Abriendo la norma
Cámara Segunda Civil y Comercial Sala II Integrada de la Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma el decisorio de fs. 256/257 vta. en cuanto rechazó la inconstitucionalidad planteada por la señora G.. Las costas de Alzada se imponen a la recurrente en su objetiva calidad de vencida (conf. art. 68, 69, CPCC).
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXV Causa N° 125940; Juzgado En Lo Civil Y Comercial Nº18 - La Plata “G., A. B. Y Otro S/ ··Divorcio Vincular Por Presentación Conjunta” REG. SENT.: 238 Sala II - FOLIO: 1675 En la ciudad de La Plata, a los diez días del mes de septiembre de dos mil diecinueve, reunidos en acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827), para dictar sentencia en la Causa 125940, caratulada: “G., A. B. Y Otro S/ ··Divorcio Vincular Por Presentación Conjunta”, se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor HANKOVITS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 256/257 vta.?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:
I. Vienen las presentes actuaciones a efectos de tratar el recurso de apelación incoado a fs. 266 por la actora, contra la resolución de fs. 256/257 vta. A fs. 280/285 se presentó el respectivo memorial de agravios, el cual no mereció réplica de la contraria. Asimismo, el 26 de julio de 2019 el señor Fiscal de Cámaras presentó su dictamen.
II. El decisorio atacado rechazó la inconstitucionalidad planteada por la accionante, imponiéndole las costas en su calidad de perdidosa y difiriendo el dictado de la sentencia de divorcio para la oportunidad en que adquiera firmeza dicho decisorio. Para así decidir, consideró que no se hallaba demostrada la relación entre la aplicación del artículo 7 del Código Civil y Comercial y la violación del derecho de propiedad esgrimido, razón por la cual, correspondía el reencauzamiento del presente trámite en los términos fijados en la legislación sustantiva en orden al dictado de la eventual sentencia de divorcio.
III. En prieta síntesis, se agravia la recurrente por entender que se colocó a este proceso particular, frente a la nueva pretensión de la contraria, en una suerte de replanteo de demanda de divorcio incausado, absolutamente diferente a la original y por ende contraria a la buena fe con la que se obró en la oportunidad de decidir disolver el vínculo que unía al matrimonio G-Z. Advierte que, de hacerse lugar a la misma sin tener en cuenta los extremos que se invocan respecto de los derechos adquiridos de propiedad que consagra la Constitución Nacional, como los que se prevén a la hora de redactar un compromiso de escritura traslativa de dominio sobre un bien que se cede, se deja en duda el principio de certeza jurídica de los actos reconocidos en un contrato privado, el cual se redactó con fuerza de ley hace 27 años, ante la instancia judicial (fs. 280/285).
Así, alega que el juez a quo yerra en su decisión ya que no sólo se vería afectado el acceso al derecho de propiedad con inicio de ejecución sobre el bien en cuestión, sino que de mantenerse la nueva normativa, afectaría aquellos derechos a los que tuvo acceso la señora G. durante mucho tiempo, como lo es la posibilidad de adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva (fs. 280/285).
Explica que cuando en un acuerdo se encuentra definido el destino de los bienes patrimoniales de la sociedad conyugal, su pretendida modificación está limitado a los casos de fraude, simulación y/o lesión, lo que denota que el juez debe aplicar la retroactividad de sus efectos, máxime si en el caso de autos dicha suerte patrimonial fue ratificada por las partes y sostenida en el tiempo por más de 27 años sin ninguna objeción hasta el presente (fs. 280/285). Finalmente, entiende que dicho contrato de compromiso otorga el derecho a exigir su perfeccionamiento, siendo que la pretendida homologación solo perfecciona una obligación natural en su beneficio, es decir, que era la propietaria de ese haber a cargo de Z., el cual se sella cuando por sentencia de homologación se otorga el perfeccionamiento de dichos extremos (fs. 280/285).
IV. A. En el caso de autos, con fecha 15 de diciembre de 1992, la señora G. y el señor Z. solicitaron se declare su divorcio vincular por presentación conjunta y se homologue lo convenido respecto de los alimentos, tenencia y régimen de visita de sus hijos y separación de bienes, para lo cual, confeccionaron el respectivo convenio (v. fs. 4/5 vta.).
Con posterioridad a ello y en lo que aquí interesa, sin que en autos se decretara el divorcio ni se homologara el mentado acuerdo, se aprecia que el señor Z., con fecha 6 de septiembre de 2017, se presentó y readecuó la presente acción de divorcio, solicitando que este último se decrete de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 435, inciso c y 437 del Código Civil y Comercial de la Nación, homologándose –oportunamente- los términos de la propuesta del convenio regulador, indicando que no existían bienes que requirieran una distribución judicial (fs. 69/74).
Es en ese entender, que la señora G. planteó la inconstitucionalidad del artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, respecto de los derechos y hechos adquiridos a su favor desde la oportunidad en que ambos cónyuges prestaron conformidad para solicitar tanto la disolución del vínculo matrimonial, como la homologación del convenio integrante, con motivo en el alcance dado a todos los divorcios en trámite de la nueva norma dispuesta por la Ley 26.994, los cuales afectan, a su entender, directamente a su parte en forma particular (fs. 94/100).
B. En estos autos, la parte ha atacado, en un recurso formalmente válido, de inconstitucional a la normativa referida. Empero, los argumentos que abren la instancia no son un límite para exponer otros que puedan apreciarse relevantes para dirimir la cuestión. Ello pues, acorde la postura de la Corte de la Nación, tanto el control de constitucionalidad como el de convencionalidad puede realizarse de oficio en pos de salvaguardar la primacía de los derechos tanto consagrados en la Carta Magna como en los Tratados internacionales que nuestro país ha suscripto y también incorporados en la Ley Fundamental. La Corte de la Nación, en la causa "Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c. Ejército Argentino s/ daños y perjuicios" (sent. del 27-XII-2012), luego de relatar la evolución jurisprudencial del control de constitucionalidad desde su reconocimiento en los primeros pronunciamientos (Fallos: 23:37; considerando 8vo del fallo referido), lo cotejó con el control de convencionalidad que de oficio deben realizar los magistrados. Ello, en especial, luego de la reforma constitucional de 1994, al imponerse atender a las directivas emanadas del derecho internacional de los derechos humanos.
Recordó ese Máximo Tribunal Federal en la causa referida que “En el precedente "Mazzeo" (Fallos: 330:3248)... enfatizó que `la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)´ que importa `una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos" (considerando 20).”(Considerando 11, causa cit., publicado en Fallos: 335: 2333).
Es así que señaló, con respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “… en el caso `Trabajadores Cesados del Congreso´ precisó que los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también `de convencionalidad´ ex officio entre las normas internas de la Convención Americana ["Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro otros) vs. Perú", del 24 de noviembre de 2006, parágrafo 128]. Tal criterio fue reiterado algunos años más tarde, expresado en similares términos, en los casos "Ibsen Cárdenas Ibsen Peña vs. Bolivia" (del l° de septiembre de 2010, parágrafo 202); "Gomes Lund otros ('Guerrilha do Raguaia') vs. Brasil" (del 24 de noviembre de 2010, parágrafo 176) y “Cabrera García y Montiel Flores vs. México" (del 26 de noviembre de 2010, parágrafo 225).
Recientemente, el citado Tribunal ha insistido respecto del control de convencionalidad ex officio, añadiendo que en dicha tarea los jueces y órganos vinculados con la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana (conf. caso "Fontevecchia D'Amico vs. Argentina" del 29 de noviembre de 2011).” (Considerando 12, fallo citado).
Se concluyó, de tal manera, en que “La jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada Convención (art. 75, inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa - formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que obliga a los tribunales nacionales ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente normas locales de menor rango.” (considerando 12, causa referida).
Adunó a la cita efectuada que también cabe realizar este control de constitucionalidad en vista a la Constitución de la Provincia, la cual, al ser también la ley fundamental provincial también su supremacía debe ser asegurada (art. 3, primer párrafo, Const. de la Provincia).
Cierto es que tal control debe ejercerse con el mayor cuidado. En palabras que entiendo prudente transcribir por la precisión de sus conceptos, la Corte recordó que “…el ejercicio del control de constitucionalidad de oficio por los magistrados debe tener lugar "en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes" (confr. casos "Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña" y "Gómez Lundy otros", citados).
Desde esta perspectiva, el contralor normativo a cargo del juez presupone un proceso judicial ajustado a las reglas adjetivas aplicables entre las cuales revisten especial relevancia las que determinan la competencia de los órganos jurisdiccionales y, sobre todo las que fijan los requisitos de admisibilidad y fundamentación de las presentaciones o alegaciones de las partes. Es conveniente recordar, al respecto, que la descalificación constitucional de un precepto normativo se encuentra supeditada a que en el pleito quede palmariamente demostrado que irroga a alguno de los contendientes un perjuicio concreto en la medida en que su aplicación entraña un desconocimiento o una restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, título o prerrogativa fundados en la Constitución; es justamente la actividad probatoria de los contendientes así como sus planteos argumentales los que debe poner de manifiesto tal situación. En este sentido se impone subrayar que cuanto mayor sea la claridad y el sustento fáctico y jurídico que exhiban las argumentaciones de las partes, mayores serán las posibilidades de que los jueces puedan decidir si el gravamen puede únicamente remediarse mediante la declaración de inconstitucionalidad de la norma que lo genera.” (Considerando 13, fallo cit.). En resumen, la tarea que ahora se emprende, la de la revisión judicial, es la más cuidadosa de las funciones susceptibles de encomendar a un tribunal, no concluyendo en la declaración de inconstitucionalidad más que de ser de estricta necesidad y si la interpretación del texto legal en juego no permite estar a favor de la validez de la misma (conceptos plasmados en el considerando 14, causa cit.).
Ello así, pues es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como así también de nuestro más alto Tribunal provincial, que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurándose un acto de suma gravedad institucional, por lo cual cabe considerarlo como última ratio del orden jurídico (conf. CSJN, causa 99011, LL 1999 D, pág. 149; SCBA, Ac. 36570, Ac. 47340, sent. del 17/03/1992). Atendiendo a las presentes circunstancias, resta mencionar que si los magistrados pueden realizar el sindicado control de oficio, también podrán hacerlo a pedido de la parte interesada, como aquí acontece.
C. Ahora bien, en el caso, se adelanta, no merecen favorable acogida los agravios de la aquí actora. Ello así, pues no se aprecian vulnerados los derechos que esta última manifiesta mediante la aplicación del artículo 7 del Código Civil y Comercial.
En tal entender, el citado artículo dispone que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.
La norma quiere significar que la nueva ley rige no sólo para las situaciones que nacen después de su entrada en vigencia, sino también para las anteriores si se trata de situaciones no agotadas. Así, la trabajosa jurisprudencia forjada en torno al artículo 3 –redacción según ley 17.711- es aplicable para interpretar el artículo 7 del Código Civil y Comercial, pues no se pretendió, en modo alguno, modificar sus alcances (conf. Aída Kemelmajer de Carlucci, “La Aplicación del Código Civil y Comercial a las Relaciones y Situaciones Jurídicas Existentes”, edit. Rubinzal Culzoni, 1° ed., 2015, pág. 18).
En ese entender, deviene menester señalar lo dispuesto por nuestro Tribunal superior luego de la sanción de la ley 17.711, en cuanto sostuvo que “El status que los esposos divorciados ostentaban a la fecha de entrada en vigor de la ley 17.711, constituía una situación jurídica cuyo régimen es susceptible de una regulación diversa por la ley sobreviniente, sin mengua para el principio legal de irretroactividad, ni afectación de garantía constitucional alguna (…) Ni aún para la terminología de la doctrina clásica de los derechos adquiridos, toda prerrogativa, facultad o potestad derivada de una determinada situación jurídica es susceptible de encuadrarse dentro de la mencionada categoría de derechos adquiridos. Por el contrario, es pacífica la doctrina en el sentido de que son de aplicación inmediata las leyes que tienen por finalidad delimitar las aptitudes personales para la titularidad o el ejercicio de un derecho, establecer la condición jurídica el régimen que corresponda a determinadas situaciones jurídicas. Así acontece con las normas que versan sobre el estado y la capacidad de las personas y con las que gobiernan el régimen del matrimonio y del divorcio, en cuanto a sus condiciones y efectos (conf. SCBA, 26/08/1969, ED 31-541).
Conforme establece Aída Kemelmajer de Carlucci, las sentencias que se dicten a partir de agosto de 2015 no pueden contener declaraciones de inocencia ni culpabilidad, aunque el juicio haya comenzado antes de esa fecha, desde que la culpa o la inocencia no constituyen la relación; son efectos o consecuencias y, por eso, la nueva ley es de aplicación inmediata. En definitiva, todos los divorcios contenciosos sin sentencia, iniciados antes o después de la entrada en vigencia, se resolverán como divorcios sin expresión de causa, aun cuando exista decisión de primera instancia apelada. Dicho de otro modo, el Código Civil y Comercial tiene aplicación a todo juicio sin sentencia firme (conf. Aída Kemelmajer de Carlucci, “La Aplicación del Código Civil y Comercial a las Relaciones y Situaciones Jurídicas Existentes”, edit. Rubinzal Culzoni, 1° ed., 2015, pág. 136).
Si bien en el caso de autos el pedido de divorcio fue solicitado en el año 1992 tanto por la señora G. como por el señor Z., sin alegarse declaraciones de inocencia o culpabilidad al respecto, lo cierto es que hasta la fecha aquél no fue decretado, no homologándose –tampoco- el convenio efectuado por los aquí contendientes (v. fs. 4/5vta).
A razón de ello y conforme refirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no puede desconocerse que las cuestiones atinentes a la disolución del vínculo matrimonial –procedencia, modo, forma y efectos- se encuentran hoy reguladas en los artículos 435 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, normativa que, en virtud de la regla general establecida en el artículo 7 del mencionado Código, resulta de inmediata aplicación (conf. CSJN, causa “Terren, Marcela María Delia c/ Campili, Eduardo Antonio s/ Divorcio”, sent. del 29/3/16).
Por otro lado, mal puede indicar la recurrente que se vulneró su derecho constitucional de propiedad, cuando, como se refirió anteriormente, luego de presentada la demanda obrante a fs. 4/5, en donde se incorporó el convenio referido a la distribución de bienes, el mismo no fue homologado. De esta manera, mal puede considerarse configurada una situación jurídicamente agotada o consumida bajo el anterior régimen, cuando ello quedaba condicionado al dictado de la sentencia de divorcio y a su homologación judicial. Así, la ausencia de decisión firme sobre el fondo del asunto obsta a que se tenga por configurada una situación jurídicamente agotada o consumida bajo el anterior régimen que, por el principio de irretroactividad, obste a la aplicación de las nuevas disposiciones (conf. CSJN, causa “Terren, Marcela María Delia c/ Campili, Eduardo Antonio s/ Divorcio”, sent. del 29/3/16). Consiguientemente, no apreciándose demostrada la relación entre la aplicación del artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación y la vulneración del derecho de propiedad que refiere la señora G. –pues, como se expresó, además de no haberse decretado la sentencia de divorcio, tampoco se homologó el respectivo convenio de fs. 4/5, no configurándose una situación jurídicamente agotada o consumida bajo el anterior régimen- es que corresponde confirmar el decisorio de primera instancia en cuanto rechazó la inconstitucionalidad planteada por la señora G. Las costas de Alzada corresponde sean impuestas a la recurrente en su objetiva calidad de vencida (conf. art. 68, 69, CPCC).
Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Juez doctor BANEGAS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar el decisorio de fs. 256/257 vta., en cuanto rechazó la inconstitucionalidad planteada por la señora G.. Las costas de Alzada corresponde sean impuestas a la recurrente en su objetiva calidad de vencida (conf. art. 68, 69, CPCC).
ASI LO VOTO.
El señor Juez doctor BANEGAS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma el decisorio de fs. 256/257 vta. en cuanto rechazó la inconstitucionalidad planteada por la señora G.. Las costas de Alzada se imponen a la recurrente en su objetiva calidad de vencida (conf. art. 68, 69, CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia