Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 31.614-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los planteos invocados por Amcor Pet Packaging de Argentina SA. Con costas.
2Confirmar la Resolución N° 243/2012 (AD PASO) y en consecuencia el Cargo N° 2144/2007, dictada en las actuaciones administrativas N° 12307-589-2007/1, debiendo la Aduana hacer lugar al beneficio de excusión invocado por la coactora Amcor Pet Packaging de Argentina SA. Con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-56076204-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 26 de Mayo de 2025 FERNANDO ALFREDO GONZALEZ y Acum. AMCOR PET PACKING DE ARGENTINA SA Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, (por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación) con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: “DM TRANSPORTE E LOGISTICA INTERNACIONAL SA – ATA FERNANDO ALFREDO GONZALEZ y Acum. AMCOR PET PACKING DE ARGENTINA SA c/ DGA s/ recurso de apelación Expte. n ° 31584-A”.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que a fs. 19/25 se presenta por apoderado la firma DM TRANSPORTE E LOGISTICA INTERNACIONAL SA y el Sr. ATA FERNANDO ALFREDO GONZALEZ, interponen recurso de apelación contra la resolución n° 243/2012 (AD PASO), dictada en las actuaciones n° 12307-589-2007/1, por la que se confirma el cargo N° 2144/2007. Se agravia por cuanto el juez administrativo no hizo lugar a la prueba ofrecida, entiende que la denegación de la prueba constituye un verdadero ataque al derecho de defensa y al derecho al debido proceso toda vez que el servicio aduanero procedió sin fundamentos. Afirma que el análisis del art. 315 efectuado por el servicio aduanero se realiza una valoración incorrecta de los argumentos usados que resultan improcedente, insostenible y provocan un error en el encuadre jurídico efectuado, y en el criterio de justicia que lo respalda. Advierte que la mercadería no se considera irremediablemente perdida cuando pese a no poder ser recuperada por el propietario pudiera ser utilizada por un tercero. Sostiene que la falta de mercadería en tránsito que nos ocupa no obedece a negligencia alguna en el cumplimento del deber de guarda, por lo que la falta de la mercadería esta prevista en el art. 638 inc. d) del CA, importación irregular que proviene del incumplimiento de los deberes del transportista en el cuidado de la mercadería, lo cual no es aplicable en autos por que el faltante de marras se debe a la fuerza física irresistible que elimina la sustracción de la mercadería mediante un hecho cometido con intimidación o violencia en la persona siendo para el transportista un hecho fortuito fuerza mayor que lo excusa del faltante. Manifiesta que no es justo que quien perpetúa un robo ponga en cabeza de las coactoras la responsabilidad tributaria siendo quienes sufrieron el ilícito. Subsidiariamente impugna montos del cargo, sostiene que le es aplicable el certificado de origen de la mercadería (brasileña) y con destino a nuestro país, por lo que no hubiera tributado derechos y estadística. Ofrece prueba. Hace reserva de caso federal. Solicita que se revoque la resolución apelada.
II. Que a fs. 49ref/56ref se presenta por apoderado la firma AMCOR PET PACKAGING DE ARGENTINA, interponen recurso de apelación contra la resolución n° 243/2012(AD PASO), dictada en las actuaciones n° 12307-589-2007/1, por la que se confirma el cargo N° 2144/2007. Hace un raconto de los hechos. Sostiene la incompetencia de la Aduana de Paso de Los Libres para el reclamo de los tributos y el dictado de la resolución. Realiza una interpretación de los arts. 1118 y 1121 del CA y sostiene que la competencia en este caso debió ser ejercida por el administrador con jurisdicción en la localidad de Buenos Aires por lo que afirma que la intervención de la Aduana de Paso de Los Libres carece de validez, generando un verdadero escándalo jurídico. Señala que la resolución apelada fue dictada por un funcionario incompetente, cita y explica el art. 14 de la LPA. Agrega que la importadora no es sujeto pasivo del reclamo tributario, conforme el art. 312 del CA, interpretando que el delito sufrido, no puede ser utilizado para reclamarle a la importadora los tributos dado que se trató de un robo con arma y privación ilegítima de la libertad. Sostiene que reclamar los tributos es lisa y llanamente una violación del derecho de propiedad ya que no guarda relación con el hecho generador de la obligación. Indica que le es aplicable el certificado de origen. Afirma que una vez ocurrida la importación el servicio aduanero no tiene facultades para exigir el pago de los impuestos que recauda a la DGI por lo que entiende que la DGA carece de atribuciones para exigir y cobrar el impuesto a las ganancias e IVA, cita normativa y jurisprudencia que avalan su postura. Solicita que subsidiariamente se le aplique el beneficio de excusión. Ofrece prueba. Hace reserva de caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 73/80 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Efectúa una reseña de las actuaciones. Niega todas y cada una de las afirmaciones vertidas por las coactoras que no fueran de su especial reconocimiento. Hace un raconto de lo actuado en los antecedentes. Respecto de incompetencia planteada por la actora señala que la actora no reprocho la competencia de la autoridad que dicto el acto al momento de haberse impugnado en el ámbito administrativo, limitándose en aquella oportunidad a cuestionar la fundamentación del cargo, ello en los términos del art. 1057 del CA, por lo que sostiene resulta extemporáneo. Manifiesta que en autos no se encuentra cuestionado el acaecimiento del robo de la mercadería carente de circulación, sino solo la interpretación efectuada por el juez administrativo de la normativa que resulta aplicable al caso en cuestión. Indica que el fundamento del cargo está determinado en la responsabilidad tributaria fundada en que se configuró el hecho gravado previsto en el art. 618 inc. f) del CA, operando la presunción legal prevista en el art. 311 del CA, la presunción iure et de iure y al solo efecto tributario que la mercadería fue importada a consumo. Explica los extremos del fallo de la CSJN Tevelam, lo analiza y lo compara con el presente caso. Afirma que no es la Aduana quien debe demostrar la falta de custodia, resultando materialmente imposible, estando en mejor posición de probar su diligencia el transportista, o el ATA no así la Aduana. Cita abundante jurisprudencia. En relación a la exención del cumplimiento de la obligación en aquellos casos en que la mercadería no puede ser empleada por un tercero, siendo el sujeto pasivo de la obligación es un tercero escogido por la ley para cumplir con tal deber, sin perjuicio de una posterior acción civil de repetición. Manifiesta que el hecho del robo de la mercadería, si bien a priori es tenido en cuenta como irresistible no puede calificarse de imprevisible no quedando alcanzado por los institutos de la fuerza mayor o caso fortuito. Desarrolla la subsidiariedad de la responsabilidad de los sujetos. Respecto de la liquidación advierte que no es aplicable la exención del pago de tributos el certificado de origen porque no puede beneficiarse en manera alguna a quien no ha cumplido con el régimen de transito de importación. Ofrece prueba. Hace reserva de caso Federal. Solicita se rechace el recurso de la actora, con costas.
IV. Que a fs. 59 luce decisorio de la acumulación Plenaria, por el cual se resuelve acumular el expediente n° 31.614-A Amcor Pet Packinging de Argentina SA, en trámite ante la Vocalía de la 18° Nominación, al expediente n° 31.584-A DM Transporte e Logística Internacional SA y otro, en trámite ante esta Vocalía.
V. Que las actuaciones SIGEA n° 12307-589-2007/1 se inicia con la Multinota del ATA s/ fech, acompaña documental a fs. 4/6 consistente en print de pantalla de manifiesto, MIC/DTA, Carta de Porte. A fs. 7 luce print de pantalla “lista de ingreso de denuncia” de fecha 13/08/2007 y a fs. 8 luce mail interno del servicio aduanero poniendo en conocimiento al área correspondiente de la denuncia de robo ocurrido. A fs. 10 luce aforo de la mercadería en cuestión. A fs. 15 luce Cargo n° 2144/2007 con fecha 22/8/2007. A fs. 20/23 lucen cédula de notificación del Cargo, cuyas constancias de aviso de recibo lucen a fs. 19, 21 y 49. En lo que aquí interesa a fs. 22/27vta ref. y 38/40ref se presentan el DM Transporte e Logística Internacional SA - ATA González y la firma Amcor Pet Packaging de Argentina SA oponen defensas y acompaña documental a fs. 28/32. A fs. 62/63vta se proveen las presentaciones de las coactoras. A fs. 90/100ref luce Dictamen n° 150/2012. A fs. 107/110ref luce la Resolución n° 243/2012 (AD PASO), seguidamente las coactoras acreditan su interposición de recurso ante este Tribunal y en ese estado se remiten los autos a este Tribunal.
VI. Que a fs. 314 luce cierre de periodo probatorio y a fs. 331 se eleven los autos y a fs. 332 pasan a alegar. A fs. 337/338vta., 339/342vta. alegan las coactoras y el fisco a fs. 343/350vta. A fs. 352 pasan los autos a sentencia.
VII. Que, en primer lugar, corresponde resolver el planteo de la co-actora AMCOR PET PACKING DE ARGENTINA SA, respecto de la presunta incompetencia del administrador de la Aduana de Paso de Los Libres, en relación al ejercicio de la jurisdicción y posterior dictado de la resolución, apelada en la especie. Que en lo que aquí interesa, el art. 1018, ap. 1, del CA, establece que: "En los procedimientos por infracciones, de impugnación y de ejecución en sede administrativa, corresponderá conocer y decidir en forma originaria al administrador de la aduana en cuya jurisdicción se hubieren producido los hechos."
Que, sin perjuicio de que es en la Aduana con jurisdicción en la Provincia de Buenos Aires (Localidad de Pilar) donde se habría producido el hecho del robo, no procede declarar la nulidad de la resolución de marras, no solo porque de la lectura del texto del art. 1018, ap. 1, del CA, puede razonablemente entenderse, que es competencia del administrador de la aduana en cuyas jurisdicción se hubieren “constatado” los hechos, sino porque declarar la nulidad de la resolución constituiría un dispendio jurisdiccional innecesario. Con costas.
Que, por ende, se rechaza el planteo de incompetencia realizado por la co-actora.
VIII. Que las co-actoras DM Transporte e Logística Internacional SA y el Sr. ATA Fernando González, se agravian respecto a que se ha afectado el derecho de defensa en juicio y al debido proceso atenta la denegación de la prueba constituye un verdadero ataque toda vez que el servicio aduanero procedió sin fundamentos. Que, la Corte Suprema de Justicia sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa la efectiva violación del art. 18 de la CN no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (Fallos, 205:549; 247:52 consid. 1º; 267:393 consid. 12 y otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio “ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Fallos, 205:549, consid. 5º y sus citas) -TFN, Sala E, entre otros, “Rivera, Alcides” del 27/5/86, “López Arispe, José, del 5/9/88-.). Que observo que no se ha vulnerado el derecho de defensa de la firma y el ATA, en tanto que en esta instancia ha contado con amplias posibilidades para acreditar sus dichos, con la consiguiente subsanación de cualquier irregularidad que pudiera haberse configurado en sede aduanera. Tanto es así, que a fs. 81 se hizo lugar a la producción de la prueba ofrecidas, y oportunamente producida.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el agravio vertido por las co-actoras.
IX. Que, corresponde resolver en autos si la Resolución n° 243/2012 (AD PASO) en cuanto confirma el cargo n° 2144/07 y se le intima el pago de tributos a las coactoras, DM Transporte e Logística Internacional SA y ATA Fernando González y la firma Amcor Pet Packaging de Argentina SA, con relación a la mercadería amparada por la destinación suspensiva de tránsito de importación registrada mediante carta de porte BR031.133.756, en los documentos 07042 TRAS 064391E (manifiesto 07042MANI088700G) y cuyas copias obran glosada en las actuaciones administrativa.
Que a los efectos de determinar la cuestión debatida en autos, corresponde destacar que no se controvierten los hechos en sí, es decir, el incumplimiento del referido tránsito de importación, así como tampoco que ello fue consecuencia del robo del camión y semi-remolque que transportaba la mercadería.
Que tampoco se cuestiona la circunstancia de que no se habían abonado los tributos correspondientes a la mercadería involucrada, precisamente por encontrarse amparada en una destinación suspensiva de tránsito. Que el servicio aduanero formuló el cargo n° 2144/2007 por los tributos adeudados que ascienden a la suma de $ 94.163,49 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística, IVA, IVA adicional y impuesto a las ganancias, con fundamento en los arts. 310, 312, 315 y cc. del Código Aduanero.
Que lo que fundamenta el cargo tributario formulado por la aduana es la responsabilidad por deuda ajena, es decir una responsabilidad indirecta o refleja, consagrada en forma expresa en el art. 312 del Código Aduanero, puesta expresamente por la ley en cabeza del transportista y el ATA que asumió la obligación de transportar a su riesgo la mercadería extranjera que no gozaba de libre circulación. Ese transporte lo realiza a título oneroso, recurriendo a un régimen de excepción (destinación suspensiva de tránsito de importación) que permite la importación de la mercadería sin abonar los tributos aduaneros correspondientes.
Que éste régimen, regulado en los arts. 296 y siguientes del C.A., autoriza que la mercadería importada, es decir, ingresada al territorio aduanero, pero que carece aún de libre circulación en el mismo, sea transportada desde la aduana por la que hubiere arribado hasta otra aduana para ser sometida a otra destinación aduanera, previéndose al efecto la no sujeción a la imposición de tributos, con excepción de las tasas retributivas de servicios (art. 304 del C.A.).
Que la principal obligación que el régimen impone recae en el transportista, es decir en el empresario que asume su propia responsabilidad por la operación que compromete frente al servicio aduanero, teniendo a su cargo el deber de transportar la mercadería a la aduana de destino (de salida o interior), dentro de un plazo fijado, cuidando que arribe la misma mercadería (art. 317) y en su totalidad (art. 310), sin haber sufrido ninguna modificación ni haber sido utilizada.
Que, por su parte, el art. 315 prevé un supuesto de eximición del tributo, cuando la mercadería resultare irremediablemente perdida por algún siniestro ocurrido durante su transporte bajo el régimen de tránsito de importación y que hubiere sido comunicado de conformidad con lo dispuesto en el art. 308 (es decir, fundamentalmente aviso inmediato al servicio aduanero). En este supuesto, efectivamente, la norma prevé que la mercadería “...no está sujeta a los tributos que gravaren su importación para consumo, excepto las tasas devengadas por servicios, siempre que la causal invocada se acreditare a satisfacción del servicio aduanero”. Para no dar lugar a dudas sobre cuándo debe considerarse irremediablemente perdida, el legislador lo aclara al final de la misma norma “....cuando pese a no poder ser recuperada por su propietario pudiere ser empleada por un tercero...”.
Que, corresponde precisar que no está en discusión que la persona que cometió el robo y, por ende, quien introdujo ilícitamente a plaza la mercadería sustraída, es el que ha realizado el hecho gravado por la importación para consumo irregular (arts. 310 y 311 del CA) y, en esa condición es deudor por deuda propia de los tributos aduaneros correspondientes (conf. art. 777 del CA).
Que frente a las escasas posibilidades de percibir esos tributos del ladrón contrabandista, el Código Aduanero contempla, para preservar los intereses fiscales, una responsabilidad por deuda ajena en cabeza del transportista y su agente de transporte aduanero (Basaldúa, Ricardo Xavier, Sujetos gravados por los tributos aduaneros, cit., pág. 104).
Que, en definitiva, el Código Aduanero al regular la destinación de tránsito de importación (arts. 311, 312 y 315) ha establecido un supuesto de responsabilidad por deuda ajena, es decir un responsable indirecto, con el fin de proteger con eficacia los intereses fiscales en juego. Tal solución, que está expresada con claridad, se confirma en el sistema, pues se reitera con relación a las destinaciones suspensivas de depósito de almacenamiento (arts. 211 y 293) y de importación temporaria (arts. 261 y 274).
X. Que atento al dictado del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fecha 11 de diciembre de 2012, recaída en la causa “Tevelam SRL (TF 22.427-A) c/ DGA”, debo señalar que comparto el voto –en minoría- de la Sra. Vicepresidenta y Ministro de la Corte, Dra. Highton de Nolasco en el sentido de que el siniestro que afectó el tránsito de importación no constituye causal eximente de responsabilidad por el pago de los tributos, pues tal dispensa solo tiene lugar si el siniestro ocasiona la pérdida irremediable de la mercadería, sin embargo, por razones de seguridad jurídica y economía procesal, me debo ajustar a lo resuelto por el voto de la mayoría en la CSJN, por lo tanto procederé a analizar las particularidades del caso y si las mismas se adecuan al mencionado fallo.
Que la mercadería en cuestión se trata de 20 bolsas conteniendo politereftalato de etileno: pet cleartuf max, marca M&G Fibras e Resinas LTDA, PA 3907.60.00, la que ingresó por la Aduana de Paso de Los Libres (proveniente de Uruguaiana- Brasil), con destino Pilar Provincia de Buenos aires, Argentina.
Que, según las constancias obrantes en la causa, el medio de transporte con su carga camión marca Scania, patente VGT856 y semi-remolque, patente ACY635, fue robado a mano armada cuando iba transitando por la ruta a la altura de la localidad de Pilar, Prov. de Buenos Aires.
Que de las constancias incorporadas en autos surge que el día 11/08/2007 alrededor de la 8.00hs. en la zona de Pilar se produjo el robo del camión que transportaba la mercadería objeto de autos (fs. 28ref. de los ant. adm.) por tres personas armadas.
Que el chofer del camión que transportaba la mercadería habría sido liberado por los responsables del robo el mismo día en cercanía de Puente de la Noria–Provincia de Buenos Aires, el mismo se presentó a efectuar la denuncia en la ante la Comisaria 7° de Villa Centenario, Partido de Lomas de Zamora, (conf. fs. 28ref. los ant. adm.).
Que el ATA, recién dió aviso de lo ocurrido a la DGA mediante la Multinota presentada el 13/8/2007, esto es, 48 hs. posteriores a la comisión del hecho ilícito, conforme surge de las constancias de fs. 1, 2 y 7 de los ant. adm-. Que en atención al tiempo que el ATA demoró en poner en conocimiento a la DGA del robo (48 horas), es que podemos afirmar que el ATA no ha dado cumplimiento a los extremos exigidos en el art. 308 del CA, toda vez que la inmediatez allí prevista, que también recepta el fallo Tevelam, no puede superar razonablemente de las 24 horas, para dar un sentido práctico a lo normado en art. 308 del CA Téngase presente que la demora en la comunicación al servicio aduanero, atenta contra su rápida intervención en su carácter de autoridad de prevención en la persecución de los delitos aduaneros, conforme el art. 1118 del CA. Obsérvese que en el caso de autos, el servicio aduanero pudo recién actuar a partir de la recepción y registración en el sistema informativo de la denuncia conforme surge de fs. 7/9 de los ant. adm. (48 hs. de ocurrido el hecho), y llevar adelante la comunicación a las demás Aduanas del país a los fines de su intervención.
Que en virtud del análisis de las circunstancia de hecho, por si mismas, excluyen la aplicación del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Tevelam SRL (TF 22.427-A) c/ DGA”, de fecha 11 de diciembre de 2012, toda vez que no encuentran los elementos fácticos referido del precedente judicial, por lo que corresponde confirmar la resolución apelada, con costas.
XI. Que, cabe analizar conjuntamente los agravios vertidos por la recurrente Amcor Pet Packaging de Argentina SA, respecto a la falta de competencia y facultades de la DGA carece de facultades para exigir el pago y perseguir el pago de tributos que recauda la DGI, tales como IVA e impuesto a las ganancias.
Que cabe aclarar que, por las Resoluciones Generales DGI 3431/91 y 3543/92 y sus respectivas modificaciones, se establece un régimen que faculta a la aduana como agente de percepción del IVA adicional y del impuesto a las ganancias, determinando, en cada caso, las excepciones contempladas a las mismas. De la normativa reseñada surge que la Aduana está debidamente facultada para la percepción de los impuestos, en su carácter de agente de retención, pero ello no implica que esté autorizada a su determinación o a ejercer cualquiera de las demás atribuciones que las respectivas leyes ponen a cargo de la DGI. En efecto, mientras el decreto 618/97 otorga a la Aduana, entre otras atribuciones, las de determinar, percibir, recaudar, exigir, fiscalizar, ejecutar y devolver o reintegrar los tributos que graven la importación y la exportación de mercaderías y otras operaciones regidas por leyes y normas aduaneras a cargo del organismo, las Resoluciones Generales mencionadas sólo la facultan para percibir, sin hacer mención a las demás atribuciones, por lo que cabe concluir que las mismas no le han sido conferidas, subsistiendo para tales materias la competencia originaria de la D.G.I. (Fallado TFN -Sala F- Rigolleau SA c/ DGA, expte. N° 20.046, 1/9/05).
Que, por lo tanto no corresponde hacer lugar a los planteos de la recurrente. Con costas.
XII. Que en relación a las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, que se encuentran liquidadas en el cargo n° 2144/07, es que debe señalarse la reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, en el presente caso, la importación a consumo irregular de la mercadería (hecho imponible) se realizó con fecha 11/8/2007, seguidamente el servicio aduanero formuló cargo a fs. 15, intimando el pago mediante cédula notificada con fecha 30/08/07 DM Transporte e Logística Internacional SA - ATA González y 31/8/2007 Amcor Pet Packaging de Argentina SA -ver fs. 21 y 49 de los ant. adm.-, que notificado el mencionado cargo, las coactoras interpusieron recurso de impugnación que resulto en el dictado de la resolución definitiva apelada ante este Tribunal con efecto suspensivo conf. art. 1134 del CA.
Que de lo expuesto ut supra, surge que la intimación de pago se llevó a cabo en el período fiscal en que se produjo el hecho imponible respecto de las coactoras, es por ello que corresponde tener a la intimación de pago como llevada a cabo en el período fiscal en que se produjo el hecho imponible, encontrándose vigente la intimación de pago efectuada por el servicio aduanero, por lo que en autos no se dan los extremos previstos para la aplicación del precedente de la Corte.
XIII. Que respecto del agravio de las co-actoras referido a que al formularse el cargo, la aduana no consideró el origen intra-mercosur de la mercadería cuestionada y le exigió el pago de los tributos a la importación a consumo por el régimen general, siendo que a dicha operación le sería aplicable el régimen preferencial establecido por el Mercosur.
Que corresponde señalar que en virtud de que el certificado de origen es el documento necesario para acreditar el origen zonal de la mercadería del que deriva el beneficio del tratamiento arancelario preferencial invocado, y atento a que en la causa luce a fs. 32 ref. un documento fotocopiado, carente de los elementos formales por lo que no se le puede atribuir la validez pretendida a dicho documento para que ampare la mercadería en trato, corresponde rechazar el planteo efectuado por las co-actoras al respecto. Además de ello, debe tenerse presente que el beneficio arancelario previsto en el Régimen de Origen del MERCOSUR, solo es aplicable cuando el proceso de importación se realiza de manera “regular” y conforme a las normas aduaneras vigentes. Si la mercadería ingresa de manera irregular, ilícitamente, mediante contrabando, la preferencia arancelaria queda automáticamente excluida.
XIV. Que en cuanto al beneficio de excusión solicitado por la importadora Amcor Pet Packaging de Argentina SA cabe resaltar que, conforme lo normado por art. 312 del CA, “En los supuestos previstos en los artículos 310 y 311, se considerará al transportista o a su agente, en su caso, como deudor principal de las correspondientes obligaciones tributarias y como responsables subsidiarios del pago, en forma solidaria, a los cargadores, a los que tuvieren derecho a disponer de la mercadería y a los beneficiarios del régimen de tránsito de importación, quienes podrán invocar el beneficio de excusión respecto del deudor principal”.
Que corresponde hacer lugar al beneficio de excusión invocado por la recurrente, toda vez que la Aduana debe atenerse al orden de prelación para satisfacer los tributos previsto en el art. 312 del CA, y en virtud de lo cual se advierte que establece la exigencia de pago en primer lugar al transportista o a su agente, y solamente en su defecto corresponderá la exigencia a aquellos que están ubicados en un plano subsidiario.
Por ello voto por:
1.-Rechazar los planteos invocados por Amcor Pet Packaging de Argentina SA. Con costas.
2. Confirmar la Resolución N° 243/2012 (AD PASO) y en consecuencia el Cargo N° 2144/2007, dictada en las actuaciones administrativas N° 12307-589-2007/1, debiendo la Aduana hacer lugar al beneficio de excusión invocado por la coactora Amcor Pet Packaging de Argentina SA. Con costas.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto precedente.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad se resuelve:
1.-Rechazar los planteos invocados por Amcor Pet Packaging de Argentina SA. Con costas.
2. Confirmar la Resolución N° 243/2012 (AD PASO) y en consecuencia el Cargo N° 2144/2007, dictada en las actuaciones administrativas N° 12307-589-2007/1, debiendo la Aduana hacer lugar al beneficio de excusión invocado por la coactora Amcor Pet Packaging de Argentina SA. Con costas.
Regístrese, notifíquese. Oportunamente por Secretaria General de Asuntos Aduaneros remítanse las actuaciones administrativas en la forma de estilo a la DGA y archívese.
Date: 2025.05.26 13:19:25 ART Date: 2025.05.26 16:19:41 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.26 16:20:01 -03:00
Fin de la sentencia