Abriendo la norma
Cámara Contecioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 12.272
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Acoger el recurso de apelación articulado por la parte actora y revocar el fallo de grado en cuanto hizo lugar, prematura y erróneamente, a la excepción de inadmisibilidad de la pretensión articulada por la demandada, debiendo continuar el juez de grado con la tramitación de la causa hasta el momento en que los autos queden en estado para sentencia, oportunidad que deberá remitir las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Azul para que su titular emita el fallo definitivo. Las costas de ambas instancias, por el incidente de excepción de inadmisibilidad de la pretensión, se imponen a cargo de la accionada, vencida en contradicción [art. 51 inciso 1, primera parte del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
2Declarar mal concedida la apelación adhesiva contenida en el punto IV del escrito de la demandada de fecha 28-06-2022 [art. 56 inciso 1, in fine del C.P.C.A. y doct. citada]. Sin perjuicio de ello y como consecuencia de lo resuelto en el punto 1 precedente, asumir jurisdicción por conducto del instituto de apelación adhesiva o implícita respecto de la excepción de incompetencia planteada por la demandada, confirmando su rechazo decidido por el juez de grado en el fallo bajo estudio, conforme los argumentos adicionales expuestos en el voto que concitó adhesión.
3Diferir la regulación de honorarios por trabajos de alzada en aquello vinculado con lo resuelto en el Punto 1 precedente, para la oportunidad …
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa C-12272-DO1 “IBARRA, ALFREDO c. MINISTERIO DE TRABAJO s. PRETENSION ANULATORIA” con arreglo al siguiente orden de votación -según sorteo de ley-: señores Jueces doctores Riccitelli, Mora y Ucín.
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Dolores, con fecha 06-06-2022, rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada empero hizo lugar a la excepción de inhabilidad de la pretensión, dada su improcedencia formal (art. 1, 2, 3, 18. 20 inc. 1° del C.P.C.A.). Reguló honorarios en auto por separado.
II. Recibidos los autos en este Tribunal, habiéndose concedido por el magistrado de grado los recursos de apelación articulados por la parte actora el 08-06-2022 y por la parte demandada el 26-06-2022 -replicados recíprocamente el 26-06-2022 y el 06-07-2022- y puestos el al Acuerdo para Sentencia el 29-09-2022 [pto. 4] –providencia que se encuentra firme-, corresponde votar y plantear las siguientes
1. ¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto por el actor? En caso afirmativo, 2. ¿Qué temperamento corresponde adoptar en torno a la apelación blandida por la demandada en el punto IV del escrito de fecha 28-06-2022?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. El a quo dictó sentencia con el alcance indicado en el apartado I de los antecedentes.
Respecto de la excepción de incompetencia opuesta por la demandada, recordó que el actor inició por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 del Departo Judicial Dolores un proceso de conocimiento en los términos que prevé el art. 551 del C.P.C.C. y que, declarada la incompetencia de aquel Juzgado, el demandante adecuó su pretensión de acuerdo a los lineamientos del fuero contencioso administrativo postulando esta vez la nulidad de la “…actuación ilegítima [de la demandada] al ejecutar por vía de apremio el pago de multas administrativas sustentadas en actos nulos e inválidos por su falta de notificación y eficacia (arts.1 y 2 inc.1 del CCA) en los autos caratulados "MINISTERIO DE TRABAJO C/ IBARRA ALFREDO S/ Apremio" (Expte. Nº 62.502) de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1, Secretaría de Apremios, del Departamento Judicial de Dolores. A tal efecto se solicita se declare la anulación total de los actos administrativos que generaron la actuación sancionatoria y del título ejecutivo en el que se sustentara la ejecución”. A la luz de los términos de la pretensión, descartó el magistrado el procedimiento establecido para las infracciones laborales dispuestas por parte del Ministerio de Trabajo provincial (arts. 4 inc. 1° C.P.C.A. y 61 de la ley 10.149).
Trajo a colación lo resuelto por este Tribunal en materia de competencia en la causa C-8093-DO1 “COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. c. MUNICIPALIDAD DE GENERAL MADARIAGA s.
PRETENSIÓN ANULATORIA” (sent. de 07-08-2018), dejando en claro que la pretensión del actor no representa un recurso como el contemplado por el artículo 61 de la ley 10.149 sino un proceso de conocimiento pleno equiparable al que prevé el artículo 551 del C.P.C.C. vinculado al juicio de apremio seguido en sede civil en su contra. En consecuencia, declaró su competencia para entender en las presentes actuaciones y rechazó, consecuentemente, la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada.
1.2. Se abocó, en lo siguiente, al análisis de la excepción de inadmisibilidad de la pretensión.
En tal sentido puntualizó que para analizar los recaudos de admisibilidad cabía remitirse a las previsiones del art. 18 del C.P.C.A. Rememorando las posiciones de cada uno de los litigantes, recordó que la demandada había denunciado, al articular la defensa en cuestión, que de las constancias del expediente administrativo N° 21534-15670/08, surgía que con fecha 07-07-2009 se había dictado la Resolución Nº 7449/09 del Subsecretario de Trabajo mediante la cual se le había aplicado al actor una multa por la suma de $12.600,00 por violación a diversas normas vinculadas a la seguridad e higiene en el trabajo y que dicha resolución había sido notificada al actor el 24-09-2009, comenzando a correr a partir de allí, el plazo contemplado en el art. 18 del C.P.C.A. Como contrapunto, al contestar la defensa, el actor había referido que el plazo de caducidad había comenzado a correr en el caso, a partir de la presentación tardía de la contraria adjuntando las actuaciones administrativas, momento en el que considera que acaeció la toma de conocimiento efectiva del acto impugnado.
A fin de dirimir la cuestión, advirtió que de las actuaciones administrativas no surgía constitución de domicilio por parte del aquí actor y que la notificación tanto de la apertura y plazo para efectuar el descargo de fecha 17-12-2008 como de la Resolución N° 7449 del 07-07-2009 emitida por el Subsecretario de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires habían sido realizadas en la misma dirección donde se labró el acta de fecha 26-09-2008 que originó las citadas actuaciones -esto es en calle 56 entre 1 y 2 de la localidad de Mar del Tuyú-, aunque con resultados diversos en cada caso -la primera fue entregada a persona distinta a la requerida y la segunda fue fijada en la puerta del domicilio-. Juzgó que prima facie las diligencias practicadas se ajustaban a los parámetros de validez previstos en los arts. 5 y 6 del decreto N° 6409/84 aunque no dejó de ponderar que -precisamente- la cuestión de la validez de las notificaciones efectuadas en sede administrativa constituye una de las cuestiones litigiosas traídas a juicio por el accionante.
Ello no obstante, evaluó que -aun dejando al margen tal discusiónpodía verificarse que la toma de conocimiento del acto que impuso la multa al demandante había ocurrido en el marco del juicio de apremio instado en su contra, más precisamente, en fecha 01-11-2016 en la que el Sr. Ibarra se presentó en aquellas actuaciones.
A tenor de lo expuesto concluyó que a partir de la fecha indicada había transcurrido con exceso el plazo de caducidad del art. 18 del C.P.C.A.
Se expidió, por último, respecto a la pretensión de restablecimiento de derechos vinculada a la nulidad del acto impugnado sellando su suerte adversa a tenor de lo dispuesto en los arts. 12 inc. 2° del C.P.C.A. y 20 del C.P.C.A. que exige la previa descalificación del acto reputado ilegítimo para efectuar un reclamo indemnizatorio en consecuencia.
Con todo, juzgó que la presente acción es procesalmente inadmisible e hizo lugar a excepción opuesta a tal fin por la demandada habida cuenta su improcedencia formal (arts.18, 20 inc.1º y 31 inc.3º del C.P.C.A.).
2. El actor apela la sentencia.
Se agravia de la “errónea aplicación del plazo de caducidad establecido por el art. 18 del C.P.C.A y la errónea imposición de costas al accionante”.
Postula que, al notificarse el juicio de apremio instado en su contra, quedó notificado solo de la existencia de un título ejecutivo y de la promoción del apremio, mas no de los actos administrativos que lo causaran. Así deja en claro que una cosa es el título ejecutivo y otra muy distinta es la notificación del acto definitivo en el marco administrativo que -enfatiza- nunca existió.
Toma la propia conclusión del juez plasmada en oportunidad de pronunciarse por el rechazo de la defensa de incompetencia en cuanto sostuvo "...advierto que la cuestión a resolver en el presente proceso excede ampliamente el carril típico y singular para la revisión de las sanciones impuestas como consecuencia del procedimiento establecido para las infracciones laborales dispuestas por parte del Ministerio de Trabajo provincial (arts. 4 inc. 1, CCA y 61 de la ley 10.149) y se sitúa en un proceso de conocimiento en el cual se persigue una supuesta actuación ilegítima de la administración en el dictado del acto sancionatorio y su procedimiento, la repetición de lo abonado en el proceso de apremio aludido y los daños que tal proceder le habría provocado al actor (arts.166 Const Provincial; 1, 2, 12 inc.1, 2 y 3 del CCA)....” pretendiendo reforzar su posición en cuanto a la imposibilidad de computar el plazo de caducidad a partir del anoticiamiento del proceso de ejecución.
Considera de toda injusticia que luego de haber transitado todo el procedimiento de apremio, se declare inadmisible la demanda en tanto, por tratarse del juicio de conocimiento ordinario posterior al que refiere el art. 551 del C.P.C.C. no puede ser de aplicación al caso el plazo del art. 18 del C.P.C.A. porque dicha norma no contempla el supuesto del juicio ordinario posterior derivado de un apremio que sí tiene en cuenta la legislación procesal civil.
Se enfrasca en el análisis de la causa C-8093-DO1 "COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A.” (sent. de 07-08-2018). citada por el propio magistrado de grado, empero poniendo énfasis en la conclusión que esboza el Tribunal en cuanto a “...los riesgos de someter a la actora a la posibilidad de que sea repelida por inadmisible la pretensión -desde el punto de vista formal- ya que los términos de caducidad para impugnar las resoluciones determinativas del tributo estarían largamente vencidos [cfr. art. 18 inc. "a" del CCA].”, señalando así que el magistrado ha desinterpretado el verdadero sentido del fallo que no es otro que bregar por el principio pro actione.
Señala, además que el Superior Tribunal Provincial tiene resuelto que en esencia el proceso de conocimiento posterior constituye un juicio de repetición y justamente, coincidiendo con ello, el art. 18 del C.CP.A. no incluye el plazo de 90 días para las repeticiones.
En suma, postula que el planteo de su parte puede enunciarse del siguiente modo: el reclamo se fundamenta en una notoria irregularidad denunciada en todas las instancias, cual es que la demandada generó un título ejecutivo basado en un acto administrativo sancionatorio que no se encontraba firme por no haber sido notificado, y como consecuencia de ello promovió un proceso judicial de apremio fundado en ese título ejecutivo irregular. Ese acto administrativo nunca pudo ser recurrido por no haberse notificado en sede administrativa y tampoco se pudo cuestionar posteriormente porque la Administración demandada ya se había desprendido de su competencia al generar el título ejecutivo y derivarlo a Fiscalía de Estado para la iniciación del apremio. Si bien la irregularidad fue denunciada en el proceso de apremio –según recuerda-, no fue tratada por aquel carril dado su acotado margen de debate y prueba y por ello, la única opción posible era acudir al juicio ordinario posterior (art. 551 del C.P.C.C.), que el sentenciante -finalmentedesestima por vencimiento del plazo del art. 18 del C.P.C.A.
Enfatiza, que el fallo es erróneo y violatorio del derecho de defensa en juicio y del debido proceso legal (art. 18 Constitución Nacional). Respecto a la imposición de costas a su parte, sostiene que, en todo caso, existieron vencimientos parciales y mutuos ya que la excepción de incompetencia planteada por la demandada fue rechazada y que, en caso de confirmarse el pronunciamiento, debería acudirse a la excepción que contempla la segunda parte del art. 51 el C.P.C.A.
3. La Provincia de Buenos Aires replica al memorial de agravios de la actora, solicitando su rechazo.
II. El recurso prospera.
1. No es materia de debate ante esta Alzada el escenario procesal antecedente que origina la pretensión anulatoria que tramita en el proceso. En efecto, el caso se suscita como consecuencia de una previa ejecución fiscal por la suma de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS [$ 12.600,00], multa fijada por Resolución Nº 7449/09 del Subsecretario de Trabajo por violación a diversas normas vinculadas a la seguridad e higiene en el trabajo y tiene por objetivo poner en crisis la causa de la acreencia fiscal ejecutada, bajo el argumento de que aquella deuda resultaba inexigible por cuanto el acto administrativo que la impuso, no hubo quedado firme por ausencia de regular notificación al sancionado. Tampoco arriba controvertido que en los autos caratulados "MINISTERIO DE TRABAJO C/ IBARRA ALFREDO S/ Apremio" (Expte. Nº 62.502) de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, Secretaría de Apremios, del Departamento Judicial Dolores, el aquí actor alegó la inexistencia de deuda, sin reconocer el derecho del Fisco, argumentando que no hubo sido notificado de la supuesta comprobación de la infracción, ni de la imputación, traslado para la defensa, ni la sentencia administrativa que fijó la multa en ejecución. Menos aún es objeto de controversia que dicha defensa no fue tratada en el apremio [cfr. sentencia de fecha 21-03-2017, a fs. 45 en el expte. referenciado, que obra agregado por cuerda].
2. Sentado lo anterior, el contrapunto entre las partes gira en torno al modo cómo el juez de grado trató la excepción de inadmisibilidad de la pretensión articulada por la demandada.
La respuesta que cabe brindar al entuerto no puede desentenderse de los propios contornos de la litis arriba señalados, esto es, el hecho que el actor, al demandar, puso en crisis la firmeza del acto administrativo que fijara la multa, por ausencia de formal y regular notificación. El juez de grado, como puede apreciarse del texto del pronunciamiento apelado, en este liminar estadio procesal, saldó el mentado conflicto bajo los siguientes términos:
“… 5. A fin de intentar dirimir esta cuestión, corresponde analizar el contenido de las actuaciones administrativas 21534-15670/08 en lo que refiere a la notificación del acto cuya nulidad se pretende.
Se advierte que no hay constitución de un domicilio por parte del actor y que la notificación de la apertura y plazo para efectuar el descargo -fecha 17/12/2008- y de la resolución 7449 determinativa de multa dictada en fecha 07/07/2009 por el Subsecretario de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires -fecha 24/09/2009 fueron realizadas en la misma dirección donde se labró el acta de fecha 26/09/2008 que origina las citadas actuaciones, esto es en calle 56 entre 1 y 2 de la localidad de Mar del Tuyu.
Vale recordar a esta altura del decisorio que el actor plantea en su escrito de inicio y en el de adecuación de su pretensión la nulidad de las notificaciones realizadas en contravención a los artículos 62 a 67 del decreto ley 7647/70.
Por tal razón y evitando incurrir en el tratamiento de cuestiones que por vincularse con el acto determinativo de deuda deben ser abordadas como de fondo, encuentro diferencias entre ambas notificaciones. En el informe que porta la notificada el 17/12/2008 surge que fue entregada a una persona distinta identificada como “Rodriguez, Jorge DOCUMENTO Nº 11394638 EN CALIDAD DE EMPLEADO”, lo cual cumple con el artículo 5º del decreto 6409/84 -similar a lo que dispone el artículo 65 del decreto ley 7647/70-.
La que aquí interesa, de fecha 24/09/2009 que notifica la resolución 7449 a diferencia de la anterior, sin bien se dirige al mismo domicilio -argumento de la demandada- simplemente dice que no se encuentran personas y que se deja copia.
De la cédula surge el día y hora, pero no se identifica a ninguna persona residente en ese domicilio y tampoco se expresa que existe negativa a recibirla, simplemente se consigna “CONST. ENDCILIO NO SE ENCUENTRA PERS. SE DEJA COP. ART. 5 Y 6 DTO 6409/84”. El referido artículo 6º del decreto 6409/84 -similar a lo que dispone el artículo 65 del decreto ley 7647/70- establece que “Cuando el empleado notificador no encontrase a la persona que deba notificar y ninguna de las que residan en ese domicilio quiera recibir la cédula, se procederá a fijar la copia de la misma en la puerta, dejando debida constancia de lo actuado en el original de la cédula”.
Si bien esta cuestión resulta claramente controvertida y eventualmente podría rosar con el abordaje de cuestiones de fondo, no escapa a mi conocimiento que surge con claridad la fecha en la cual toma conocimiento el actor del acto determinativo de deuda -resolución 7449/2009- en el marco del juicio de apremio.
Desde tal perspectiva, aún dejando de lado el contenido de las actuaciones administrativas analizadas, encuentro que desde la toma de conocimiento del acto por parte del actor en el marco del juicio de apremio se vencería ampliamente el plazo que prevé el artículo 18 del CCA para el inicio de este juicio.
6. En el fundamento de su defensa, la demandada agrega que aún en la hipótesis que el actor obtuviese eventualmente la nulidad de la cédula por la cual el Ministerio de Trabajo le notificó la resolución 7449/09, no lograría sortear la caducidad del plazo para demandar y la firmeza de dicho acto en virtud que el actor habría tomado conocimiento de dicha resolución administrativa sancionatoria en el marco del proceso de ejecución que se encuentra agregado a los presentes.
Nuestro Máximo Tribunal provincial ha sostenido que el medio elegido para practicar la notificación debe ser idóneo para garantizar que el notificado tome conocimiento en forma cierta tanto de los fundamentos como de la parte dispositiva del acto administrativo en cuestión, a los efectos de garantizar su adecuada defensa (causas B. 57.019, "Bulus", sent. del 14-V-2003 y sus citas).
Por lo tanto, aún sin tomar eventualmente como fecha de inicio del cómputo del plazo de caducidad que dispone el artículo 18 del CCA la notificación obrante en las actuaciones administrativas de fecha 24/09/2009, lo concreto es que en fecha 01/11/2016 el actor se presenta por medio de apoderado en el juicio caratulado "MINISTERIO DE TRABAJO C/ IBARRA ALFREDO S/ Apremio" (Expte. Nº 62.502) de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1, Secretaría de Apremios, del Departamento Judicial de Dolores que tengo a lo vista -fs.37 y vta-, expresando que su representado nada debe en virtud del título en el cual se sustenta la acción, por lo cual desde esa fecha tiene conocimiento del acto en cuestión que obra en copia certificada a fs.2 y vta de esa causa.
Considero que desde el día siguiente a esa el plazo perentorio de noventa días que establece como requisito el art.18 del CCA para deducir las pretensiones que taxativamente señala dicha norma se encontraría ampliamente vencido en virtud que la fecha de inicio de las presentes actuaciones es de fecha 20/02/2018 -ver cargo de Receptoría General de Expedientes que luce a fs.11-; aclarando que por aplicación de los artículos 77 inc.1º del CCA y 152 del CPCC, se toman sólo los días hábiles para computar dicho plazo. …”.
3. Lleva la razón el apelante cuando denuncia en su memorial que el pronunciamiento apelado incurre en un exceso ritual manifiesto, al colocarlo en una encerrona procesal que inviabiliza el proceso ordinario posterior articulado con el objeto de revertir el cobro de una acreencia fiscal que –en su opinión- no era ejecutable.
Surge del propio texto del fallo apelado que las particulares circunstancias en las que se practicaron las notificaciones en el expte. administrativo acompañado por la demandada, es una cuestión que “… resulta claramente controvertida y eventualmente podría rosar con el abordaje de cuestiones de fondo …”. Empero, incluso reconociendo tal escenario [repárese que el magistrado aclara “… aún sin tomar eventualmente como fecha de inicio del cómputo del plazo de caducidad que dispone el artículo 18 del CCA la notificación obrante en las actuaciones administrativas de fecha 24/09/2009 …”], el juez de grado resuelve acompañar la postura de la demandada sobre la inadmisibilidad de la pretensión, computando el plazo de caducidad del art. 18 del C.P.C.A. con la mira puesta en el comparecencia del aquí demandante en el juicio de apremio y desde allí afirma que “… lo concreto es que en fecha 01/11/2016 el actor se presenta por medio de apoderado en el juicio caratulado "MINISTERIO DE TRABAJO C/ IBARRA ALFREDO S/ Apremio" (Expte. Nº 62.502) de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1, Secretaría de Apremios, del Departamento Judicial de Dolores que tengo a lo vista -fs.37 y vta-, expresando que su representado nada debe en virtud del título en el cual se sustenta la acción, por lo cual desde esa fecha tiene conocimiento del acto en cuestión que obra en copia certificada a fs.2 y vta de esa causa …”.
Lo transcripto no deja espacio para la duda sobre -de un lado- la prematuridad de lo decidido por el a quo, y –del otro- sobre el yerro en el que se asienta el razonamiento del magistrado que clausuró el tránsito procesal de la acción entablada.
3.1. En efecto, lo resuelto es prematuro, en tanto el propio sentenciante reconoce que los posibles defectos de las notificaciones practicadas en sede administrativa es materia “… claramente controvertida y eventualmente podría rosar con el abordaje de cuestiones de fondo …”.
Frente a escenarios similares, esta Alzada ha declarado que cuando se plantean irregularidades en la notificación del acto administrativo cuestionado [en el caso, el acto sancionatorio que dio lugar a la emisión del título ejecutivo que motivó el apremio contra el aquí accionante], resulta un impropio adelantamiento de jurisdicción resolver sobre la inadmisibilidad de la pretensión, pues el tratamiento de aquel planteo antecedente, -por su propia esencia- solo puede válidamente efectuarse en ocasión de dictar el pronunciamiento definitivo, luego de trabada la litis y efectuado el debate y prueba pertinente, mas nunca en una etapa liminar como por la que está transitando el proceso [cfr. causas C-4039-MP1 “Boca”, sent. de 20-02-2014; C-8237-BB1 “Rodriguez”, sent. de 14-05-2019; C-10915-NE1 “Telefónica de Argentina S.A.”, sent. de 13-07-2021]; por ello, se han descalificado por prematuras resoluciones que declaran la inadmisibilidad de la pretensión, cuando en ellas se dan “por ciertas situaciones fácticas propias del desarrollo del procedimiento administrativo que han sido motivo de controversia por parte del actor al interponer su demanda y que requerían para su elucidación, del tránsito por las subsiguientes fases del proceso" [cfr. causa C-6833-AZ1 “Romero”, sent. de 10-11-2016].
Si el propio magistrado actuante tomó nota de que el planteo actoral requería abordar la regularidad o deficiencia de las actuaciones de notificación obrantes en el expte. administrativo acompañado por la demandada y que ello era una temática “… claramente controvertida y eventualmente podría rosar con el abordaje de cuestiones de fondo …”, allí debió detener su faena, para recién luego de dilucidar tales cuestiones en sentencia definitiva, abrir juicio sobre la tempestividad -o no- de la pretensión contenida en el escrito de adecuación de demanda fechado el 01-08-2018.
Como no fue ese el proceder del magistrado, a tenor de lo resuelto en el pronunciamiento apelado, cabe receptar la crítica del apelante, cuando –para más y como se expondrá seguidamente- el acogimiento de la defensa de inadmisibilidad de la pretensión se asienta en un juicio errado del sentenciante en el particular marco procesal de esta causa.
3.2. Bien puede afirmarse que el a quo juzgó notificada al actor la Resolución N° 7449/09 que le impuso la multa pecuniaria que diera origen a la ejecución fiscal acollada al presente, a partir de la presentación del apoderado del accionante en la causa "MINISTERIO DE TRABAJO C/ IBARRA ALFREDO S/ Apremio" (Expte. Nº 62.502) de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1, Secretaría de Apremios, del Departamento Judicial Dolores. Y así concluye al juzgar que “… el medio elegido para practicar la notificación debe ser idóneo para garantizar que el notificado tome conocimiento en forma cierta tanto de los fundamentos como de la parte dispositiva del acto administrativo en cuestión, a los efectos de garantizar su adecuada defensa …”. En ese andar, computó el plazo de caducidad del art. 18 del C.P.C.A. desde el día siguiente al 01-11-2016 y fulminó la admisibilidad formal de la pretensión teniendo en cuenta que “… la fecha de inicio de las presentes actuaciones es de fecha 20/02/2018 …”, considerando agotados los noventa (90) días regulados en aquel precepto.
El accionante cuestiona con solvencia el esquema argumental del a quo -que no es otro, sea dicho, que aquel propuesto por la representación fiscal, ad eventum, en su escrito de oposición de excepciones previas- [cfr. punto IV.b. del escrito electrónico de fecha 11-04-2022]. Liminarmente señala que en el apremio solo se notificó de la existencia de un título ejecutivo y de la promoción del apremio, mas no de los actos administrativos que lo causaran. Luego, otra vez resalta la insorteable obstrucción frente a la que lo coloca el juez de grado reseñando:
“… el reclamo de mi parte se fundamenta en una notoria irregularidad denunciada en todas las instancias: la demandada generó un título ejecutivo, basado en un acto administrativo sancionatorio que no se encontraba firme por no haber sido notificado a mi mandante, y como consecuencia de ello promovió un proceso judicial de apremio fundado en ese título ejecutivo irregular. Ahora bien, mi representado no pudo recurrir ese acto administrativo (nunca notificado) en sede administrativa porque lo desconocía. Pero tampoco pudo hacerlo posteriormente porque la Administración demandada ya se había desprendido de su competencia al generar el título ejecutivo y derivarlo a Fiscalía de Estado para la iniciación del apremio. Se denunció esta irregularidad en el proceso de apremio, pero dado su acotado margen de debate y prueba no fue tratada en el mismo. La única opción era el juicio ordinario posterior (art. 551 del CPCC), que el sentenciante desestima por vencimiento del plazo del art. 18 del CCA. Claramente el fallo es erróneo y violatorio del derecho de defensa en juicio y al debido proceso legal (art. 18 C.Nac.). …”. La crítica es acertada.
Si el presente proceso fue iniciado con posterioridad a un apremio en el que se hubo ejecutado una suma fijada como penalidad en un acto administrativo cuya notificación al sancionado ha sido puesta en crisis por el accionante no solo aquí, sino también al mismo tiempo de defenderse en el referido proceso ejecutivo [fs. 37, expte del apremio, presentación de fecha 01-11-2016], entonces, ningún juicio lógico resiste el fundamento dado por el a quo para considerar anoticiado al demandante del contenido de aquel acto sancionatorio a través de la presentación del actor en la misma ejecución fiscal.
Para mayor claridad: ningún apremio podría haberse iniciado contra Ibarra si el acto administrativo que impuso la multa no se encontraba firme y consentido, cuestión que –como bien lo advirtiera el sentenciante de grado- es materia de la decisión de fondo en esta causa al haberse puesto en dudas la notificación de lo decidido en sede administrativa. Posicionar, entonces, el acto de notificación en la fecha en la que el ahora demandante hubo de defenderse de una ejecución fiscal cuya propia razón de ser se halla en tela de juicio [esa es la motivación primordial por la cual se instaura este proceso ordinario posterior, desde que –hasta ahora- no se ha determinado la firmeza de la resolución que estableció la acreencia a la postre ejecutada], importó alzarse contra una máxima fijada por la Casación Extraordinaria Provincial: no pueden los jueces resolver sobre un aspecto sustancial de la disputa si no han esclarecido previamente el eje esencial del cual depende, precisamente, la posibilidad de su abordaje (argto. doct. S.C.B.A. causa C. 88.649 “Pollio”, sent. de 28-12-2010; argto. doct. esta Cámara causa C-2294-MP2 “Durán”, sent. de 07-02-2012).
Allí radica el error insanable del pronunciamiento apelado.
4. En resumen: [i] si al momento de emitirse sentencia definitiva en la causa, se determina que la Resolución N° 7449/09 fue debida y correctamente notificada al accionante, entonces, aquella ejecución fiscal que tramitara en autos "MINISTERIO DE TRABAJO C/ IBARRA ALFREDO S/ Apremio" (Expte. Nº 62.502) no merece ningún reproche posterior, pues el acto sancionatorio devino firme y consentido por Ibarra al no haber articulado, en término, las acciones procesales que le son provistas por el ordenamiento aplicable [art. 61 ley 10.149]; así el presente proceso ordinario posterior debe ser rechazado sin más; [ii], si en cambio, en pronunciamiento definitivo se arriba a la conclusión contraria –esto es, la falta de firmeza de la Resolución N° 7449/09-, entonces, queda habilitada la instancia contenciosa administrativa para resolver no solo sobre la otrora inexigibilidad judicial del crédito apremiado, sino además la pertinente restitución de lo pagado en caso de que prosperen los planteos de nulidad del acto sancionatorio en los términos denunciados por el accionante en su escrito del 01-08-2018; en este supuesto, la pretensión anulatoria aquí articulada suplanta la vía prevista por el art. 61 de la ley 10.149, desde que [a] la articulación del presente proceso ordinario posterior sería la consecuencia directa de la frustración –por la conducta asumida por la propia Administración sancionadora, que ejecutó una multa cuyo acto de imposición no se encontraba firme y consentido- del derecho de revisión judicial previsto en aquella norma; [b] el principio de economía procesal así lo exige [art. 34 inciso 5, apartado e) del C.P.C.C., aplicable al caso según el art. 77 inciso 1° del C.P.C.A.] amén de que, por lo relevado en este fallo, deviene ineludible atender el criterio más favorable al ejercicio de la acción condensado en el principio in dubio pro actione (v.
García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón, "Curso de Derecho Administrativo", 5a ed., Madrid, 1988, to II, pág. 457) ampliamente consolidado en la jurisprudencia de la Corte provincial (v. causas B. 57.700, "Montes de Oca", sent. de 10-09-2003; B. 61.558, "Galesio", sent. de 6-07-2005; B. 59.571, "B.E.D.A. S.A.", sent. de 8-10-2008; B. 64.916, "Papi de Lascano", sent. de 18-04-2011; A. 69.105, "Maldonado", sent. de 13-11-2012; esta Cámara causas C-9052-BB1 “Irizar”, 08-08-2019; C-11499-DO1 “Jaime”, sent. de 14-03-2022] y [c] todavía cuenta la demandada con la oportunidad procesal de defender la legitimidad de la actuación administrativa, ya que no se ha consumido el plazo para contestar demanda [arg. art. 36 inciso 1 del C.P.C.A.].
III. Si lo expuesto es compartido, he de proponer al Acuerdo acoger el recurso de apelación articulado por la parte actora y revocar el fallo de grado en cuanto hizo lugar, prematura y erróneamente, a la excepción de inadmisibilidad de la pretensión articulada por la demandada, debiendo continuar el juez de grado con la tramitación de la causa hasta el momento en que los autos queden en estado para sentencia, oportunidad que deberá remitir las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Azul para que su titular emita el fallo definitivo. Las costas de ambas instancias, por el incidente de excepción de inadmisibilidad de la pretensión, deben correr a cargo de la accionada, vencida en contradicción [art. 51 inciso 1, primera parte del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Mora y Ucín, con idéntico alcance e iguales fundamentos a los expuestos en el voto del señor Juez doctor Riccitelli, votan la primera cuestión planteada, por la afirmativa. A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1.1. En subsidio a su réplica al memorial de agravios del actor, el demandado –por apoderado- deduce el 28-06-2022 apelación adhesiva por el rechazo –en el mismo fallo de grado que viene en revisión- de la excepción de incompetencia articulada por su parte.
El apoderado estatal se encarga de advertir que, frente al resultado favorable que obtuviera el Fisco en la sentencia de primera instancia (rechazo de la demanda por inadmisible), éste carecía de interés en deducir un recurso de apelación destinado a criticar el rechazo de la excepción de incompetencia material (a favor del fuero laboral) que oportunamente dedujera. Empero, expone que con la apertura de la instancia de apelación que ha realizado la parte actora y el cuestionamiento del fallo desestimatorio de su pretensión, surge la necesidad de mantener, a todo evento, esas defensas, entre las que se encuentra el planteo de incompetencia.
Desde esa plataforma, el apoderado justifica la apelación adhesiva y por ello se aboca a criticar el rechazo de la excepción de incompetencia, sosteniendo que la causa corresponde al fuero laboral, que es el encargado de tramitar y decidir acerca de las impugnaciones que se registren contra resoluciones (multas) de la Subsecretaría de Trabajo.
En contra de lo decidido por el magistrado de grado, el representante legal de la demandada expone que su postura es la que mejor armoniza con el objeto de la causa que, según se reconoce en la propia sentencia, se trata de una acción de nulidad de la resolución administrativa n° 7449/09 del Subsecretario de Trabajo, del 7 de julio de 2009, por medio de la cual se sancionó a Ibarra con una multa de $12.600, por falta de adecuación en materia de higiene y seguridad (no proveer servicios sanitarios, y guantes, calzado de seguridad, arneses, cascos, etc. a los empleados).
Remarca la aplicación al caso del artículo 61 de la ley 10.149, según el cual: “Las multas que imponga el Subsecretario de Trabajo podrán apelarse dentro del término de tres (3) días de notificado ante el Tribunal del Trabajo del lugar donde se cometió la infracción previo pago de la multa. El recurso deberá deducirse y fundarse ante la autoridad administrativa que impuso o notificó la sanción. Durante el procedimiento judicial, la Subsecretaría de Trabajo será representada por funcionarios autorizados”. En línea con ello, recuerda que el artículo 2.f de la ley 11.653 consagra la competencia de los tribunales del trabajo para el conocimiento, en grado de apelación, de las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa provincial del trabajo, cuando las leyes así lo dispongan.
En su visión, los referidos preceptos rituales demuestran que la impugnación de resoluciones (multas) de la Subsecretaría del Trabajo tienen una vía específica ante el fuero laboral y dicha competencia –según postula- no se vería desplazada por la circunstancia que el planteo venga precedido de un juicio de apremio anterior o porque se incorporen, como pretensiones accesorias (y dependientes) de la nulidad, la repetición de las sumas abonadas, daños y perjuicios, entre otras. Afirma que el legislador ha querido que, en razón de la materia sobre la que versan tales multas, ligadas a cuestiones vinculadas con el derecho del trabajo (seguridad e higiene, servicios sanitarios, guantes, calzado, arneses, cascos, etc. a los empleados), el control de los actos administrativos de que se trate sea realizado por los Tribunales Laborales, argumentando que en esta causa no se han incorporado elementos que permitan consagrar una excepción a dicha regla.
A partir de tal plataforma, esgrime que el fallo exhibe un error de juzgamiento en el punto porque, aun cuando la pretensión de la parte actora se comporte como un proceso de conocimiento posterior al juicio de apremio que se le siguió, esto no le quita su perfil impugnatorio de la causa del acto administrativo que lo agravia y, si ello es así, la ley prevé un mecanismo específico al efecto, con relación al cual corresponde intervenir a la Justicia del Trabajo por los motivos antes referidos. Insiste en que el caso se encuentra regido por doctrina legal de la SCBA que cita tanto al tiempo de interponer la excepción como luego reitera aquí en apelación.
Por lo expuesto, a todo evento y solo para el supuesto que la Cámara considere que la demanda es admisible por haber sido interpuesta dentro del plazo de caducidad para demandar aplicable, solicita se haga lugar al planteo de incompetencia, y se remitan las actuaciones al fuero del trabajo donde deberá radicarse la causa.
1.2. El 06-07-2022 el juez de grado concedió la apelación articulada por la demandada y corrió traslado de sus fundamentos al actor, quien la replicó mediante escrito electrónico del mismo 06-07-2022.
2. Reseñado lo anterior, cabe advertir, en primer lugar, que si bien la concesión del recurso fue decidida en la instancia, en tanto esa labor corresponde liminarmente al Juez de grado (cfr. arts. 243, 275 y ccdtes, C.P.C.C; art. 77 inc. 1 C.C.A), no es menos cierto que tal tarea debe ser luego complementada con el más exhaustivo examen de admisibilidad que le corresponde practicar a la Alzada. Es este Tribunal ad quem, el que reviste el carácter de juez del recurso, cuenta con la innegable facultad de verificar -más allá de lo resuelto por el juez de grado o de lo acordado por las partes- la efectiva concurrencia o no de los recaudos que determinan la admisibilidad formal del remedio intentado (conf. doct. S.C.B.A. causa C 89.863 “Bunge”, sent. de 28-5-2008; esta Cámara causas P-877-DO1 “Victorio Américo Gualtieri S.A.”, res. de 9-9-2008; P-2161-MP2 “Cruz”, res. de 18-11-2010; C-6242-DO1 “Trearie S.A.”, sent. de 6-5-2016; C-7799-AZ1 “Girado”, res. de 5-3-2020;
C-12082-MP2E “Wilgenhoff”, res. de 06-09-2022).
Dos razones me convencen para no tratar como un recurso de apelación aquello que el apoderado fiscal plasma en el punto IV del escrito electrónico del 28-06-2022. De un lado, su extemporaneidad, ya que el rechazo de la excepción de incompetencia le fue anoticiado electrónicamente el 06-06-2022, comenzando el cómputo del plazo para apelar el día siguiente al martes 07-06-2022. Y siendo que la resolución recurrida es de aquellas que caben ser impugnadas en el plazo de cinco [5] días hábiles [art. 56 inciso 1 in fine del C.P.C.A.], al tiempo de formular su presentación el 28-06-2022, dicho plazo había largamente expirado. Del otro, como bien lo advierte el apoderado estatal, por el resultado favorable obtenido en torno a la restante excepción de inadmisibilidad de la pretensión, el demandado carecía, en principio, de interés para apelar, ya que es sabido que la circunstancia que legitima al recurso no es otra que el interés de quien lo interpone, es decir, el gravamen sufrido como consecuencia de un pronunciamiento, y que corresponde entender por agravio la insatisfacción –total o parcial- de cualquiera de las pretensiones planteadas en el litigio o el rechazo de las defensas opuestas; así, la apelación no procede sino por su lesión que consiste en el perjuicio que al apelante cause la parte dispositiva de la sentencia o auto recurrido (cfr. doct. S.C.B.A. causa A. 70.364 “Asociación Civil en defensa de la calidad de Vida”, sent. de 21-09-2016; esta Cámara causas C-2321-MP2 "Francagno", sent. del 28-8-2012; C-9395-AZ1 “Díaz”, res. del 03-03-2020; entre otras).
En suma, el recurso de apelación fue incorrectamente concedido por el juez de grado y ello debe ser así declarado.
II.1. Sin perjuicio de lo anterior, a la luz de la solución brindada a la primera cuestión planteada, la Alzada debe ingresar oficiosamente al tratamiento de aquellas defensas de la demandada que renacen como consecuencia del rechazo de la excepción previa de inadmisibilidad formal de la pretensión y ello así corresponde por aplicación del principio de apelación adhesiva.
Como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia provincial, en virtud del instituto de la apelación adhesiva o implícita, se impone a los tribunales ad quem el abordaje de las articulaciones o defensas llevadas ante las instancias de grado inferior y que no pudieron ser traídas en recurso en atención al carácter victorioso de la parte [cfr. doct. S.C.B.A. causas C. 109.072 “Lincuiz”, sent. de 12-12-2012; C. 109.574 “Mugni”, sent. de 12-03-2014].
En suma, cabe adentrarse al tratamiento de lo resuelto por el a quo al rechazar el desplazamiento de la competencia del fuero contencioso administrativo en favor de la jurisdicción de los tribunales de trabajo, desechando lo peticionado por la demandada.
2. Para una mejor comprensión del asunto, he de transcribir seguidamente el desarrollo argumental del juez de grado en la temática tratada.
El a quo, liminarmente, advirtió que debía detenerse “…en las pretensiones articuladas por el actor, quien en un primer momento inició por ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 departamental un proceso de conocimiento en los términos que prevé el articulo 551 del CPCC. Declarada la incompetencia de aquel Juzgado, el actor adecuó su pretensión de acuerdo a los lineamientos del fuero contencioso administrativo …” Luego, expresó: “… A poco que se analiza la pretensión tal como fue planteada por el actor a través de su apoderado y en virtud del fallo antes citado, advierto que la cuestión a resolver en el presente proceso excede ampliamente el carril típico y singular para la revisión de las sanciones impuestas como consecuencia del procedimiento establecido para las infracciones laborales dispuestas por parte del Ministerio de Trabajo provincial (arts. 4 inc. 1, CCA y 61 de la ley 10.149) y se sitúa en un proceso de conocimiento en el cual se persigue una supuesta actuación ilegítima de la administración en el dictado del acto sancionatorio y su procedimiento, la repetición de lo abonado en el proceso de apremio aludido y los daños que tal proceder le habría provocado al actor (arts.166 Const Provincial; 1, 2, 12 inc.1, 2 y 3 del CCA)…” Y concluyó, después de sopesar la opinión de esta Alzada en la causa C-8093-DO1 “COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A. c.
MUNICIPALIDAD DE GENERAL MADARIAGA s. PRETENSIÓN ANULATORIA” (sent. de 07-08-2018) que incluso “… readecuando el actor su pretensión a una anulatoria, no representa un recurso como el contemplado por el artículo 61 de la ley 10.149 sino un proceso de conocimiento pleno equiparable al que prevé el artículo 551 del CPCC vinculado al juicio de apremio seguido en sede civil en su contra”.
3. Como quedó relatado en el apartado I.1.1. del presente voto a la segunda cuestión planteada, el Fisco pretende el desplazamiento de la competencia apuntalado en el art. 61 de la ley 10.149.
No acompañaré su excepción por las razones que a continuación se exponen.
3.1. De un lado, asiste razón al juez de grado que la pretensión aquí tratada desborda el objeto de aquel recurso previsto en el art. 61 de la ley 10.149, aunque por razones adicionales a las consideradas por el a quo.
Como se hubo resaltado al votarse la primera cuestión, el accionante recurre a la jurisdicción como consecuencia de una previa ejecución fiscal por la suma de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS [$ 12.600,00], multa fijada por Resolución Nº 7449/09 del Subsecretario de Trabajo por violación a diversas normas vinculadas a la seguridad e higiene en el trabajo y tiene por objetivo poner en crisis la causa de la acreencia fiscal ejecutada, bajo el argumento de que aquella deuda resultaba inexigible por cuanto el acto administrativo que la impuso, no hubo quedado firme por ausencia de regular notificación al sancionado. Así, en este proceso cabe analizar, de modo preliminar, si hubo o no mediado notificación regular al actor de la Resolución N° 7449/09, cuestión ajena al carril impugnatorio del art. 61 de la ley 10.149 desde que aquel “presupone” la existencia de un acto sancionatorio válidamente notificado y no consentido. La propia existencia de aquel presupuesto es, precisamente, lo que se encuentra en debate en la presente causa [notificación o no del acto], lo que se resolverá –conforme se expuso en la primera cuestión- en la sentencia definitiva a dictarse en esta causa. Repárese que, de llegarse a entender finalmente que el acto sancionatorio fue regularmente notificado al actor, ninguna cuestión de competencia debería abordarse por cuanto, la conclusión obvia sería que aquella decisión administrativa se encuentra firme y consentida, desde que el actor no articuló en tiempo hábil el remedio de impugnación del art. 61 de la ley 10.149.
Entonces, este proceso debe continuar tramitando ante la instancia contencioso administrativa por cuanto, como se ve, la actividad de notificación de la Resolución N° 7449/09 se presume realizada en ejercicio de funciones administrativas [art. 1, inciso 2 del C.P.C.A.] y es esa específica materia la que debe ser juzgada en forma liminar en cuanto a la regularidad o ilegitimidad en este proceso, a tenor del específico planteo esgrimido por el actor al pretender un juicio ordinario posterior al apremio.
3.2. Desde el otro andarivel de análisis, debo decir que si en este juicio se determinase que la Resolución N° 7449/09 no fue debidamente notificada al sancionado y que incluso así el demandado inició una ejecución fiscal de una multa fijada en un acto que no había adquirido firmeza, tampoco emergería la competencia especial fijada por el art. 61 de la ley 10.149, puesto que dicha vía impugnatoria se vio frustrada por la propia conducta de la Administración de iniciar una ejecución con la consabida obstaculización –remarcada por el actor- del camino impugnatorio allí previsto. Es que articulado el apremio, al actor no le quedó otro camino procesal más que aquel al que finalmente recurrió en esta causa, para defenderse frente a una acreencia fiscal compulsivamente abonada en ejecución que carecía, empero, de las notas de exigibilidad por estar determinada en un acto sancionatorio que no se encontraba firme y consentido.
Con todo, el único sendero procesal que asegura el acceso a un servicio de justicia continuo y efectivo, frente a las particularísimas circunstancias puestas de manifiesto a lo largo de esta sentencia, es el presente juicio cuyo objeto no solo excede con creces aquel propio de la vía impugnativa del art. 61 de la ley 10.149, sino que, además, es el derivado de una previa ejecución fiscal en la que el apremiado se halló fuertemente limitado en el alcance de su defensa de inexigibilidad de la obligación por cuyo pago se lo demandó judicialmente.
III. De acompañarse lo expuesto hasta aquí, he de proponer al Acuerdo ingresar al tratamiento de la excepción de incompetencia planteada por el demandado, en virtud del instituto de la apelación adhesiva o implícita, y confirmar lo decidido al respecto en el grado, por los argumentos adicionales expuestos en esta opinión.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Mora y Ucín, con idéntico alcance y por los mismos fundamentos que los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, votan la segunda cuestión planteada en el mismo sentido. De conformidad a los votos precedentes, la Excma. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Acoger el recurso de apelación articulado por la parte actora y revocar el fallo de grado en cuanto hizo lugar, prematura y erróneamente, a la excepción de inadmisibilidad de la pretensión articulada por la demandada, debiendo continuar el juez de grado con la tramitación de la causa hasta el momento en que los autos queden en estado para sentencia, oportunidad que deberá remitir las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Azul para que su titular emita el fallo definitivo. Las costas de ambas instancias, por el incidente de excepción de inadmisibilidad de la pretensión, se imponen a cargo de la accionada, vencida en contradicción [art. 51 inciso 1, primera parte del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
2. Declarar mal concedida la apelación adhesiva contenida en el punto IV del escrito de la demandada de fecha 28-06-2022 [art. 56 inciso 1, in fine del C.P.C.A. y doct. citada]. Sin perjuicio de ello y como consecuencia de lo resuelto en el punto 1 precedente, asumir jurisdicción por conducto del instituto de apelación adhesiva o implícita respecto de la excepción de incompetencia planteada por la demandada, confirmando su rechazo decidido por el juez de grado en el fallo bajo estudio, conforme los argumentos adicionales expuestos en el voto que concitó adhesión.
3. Diferir la regulación de honorarios por trabajos de alzada en aquello vinculado con lo resuelto en el Punto 1 precedente, para la oportunidad prevista legalmente [art. 31 ley 14.967].
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente cfr. art. 10, Anexo Único del Acuerdo SCBA N° 4013/21 -t.o. AC. SCBA 4039/21-. Hecho, devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado a sus efectos.
Fin de la sentencia