Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el Recurso Extraordinario Federal interpuesto a fs. 05/15vta. de autos, por resultar formalmente inadmisible.
2Costas a la parte recurrente.
SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: Treinta y Uno. -
San Fernando del Valle de Catamarca, 21 de octubre de 2026.
Estos autos Corte N° 011/2026, “En Expte. Corte N° 025/25, “Monti Herrera, Ricardo Alfonso en autos Expte. 747/06, Castellanos de Monti, Adriana Isabel c/ Monti, Ricardo Alfonso s/ Divorcio Vincular Contradictorio s/ Liquidación Sociedad Conyugal s/ RECURSO DE CASACIÓN - RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL” y,
Que comparece el Dr. Ricardo Alfonso Monti Herrera, por derecho propio, e interpone Recurso Extraordinario Federal en contra de la Sentencia Definitiva N° 10, de fecha 21 de abril de 2026 dictada por la Sala respectiva de esta Corte de Justicia en Expte. Corte N° 025/25 (fs. 45/52, por cuerda) mediante la cual se rechaza el recurso de casación deducido por la misma parte (fs. 03/14 vta. de los autos referidos), en contra de la sentencia interlocutoria emitida por la Cámara de Apelaciones interviniente, confirmando la misma, con costas a la vencida.
Expone sobre los recaudos formales de la vía extraordinaria federal intentada en cuanto a la oportunidad del planteo, el tribunal de la causa y la resolución impugnada.
Relata los antecedentes del caso que estima relevantes, a cuya lectura nos remitimos, en honor a la brevedad.
Desarrolla los fundamentos en los que sustenta el recurso extraordinario federal. Señala que la sentencia impugnada resulta arbitraria, por incongruente y extraña a los límites de lo alegado, peticionado y probado, en violación a la normativa citada. Asimismo, sostiene que dicha resolución es “extra petita”, desconoce las constancias de autos y vulnera los principios lógicos que rigen el razonamiento jurídico.
Que este Tribunal no se hace cargo de expresar la razón concreta de por qué no consideró como admitidos los hechos postulados en la acción y no negados por la accionada, que refiere.
Invoca el principio de congruencia y esgrime que en el caso el Tribunal invoca un hecho falso, lo que derivó en una conclusión errónea de tener por no acreditado el origen propio de los fondos. Destaca la ausencia de contestación de demanda y sus consecuencias. Que el desapego de este Tribunal de los preceptos que menciona se traduce en la violación de la garantía de defensa en juicio.
Que no existe mera discrepancia subjetiva con el material probatorio sino que la Corte de Justicia ha pronunciado una sentencia arbitraria que ostenta razonamientos dogmáticos e incongruentes, toda vez que se aparta de las constancias de autos e ignora los principios lógicos que estructuran el proceso para afirmar que su parte no ha logrado destruir la presunción de ganancialidad.
Cita lo normado por el art. 466 del Código Civil y Comercial y lo analizado por este Tribunal respecto de dicho dispositivo de fondo, denunciando la apreciación dogmática y la existencia de una conclusión carente de motivación. Que la sentencia recurrida exhibe un apartamiento de las constancias de autos y dogmatismo, en los términos expuestos.
Refiere al voto emitido por la Sra. Ministra, Dra. Fabiana Gómez, quien se adhirió al voto del Sr. Ministro, Dr. José Cáceres, que transcribe, acusando que el mismo presenta incongruencias entre lo alegado, probado y la decisión del Tribunal.
Corrido el traslado de ley (fs. 16), luce a fs. 19/22 la contestación respectiva, en la que se solicita el rechazo del recurso extraordinario federal, por inadmisible y/o improcedente, con costas.
A fs. 23 se corre vista al Sr. Procurador General, obrando a fs. 24/25vta. Dictamen Nº 097/2026, mediante el cual se aconseja declarar la inadmisibilidad del recurso deducido, quedando los autos en estado de resolver (fs. 26).
Para que proceda la apertura de la competencia federal es necesario la concurrencia de los agravios específicamente determinados por los incisos del art. 14 de la ley 48, motivo por el cual el recurso extraordinario federal resulta un remedio de naturaleza excepcional y de aplicación restrictiva (cfr. Gabriel H. Quadri, Ramiro Rosales Cuello y Toribio E. Sosa, “Tratado de los recursos”, tomo 1, ed. Astrea, 2019, Buenos Aires, p. 201 y sgtes.).
En este orden de ideas, la admisibilidad del recurso extraordinario federal se encuentra sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos comunes, propios y formales. Entre los requisitos comunes, se puede mencionar la intervención de un tribunal de justicia, la existencia de un juicio o causa, una cuestión de carácter justiciable, legitimación y la existencia de un gravamen directo y personal.
Por su parte, hacen a los requisitos específicos del presente recurso: a) que en la causa se haya decidido de manera expresa o implícita una cuestión federal; b) que dicha cuestión guarde relación directa e inmediata con el objeto principal del pleito; c) que aquella haya sido decidida por la sentencia definitiva y en contra del derecho federal invocado; d) que tal cuestión haya sido sentenciada por el superior tribunal de la causa; y e) que haya sido resuelta por el superior tribunal de la causa (cfr. autores citados, “Tratado de los recursos”, tomo 1, ed. Astrea, 2019, p. 225). Resulta esencial que la sentencia que se pretende impugnar revista el carácter de definitiva y que la cuestión federal esté claramente configurada, debiendo verificarse, en este último caso, su oportuno planteamiento y mantenimiento durante todas las etapas del proceso. A más de otros requisitos, conforme las disposiciones de los arts. 14 y 15 de la ley N° 48 y de la Acordada N° 4/2007 dictada por la CSJN.
Cabe destacar que la cuestión federal es un requisito ineludible para la viabilidad de este medio de impugnación, pues constituye la materia sobre la que debe expedirse el Alto Tribunal, por lo que es necesario que el memorial establezca de forma clara y precisa de qué modo se configuran las causales invocadas y sobre las que se pretende asentar el recurso, debiendo asimismo establecer la conexión entre las normas constitucionales que dice comprometidas con la materia del pleito, exigencia que no se satisface con enunciaciones genéricas no referidas a las particularidades del proceso, por tanto se requiere que se demuestre el vínculo que ellas guardan con el expediente. Las cuestiones federales son las enumeradas en los tres incisos del art. 14 de la ley N° 48 (simple y complejas), habiéndose incorporado por vía de creación pretoriana la doctrina de la arbitrariedad.
Expuesto lo precedente, se advierte que en el caso sub examine se invoca la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, según lo consignado por el recurrente en la carátula anexada (fs. 01/04) como el memorial de agravios (fs. 05/15vta.).
El recurso extraordinario por arbitrariedad, conforme la jurisprudencia del Alto Tribunal sentado en numerosos precedentes, no pretende convertir a la Corte Suprema en una nueva instancia donde pueden corregirse fallos que el recurrente considere equivocados, pues solo tiende a cubrir defectos realmente graves de fundamentación o razonamiento que descalifican a la sentencia como acto jurisdiccional y reparar anomalías que no encuentran apoyo en la ley o en los hechos que debieron ser de guía a los fines de resolver la causa. Desde luego, la arbitrariedad debe invocarse y probarse fehacientemente por el interesado (CSJN, 9/12/86, ED, 121-276). Así, en tanto las sentencias exhiban motivaciones suficientes en orden a los principios jurídicos que aplica y que, más allá del acierto o error, confieren base jurídica a lo resuelto, descartan la tacha de arbitrariedad (CS, “Arruebarrena, Olga E. c. Producciones Argentinas de Televisión S.A.”, 3/6/1997, D.J. 1998-3-457).
Además, la CSJN ha expresado el carácter restrictivo y excepcional de este medio de impugnación, especialmente cuando la arbitrariedad es invocada contra un pronunciamiento dictado por los tribunales superiores de las provincias que deciden acerca de la procedencia de los recursos locales interpuestos (CS. Rep. Ed. T 20- B, p 2119, Nº 383, Fallos: 313:493; 307:1100, entre muchos otros); y ha sostenido que tal causal no tiene por objeto revisar, en una tercera instancia, las decisiones de los jueces de la causa concernientes a la aplicación e interpretación del derecho común y procesal que rigen el caso (Fallos: 329:4659).- -
Teniendo en cuenta lo desarrollado, en el presente caso los agravios vertidos en relación a tal causal no suscitan cuestión federal para su consideración por la vía intentada, pues carece de una crítica que ponga de manifiesto la existencia de arbitrariedad.
Sobre ello, el impugnante en la presentación recursiva insiste en su postura en cuanto a la calificación de los bienes en litigio según su percepción de la prueba y de las actuaciones procesales acaecidas en la causa, sin rebatir de modo acabado los fundamentos concretos y pormenorizados sentados en el decisorio. Precisamente, la sentencia atacada remarcó que no se logró demostrar la arbitrariedad acusada en contra del fallo de la Alzada, en atención a lo que resultaba materia del recurso de casación intentado. Además, se precisó que no se advertía configurada la causal invocada conforme la valoración del material probatorio efectuada por la Cámara y se hizo hincapié en la falta de relevancia decisiva que tenía la ausencia de contradicción de la contraria, de acuerdo a la normativa de fondo vigente y aplicable al caso. Adicionalmente, se examinó las constancias del expediente principal, detalladas en la sentencia en cuestión, apuntando a las cargas que tenía el recurrente como principal interesado en la pretensión recursiva revisora, que debían desplegarse en la interposición del recurso procurando que se baste a sí mismo, como en la acreditación, con grado de certeza, de sus postulados. Este examen se basó en los términos del recurso de casación, lo denunciado por el recurrente y la documental incorporada en la causa principal tal cómo arribó a esta instancia excepcional, cuya apreciación derivó en la solución adoptada.
De esta manera el memorial exhibe una falta de fundamentación autónoma evidente, recaudo al que refiere el art. 15 de la ley N° 48 (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite - Fallos: 349:645). En este sentido, la procedencia del recurso extraordinario exige que el escrito a través del cual se lo articula incluya la crítica detallada de todos y cada uno de los argumentos en que el juzgador se apoyó para arribar a las conclusiones de que el apelante se agravia (Fallos: 348:494).
Así, en el presente caso los agravios ensayados sólo traducen el desacuerdo del recurrente con los fundamentos sobre los que se apuntala el fallo y que acuerdan sustento razonable a la decisión, careciendo de vínculo con las disposiciones constitucionales que dice comprometidas. Discrepancia, que como ya se ha mencionado, no es suficiente para tildar una resolución de arbitraria, pues la tacha por tal motivo no tiene por objeto la corrección de fallos que se estimen equivocados, sino que atienden a supuestos de omisiones o desaciertos de gravedad, los que no resultan adecuadamente demostrados por el impugnante, según lo examinado.
Se ha dicho que: “Para descalificar una sentencia por causa de arbitrariedad en el razonamiento legal se debe efectuar un análisis de los defectos lógicos que justifican tan excepcionalísima conclusión; así la arbitrariedad no puede resultar de la sola disconformidad con la solución adoptada, sino que requiere la constatación de un apartamiento de los criterios mínimos de argumentación jurídica” (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite- Fallos: 348:519).
De ello se infiere que el recurso carece de cuestión federal sobre la que deba expedirse la CSJN, pues la causal invocada “arbitrariedad” no se encuentra configurada, como tampoco establecida la relación de la cuestión debatida en autos con normas de carácter federal. Al respecto, la arbitrariedad no constituye un fundamento autónomo de la aplicación del art. 14 de la ley N° 48, sino media en la sentencia violación a garantías constitucionales (CS F: 300:1194; 304:1509; 307:1967 entre muchos otros). El recurrente debe demostrar la relación directa entre los agravios articulados y las garantías federales para él perjudicadas por la sentencia que cuestiona, lo cual no aconteció en autos, en los términos analizados. En este sentido, se ha decidido reiteradamente que la sola invocación de las garantías previstas en la CN no autoriza a la concesión del recurso extraordinario si los autos no ponen de manifiesto la existencia y realidad de un mínimo agravio a la misma (Fallos: 189:306 y 391; 192:308, entre otros).
De lo expuesto deriva también el incumplimiento de los requisitos de forma establecidos por la Acordada N° 4/2007 dictada por la CSJN, en particular, lo establecido en el art. 3, incs. c), d) y e) de dicho reglamento.
Conforme lo señalado, el recurso resulta formalmente inadmisible, por no reunir los requisitos mínimos del recurso extraordinario federal y así debe ser declarado, con costas.
Por lo precedentemente expuesto, habiendo sido oído el Sr. Procurador General en su Dictamen Nº 097/2026, que se pronuncia en igual sentido, de conformidad con lo preceptuado por los arts. 14 y 15 de la ley N° 48; arts. 68 y 256, concordantes y correlativos del C.P.C.C. de la Nación y Acordada N° 4/2007 de la CSJN,
LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA
1. Rechazar el Recurso Extraordinario Federal interpuesto a fs. 05/15vta. de autos, por resultar formalmente inadmisible.
2. Costas a la parte recurrente.
3. Protocolícese, notifíquese y, oportunamente, bajen los autos a la Cámara de origen.
Presidente: Dra. Fabiana Edith GOMEZ.-
Dr. José Ricardo CACERES.-
Dr. Carlos Miguel FIGUEROA VICARIO.-
Secretaria: Dra. Delia Isabel ARIAS.-
Fin de la sentencia