Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 7272
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Por mayoría, rechazar en todas sus partes el remedio obrante a fs. 198/200, y confirmar la sentencia de grado en lo que fuera materia de agravios, con costas de alzada a la apelante vencida (arts. 68 y ccdtes. del C.P.C.C. y 52 de la ley 5708).
2Diferir la regulación de estipendios profesionales por los trabajos realizados ante esta Alzada para su oportunidad [arts. 31 y 51 del decreto ley 8904/77].
REGISTRADO BAJO EL N° (S) FN°
En la ciudad de Mar del Plata, a los 05 días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-7272-DO1 “FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c. CALIGARI PERICLES s. EXPROPIACIÓN DIRECTA”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli, Mora, y Rosales Cuello considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Dolores dictó sentencia con el siguiente alcance: (i) declaró operada la expropiación parcial de la fracción de tierra de titularidad dominial de Pericles Caligari, ubicada en el Partido de General Madariaga, designada catastralmente como: Circunscripción IV, Sección B, Fracción 01, Parcela 4 “d”, dominio inscripto en la matrícula 6517, con una superficie de 1919,71 metros cuadrados, afectada a la construcción de la calle colectora correspondiente a la Ruta N° 11, kilómetro 397; (ii) fijó como indemnización en concepto de justo valor de la tierra expropiada, la suma de pesos CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 16/100 ($ 131.250,16), con más los intereses que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires para descuentos a 30 días a calcular desde el 8-08-2004 y hasta su efectivo pago; (iii) condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires a pagar dicha suma al Sr. Pericles Caligari dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días de quedar firme la liquidación; (iv) impuso las costas a la Provincia de Buenos Aires (art. 37 de la ley 5708); y (v) difirió la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 51 de la ley 5708 (cfr. fs. 166/175, sent. del 2-12-2016).
II. Contra dicho fallo se alzó tempestivamente la parte expropiante (art. 32 de la ley 5708), mediante recurso de apelación interpuesto a fs. 179, que fue concedido por el juez de grado a fs. 190 (prov. del 8-03-2017).
III. Radicadas las actuaciones ante esta Cámara de Apelación [v. fs. 196], la apelante presentó a fs. 198/200 los fundamentos de su impugnación (cfr. presentación electrónica del 15-05-2017), los que fueron replicados por la contraparte a fs. 204/207 (cfr. presentación de fecha 2-08-2017).
IV. Puestos los autos al Acuerdo para Sentencia (cfr. prov. de fs. 208, pto. 2, apartado 2°), corresponde plantear y votar la siguiente
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. El juez de grado dictó sentencia en el presente proceso expropiatorio, con el alcance indicado en la sección Antecedentes de este fallo.
Luego de relevar las posiciones de las partes, expuso que la cuestión a dirimir quedaba circunscripta a determinar el monto y los rubros de la indemnización expropiatoria. En ese contexto, remarcó que: (i) el expropiante ofrece la suma de pesos cuatro mil ochocientos ($ 4.800,00) y la parte demandada, a su turno, califica como irrisorio el ofrecimiento en tanto la indemnización “justa” debe ser integral, esto es, “…comprensiva del valor objetivo del bien, el valor justo, actual, integral, con la mejoras, el valor llave y el valor empresa en marcha…”; (ii) la demandada denuncia que la indemnización debe ponderar el desmembramiento de la superficie [que importa la detracción de 1.919,71 metros cuadrados y que deja un remanente de 13.627,46 metros cuadrados], el valor llave del emprendimiento comercial que funciona en el lugar desde hace treinta (30) años [dedicado a la venta de materiales para la construcción y denominado “Casa Caligari”] y; la gran revalorización del lugar respecto a los inmuebles ubicados en la zona en los últimos años.
Precisado lo anterior, procedió –por un lado- a recordar que “…la expropiación no puede ser fuente de beneficios para el propietario desposeído, pero tampoco tornarse en un perjuicio para el mismo. Por ello la condena en estudio no es la del pago de un precio, sino la de una indemnización justa. Ella debe equivaler al valor de la cosa a la época de la desposesión, debiendo los elementos de juicio a considerar estar dirigidos a la determinación de tal valor. Ello significa que la realización del interés público justifica la expropiación, pero que ésta debe respetar el interés particular. La indemnización debe conciliar los intereses público y privado, lo que no se logra si, al fijarla, prevalece uno sobre otro por no constituir el equivalente económico del valor perdido para el expropiado…”. Luego de ello, transcribió literalmente los arts. 8, 9, 10, 11 y 12 de la ley 5708.
Con lo anterior en mira, el a quo señaló que: (i) en la especie no correspondía indemnizar el valor llave y/o empresa pues, a tenor de los planos obrantes en autos, se verificaba que la expropiación no afectaba el comercio sino simplemente una fracción del terreno ubicada frente al local comercial que, a lo sumo, pudo haber sido utilizada como estacionamiento por los clientes del comercio; circunstancia que –agregó-, no se encuentra acreditada en autos; (ii) el desmembramiento ocasionado por la expropiación no frustraba la posibilidad de ampliar el local comercial en tanto ese proyecto podía ser efectivizado en la parte remanente del terreno; (iii) tampoco podía el valor panorámico ser materia de indemnización ya que nada impedía al expropiado tener una vista abierta hacia el paisaje de la Ruta N° 11 con su tránsito automotor. En ese contexto, entonces, concluyó que a los efectos de fijar el monto de la indemnización debía ponderarse –por un lado- el valor de la fracción de tierra y, -por el otro- la depreciación del remanente, en ambos casos, desde la fecha de la desposesión.
Dicho lo anterior, resaltó que del acta de la audiencia celebrada a fs. 123/124 con intervención de los peritos ofrecidos por la parte actora [Arq. Rodriguez] y por la parte demandada [Martillero Público Cornide], los contendientes habían coincidido en cuanto a que al año 2000 el valor del metro cuadrado en el lugar cotizaba en la cantidad de pesos dos con cincuenta centavos [$ 2,50], por entonces equivalentes a dólares estadounidenses [$2,50 = U$S 2,50].
En ese contexto, concluyó que habiendo las partes acordado el valor [al año 2000] del metro cuadrado de terreno en el lugar en que se sitúa el bien expropiado [a razón de $ 2,50, equivalente a U$S 2,50], tal sería la suma que tomaría como parámetro o pauta para fijar la indemnización por metro cuadrado expropiado.
Habiendo entonces establecido que el valor al año 2000 del metro cuadrado de la parcela desmembrada [$ 2,50 = U$S 2,50], resaltó que la discrepancia se suscitaba al momento de efectuar el cálculo indemnizatorio en tanto el Sr. Perito ofrecido por la expropiante [Arq. Rodriguez] señala una conversión aritmética en pesos y ofrece la cantidad de pesos cuatro mil ochocientos ($ 4.800,00) –que equivalían a U$S 4.800-. En cambio, la parte demandada pretende que la suma indemnizatoria se fije en la cantidad de dólares estadounidenses cuatro mil ochocientos (U$S 4.800,00) que valía la parcela expropiada y que esa suma se convierta en pesos tomando como valor la cotización del billete americano al momento de la sentencia.
Precisado lo anterior, con cita de la doctrina sentada por esta Alzada en la causa C-6082-DO1 “Uthurburu” –sent. de 5-07-2016-, y ponderando que el trámite expropiatorio se ha extendido por más de 16 años, consideró justo y equitativo disponer “…el pago de la indemnización en el equivalente en pesos a la cotización efectuada por los señores peritos intervinientes, en dólares [estadounidenses] dos con cincuenta centavos el metro cuadrado (U$S 2,50)…”.
Y, siendo que la cotización del dólar estadounidense vendedor efectuada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires oscila al momento de la sentencia en la suma de pesos dieciséis [$ 16,00], fijó en la cantidad de pesos cuarenta [$ 40,00] el valor del metro cuadrado a expropiar [conversión que surge de multiplicar $ 16 x 2,50 U$S]. Con todo, al resultar la superficie expropiada equivalente a la cantidad de 1.919,71 metros cuadrados, estableció el monto indemnizatorio en concepto de valor tierra expropiada en la cantidad de pesos setenta y seis mil setecientos ochenta y ocho con 40/100 ($ 76.788,40). Finalmente, y ya habiendo fijado las pautas para efectuar el cálculo indemnizatorio en concepto de valor de la tierra sin mejoras, abordó la fijación del quantum indemnizatorio por la depreciación del remanente. En esa tarea precisó que tanto el perito de la parte demandada [Martillero Público Cornide] como el tercer perito sorteado en autos [Martillero Público Martiarena] habían estimado una afectación del valor del excedente en un 10% de su valor al momento de la desposesión.
En ese marco, no habiendo el perito de la parte actora [Arq. Rodriguez] efectuado estimación alguna sobre la depreciación del remanente, y atendiendo a la ubicación de la parcela expropiada con relación al inmueble así como la poquedad del desmembramiento en relación a la superficie total de la parcela y la ausencia de construcciones en el predio sujeto a expropiación, consideró razonable fijar por tal concepto -depreciación del remanente- una suma equivalente al 10% del valor.
Por ello, luego de establecer: (i) que el remanente de la parcela era de 13.627,46 metros cuadrados [valor que se obtiene de restar 1919,71 metros cuadrados –sup. expropiadaa los 15.547,17 metros cuadrados que originalmente poseía la parcela]; (ii) que el valor del metro cuadrado expropiado ascendía a dólares estadounidenses dos con 50/100 [U$S 2,50]; (iii) que el valor total del remanente ascendía a dólares estadounidenses treinta y cuatro mil treinta y ocho con 65/100 [U$S 34.038,65] –suma a la que se arriba multiplicando 13.627,46 (remanente de la fracción de propiedad del actor) * 2,50 (valor en dólares de cada metro cuadrado)- concluyó que la suma a indemnizar en concepto de depreciación del remanente ascendía a la cantidad de dólares estadounidenses tres mil cuatrocientos tres con 86/100 (U$S 3.403,86) –suma que se obtiene de aplicar el 10% a la cantidad de U$S 34.083,65-.
Y, siendo que la cotización del dólar estadounidense vendedor efectuada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires oscila al momento de la sentencia en la suma de pesos dieciséis [$ 16,00], estableció el monto indemnizatorio en concepto de depreciación del remanente en la suma de pesos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y uno con 76/100 ($ 54.461,76) –suma que se obtiene de multiplicar U$S 3.403,86 * $ 16-.
Con todo, y luego de fijar como fecha de desposesión el día 8-08-2004, concluyó que la suma indemnizatoria total ascendía a la cantidad de pesos ciento treinta y un mil doscientos cincuenta con 16/100 [$ 131.250,16] –comprensiva del valor tierra y del valor depreciación del remanente- con más los intereses que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires para descuentos a 30 días a aplicar desde el momento de la desposesión y hasta que se efectivice el pago. Finalmente, dispuso imponer las costas del pleito a la parte actora.
2. La expropiante interpone recurso de apelación a fs. 179 y fundamenta a fs. 198/200.
Se agravia del monto indemnizatorio fijado por el juez de grado, dado que –en su parecer- el juez de grado ha efectuado una particular interpretación del art. 8 de la ley 5708 fijando en la cantidad de dólares estadounidenses dos con 50/100 [U$S 2,50] el valor del metro cuadrado al momento de la desposesión [8-08-2004] para luego efectuar la conversión tomando el valor de cotización del dólar al momento del dictado de la sentencia [a razón de $ 16 por cada U$S].
El yerro del magistrado, ahonda, radica en haber fijado en moneda extranjera –dólar estadounidense- el valor del metro cuadrado expropiado [U$S 2,50], máxime cuando –a diferencia de lo que postula el sentenciante- el perito Arquitecto Rubén A. Rodriguez fijó en moneda nacional [$ 2,50] el valor del metro cuadrado de tierra expropiada. Desde allí asevera que mal pudo sostener el sentenciante que las opiniones de los peritos [Arq. Rodriguez y Martillero Público Cornide] eran coincidentes en cuanto a que el valor del metro cuadrado de tierra fuera de U$S 2,50 a la época de la desposesión pues, el perito de la parte actora [Arq. Rodriguez], hizo referencia en todo momento a valores en moneda nacional [$ 2,50 por metro cuadrado expropiado] más nunca en moneda extranjera. Asimismo, explica que el informe elaborado por el perito de la parte demandada [Martillero Público Cornide] “…no contempla los valores de la tierra a la época de la desposesión, en pesos…”, agregando que “…exhibe mayor eficacia probatoria el [dictamen] producido por el arquitecto Rodriguez en tanto su dictamen fue el único que tuvo en cuenta los recaudos del art. 12 de la ley 5708, respetando lo estipulado en el artículo 8 de dicha ley, en cuanto contempló el valor de la tierra a la época de la desposesión…”.
Por otro lado, y sin perjuicio de los reparos efectuados en cuanto a la determinación del valor del metro cuadrado en moneda extranjera [al momento de la desposesión] y al instante fijado para su conversión [al momento de la sentencia], también postula errado el reconocimiento del ítem “disminución del valor del remanente” pues la expropiación dispuesta dista de afectar el valor del inmueble sobrante. Por el contrario –ahonda- la construcción del camino colector frente al comercio termina por beneficiar la parcela remanente “…con una calle colectora pret a porter…”.
Finalmente, destaca que la decisión del sentenciante de fijar en dólares estadounidenses el valor del metro cuadrado de la tierra y luego convertirlos al valor de esa moneda al momento de la sentencia no puede justificarse so pretexto de la prolongación del procedimiento expropiatorio [16 años], máxime cuando la expropiada solicitó ítems indemnizatorios que fueron expresamente rechazados [valor llave y/o empresa en mano y valor panorámico].
Con todo entonces, solicita a este Tribunal se revoque el pronunciamiento de grado y se fije “…las pautas para practicar una liquidación acorde al marco legal…”.
3. La expropiada contesta el memorial en traslado a fs. 204/207 y solicita su rechazo, con costas.
II. Con el alcance que explicitaré, he de brindar respuesta afirmativa al interrogante planteado.
1. A título introductorio, cabe precisar que la presente expropiación directa versa sobre una fracción de tierra ubicada en el Partido de Gral. Madariaga, Provincia de Buenos Aires, cuya nomenclatura catastral es:
Circunscripción IV, Sección B, Fracción I, Partida Inmobiliaria N° 34.197, dominio inscripto en la Matrícula N° 6517 del Registro de la Propiedad Inmueble, que ha sido declarada de utilidad pública por la autoridad provincial (Administrador General de la Dirección de Vialidad). Se trata de una expropiación parcial, pues sobre una extensión total de 15.547,17 metros cuadrados que posee el inmueble de propiedad del demandado, la accionante sólo pretende hacerse con una superficie de 1.919,71 metros cuadrados, que se afectó a la obra pública de construcción de una calle colectora ubicada a la vera de la Ruta Interbalnearia N° 11, en el Kilómetro 397 (cfr. fs. 6/7 del escrito del líbelo inicial; y fs. 27/30 del escrito de contestación de demanda).
Asimismo, cabe señalar que arriba indubitado a este Tribunal el segmento del fallo de grado por conducto del cual el a quo, luego de descartar las posiciones esgrimidas por las partes en lo atinente a determinación del momento de la desposesión del inmueble [el Fisco provincial postula que lo fue en la época de efectuar el depósito del valor tasado del bien y la parte demandada lo ubica en el año 2000], concluye que dicho hito ocurrió el día 8-08-2004.
Los aspectos reseñados arriban firmes a esta instancia recursiva al no mediar discusión ni desacuerdo entre los contendientes (argto. art 272 y cdtes. del CPCC; art. 52 de la ley 5708); por tanto, allende su acierto -o no-, la revisión por este Tribunal de tales tópicos queda vedada.
2. Precisado lo anterior corresponde, en lo que sigue, adentrarse al examen de los cuestionamientos que la expropiante formula en su memorial en el que, con apoyatura en los agravios que fueran relevados en el punto I.2 de este voto, se queja del quantum indemnizatorio fijado -por todo concepto- en el fallo de grado, que asciende a la suma de pesos ciento treinta y un mil doscientos cincuenta con 16/100 ($ 131.250,16).
2.1. Básicamente, el cuestionamiento efectuado por el Fisco provincial gira en torno a la específica problemática vinculada a la fijación de la justa indemnización por el bien expropiado según su valor a la fecha de la desposesión o, contrariamente, según una suma más representativa de la realidad económica existente al tiempo de la sentencia a dictarse en el proceso expropiatorio.
Sobre el asunto, vale recordar que el concepto de indemnización que utiliza nuestra Constitución es más amplio que el de "precio" o "compensación" y, teniendo en consideración el lazo esencial entre el instituto expropiatorio y el principio de la igualdad ante las cargas públicas, hace referencia al resarcimiento de un perjuicio (C.S.J.N. Fallos 318:445; 329:1703). Siendo ello así, la exigencia del art. 8 de la ley 5708 posee una lógica irreductible: al momento de la desposesión se configura el perjuicio y, por ello, es en tal fecha cuando su alcance debe cuantificarse. Si la obligación del expropiante consiste en reparar un valor patrimonial, su pago en forma previa a la desposesión impediría que las eventuales dilaciones del procedimiento expropiatorio o modificaciones en los valores a tener en vista pudieran perjudicarlo. Caso contrario, la Administración está compelida por ley afrontar el pago de las sumas necesarias que, al tiempo de la desposesión, permitan de ser posible, adquirir la cosa o bien similar al objeto de desapoderamiento. En ello radica la “actualidad” de la suma indemnizatoria. Por tanto, no importa si luego de la desposesión el “precio” del inmueble expropiado es superior o inferior por vicisitudes propias del mercado, de la realidad económica general o hasta por hechos fortuitos o fuerza mayor: el perjuicio se consolidó en el pasado –material desapoderamiento sin indemnización previa- y hacia ese hito habría que retrotraer la mirada y la valoración.
Acuñar una fórmula contraria podría llevar al desatino de que un inmueble cuya posesión antaño tomó el Estado, haya dejado hogaño de existir por inundación, erosión costera, terremoto, u otra fuerza natural, con lo cual a la fecha de la sentencia no tendría ningún valor de mercado y por ello –de seguir a rajatabla la visión de la apelante- no habría que reconocerle resarcimiento al titular del bien. Y aunque algunos podrían alegar que los jueces están constreñidos frente a tales supuestos a encontrar una solución de equidad, no es menos cierto que volverían a mirar al tiempo de desposesión del bien y al perjuicio que a tal fecha se le produjo a su propietario con aquel desapoderamiento estatal sin previa indemnización (cfr. doct. esta Cámara causa C-5485-MP2 “Dominioni”, sent. de 5-05-2015).
Y si bien la previsión de determinar el justo valor de la cosa o bien “a la época de la desposesión” es a modo de principio [v. art. 8 de la ley 5708], no lo es menos que pueden suscitarse excepcionales supuestos en los que tal esquema no podría ser respetado.
De un lado, recuerdo el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Fallos 329:5467 por el cual el Máximo Tribunal federal admitió una indemnización inferior a la que habría resultado de aplicar el valor del bien a la desposesión, en atención a que el caso encuadraba en los contornos del régimen de desindexación del art. 1 de la Ley N° 24.283.
Del otro, no olvido que este Tribunal en la causa C-5361-AZ1 "Agropecuaria Cerro del Águila S.A." (sent. de 12-02-2015) convalidó una suma indemnizatoria que se apartó de valores calculados al tiempo del desapoderamiento, empero ello se toleró únicamente por cuanto el juez de grado formó convicción sobre la imposibilidad o severa dificultad para fijar los valores de los bienes a la fecha de la desposesión en atención al extenso período que había transcurrido desde aquel evento y atento a que no se le adicionaron intereses compensatorios al valor presente reconocido.
Este excepcional universo de casos, en el que la lectura del art. 8 de la ley 5708 se flexibiliza -ante la verificada imposibilidad o dificultad de establecer el quantum indemnizatorio a la fecha de la desposesión- también fue tolerada por esta Alzada en las causas C-6029-AZ1 “Mouzet”, sent. de 3-11-2015 y C-6082-DO1 “Uthurburu”, sent. de 5-07-2016.
3. Clarificada entonces la doctrina sentada por esta Alzada en torno a la problemática atinente a la determinación de la justa indemnización por el bien expropiado [tomando el valor a la fecha de la desposesión o efectuando el cálculo con criterios de actualidad al tiempo de la sentencia] verifico que en el sub judice –a diferencia de lo que se desprende del razonamiento efectuado por el sentenciante- no existe motivo alguno que autorice a fijar una suma indemnizatoria que se aparte de los valores fijados al momento del desapoderamiento. Veamos:
3.1. El sentenciante, como punto de partida de su análisis, postuló que las partes eran coincidentes en cuanto a que, a la época de la desposesión, el valor del metro cuadrado de tierra era de dólares estadounidenses dos con 50/100 [U$S 2,50]. Para arribar a esa conclusión se apuntaló en las manifestaciones vertidas por los peritos de la parte actora [Arquitecto Rodriguez] y la parte demandada [Martillero Público Cornide] en la audiencia celebrada el día 26-02-2015 (v. fs. 123/124).
Esta liminar conclusión esgrimida por el sentenciante es puesta en crisis por el Fisco recurrente quien descalifica la utilización del dólar estadounidense como moneda para referenciar el valor del metro cuadrado de tierra expropiada [a razón de dos con 50/100 dólares estadounidenses (2,50 U$S) por cada metro cuadrado expropiado]. Explica el Fisco recurrente –en apoyatura de su crítica- que el perito Arq. Rodriguez en su presentación de fs. 66/68 expuso que el valor del metro cuadrado de tierra expropiada ascendía a la cantidad de pesos dos con 50/100 [$ 2,50], esto es, sin hacer referencia a moneda extrajera alguna.
La crítica así esgrimida carece de asidero. Repárese que –como bien relevara el sentenciante- con fecha 25-02-2015 se celebró en autos la audiencia en la que los peritos que fueran ofrecidos por las partes expropiante [Arq. Rodriguez] y expropiada [Martillero Público Cornide] coinciden “…en tasar al año 2000 el metro cuadrado en 2,50 pesos (dos con cincuenta ctvos.) que resultaban equivalentes por entonces a[l] mismo monto en dólares estadounidenses…” [v. acta de fs. 123/124, puntualmente párrafo primero, fs. 124]].
Mal entonces puede el Fisco recurrente desconocer cuál fue la posición oportunamente asumida en el pleito por el perito ofrecido por su parte [Arq. Rodriguez] –que resulta coincidente con la del experto de la expropiada [Martillero Público Cornide], y de la que se desprende que el valor del metro cuadrado expropiado ascendía al año 2000 a la cantidad de dólares estadounidenses dos con cincuenta [U$S 2,50]. Con lo expuesto no desconozco que –por un lado- la presentación de fs. 66/68 del perito Arq. Rodriguez utiliza como valor de referencia para justipreciar el valor del metro cuadrado de tierra expropiada la moneda de curso legal [a razón de pesos dos con cincuenta ($ 2,50) por cada metro expropiado] y que –por el otro- el perito de la parte accionada expuso en el punto 1 de la pericia de fs. 48 que al momento de la desposesión el valor del metro cuadrado de tierra era de dólares estadounidenses dos con cincuenta [U$S 2,50]; empero, lo cierto es que esas divergentes posiciones en cuanto a la moneda de referencia para justipreciar el valor de los bienes expropiados [pesos vs. dólares estadounidenses] debe considerarse totalmente superada a partir de lo acordado por las partes en la audiencia de fecha 25-02-2015 (posterior en el tiempo a la materialización de las experticias, v. fs. 123/124) y en la que los citados expertos ofrecidos por las partes] dan cuenta que el valor del metro cuadrado de tierra sujeta a expropiación ascendía al año 2000 a la cantidad de dólares estadounidenses dos con cincuenta (U$S 2,50].
Vale aclarar –por un lado- que la utilización de signos monetarios extranjeros a los efectos de identificar un valor de referencia de los bienes a expropiar no resulta una práctica censurable, máxime en casos como el de autos en los que por la práctica inmobiliaria el dólar estadounidense es utilizado con carácter referencial [cfr. doct. S.C.B.A. causa C. 108.722 “U.N.I.R.E.C. – Fisco de la Provincia c. Ramos e Iglesias”, sent. de 28-09-2016 –del voto de la mayoría-].
Por el otro, a diferencia de lo que deja traslucir el Fisco al articular su queja, la consideración del dólar estadounidense para fijar el valor del metro cuadrado de tierra expropiada no constituye por esa sola razón la aplicación de un índice de actualización monetaria, sino en todo caso un parámetro válido para establecer la indemnización justa (arts. 17 de la Constitución Nacional; 4 de la ley 25.561 y 35 de la ley 5708).
En suma, ningún reproche cabe efectuar con relación al segmento del fallo de grado que dispusiera fijar, tomando para ello el acuerdo al que arribaran los expertos de ambas partes en la audiencia de fs. 123/124, el valor del metro cuadrado de tierra sujeta a expropiación en la cantidad de dólares estadounidenses dos con cincuenta (U$S 2,50).
3.2. Ahora bien, por fuera de lo anterior, adelanto que habré de acompañar el segmento de la crítica vertida por el Fisco provincial en el que formula reparos contra la decisión del magistrado de fijar el valor del bien expropiado con criterios de actualidad; esto es, al momento de la sentencia.
En concreto, el agravio patentiza que mal pudo el sentenciante disponer la conversión del valor del dólar estadounidense utilizado como referencia para justipreciar el metro cuadrado de tierra expropiada [a razón de U$S 2,50 por cada metro cuadrado] al momento de la sentencia [esto es, a un valor de conversión de 1 U$S = 16 pesos] pues, en el contexto de la causa, ello importaría un desapego a la regla que, contenida en el art. 8° de la ley 5708 impone que el justo valor de la cosa o bien se fije al momento de la desposesión.
Como adelantara, las circunstancias del caso me llevan a acompañar la tesis del apelante. Repárese que en el sub judice no se presentan las particulares contingencias que, relevadas por este Tribunal en las causas C-5361-AZ1 "Agropecuaria Cerro del Águila S.A." cit.; C-6029-AZ1 “Mouzet”, cit. y C-6082-DO1 “Uthurburu”, cit., autorizarían a apartarse de la manda contenida en el art. 8 de la ley 5708 y que a modo de principio impone que el justo valor de la cosa o bien sea determinado “a la época de la desposesión”.
Repárese que las constancias probatorias de la causa –pericias de fs. 48, 66/68 y 145/148 y, en particular, el acta de audiencia de fs. 123/124 (en la que los peritos de parte actora y de parte demandada coinciden en la determinación del valor a asignar al metro cuadrado de tierra materia de expropiación)- alejan el esquema de autos de aquel excepcional universo de casos en los que válidamente se habilitaría la posibilidad de acudir a criterios de actualidad para fijar el valor indemnizatorio al momento más cercano a la sentencia.
Así, habiendo concordado los expertos de ambas partes cuál resulta ser el valor del metro cuadrado de tierra expropiada aún a una época previa pero cercana a la fecha de la desposesión adoptada por el a quo –en concreto, referencian al año 2000- [puede verse: (i) la opinión del perito de la parte demandada en el pto. 1 de la pericia de fs. 48; (ii) la posición del experto propuesto por la accionante en el pto. 5 de la pericia de fs. 66/68 y, finalmente (iii) el acta de audiencia de fs. 123/124], mal podría sostenerse que en sub judice se está en presencia de un supuesto de “…imposibilidad o severa dificultad para fijar los valores de los bienes a la fecha de la desposesión…”.
Y la ausencia comprobada de tal condición –que vale reiterar, fuera verificada por esta Alzada en la ya citada causa C-5361-AZ1 "Agropecuaria Cerro del Águila S.A." para auspiciar la posibilidad de aplicar válidamente criterios de actualidad para calcular el justo valor del bien expropiadopatentiza el yerro en que incurriera el sentenciante cuando, luego de fijar el valor del metro cuadrado de tierra a expropiar al momento de la desposesión [a razón de dólares estadounidenses dos con cincuenta (U$S 2,50)] procede a efectuar luego el cálculo del justo valor indemnizatorio con apoyatura en criterios de actualidad al convertir ese valor tomando como parámetro la cotización de la moneda estadounidense al momento de la sentencia [esto es, a razón de 1 U$S = 16 pesos].
Con todo entonces, acierta en esta parcela el Fisco provincial. No existe razón alguna que autorice en la especie apartarse de la norma que fluye del art. 8 de la ley 5708 y que manda, por principio –y salvo excepcionales circunstancias no verificadas en el caso de marras- a determinar el justo valor de la cosa o bien “a la época de la desposesión”.
Con lo expuesto, no soslayo la prolongación del presente proceso expropiatorio [más de 16 años]; empero, esa sola razón no es suficiente en el sub judice para habilitar la aplicación de criterios de actualidad para calcular el justo valor indemnizatorio del bien expropiado pues, las partes, al concordar a través de sus respectivos expertos en la audiencia de fs. 123/124, no solo dieron cuenta que, a pesar del tiempo transcurrido no existía problema o dificultad alguna para fijar el valor de la tierra a la época de la desposesión sino que, por el contrario, lo determinaron de común acuerdo en la cantidad de dólares estadounidenses dos con 50/100 [U$S 2,50] por cada metro cuadrado expropiado, aun posicionándose hasta cuatro años antes de la fecha que adoptara el a quo como en la que aconteciera el desapropio.
Por ello, corresponde acoger el segmento de la crítica analizada y, en consecuencia, revocar la parcela del fallo de grado en cuanto postula –a los efectos del cálculo del justo valor indemnizatorio- la aplicación de criterios de actualidad y dejar expresamente establecido que, a los efectos de la determinación del quantum indemnizatorio deberá asignarse –siguiendo la pauta establecida por el art. 8 de la ley 5708- , como valor de referencia del metro cuadrado de tierra expropiada al momento de la desposesión [esto es, al 8-08-2004] la suma en pesos equivalente a dólares estadounidenses dos con cincuenta [U$S 2,50].
3.2.1. Dicho lo anterior, advierto que es un dato indubitado que la desposesión tuvo lugar, según la fecha fijada por el a quo, el día domingo 8-08-2004 [día inhábil para el mercado cambiario]. Siendo ello así, y a los efectos de la conversión de la moneda extranjera tomada como valor de referencia para establecer el valor del metro cuadrado de tierra expropiada, corresponde asignar a cada dólar estadounidense el valor fijado por el Banco Central de la República Argentina al cierre de la última jornada hábil anterior al desapoderamiento [viernes 6-08-2004], esto es, a razón de pesos tres con 06/100 [$ 3,06] por cada dólar estadounidense [cfr. www.bcra.gov.ar].
Así las cosas, el justo valor indemnizatorio en concepto de “valor de la tierra expropiada sin mejoras” asciende, al momento de la desposesión, a la cantidad de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 78/100 ($ 14.685,78) [monto al que se arriba aplicando la siguiente operación: paso 1, se precisa el valor del metro cuadrado expropiado en la cantidad de siete pesos con 65/100 [$ 7,65] –se arriba a este valor multiplicando el valor de conversión del dólar estadounidense al 6-08-2004 [$ 3,06] por el valor de cada metro cuadrado de tierra expropiada [U$S 2,50]-; paso 2, se multiplica el valor asignado a cada metro cuadrado de tierra expropiada [$ 7,65] por la cantidad de metros cuadrados de tierra expropiada (1919,71), lo que arroja una suma que asciende a $ 14.685,78].
3.3. Precisado lo anterior, abordare el restante agravio del Fisco provincial contra el segmento del fallo que acoge el rubro identificado como “depreciación del remanente”. Sobre el punto, el accionante sostiene que el a quo se ha desentendido de las pautas fijadas por los arts. 8 y 10 de la ley 5708 y que ha incurrido en una defectuosa ponderación de las constancias de la causa y de las que se desprende “…una mejora en el resto del inmueble (y comercio de corralón de materiales donde funciona), beneficiado con un calle colectora pret a porter…” [v. pto. II.B. del memorial de agravios de fs. 198/200]. En concreto, el Fisco recurrente sostiene que, en el sub examine, no se encuentra acreditada la pretendida desvalorización de la fracción sobrante. Adelanto que la crítica así esgrimida, rayana con la deserción (argto art. 52 de la ley 5708 y 260 y cdtes. del CPCC), dista de merecer estima.
Al dictar su pronunciamiento, el magistrado de la instancia estimó: (i) el informe pericial efectuado por el Martillero Público Martiarena –tercer profesional interviniente en autos- y; (ii) el dictamen elaborado por el Martillero Público Cornide –perito de la parte demandada- de los que se desprende en forma coincidente que como consecuencia de la expropiación se ha producido una disminución respecto del valor del remanente de la parcela equivalente al 10% de su valor.
En ese contexto probatorio, y luego de valorar el sentenciante que: (i) la superficie expropiada [1919,71 metros cuadrados] solo representaba una pequeña parte con relación a la superficie total de la parcela [originalmente de 15.547,17 metros cuadrados y luego de la expropiación reducida a 13.627,46 metros cuadrados] y; (ii) no existían en el sector expropiado para la ejecución del camino colector de la Ruta N° 11 construcciones, concluyó que era de toda prudencia y razonabilidad tener –en forma coincidente con la opinión de los profesionales supra citados- por ocurrida una efectiva depreciación en el remanente de la fracción sobrante [de 13.627,46 metros cuadrados] y por una suma equivalente al 10% de su valor. En el contexto referenciado, la conclusión a la que arriba el juez de grado permite visualizar que se han valorado exhaustivamente los informes producidos en autos, ponderando –a partir de su experiencia y conforme las reglas de la sana crítica [arts. 384 y 474 del C.P.C.C.]-, las experticias realizadas por el perito Martillero Público Cornide a fs. 48 y por el perito Martillero Público Martiarena a fs. 145/148 y, a la vez, el particular contexto y las circunstancias en que la porción de tierra expropiada [equivalente a 1919,71 metros cuadrados] y su remanente [equivalente a 13.627,46] se encuentran. En ese escenario, ningún reproche cabe proyectar sobre el juicio valorativo efectuado por el inferior y a partir del cual formó convicción en cuanto a que –en la especie- se configuran las condiciones para reconocer el rubro indemnizatorio reclamado.
Ha de tenerse particularmente presente que es facultad de los jueces de grado determinar el justo valor expropiatorio mediante el análisis de la prueba rendida en el expediente, en especial, la pericial, de modo de establecer el mérito y fundamentos de los informes de los expertos, así como las circunstancias fácticas que en el caso concurren (argto. S.C.B.A., causa C. 97.958 “Miguens”, sent. del 14-IX-2005; causa C. 95.603 “Indaburu”, sent. del 2-IX-2009 –del voto del Dr. Soria-; doct. esta Cámara causa C-1580-MP2 “Braconi de Sotano”, sent. de 9-IX-2010), máxime cuando el juicio valorativo explicitado por el sentenciante se encuentra dentro de los parámetros de la lógica, la razón y las normas básicas de entendimiento humano.
Con lo anterior en miras, las argumentaciones blandidas por el Fisco apelante –escuetas, por cierto- no conmueven la conclusión a la que arribara el a quo, ya que las pericias presentadas por los expertos Cornide y Martiarena permiten reafirmar el juicio del inferior no solo en cuanto a la efectiva existencia de una depreciación en la fracción de tierra sobrante sino, también, en lo atinente a la determinación del porcentual en que tal detrimento habría ocurrido [equivalente al 10% del valor del remanente], todo ello de conformidad con las pautas que refieren los arts. 8 y 10 de la ley 5708.
Por ello, y siguiendo las pautas fijadas en el pto. 3.2. de este voto –y a partir del cual se postula que el justo valor indemnizatorio debe calcularse al momento de la desposesión (art. 8 ley 5708) –y que en autos fuera datada al 8-08-2004- corresponde fijar la indemnización en concepto de “depreciación del remanente”, al instante del desapoderamiento, en la cantidad de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ($ 10.425,00) [monto al que se arriba aplicando la siguiente operación: (i) paso 1, se multiplica la cantidad de metros cuadrados de la fracción de tierra sobrante (13.627,46) por el valor asignado a cada metro cuadrado de tierra sujeta a expropiación al momento de la desposesión (U$S 2,50), lo que arroja un valor del sobrante al 8-08-2004 de U$$ 34.068,65; paso 2, se convierte el valor de referencia fijado en moneda dólar estadounidense [U$S 34.068,65] a su equivalente en moneda de curso legal al momento de la desposesión [a razón de 1 U$S = $ 3,06], lo que arroja una suma equivalente a la cantidad de pesos ciento cuatro mil doscientos cincuenta con 06/100 [$ 104.250,06]; paso 3, sobre esa cantidad de $ 104.250,06 se aplica el porcentual representativo de la depreciación de esa parcela sobrante -equivalente al 10%-, lo que arroja una cantidad de pesos diez mil cuatrocientos veinticinco [$ 10.425,00].
III. Si lo expuesto es compartido, habré de proponer al Acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso de apelación articulado por la Provincia de Buenos Aires a fs. 198/200, revocar el pronunciamiento de grado en cuanto dispusiera la determinación del justo valor indemnizatorio con criterios de actualidad y disponer que la indemnización expropiatoria que corresponde determinar en autos lo sea con estricta aplicación de la pauta que, contenida en el art. 8 de la ley 5708, manda –salvo caso de excepcionalidad, no verificada en autos- a establecer el justo valor de la cosa o bien al momento de la desposesión. En consecuencia, corresponde determinar como justo valor indemnizatorio la cantidad de PESOS VEINTICINCO MIL CIENTO DIEZ CON 78/100 ($ 25.110,78), suma a la que debería adicionarse, desde el momento de la desposesión [esto es, el día 8-08-2004], la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días (cfr. doct. S.C.B.A. causas C. 102.963 “Sabalete”, sent. de 7-09-2016; C. 108.722 “U.N.I.R.E.C.”, cit.), todo ello dentro del plazo de sesenta (60) días de quedar firme la liquidación que al efecto se practique (art. 163 Constitución provincial).
Atento el nuevo resultado del pleito, de conformidad a lo previsto por el art. 274 del C.P.C.C. –aplicable por conducto del art. 52 de la ley 5708-, y ponderando que en la audiencia celebrada con fecha 25-02-2016 (v. fs. 123/124) las partes expropiante y expropiada coincidieron en cuanto al valor del metro cuadrado de tierra a expropiar, estimo que las costas de la instancia deberían imponerse en el orden causado en tanto no presentarse –a tenor de lo relevado- ninguno de los extremos enunciados en el art. 37 de la ley 5708. Con relación a las costas de alzada también correspondería –por mediar vencimientos parciales en contradicción- imponerlas en el orden causado [arts. 52 y cdtes. de la ley 5708 y 68 del CPCC].
Con el alcance indicado, a la cuestión planteada, doy mi voto por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I. Habré de disentir con los argumentos y solución propuesta por el colega ponente.
Dado que la opinión precedente practica una lectura sesgada de lo que he venido sosteniendo en torno a la específica problemática atinente a la determinación de la justa indemnización por el bien expropiado [tomando su valor a la fecha de la desposesión o efectuando el cálculo con criterios de actualidad al tiempo de la sentencia], me veo en la necesidad de efectuar ciertas aclaraciones previas respecto del criterio que -a mi modo de ver- debe regir la materia aquí controvertida.
Para una mejor comprensión, y sin perjuicio de pecar de reiterativo, habré de plasmar lo dicho en oportunidad de expresar mi voto en la causa C-6152-BB1 “Trans Bahía S.A.” (sent. del 29-XI-2016).
1.1. Vale recordar, como punto de partida, que el art. 17 de la Constitución Nacional establece que la propiedad es inviolable, que ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley y que “…la expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada…", principios que, en iguales términos, recepta también el art. 31 de la Carta Magna provincial. Es en razón de ello que, en nuestro orden jurídico, la indemnización por expropiación debe ser "justa" y "previa", pues tal es el mandato que emana de los –por demás claros- textos constitucionales referenciados.
Asimismo cabe apuntar que, siguiendo tales pautas, el art. 8° de la ley 5.708 establece que la indemnización comprenderá "el justo valor de la cosa o bien a la época de la desposesión".
1.2. Con ello en vista me permito recordar que esta Alzada, al pronunciarse en la causa C-5485-MP2 “Dominioni” (v. sent. del 05-V-2015) respecto de la específica problemática en torno a la fijación de la justa indemnización por el bien expropiado según su valor a la fecha de la desposesión o, contrariamente, según una suma más representativa de la realidad económica existente al tiempo de la sentencia, sostuvo que –por principio- el concepto de indemnización que utiliza nuestra Constitución es más amplio que el de "precio" o "compensación" y, teniendo en consideración el lazo esencial entre el instituto expropiatorio y el principio de la igualdad ante las cargas públicas, hace referencia al resarcimiento de un perjuicio (C.S.J.N. Fallos 318:445; 329:1703). Siendo ello así –se dijo-, la exigencia del art. 8 de la ley 5708 posee una lógica irreductible: al momento de la desposesión se configura el perjuicio y por ello es, en tal fecha, cuando su alcance debe cuantificarse. Si la obligación del expropiante consiste en reparar un valor patrimonial, su pago en forma previa a la desposesión impediría que las eventuales dilaciones del procedimiento expropiatorio o modificaciones en los valores a tener en vista pudieran perjudicarlo. Caso contrario, la Administración está compelida por ley a afrontar el pago de las sumas necesarias que, al tiempo de la desposesión, permitan de ser posible, adquirir la cosa o bien similar al objeto de desapoderamiento. En ello radica la “actualidad” de la suma indemnizatoria. Por tanto, no importa si luego de la desposesión el “precio” del inmueble expropiado es superior o inferior por vicisitudes propias del mercado, de la realidad económica general o hasta por hechos fortuitos o fuerza mayor: el perjuicio se consolidó en el pasado –con el desapoderamiento material de la cosa sin indemnización previa- y hacia ese hito habría que retrotraer la mira y la valoración.
Se aclaró noobstante en el citado precedente, que sustentar tales postulados no implicaba desconocer la existencia de supuestos signados por excepcionales circunstancias que podrían justificar un apartamiento de tal esquema, tales como aquéllas frente a las cuales este mismo Tribunal, al pronunciarse en la causa C-5361-AZ1 “Agropecuaria Cerro del Águila S.A.” (sent. del 12-II-2015), convalidó una suma indemnizatoria apartada de los valores calculados al tiempo del desapoderamiento en atención a [i] el extenso lapso temporal transcurrido entre el despojo y la sentencia que fijó el resarcimiento sin que éste hubiese sido abonado, [ii] la consecuente imposibilidad o dificultad para fijar con certeza el valor de la cosa al momento de la desposesión y [iii] el hecho de no haberse adicionado intereses compensatorios a la indemnización en cuestión –toda vez que la adición de tales accesorios devengados desde la fecha de desposesión desvirtuaría, a tenor de los expuesto supra, la postura proclive a reconocer una suma acorde a la realidad más cercana a la sentencia (cfr. doct. esta Cámara causa C-6029-AZ1 “Mouzet Massa”, sent. del 03-XI-2015)-.
1.3. Siguiendo tal línea de análisis, recuerdo también que al pronunciar recientemente mi voto en la causa C-6082-DO1 “Uthurburu” (v. sent. del 05-VII-2016) también propicié, justamente, un apartamiento de aquel principio general a la luz del cual resulta determinante de la indemnización expropiatoria el “…justo valor de la cosa o bien a la época de la desposesión…”.
Afirmé en este último precedente que más allá de la interpretación literal que, de tal fórmula contenida en el art. 8 de la ley 5.708, suele proponerse –la que en la generalidad de los casos no presenta mayores complicaciones-, la lectura de dicho precepto debería efectuarse armónicamente con el principio de jerarquía superior que exige que la indemnización sea “previa” a fin de no vulnerar el derecho constitucional de propiedad y teniendo en vista en tal sentido que, en el puntual caso allí examinado, me encontraba frente a un supuesto en que la desposesión se había consumado hacía casi treinta años sin que la parte demandada hubiese recibido hasta ese momento el debido resarcimiento, resultando notoria –además- la brecha económica existente entre la indemnización reconocida en la instancia de grado a partir de la conversión monetaria, actualización y aplicación de intereses efectuada por el a quo respecto del valor que el bien tenía a la fecha de la desposesión y su valor real de mercado.
Si la obligación del expropiante consiste en reparar su valor patrimonial –sostuve-, su cumplimiento en forma previa impediría que las eventuales consecuencias del proceso judicial o modificaciones en los valores a tener en vista pudieran perjudicarlo; caso contrario, deberá el Estado afrontar el pago de la suma necesaria que permita, de ser posible, adquirir un bien similar al desapoderado, pues la indemnización expropiatoria, en fin, debe cubrir el costo de reproducción o de reposición, es decir, aquella suma que, de ser posible, le permita adquirir actualmente y a precios corrientes un bien de un valor económico equivalente a aquél del cual fue despojado.
Tales postulados, previamente receptados en la citada causa C-5361-AZ1 “Agropecuaria Cerro del Águila S.A.”, resultaron –a mi juicio- aplicables al caso aquí rememorado tanto en razón de las sustanciales coincidencias verificables entre el contexto propio de uno y otro supuesto, como de la existencia de pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia provincial que apuntalarían el referido modo de razonar cuando las circunstancias específicas del caso así lo ameritasen y la aplicación mecánica o aislada del art. 8 de la ley 5.708 pudiera redundar en una manifiesta iniquidad lesiva del derecho de propiedad del administrado y alejada de toda noción de justicia (cfr. doct. causas C. 101.107 “Arbizu”, sent. del 23-III-2010; C. 100.908 “Ormaechea”, sent. del 14-VII-2010; C. 99.285 “Peralta Ramos”, sent. del 17-IV-2013 –voto de la mayoría- y, más recientemente, causa C. 118.204 “Antiguas Estancias don Roberto S.A.”, sent. del 09-III-2016 –voto de la mayoría-).
Dicho temperamento, lejos estaría de postular la inaplicación de los arts. 8 y 35 de la ley 5.708 sino que, por el contrario, propendería a auspiciar una lectura que, en función de las circunstancias, armonice las disposiciones de dicho estatuto con las garantías constitucionales en juego (v.gr. inviolabilidad de la propiedad) y aquellos principios que nutren la lógica del juicio determinativo de la indemnización expropiatoria (cfr. art. 17 de la Constitución Nacional).
Subyace de lo expuesto, en fin y tal como lo expresara en mi voto aquí referenciado, que la exigencia del art. 8° de la citada normativa no impide –cuando mediaren razones justificadas- que el valor de las tierras expropiadas sea fijado a los valores reales que estén más cercanos a la sentencia y no a la época de la desposesión, por aplicación del principio de “justa indemnización”, es decir: reparación justa, actual e integral del bien expropiado (argto. doct. S.C.B.A. causa Ac. 63.091 “Gonzalez Gowland de Gaviña”, sent. del 2-VIII-2000). Consecuentemente, el valor objetivo del bien podrá ser ajustado, si la garantía de la razonabilidad así lo exigiese, no solamente a las cualidades intrínsecas de la cosa, sino también a las circunstancias de tiempo y lugar (arg. doct. S.C.B.A. causa C. 101.107 “Arbizu”, cit. –y sus citas-).
1.4. Así delineado el criterio que hasta ahora he sostenido en relación a la materia controvertida, debo decir que, en el sub examine, también encuentro configurado un excepcional escenario que, a mi modo de ver, justifica la adopción de los lineamientos referenciados en el punto anterior y la consecuente fijación del quantum indemnizatorio –al igual que en los citados precedente C-6082-DO1 “Uthurburu” y C-6152-BB1 “Trans Bahía S.A.”- a partir de parámetros que guarden la mayor proximidad posible con la fecha de sentencia.
Es que, si bien el lapso temporal transcurrido en el presente desde la desposesión del bien objeto de litis [que fuera fijada por el a quo como ocurrida el día 8-08-2004 e incuestionada por las partes, conforme así lo señalara mi colega en el punto II.1 de su voto] resultaría inferior al que se verificara en los autos C-6082-DO1 “Uthurburu” y, además, ningún obstáculo habría representado ello en punto a las posibilidades de estimar en el marco del presente juicio el valor del inmueble a la época en que aquel despojo se consumó, no es menos cierto que la prueba rendida en autos patentiza una realidad insoslayable frente a la cual se torna no menos que inequitativo fijar la indemnización expropiatoria a partir de dicho parámetro y en estricto apego a lo estipulado por el citado art. 8 de la Ley General de Expropiaciones, cual es la amplia brecha económica generada a lo largo de ese tiempo entre el resarcimiento que correspondiera fijar en tales términos y el valor actual de mercado de la fracción de tierra objeto de expropiación.
1.4.1. En ese orden de ideas, debo señalar que, en lo que refiere al valor que el bien expropiado tendría al tiempo en que la accionada fue desposeída, coincido con el análisis que mi colega efectúa en el punto 3.1. de su voto, en cuanto rechaza las críticas esgrimidas por el Fisco recurrente en torno a la utilización del dólar estadounidense como moneda para referenciar el valor del metro cuadrado de tierra expropiada y confirma lo decidido por el a quo en aquel segmento del fallo en que dispusiera fijar el valor del metro cuadrado de tierra sujeta a expropiación, a la época de la desposesión, en la cantidad de dólares estadounidenses dos con cincuenta (U$S 2,50).
1.4.2. Ahora bien, en lo que refiere a aquella parcela de la crítica vertida por el Fisco provincial contra la decisión del magistrado de calcular el justo valor indemnizatorio con apoyatura en criterios de actualidad, entiendo que la inocultable realidad que emerge de las constancias del expediente, me impide proyectar reproche alguno respecto de su razonar en este aspecto de la sentencia.
Es que para apuntalar su decisión y con la declamada intención de atenerse al criterio valorativo que fluye del precedente C-6082-DO1 “Uthurburu” antes reseñado [v.
considerando III, fs. 172 vta./173 vta.], el a quo fijó el justo valor de la indemnización al momento de dictar su pronunciamiento, tomando como base el valor del metro cuadrado de tierra que fuera concordado por los expertos de ambas partes en la audiencia del día 25-02-2015 [dólares estadounidenses dos con cincuenta (U$S 2,50), v. fs. 123/124], para luego calcular el quantum indemnizatorio final recurriendo a criterios de actualidad a partir de la conversión del valor del dólar estadounidense utilizado como referencia para justipreciar el metro cuadrado de tierra expropiada al momento de la sentencia (esto es, a un valor de conversión de 1 U$S = 16 pesos), suma a la que le adicionó intereses computados desde la fecha de toma de posesión (08-08-2004) y hasta el efectivo pago [v. fs. 174 –último párrafo- y vta.].
Y si bien tal modo de fijar el resarcimiento no se corresponde exactamente ni con el esquema de valuación sobre el que he trabajado a los efectos de determinar el “valor actual del bien” tanto en la causa de referencia como en los autos C-6152-BB1 “Trans Bahía S.A.” antes aludidos [en cuanto tuve en consideración los valores de mercado conocidos más cercanos a la fecha de la sentencia y que, acorde con la realidad imperante, permitieran a la expropiada procurarse un bien igual a aquél del cual fuera despojada por el Estado], ni se condice –tampoco- con lo fallado en la causa C-5361-AZ1 “Agropecuaria Cerro del Águila S.A.” ya citada [respecto a que no corresponde adicionar al capital de condena interés alguno devengado con anterioridad a la sentencia, pues es claro que al fijarse el valor del inmueble con criterio de actualidad, el reconocimiento de tales accesorios conllevaría un enriquecimiento indebido a quien peticiona el pago de la indemnización], no lo es menos que, de establecerse en autos la indemnización observando ciegamente el sistema del art. 8 de la ley 5.708 (valor en pesos del metro cuadrado a la fecha de la desposesión) como propone el Fisco provincial apelante, se arribaría a una suma que no causaría sino severas distorsiones de valor, atentando, en fin, contra la realización de aquel principio que postula que la indemnización expropiatoria debe garantizar una valía justa, que no constituya fuente de disminución patrimonial para el afectado (argto. esta Cámara causa C-6082-DO1 “Uthurburu”, citada).
A efectos de ilustrar lo expuesto, cabe reparar que de las pruebas obrantes en el sub examine se desprende que el resarcimiento en concepto de “valor de la tierra expropiada sin mejoras” al que se arribaría atendiendo al valor histórico propuesto por el Fisco en su demanda [$ 4.800,00 -v. fs. 7- conforme estimación formulada por el perito de la parte actora Rubén Américo Rodríguez, fs. 66/68] con más intereses calculados a la tasa pasiva utilizada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, así como también al que se llegaría asignando a la moneda extranjera tomada como valor de referencia para establecer el importe del metro cuadrado de tierra expropiada [U$$ 2,50] la cotización del dólar estadounidense a la fecha del desapoderamiento [08-08-2004] y adicionándole accesorios de acuerdo con igual pauta de cálculo, resultaría –a todas luces- altamente inferior a la suma dineraria que, de conformidad con los valores de mercado conocidos más cercanos a la fecha de sentencia que emergen de las constancias de la causa [v.gr. dictamen del perito martillero público Fernando Raúl Martiarena, punto 4, inciso “c”, fs. 147]-, necesitaría la expropiada a fin de poder procurarse un bien igual a aquél del cual fuera despojada por el Estado –esto es, una fracción de tierra de 1.919,71 metros cuadrados, ubicada en el Partido de Gral. Madariaga, provincia de Buenos Aires, que fuera afectada a la obra pública de construcción de una calle colectora ubicada a la vera de la Ruta Interbalnearia N° 11 en el kilómetro 397.
Ese insoslayable escenario, verificado a partir de las constancias del expediente y a tenor del cual podría arribarse a un justo valor indemnizatorio superior al fijado en el fallo apelado por la obligada al pago, incluso computando los intereses devengados con anterioridad a la sentencia que fueran adicionados por el a quo al capital de condena, me lleva, ante la imposibilidad de agravar, perjudicar o empeorar objetivamente la situación de la apelante para no transgredir el principio de la reformatio in pejus, derivación del apotegma tantum devolutum quantum apellatum (cfr. doct. S.C.B.A. causas C. 96.771 “Rodríguez de Cayado”, sent. de 3-III-2010; L. 83.773 “Gelhorn”, sent. de 14-VII-2010; doct. esta Cámara causa C-3094-DO1 “Cardarelli”, sent. de 12-III-2013, entre otras), a rechazar el agravio del Fisco apelante por el que pretende que la indemnización expropiatoria sea determinada en autos con estricta aplicación de la pauta contenida en el art. 8 de la ley 5708 y, consecuentemente, a confirmar lo resuelto en el pronunciamiento de grado en cuanto dispusiera la determinación del justo valor indemnizatorio con criterios de actualidad con más accesorios.
2. Despejada la cuestión anterior, habré de compartir la opinión y solución dada en el voto que abre el Acuerdo, en cuanto rechaza las críticas vertidas por el Fisco provincial contra aquel segmento del fallo que acoge el rubro identificado como “depreciación del remanente”, excluyendo de mi adhesión tan sólo el último párrafo del punto 3.3., atendiendo a la solución que propongo brindar al recurso a lo largo de este voto.
III. Con todo, propongo al Acuerdo, rechazar en todas sus partes el remedio obrante a fs. 198/200, y confirmar la sentencia de grado en lo que fuera materia de agravios, con costas de alzada a la apelante vencida (arts. 68 y ccdtes. del C.P.C.C. y 52 de la ley 5708).
Voto, en consecuencia, por la negativa.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Rosales Cuello dijo:
Adhiero a la solución que propone el votante en segundo término y a los fundamentos que éste ensaya para sostenerla. Siendo ellos razón suficiente del resultado que se propicia, sólo a mayor abundamiento me permito deslizar algunas consideraciones que redundarían en el mismo resultado.
Los dos votos cuya consideración se me somete coinciden en el valor asignado a la cosa y a los perjuicios que forzosamente produce su expropiación, expresándolos en moneda extranjera a la fecha de la desposesión. Ambos también concuerdan en la validez de utilizar el signo monetario estadounidense para representar el valor de los inmuebles. Sucede que el primero transforma la cantidad de los dólares a la que asciende la sumatoria de esos rubros a su equivalente en pesos a la fecha del desapoderamiento, cuando el segundo lo hace admitiendo la diferente paridad cambiaria existente al tiempo de la sentencia. Esto circunscribe la discrepancia que motiva mi intervención sólo al monto de la indemnización, excluyendo del disenso el valor de la porción del inmueble expropiado y de la depreciación del remanente respecto de los cuales las opiniones convergen.
Así delimitado el ámbito cognocitivo dentro del cual soy llamado a votar y las cuestiones que se presuponen resueltas para arribar a ese estado, se perfila a la delimitada en la sentencia como una deuda de valor, entendida ésta no como una de aquellas en que sólo se cumple dando la especie de moneda extranjera designada, sino como una en donde el acreedor tiene el derecho de exigir que al recibir el dinero se encuentre en situación de proveerse los bienes a que corresponde dicho valor. El uso de la referencia a una moneda sin curso legal es usualmente utilizada en este tipo de obligaciones (Padilla, Rodrigo – Brun Carolina; ADLA2017-8, 115, AR/DOC/2017, Bustamante Alsina, Jorge, Deudas de dinero y deudas de valor. Alcance de la distinción y posibilidad de suprimirla LA LEY149, 952 - Obligaciones y Contratos Doctrinas Esenciales Tomo III, 01/01/2009, 7, Cita Online: AR/DOC/3432/2009).-
En el referido marco conceptual, la diferencia cuantitativa que arrojan los procederes de los magistrados anteriores nos enfrenta a la necesidad de determinar cuál de los litigantes deberá cargar con los efectos perjudiciales de la demora en el cumplimiento de la obligación, producidos por las variaciones operadas en la política monetaria del Estado Nacional y los cambios registrados en la realidad económica. La acción de despejar esta consigna que converge en pos de robustecer aún más la justicia de la decisión que se propicia, lleva implícita la necesidad de establecer a cuál de ellos le resulta imputable la falta de pago oportuno de la indemnización debida, lo que compromete interrogarse sobre quién deberán recaer los efectos de haber sustraído a esa suma el carácter de indemnización previa y justa que vuelve legítimo a este medio coactivo de trasferencia del dominio (arg. art. 31 de la Const. Prov. y 17 de la C.N., Bidart Campos, Germán J., "Régimen Constitucional de la expropiación", "La Ley" 155-956).
El máximo tribunal provincial ha admitido en ciertos casos apartarse de la regla que establece que los valores deben fijarse siempre a la época de la desposesión (SCBA, 07/09/2016, c. 102.963 – “Sabalete, Carlos y otro c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Exp. Inv.”; 10/05/2017 - c. 100.085, “Juambelz, Juan Francisco c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Exp. Inv.”; 14/06/2017, c. 113.190 – Albisu de Soler, Raquel Graciel y otros c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Exp. Inv.”). Aunque no descuido que la mayoría de esas causas constituyeron procesos de expropiación inversa en los cuales el despojo se produce antes del pago de la indemnización pudiendo transcurrir muchos años hasta la obtención de la sentencia que así lo ordene, entiendo que en todos ellos es posible hallar y aislar un criterio más amplio para justificar el desplazamiento del daño sufrido por una persona hacia otra, capaz incluso de extenderse a supuestos como el presente donde la expropiación se intenta de manera directa (arts. 41 y 42 Ley Prov. 5708).
En efecto, surge de tales pronunciamientos que la indemnización debe ser previa y justa, lo cual proporciona los parámetros para poder precisar cuándo su pago reuniría los caracteres de oportunidad e integralidad que le proporcionarían el efecto propio de extinción de obligaciones (arg. arts. 740 y 750 del Cód. Civ. Ley 340). Si bien el régimen del pago proviene del derecho privado, nada obsta a que siendo éste una construcción jurídica basada en la justicia sus principios asimismo se apliquen al derecho administrativo cuyas normas y soluciones también debe tender a realizarla con las discriminaciones impuestas por la naturaleza propia de lo que constituye la sustancia de esta última disciplina (CS, jun. 30-1941; Los Lagos S.A. Ganadera c. Gobierno Nacional).
Con la ayuda de los criterios expuestos demanda poco esfuerzo advertir que no alcanza a la categoría de pago íntegro una suma que sólo representa el valor de la porción del bien expropiado, omitiendo toda referencia a la depreciación del remanente que constituye el perjuicio forzoso que se deriva de la ablación, rubro éste que también se prevé como componente de la indemnización a la que la ley considera justa (arg. art. 8 y 10 Ley Prov. 5708).
Si la oportunidad del pago resulta condicionada por su integralidad poniendo en evidencia la función cualificante de este último carácter, un pago insuficiente tampoco resultaría tempestivo haciendo incurrir al deudor en un retraso imputable que lo muestra responsable de los daños e intereses causados por su morosidad (arg. art. 508 del Cód. Civ. Ley 340).
Como puede advertirse, el pago previo que se presupone íntegro no se da cita en este caso demostrando la inaplicablilidad de la doctrina emanada de la causa “Chaco, Provincia de c/ Confederación General del Trabajo de la República Argentina”, ya que aquí no se trata de incluir en la indemnización las variaciones ocurridas en su valor como consecuencia de las vicisitudes propias de los bienes expropiados (CSJN, 09/03/2010).
Voto, en consecuencia, por la negativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Por mayoría, rechazar en todas sus partes el remedio obrante a fs. 198/200, y confirmar la sentencia de grado en lo que fuera materia de agravios, con costas de alzada a la apelante vencida (arts. 68 y ccdtes. del C.P.C.C. y 52 de la ley 5708).
2. Diferir la regulación de estipendios profesionales por los trabajos realizados ante esta Alzada para su oportunidad [arts. 31 y 51 del decreto ley 8904/77]. Regístrese y notifíquese por Secretaría. Fecho, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen.
ROBERTO DANIEL MORA JUEZ DE CAMARA PRESIDENTE EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RAMIRO ROSALES CUELLO JUEZ DE CAMARA EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL L ELIO HORACIO RICCITELLI JUEZ DE CAMARA VICEPRESIDENTE EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MARIA GABRIELA RUFFA SECRETARIA EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Fin de la sentencia