Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 7769
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaLo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1Superar como simple error de roles los de fs. 1120 capítulo 2.1 letra a) primer párrafo y fs. 1123 presentación y la invocación de la ley 3276 de fs. 1107;
2Rechazar los agravios vertidos por la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles y en consecuencia confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC).
3Respecto de la pretensión de determinar los honorarios de cada uno de los letrados de la codemandada expresada a fs. 1114 vta. in fine deberá promoverse en la instancia de grado el correspondiente incidente de calificación de trabajos con la participación de todos los profesionales, conforme se indica en los considerandos.
4Por los trabajos en esta instancia se regula el honorario correspondiente al Dr. Ignacio Ferreyra Amuchastegui como letrado apoderado de la parte actora; en la suma de cuatrocientos ochenta mil pesos ($480.000), el correspondiente al Dr. Fernando Hernán Kustich como letrado apoderado del codemandado Sindicato de Petroleros y Gas Privado Santa Cruz en la suma de Trescientos dieciocho mil …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7769 Sentencia: 2939 Actor: DLS ARGENTINA LIMITED Suc. Argentina Demandada: Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles y contra el Sindicato Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz Objeto: demanda por consignación Fecha: 08/04/2022 Texto:
En la Ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los ocho días del mes de abril de dos mil veintidós se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos “DLS ARG. LIMITED SUC. ARG. C/ FEDERACIÓN ARG. SIND. DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES Y OTRA s/ Demanda por Consignación” Expte. 17.368 del año 2015 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad y que ingresaran en esta instancia bajo el nº de Cámara 7769. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda I. Bard y Juan Pablo Olivera para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que la empresa DLS ARGENTINA LIMITED Suc. Argentina promueve demanda por consignación de las sumas retenidas en concepto de cuota sindical correspondiente al mes de marzo de 2015 por un total de 151.242,72 por cuotas e intereses contra la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles y contra el Sindicato Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz. Explica que la actora es una empresa dedicada a servicios de perforación, terminación, reparación e intervención de pozos petroleros y como tal empleadora de personal alcanzado por el CCT nº 643/12 (título II). Indica los signatarios de esa convención y como se constituye el patrimonio de las Asociaciones sindicales y cita doctrina. Explica el mecanismo de retención de las cuotas y como se debe depositar a la orden de la Federación por parte de los empleadores que actúan como agentes de retención citando los distintos regímenes legales. Relata que ambas demandadas le reclaman el pago de las cuotas y el sindicato pretende cobrar el 2% que era percibido históricamente por la federación y ambas se atribuyen la titularidad del derecho a percibirlo. Entiende que se da el supuesto de duda del art. 757 inc. 4º del Código de Vélez Sarsfield que habilita el pago por consignación y que dirima la incertidumbre del verdadero titular con cita de doctrina y jurisprudencia. Formula reserva de ampliar la consignación mes a mes por sucesivas retenciones. Ofrece prueba y reserva el caso federal. Pide que oportunamente se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda con costas.
II. Que a fs. 142 comparece Claudio Orlando Vidal como secretario general del Sindicado Petrolero y Gas Privado Santa Cruz a contestar la demanda, invocando una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación que reconoció la desafiliación del sindicato y afirma que tiene efectos sobre los depósitos, y niega que la consignación reúna los requisitos del pago. Niega que tenga fundamento para aducir la duda respecto del acreedor y por ello que la consignación es improcedente por no existir incertidumbre respecto del acreedor y ser insuficiente. Funda en derecho y ofrece prueba.
III. Que a fs. 161 contesta la demanda la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustible representada por el Dr. Walter Erael Chiara y pide el rechazo de la consignación en todos sus términos. Niega la incertidumbre y ser esa entidad la que tiene derecho a las cuotas hasta que la justicia se expida y exige el urgente pago. Sostiene que faltan requisitos para la consignación citando jurisprudencia. Reserva el caso federal. Funda su derecho y ofrece prueba.
IV. Que con el escrito de fs. 191/194 la parte actora amplía la consignación por la suma de $1.234.260,28 por cuotas e intereses de los meses de mayo a octubre de 2015. Hace lo propio a fs. 233/236 ampliando por $907.150,62. A fs. 246 se abre la causa a prueba y se provee la ofrecida por las partes. Producida la obrante en autos de la que obran certificaciones de la Actuaria, a fs. 626 se declara la clausura del término probatorio y se ponen los autos en mesa de entradas por el término de seis días comunes a fin de que las partes aleguen sobre la prueba producida. A fs. 1085 se desglosa la respuesta del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por la voluminosidad de la documental que se acompaña y sin perjuicio que a fs. 622 se había decretado el desistimiento de esa prueba informativa debiendo estarse a la foja indicada. El Sindicato con la pluma del Dr. Fernando H. Kustich alega sobre la prueba con la pieza de fs. 627/628. La actora hace lo propio con el alegato de fs. 1087/1089 mientras que la Federación no hizo uso de ese derecho. Consentida la actuación del Dr. Franco M. Villalón Lezcano como conjuez éste dispone el pase de los autos a despacho a fs. 1102 y dicta la sentencia que obra de fs. 1103 a 1107. En ese pronunciamiento hace lugar a la demanda promovida por DLS ARGENTINA LIMITED SUC. ARG. y declara procedente la consignación y beneficiario del pago al SINDICATO DE PEROLEROS Y GAS PRIVADO SANTA CRUZ debiendo diferirse la consecuente orden de pago a su favor hasta tanto obre en autos constancia actualizada de los movimientos bancarios perteneciente a estos obrados. Ordena librar oficio por Secretaria al Banco Santa Cruz a esos efectos respecto de la cuenta bancaria nº 2867996 desde su apertura a la recepción del oficio. Impone las costas a la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (art. 68 del CPCC). Tiene presente a los fines del pago de la tasa de justicia la suma de $3.596.800,67 y para el cálculo de los honorarios la de $ 8.124.243,04. Regula los honorarios de los abogados intervinientes y determina la tasa de justicia a tributar que deberá ser abonada por la condenada en costas.
V. Que disconforme el apoderado de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles interpone a fs. 1113 recurso contra la sentencia. Aclara que la apelación está dirigida específicamente sobre la imposición de costas y por alta la regulación efectuada.
Considera y solicita que la condena en costas sea por su orden por no haber estado claro al contestar la demanda ni determinado quien estaba acreditado para recibir los aportes consignados. Explica que dicha determinación fue posterior y que al momento de entablarse la demanda pudieron considerarse con derecho a los mismos. Dice que no hubo una oposición férrea de su parte y que al haber una resolución firme insistieron en dicha ausencia. Dice que los aportes siguen siendo de la Federación Argentina en virtud de ser los signatarios del convenio. Entiende que estos son argumentos suficientes para reducir las costas a su parte. Por otra parte, considera imperativo que se regulen los honorarios y las costas en función del monto real que debió depositar la empresa y sostiene que resulta erróneo haberlo calculado sobre el monto existente en la cuenta y que se debió tomar la suma de $ 3.586800,67 pues en la suma de $8.124.243.04 se incluyen los intereses, pues estuvo puesta a plazo fijo para no desvalorizarse y por ello entiende que dicho monto no se debe tomar para regular.
Pide que para el caso de confirmarse la condena en costas que los honorarios sean regulados por el monto consignado, sin sus intereses los cuales deberán ser resueltos a quien corresponde.
Considera altos los honorarios y los considera confiscatorios, que perjudican el patrimonio de la Federación y hace notar que ellos totalizan más que el monto consignado por lo que existe un error in iudicando y que de confirmarse empobrecería a su representada. Califica la regulación de contraria al sentido común y contrarias a las pautas establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación recientemente luego del análisis al art. 730 CCyC y limitan la responsabilidad del condenado en costas.
Si bien reconoce que el magistrado fundó en las leyes 3330 y art. 14 ley 3276 estableció, como honorarios, sumas que se alejan del mínimo que corresponderían atento el monto real consignado y la naturaleza del proceso (18%) y determinó montos de honorarios que en conjunto superan las sumas consignadas, que no reflejan la labor realizada y causa gravamen irreparable a su mandante. Critica que aplique el máximo posible y sobre el total con intereses. Hace notar que al momento de la interposición de la demanda no se encontraba resuelta la desvinculación del sindicato y que su contestación de demanda no fue un acto dilatorio o caprichoso al poderse considerar acreedora lo que a su juicio debería atenuar las costas. Pide la determinación de los honorarios de los letrados intervinientes por la Federación en función de las tareas efectivamente realizadas por cada letrado toda vez que no actuaron en las mismas etapas procesales. Solicita se deje sin efecto la “mentada interposición de costas” la regulación de honorarios y se fijen por su orden o, en su defecto, a los valores mínimos. Reserva el caso federal.
VI. Que el Sindicato Petrolero y Gas Privado Santa Cruz por la pluma de su apoderado Dr. Hernán Kustich, quien lo hace además por su propio derecho, contesta el traslado del recurso de la codemandada en el escrito de fs. 1120/1122. Sostiene que no se advierten razones para eximir de costas a la “actora vencida” (entiendo que habrá querido decir la codemandada vencida) y que no aporta un solo argumento que justifique su conducta consistente en pretender dinero de los trabajadores que corresponden al Sindicato. Recuerda que el apartamiento del principio objetivo de la derrota debe evaluarse estrictamente con cita de jurisprudencia y de doctrina y señala que no se han satisfecho ninguno de los presupuestos a fin de que proceda la exención de costas requerida. Hace notar la inexistencia de allanamiento una vez conocida la resolución ministerial posterior a la promoción de la demanda lo que pone en evidencia que la excusa formulada no tiene entidad para eximirla de costas.
Invoca la teoría de los actos propios al recordar que al contestar la demanda pidió las costas a la contraria como vencida.
En otro carril del traslado considera correcta la inclusión de los intereses en la base regulatoria dando sus razones e invocando el art. 18 de la ley 3330. Reserva, para el caso de excluirse los intereses de la base regulatoria, accionar contra la codemandada por los daños patrimoniales provocados por la indisponibilidad.
Sostiene la improcedencia del pedido de reducción de aranceles y da las razones por los que entiende se debe rechazar. Hace notar que la apelante no planteó la inconstitucionalidad del art. 730 del Código Civil y Comercial y, por otro lado, que dicha norma no incide en la regulación. Rechaza el argumento relativo a que los montos totalizan más que lo que resulta como monto total de la consignación realizada pues se ajustó a las pautas de la ley 3330 en su art. 19 y sobre esa base que el monto del juicio era de $8.124.243. Pide el rechazo de este argumento. Plantea falta de fijación de la pretensión recursiva al no indicar cual sería el monto para que los honorarios no resulten excesivos.
Considera adecuados los honorarios que le fueron regulados. Reitera la reserva del caso federal.
VII. Que a fs. 1123/1127 el Dr. Ignacio Ferreyra Amuchastegui contesta agravios. También incurre en un error de roles al sostener que lo hace por la parte demandada, cuando es apoderado de la parte actora. Asimismo, lo hace por propio derecho.
Al rechazar el agravio relativo a las costas sostiene que se encuentran bien impuestas en orden a lo que disponía el art. 760 del Código Civil cuya aplicación estableció el magistrado y que no fuera discutida. Hace notar que en lugar de desvirtuar los argumentos del fallo el apelante se limita a desarrollar meras generalidades que carecen de entidad para modificar la sentencia. Destaca también que continuó ligado al proceso no obstante el dictado de la resolución a la que alude y no modificó su postura inicial y que no puede desentenderse de las consecuencias de su postura inicial después de la sentencia. Pide se confirme este aspecto. Respecto del segundo agravio concreta su crítica señalando que no hubo un depósito a plazo fijo no obstante haberse solicitado por el Sindicato como señaló la sentencia y que el magistrado se limitó a la aplicación del art. 18 de la ley 3330. Por ello hace notar que en ningún momento la base del cálculo del Señor Juez a los fines regulatorios, en modo alguno deriva del monto que surge de un plazo fijo o de la cuenta de autos, sino que invoca el art. 18 de la ley 3330. Esta norma no fue atacada de inconstitucional.
Por otro lado, hace notar que se ha regulado utilizando un porcentaje menor al del promedio entre el máximo y el mínimo. Califica de improcedente la invocación del art. 730 del CCyC al confundir oportunidad de la regulación con la del pago. Destaca también que respecto de los honorarios de los profesionales de la recurrente no fueron atacados por altos, sino que pidió se los discrimine por etapas y carácter en que concurrió cada uno. Es decir, considera altos los letrados del suscripto y de la codemandada y no así sus propios honorarios fijados con la misma base, conducta que dice no puede merecer dejando en suspenso qué no puede merecer. Ratifica el caso federal.
VIII. Que de lo expuesto en este resumen y a fin de ir entrando en materia tenemos un juicio de consignación de aportes sindicales encuadrado en el art. 757 inciso 4º del Código Civil de Vélez Sarsfield al concurrir dos instituciones sindicales arrogándose la condición de acreedores. El fallo admitió la consignación determinando cual de las demandadas era la legítima acreedora, aspecto que ha quedado firme. Por el principio tantum devolutum quantum apellatum no podemos analizar el acierto, o no, de este aspecto de la sentencia, toda vez que el tribunal está limitado, en primer lugar, por las pretensiones planteadas en primera instancia (art. 276 del CPCC) y, en segundo lugar, por el alcance que las partes han dado a su recurso y el dado al contestar los agravios. Juega aquí el principio dispositivo y el de congruencia. La sentencia apoyó lo decidido en materia de costas en el art. 760 del Código Civil y art. 68 del CPCC.
El primero se encuentra al legislar sobre el pago por consignación. Tiene la particularidad que era el único artículo, dentro del Código Civil de Vélez Sarsfield, que legisla sobre costas. Y lo hace de una manera rigurosa que no permite imponerlas por su orden. Criterio que no sigue el Código Civil y Comercial. No se atacó la constitucionalidad de la norma y debe recordarse que, por ejemplo, la ley de quiebras legislaba sobre costas sin reproches.
En autos no se ha cuestionado la sentencia en cuanto establece que la materia a tratar se rige por el Código Civil (ley 340) y que está regulada en los arts. 756 a 763 del mencionado cuerpo normativo. Ergo es de estricta aplicación el art. 760 del Código Civil por lo que las costas se encuentran correctamente impuestas. Sobre todo, cuando pudiendo allanarse no lo hizo. He de señalar que no entiendo aplicable la teoría de los actos propios como se invoca a fs. 1121 in fine y fs. 1124 vta. toda vez que ella tiene una aplicación residual que cede ante la aplicación concreta del art. 760 del Código Civil que venimos mencionando. Al darse el supuesto del art. 757 inc. 4º nunca pueden imponerse las costas en el orden causado como se pretende por el recurrente afectando a la parte actora. Y la sentencia las impuso correctamente a la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles al asignarle la calidad de vencida por la incorrecta posición al exigir el pago de los aportes a la actora y creando la situación regulada en el art. 757 inc. 4º del Código Civil. Tenemos pues, una entidad que tiene necesidad de pagar y dos entidades sindicales que discuten entre ellas quien tiene el derecho a percibir el pago. No esta discutido el derecho de la actora de pagar para liberarse, por ninguna de las demandadas, ni apelaron la sentencia en este aspecto. Luego, entre las dos demandadas, una resulta vencedora en la litis al ser considerada como la titular del derecho a percibir los importes retenidos a los trabajadores. La otra resultó vencida en su pretensión y se mantuvo en esa posición hasta la sentencia no obstante aclararse antes el titular del derecho. A mi juicio no existe mérito para eximirla de costas como pretende, ni son suficientes los argumentos desplegados para admitir e l primer agravio. Propongo el rechazar este agravio.
No es tampoco atendible su segundo agravio. El magistrado se ciñó a lo dispuesto por el art. 18 de la ley 3330 de honorarios para establecer el monto del juicio a tomar como base de la regulación. No tomó intereses ganados como plazo fijo como discurre el recurrente.
La pretensión del Dr. Vidal de que las costas sean calculadas por el monto consignado no es atendible en atención a los claros términos del art. 18 de la ley 3330 cuya constitucionalidad no se atacó. El hecho que el monto del juicio tomado por el magistrado para regular sea superior al monto consignado ello obedece a la larga duración del juicio. Obsérvese que no se ha invocado que existiera un error en el cálculo efectuado por el magistrado.
Critica que, si bien el Juez fundamenta la regulación en las leyes 3330 y 3276 y establece como honorarios sumas que se alejan del mínimo que correspondería (18%) atento el monto real consignado y la naturaleza del proceso. Hay un error en la fundamentación del magistrado, que no se critica, al incluir la ley 3276 que corresponde a la de los peritos en juicios cuando se reguló sólo a abogados. Se trata de un pecado venial que obedeció a utilizar una plantilla pero que no conmueve a la regulación que está acorde con la naturaleza del pleito, los importes, la característica de tener dos codemandados con intereses excluyentes por lo que considero que debe confirmarse la regulación. Con respecto del recurso de fs. 1142 se lo declaró extemporáneo a fs. 1144 vta. sin que se planteara la queja.
No es obstáculo a esta solución la invocación del art. 730 del Código Civil y Comercial, que sigue la solución del art. 505 del Código Civil de Vélez Sarsfield que limita:
“la responsabilidad en el pago de las costas incluidos los honorarios profesionales, de todo tipo, allí devengados y correspondientes a la primera y única instancia, no debe exceder del 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo… Para el computo del porcentaje indicado, no se debe tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas”.
En efecto, la norma lo que limita es la responsabilidad del condenado en costas, no el quantum de los honorarios conforme a las normas arancelarias (Corte Suprema Fallos t. 332:921 considerando 12, t. 332;1118 considerando 3º), que, demás está decirlo, es materia no delegada por las provincias. Cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia Se ha pronunciado en los autos Abdurraman, Martín Contra Transportes Línea 104 S. A. (La Ley 2009-C- Pág. 619/623 y Fallos 332:921) entre otros se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la norma (que es tachada de inconstitucional a fs. 1126 vta. párrafo 26), y aceptó la eventual posibilidad que los profesionales ejecuten a su cliente no condenado en costas por el saldo impago que pudiese resultar del prorrateo legal. Por ello no acepto los agravios contra la regulación de los honorarios y propongo regular los honorarios de los profesionales que actuaron en esta instancia. Por otro lado, la pretensión de discriminar los honorarios entre los distintos profesionales que defendieron a la codemandada recurrente no corresponde ser tratada en esta instancia. De persistir la codemandada Federación Argentina Sindicatos del Petróleo, Gas y Biocombustibles en esta pretensión deberá promover, como paso previo (al ser condenada en costas no corresponde incluir a sus profesionales en un prorrateo), un incidente de calificación de trabajos con intervención de todos los letrados que se sucedieron en atender los derechos de ella.
IX. Por estas consideraciones respondo a la primera cuestión en tratamiento en forma afirmativa por entender que la sentencia es justa y equitativa en lo que fuera materia de agravios. Es mi voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
X. Coincido con tratamiento dado por el preopinante a los agravios vertidos por la codemandada vencida. Considero justa y equitativa la condena en costas y el quantum de los honorarios regulados. Adhiero pues al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XI. Que en atención a las razones y fundamentos emitidos al contestar la primera cuestión propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Superar como simple error de roles los de fs. 1120 capítulo 2.1 letra a) primer párrafo y fs. 1123 presentación y la invocación de la ley 3276 de fs. 1107; 2º) Rechazar los agravios vertidos por la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles y en consecuencia confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC). 3º) Respecto de la pretensión de determinar los honorarios de cada uno de los letrados de la codemandada expresada a fs. 1114 vta. in fine deberá promoverse en la instancia de grado el correspondiente incidente de calificación de trabajos con la participación de todos los profesionales, conforme se indica en los considerandos. 4º) Por los trabajos en esta instancia se regula el honorario correspondiente al Dr. Ignacio Ferreyra Amuchastegui como letrado apoderado de la parte actora; en la suma de cuatrocientos ochenta mil pesos ($480.000), el correspondiente al Dr. Fernando Hernán Kustich como letrado apoderado del codemandado Sindicato de Petroleros y Gas Privado Santa Cruz en la suma de Trescientos dieciocho mil pesos($318.000), y del Dr. Ricardo Alberto Vidal por su apelación y agravios de fs. 1113/1115 en la suma de doscientos sesenta y cinco mil pesos ($265.000)conforme lo dispuesto por los arts. 13,14,18,19,24 y concordantes de la ley 3330). 5º) Tener presente las reservas del caso federal planteadas a fs. 1115, 1122 vta. y 1126 vta./1127; 6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XII. Toda vez que la propuesta que antecede es justa y equitativa adhiero al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 08 de abril de dos mil veintidós
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Superar como simple error de roles los de fs. 1120 capítulo 2.1 letra a) primer párrafo y fs. 1123 presentación y la invocación de la ley 3276 de fs. 1107;
2. Rechazar los agravios vertidos por la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles y en consecuencia confirmar la sentencia recurrida en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC).
3. Respecto de la pretensión de determinar los honorarios de cada uno de los letrados de la codemandada expresada a fs. 1114 vta. in fine deberá promoverse en la instancia de grado el correspondiente incidente de calificación de trabajos con la participación de todos los profesionales, conforme se indica en los considerandos.
4. Por los trabajos en esta instancia se regula el honorario correspondiente al Dr. Ignacio Ferreyra Amuchastegui como letrado apoderado de la parte actora; en la suma de cuatrocientos ochenta mil pesos ($480.000), el correspondiente al Dr. Fernando Hernán Kustich como letrado apoderado del codemandado Sindicato de Petroleros y Gas Privado Santa Cruz en la suma de Trescientos dieciocho mil pesos($318.000), y del Dr. Ricardo Alberto Vidal por su apelación y agravios de fs. 1113/1115 en la suma de doscientos sesenta y cinco mil pesos ($265.000)conforme lo dispuesto por los arts. 13,14,18,19,24 y concordantes de la ley 3330).
5. Tener presente las reservas del caso federal planteadas a fs. 1115, 1122 vta. y 1126 vta./1127;
6. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Juan Pablo Olivera no firma por no existir disidencia entre los votantes. FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara Presidente-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-. Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara.
Protocolización: A201121S.221 Tomo: XCVI Sentencia: 2939 Folio Nº: 035/041 Secretaria: 1
Fin de la sentencia