. 565). Agregando que “...se puede amenazar directa o indirectamente, en forma velada, manifiesta o tácita; por gestos o ademanes simbólicos, palabras o signos, en forma verbal, o por vía escrita, postal, telefónica o personal, por interpósita persona; o con elementos atemorizantes...” (Breglia Arias Omar- Gauna Omar, “Código Penal y Leyes Complementarias. Comentado, Anotado y Concordado”, Editorial Astrea, pág. 1074).
En efecto “...el contenido de su idoneidad (se refiere a la amenaza) debe ser definido con estricta referencia al contexto dentro del cual fueron expresadas, es decir, tomando en cuenta específicamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se profirieron las mismas, las que determinarán la concreta lesividad de dichas expresiones con relación al bien jurídico protegido por la norma que las incrimina. Y ello no implica que su carácter lesivo, y por ello típicamente relevante de las amenazas, dependa exclusivamente del efecto que generen en la víctima, pues bien puede ocurrir que ésta no se vea afectada por dichas expresiones, en razón de ser una persona absolutamente desaprensiva...” Lo primordial del delito de amenazas es la intención del sujeto de infundir temor, (requiere dolo específico para alarmar o amedrentar), con la finalidad considerada de atemorizar a otro. (Trib. Casación Penal Bs. As., Sala 2º, 17/8/2006, “Cazzaniga, Juan C.”, AP 14/112012). Lo expuesto en párrafos anteriores y aplicados al caso de autos, implicarían que los dichos habrían sido expresados por Romero, comprobados en debida forma y que el contexto propio de dicha situación violenta (que en ningún momento habría sido provocada o `buscada´ por la víctima), le habría generado a la misma temor, tal como ella lo puso de manifiesto al realizar la denuncia. Es por eso que este agravio no prosperará.
Igualmente, no podemos eludir que del contenido de estos autos y el tenor de los hechos atribuidos a Romero, emerge claramente un contexto de violencia de género, cuya naturaleza impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio.
Sobre este tema la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo: “La investigación penal en casos de supuestos actos de violencia contra la mujer debe incluir la perspectiva de género…” (del dictamen del Procurador General de la Nación que la Corte, por mayoría, hace suyo) CSJN, 29/10/2019; R., C. E. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 63.006 del Tribunal de Casación Penal, sala IV; SJA 04/12/2019, 04/12/2019, 37 - LA LEY 21/01/2020, con nota de Hernán G. Bouvier; LA LEY 10/02/2020, 11. Asimismo, en el auto apelado se valoraron los instrumentos internacionales que otorgan protección contra la violencia hacia la mujer y la necesidad de proteger los derechos de la sociedad para ejercer su defensa cuando se vulneran, por medio del delito, valores esenciales de la organización social; encontrándose fundado en el compromiso expresamente asumido por la administración de justicia, como parte del Estado, para erradicar y sancionar los hechos de violencia intra familiar (Trib. Sup. Córdoba, Sala Penal, 14/11/2012, “F., N. y otra”). De esta manera, el caso que nos ocupa, es de aplicación inexorable la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, al explicitar los deberes de los Estados que, en lo concerniente al caso, estatuyó en el art. 7º que los Estados partes, entre otras medidas, convienen en actuar con la debida diligencia (inc. b); incluir en su legislación interna normas penales…(inc. c) y establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso a tales procedimientos (inc. f). Tengamos presente también que en las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, se considera a la mujer víctima de violencia como causa específica de vulnerabilidad. Recordemos que a la última legislación mencionada ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011.
En el caso bajo estudio, es la continuidad en la violencia de diversos tipos que se vislumbra por parte del encartado hacia las denunciantes (y que resulta palmaria a lo largo de la lectura de estos actuados) el contexto que viene a erigirse en un sólido indicio que fortalece el relato de la presunta víctima.
Es por ello, que entiendo que la Magistrada analizó y valoró coherentemente los hechos puestos a su consideración, a la luz de la prueba colectada. Los aludidos elementos resultan ser indicios claros y concordantes que brindan a mi criterio, verosimilitud a la imputación efectuada.
Finalmente, atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos. En razón de todo lo expuesto, de conformidad con las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado 118/127 vta., en cuanto ha sido motivo expreso y fundado de agravio, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes.
3. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz.
FIRMADO: Dr. NELSON A. SÁNCHEZ- JUEZ DE RECURSOS, DRA. ADRIANA I. GEYER - SECRETARIA TOMO CII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 6910 FOLIO Nº 075/079 PROT. ELECT. JRS1009I.211
Fin de la sentencia